miércoles, 21 de diciembre de 2011

LEY CLIMÁTICA Y SUBDESARROLLO


En México, siempre que algo nos parece bueno hacemos una ley. Es el buenismo legislativo que no  afecta los intereses de nadie, nada cambia, y a nadie le cuesta, a veces, sólo al erario. Pero ganan los legisladores, que ahora se sienten prestigiados y satisfechos. Diría algún economista que se trata de arreglos Óptimos de Pareto en donde ellos quedan mejor, y nadie pierde. Es el caso de la Ley General de Cambio Climático aprobada  por el Senado buscando los reflectores de la triste COP 17 apenas clausurada en Sudáfrica.
Luchar seriamente contra el calentamiento global implica por un lado, modificaciones notables al sistema de precios a través de eliminar los subsidios al consumo de combustibles fósiles  y de imponerles un carbon tax. Por el otro, exige abolir o reestructurar los subsidios agropecuarios para que en vez de inducir la deforestación, la eviten y la reviertan, al tiempo que se construye un sistema de contratos por pago de servicios ambientales con los propietarios de la tierra. (En la práctica, a esto equivale el esquema REDD). Por su parte, la adaptación al cambio climático ya inevitable,  se traduce al castellano por medio de ambiciosas obras civiles de infraestructura hidráulica y de protección costera, y de mecanismos eficaces de  prevención de desastres. Obviamente, lograr todo lo anterior sólo puede ser resultado de cambios a leyes fiscales y de energía, y en las aplicables al sector agropecuario, principalmente, y en aquella legislación que tiene que ver con la infraestructura y las acciones relevantes de protección civil. Desde luego que una ley como la Ley General de Cambio Climático, no puede modificar a otras, aunque ingenuamente sugiera que deba hacerse (Artículo Octavo Transitorio).
El texto de esta nueva ley es todo corrección política, y  adjetivos que llaman a la virtud. Reitera atribuciones para los gobiernos locales, o las infiere de lo establecido en el Artículo 115 Constitucional, y los exhorta a hacer una serie de cosas buenas, lo cual, por supuesto, no tiene mecanismo alguno de instrumentación. Versa largamente en definiciones, principios y propósitos, y en la creación de nuevas burocracias, al estilo de las que existen y que probadamente no funcionan: Comisión Intersecretarial, Consejo, Coordinación, Fondo y Fideicomiso. Propone (sólo puede proponer) ejercicios minuciosos de planeación y de elaboración de estrategias, así como una cascada de programas sectoriales, estatales y municipales. También establece un nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (al menos en sustitución del actual INE), que por cierto,  a todas luces duplica a un centro similar que el gobierno federal trata de crear actualmente, como herencia a las generaciones futuras de políticos. Eso sí, plantea un registro de emisiones, y  un sistema de información que incluya proyectos y transacciones de carbono, al igual que la realización de inventarios que ¡ya existen!
La Ley obliga (es un decir) a hacer lo que ya se hace, como  plantas eléctricas que no generen más emisiones que las que produce hoy en día una central de gas de ciclo combinado, o a que el gobierno federal haga lo que lleva más de diez años diciendo que va a hacer: normas de emisiones de CO2 para vehículos.  A las empresas, las sujeta a hacer registros y reportes, so pena de fuertes multas, lo cual es irrelevante, y sólo añade burocracia: las emisiones de la industria privada son muy poco significativas en el inventario nacional. El momento culminante de la Ley es cuando pide  que se analice la posibilidad de retirar  los subsidios a los combustibles y a la electricidad... ¡en el 2020! En general, sus consecuencias jurídicas y de política pública tienden a cero.
 La ley asume el ofrecimiento de reducción de emisiones que hizo México en Copenhague y en Cancún, pero sólo si la comunidad internacional nos da dinero y nos sigue considerando país en vías de desarrollo ¡en el 2050! En suma, es un texto mendicante de Business as Usual,  y sobre todo, de compromiso de nuestro país... pero  con el subdesarrollo. Podemos olvidarla.

lunes, 12 de diciembre de 2011

CALENTAMIENTO GLOBAL, RESPUESTAS INTERNAS

La COP 17 en Durban, Africa del Sur, a punto de expirar, ha mostrado la incapacidad del sistema multilateral de negociación al interior de la ONU para afrontar el más importante desafío de acción colectiva internacional para el siglo XXI. La oferta europea de liderazgo está agotada, y su crisis financiera y existencial no le deja espacio para ocuparse decididamente del cambio climático. Además, Europa ha perdido relevancia en el tema, sus emisiones de gases de efecto invernadero ya son menos del 14% del total global.  La involución ideológica protagonizada en los Estados Unidos por la derecha religiosa, paraliza al Congreso y a la presidencia de Obama. China, el mayor emisor, aguarda a destronar a Estados Unidos como primera economía del  mundo, y a consolidar su liderazgo tecnológico en energías renovables, energía nuclear, baterías para autos eléctricos y eficiencia energética,  como plataforma hegemónica para el resto del siglo. Antes de eso, o antes del 2020, China no asumirá compromisos (ya lo advirtieron sus negociadores).

Entre Estados Unidos y China suman la mitad de las emisiones globales; Brasil e Indonesia, fundamentalmente por deforestación, contribuyen con otro 15%. Juntos, Rusia, la India y Japón, con un 10%. Sólo estas 7 naciones son responsables de las tres cuartas partes de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el planeta. (México contribuye con un 2% aproximadamente). Si añadimos las emisiones de los demás países del G-20, se podrían contabilizar  alrededor del 90%. Entonces, ¿qué sentido tiene un engorroso proceso multilateral de negociación con más de 200 países participantes? Claro, los más afectados por el calentamiento global serán los países más pobres, pero sus lamentos no tienen efecto alguno sobre las decisiones estratégicas de China, ni sobre el nuevo fundamentalismo de derecha en los  Estados Unidos. Las emisiones van a seguir aumentando en los próximos años, haciendo inevitable un aumento en la temperatura promedio, probablemente, de más de tres grados centígrados hacia la mitad del siglo.

Los políticos de todos los países saben que el cambio climático es un problema difuso y de largo plazo, y nosotros, automovilistas, consumidores, productores agropecuarios, y empresas industriales, no estamos dispuestos a cambiar. Queremos combustibles y electricidad baratos, y cuantiosos subsidios agrícolas. Los políticos no son suicidas, además, actualmente, son mediocres; no van a emprender nada que no sea electoralmente rentable. Entonces, al menos en los próximos años, puede garantizarse que no habrá un nuevo régimen global de cambio climático con compromisos vinculantes para los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué podría hacer México? Algo importante es olvidarse del Fondo Verde, no somos Sierra Leona, ni necesitamos de practicar la mendicidad,  y tampoco alcanza ya para ser candil de una calle multilateral cada vez más obscura. Debemos reconocer las oportunidades y riesgos que plantea el calentamiento global para una agenda, por lo pronto, fundamentalmente, nacional.  Las oportunidades están en emprender políticas buenas para fortalecer la competitividad de nuestra economía, y  las finanzas públicas, y que también reduzcan distorsiones en la distribución del ingreso, y desde luego, las emisiones de gases de efecto invernadero. De ellas ya hablamos en la entrega de la semana anterior, y se refieren a modificaciones en la política fiscal y de subsidios a los energéticos y al sector agropecuario, así como a la apertura del sector energético, y a una nueva política de vivienda y desarrollo urbano.


Los riesgos, son cada vez más patentes, y se ciernen sobre el sector agropecuario de temporal o de subsistencia (dependiente del régimen de lluvias), sobre la disponibilidad de agua en el centro y norte del país, sobre infraestructuras y poblaciones en costas y llanuras de inundación, y sobre la biodiversidad de México. Nadie nos va a pagar por mitigar estos riesgos, pero hay que empezar a hacerlo ya. Por ahora conviene voltear la mirada hacia adentro y dejar un poco al lado el glamur cada vez más gastado de la diplomacia climática.

viernes, 2 de diciembre de 2011

DESFACHATEZ EN EL CAMBIO CLIMÁTICO


En México, una política seria y eficaz de cambio climático requeriría esencialmente sólo cinco cosas: 1) Eliminar los subsidios a los combustibles automotrices y establecer sobre ellos un carbon tax, paralelamente a una reducción significativa en el binomio ISR-IETU;  2) Abrir a la competencia el sector eléctrico, eliminando los subsidios al consumo de electricidad para re-direccionarlos hacia el financiamiento a las fuentes renovables, desde luego, haciendo inteligente a la red eléctrica con la finalidad de aprovecharlas con eficiencia; 3) Eliminar o transformar los subsidios al campo que otorgan SAGARPA y SEDESOL que promueven la deforestación, como PROCAMPO, PROGAN y Oportunidades;  4) Abrir PEMEX a la inversión privada para abatir las emisiones fugitivas, el venteo y la quema de gas; y, 5) Reformar profundamente el Modelo INFONAVIT de desarrollo urbano que  induce la expansión caótica exo-urbana de las ciudades, y que ancla un patrón territorial de alto consumo de energía y de emisiones.
Son cosas que a todas luces deberían estar en cualquier agenda responsable y lúcida de gobierno, esenciales para fortalecer la competitividad de la economía mexicana, promover la inversión privada y el empleo, asegurar el Derecho a la Ciudad y a todos los demás derechos que le son subsidiarios (vivienda, educación, salud, empleo), y evitar grandes injusticias en la distribución del ingreso. Claro, además de abatir estructuralmente  las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un crecimiento económico y urbano eficientes, energéticamente diversificados, y  de baja intensidad de carbono.
Hacerlo requiere cambios en la Ley de Ingresos y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en los Artículos 27 y 28 Constitucionales, y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Igualmente, implica modificaciones a  las reglas de operación (que son simples decretos presidenciales) de PROCAMPO, PROGAN, y Oportunidades), en la legislación de vivienda y del INFONAVIT (y probablemente en el Artículo 115 Constitucional),  y,  en la legislación reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. Se trata de legislación y de políticas en el ámbito fiscal, energía,  desarrollo rural, y de desarrollo urbano y vivienda.
Siendo serios, no puede pensarse que una posible Ley de Cambio Climático, como la que actualmente se promueve aquí y en la Cumbre Climática (COP 17) en Durban, pudiera en realidad abrogar a toda la legislación que se le oponga. Mucho menos, si ni siquiera se lo propone, y sólo transcurre en declaraciones reiterativas y bonachonas y en preceptos cuya motivación fundamental es crear nuevos mecanismos burocráticos (Sistema, Comisión Consejo, planes y programas, Fondo Verde y Comité Técnico, registros y trámites de emisiones a las empresas, y supuestos mercados). No pasaría de ser otro más de los ejercicios legislativos autocomplacientes e irrelevantes a los que estamos acostumbrados, si no fuera porque desinforma a la opinión pública, desvía la atención de lo verdaderamente importante,  legitima la inacción, y pinta de ingenuidad a las políticas climáticas. Puede percibirse también un aroma de hipocresía en esta iniciativa de ley ante la comunidad internacional. Algunos la justifican con la jeremiada de que así, México va a captar dineros extranjeros, en especial de su mascota preferida en las negociaciones internacionales,  el llamado Fondo Verde, que espera ser parido en alguno de los happenings cada vez menos trascendentes en que se han convertido las cumbres de cambio climático.

La verdad es que con esta iniciativa de ley de cambio climático, en el contexto del Fondo Verde, sería un poco vergonzoso que México quiera equipararse a Mozambique,  a Nepal, o Haití, si  extiende una mano mendicante a otros países y a entidades multilaterales. Sobre todo, cuando nuestro gobierno despilfarra anualmente más de 20 mil millones de dólares del presupuesto federal  en subsidiar el derroche energético y la deforestación. Esta cantidad es equivalente a todo el financiamiento comprometido por la comunidad internacional en Copenhague (COP 15) y Cancún (COP 16) para ayudar a los países pobres a luchar y a adaptarse al cambio climático a partir del 2012.  Vaya desfachatez...

viernes, 11 de noviembre de 2011

MARCELO O EL FIN DE LA IZQUIERDA

A quienes no nos consideramos de izquierda, podría encantarnos que el candidato del PRD y adláteres fuera su conocidísimo Gran Líder, lo que sellaría la debacle electoral de esa alianza tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, y en cascada, su pulverización y marginalidad. El Gran Líder es una garantía. Por su estéril encono y  resentimiento puestos al servicio de una ambición política obsesiva  (¿de qué vive? ¿qué haría sin el poder?), por su gastada vulgaridad y  discurso pueril ahora en un tono de cursilería risible (“una república amorosa”),  su provinciana y desnuda demagogia, y un prestigio repulsivo para la mayoría de los electores.

Bravo. Sin embargo, la destrucción institucional de la izquierda – tarea que él personalmente casi ha culminado con éxito – privaría al país de indispensables contrapesos  y oferta política. El mercado político se empobrecería, y estaríamos en un escenario duopólico, poco sano, que dejaría a una todavía significativa franja del electorado (15-20%) sin representación. Y no es que al decirlo aceptemos el chantaje de la violencia revolucionaria,  aún latente en algunas trincheras de la izquierda.

Aunque nos cueste aceptarlo (a quienes no somos de izquierda), una democracia sin izquierdas sería una pobre democracia, como lo es también sin liberalismo (caso misterioso de México). Al igual que en la economía, una competencia débil siempre genera ineficiencias e inequidades en el sistema democrático representativo,  y en la asignación de los recursos políticos del país. Una democracia vigorosa y eficiente exige un partido de izquierda competitivo, moderno y responsable, inteligente, institucionalizado e inequívocamente  respetuoso de la legalidad. La candidatura del Gran Líder impediría por mucho tiempo satisfacer esa necesidad. La candidatura de Marcelo Ebrard abriría esa posibilidad.

Marcelo ha hecho un gobierno decente en el Distrito Federal. Ha sabido mantener a raya a la inseguridad y a la delincuencia, no ha acumulado deudas escandalosas, ha mantenido una importante y electoralmente productiva red de protección social, construido infraestructuras significativas en alianza con el sector privado, ha promovido exitosamente la inversión inmobiliaria, se ha comprometido con el transporte colectivo y no motorizado (metro, metrobús, RTP en Supervía y segundos pisos, bicicletas), ha defendido derechos y libertades esenciales (como un  liberal), y hasta ha llevado a cabo gratas intervenciones para restituir cierta dignidad y funcionalidad a un decaído espacio público (Madero, Centro Histórico, Garibaldi, Plaza de la República). Su pasivo mayor es tal vez haber sido incapaz de sacudirse la camisa de fuerza  corporativa del ambulantaje y de otros poderes fácticos en la ciudad; algo explicable – aunque no justificable – por la naturaleza y estructura clientelar de su partido, y por los malabarismos políticos a los que ha estado obligado.



Sobre todo, Marcelo puede representar para la izquierda mexicana la oportunidad de re-inventarse, sacudirse telarañas y ponerse al día. La puede hacer competitiva por sí misma, no por cacicazgos psicotrópicos de coyuntura como ha sido hasta ahora.  Muchos fuera de las coordenadas de izquierda  podrían sentirse cómodos  votando por él. Su candidatura podría crecer más allá de los cuarteles duros de la izquierda, y de sus fieles electores inclinados a la seducción de la demagogia y el populismo (que siempre los habrá, al igual que en toda América Latina). Podría ser digerible y aceptable por el sector privado, y por un amplio sector de la clase media con convicciones liberales (al menos en lo social). Sería interesante y hasta divertida una elección a tercios con personajes de nueva generación, frescos, atractivos e inteligentes: Peña Nieto (siempre y cuando se deslinde ya de Moreira), Josefina, y Marcelo. Se inyectaría azúcar y carácter a nuestra democracia hoy sumida en la hipoglucemia  y la mediocridad. Habría un terreno propicio,  entonces, para una discusión imperativa sobre cómo hacer que nuestra democracia sea funcional y dé resultados: coaliciones, reelección legislativa y en municipios, y una dosis de parlamentarismo. De cualquier forma, sin Marcelo, sería el fin de la izquierda. De verdad, no me alegraría.   

lunes, 7 de noviembre de 2011

INFONAVIT, DENSIDAD URBANA Y EMISIONES

Un desafío vital para nuestro país es la edificación de espacios urbanos eficientes donde pueda insertarse productivamente una oferta de vivienda orgánicamente integrada a la ciudad. La vivienda en sí misma carece de misión si no abre las puertas al empleo, educación, salud, recreación, cultura, movilidad, espacio público, convivencia y relaciones sociales, cohesión, creatividad, servicios, equipamiento, y equidad. Estos son sólo asequibles en la ciudad, y a través de los valores de proximidaden espacios urbanos densos y diversos. Cercenado de la ciudad, el derecho a la vivienda es sólo una auto-justificación burocrática, partera de distorsiones costosísimas para la economía y la sociedad, y para los propios derechohabientes de los organismos de vivienda. Además, profundiza las responsabilidades de México en el calentamiento que sufre el planeta al exacerbar las emisiones de gases de efecto invernadero.
La vivienda debe ser instrumental para la creación de espacios urbanos productivos y sostenibles, como objetivo primordial.   En gran parte, la morfología, dinámica, estructura, y sustentabilidad de las ciudades son resultado de las políticas de vivienda. De ellas depende significativamente que se desarrollen ciudades densas y compactas, eficientes  y competitivas. O su antítesis: desparramamientos habitacionales aislados y segregados en un contexto exo-urbano, que inoculan perversas distorsiones territoriales, sociales  y energéticas, desde luego insostenibles. Como ocurre ahora en México. No puede exagerarse la urgencia de promover condiciones de sostenibilidad para nuestro sistema urbano, y por tanto, para el país en su conjunto,  a través de políticas de densificación e integración orgánica de la vivienda a la estructura funcional de las ciudades. La institucionalidad del llamado sector vivienda, tal como está codificada en México, más que servir a este fin, es un obstáculo insuperable.
Una alta densidad urbana es precondición de eficiencia energética, de un bajo consumo per cápita de energía, y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo: Houston y Atlanta registran densidades promedio menores a 15 habitantes por hectárea, mientras que Viena, Londres y Barcelona se acercan a 200 habitantes por hectárea. El consumo de combustibles per cápita es hasta siete veces mayor en las primeras que en las últimas.
En nuestro país es notable un proceso de expansión horizontal de las ciudades, mucho más rápido que el aumento en su población. Las densidades demográficas urbanas se han desplomado en numerosos casos por debajo de los 50 habitantes por hectárea. Esta inercia ha recibido un empuje definitivo por parte del INFONAVIT con políticas de crédito hipotecario masivo para vivienda en conjuntos aislados y en propiedad, a costo mínimo, y que dejan las decisiones de localización a las empresas desarrolladoras. El problema se ha exacerbado en los últimos años, de acuerdo a datos de SEDESOL, en la medida en que se incrementan las distancias promedio de los nuevos conjuntos habitacionales con respecto al centro urbano de las ciudades; superando con frecuencia 40 kilómetros. En este contexto, es imposible un transporte colectivo eficiente y confortable, y la única solución que queda a las familias es tratar de hacerse de un vehículo automotor privado.



Las ciudades con menor densidad ostentan los mayores índices de tenencia de vehículos. Por ejemplo, de acuerdo al IMCO, en Mexicali existen 450 automóviles por cada mil habitantes, y en Monterrey 308, mientras que en el valle de México hay 285 y en Guadalajara 269. Como referencia, en la zona metropolitana de Nueva York, esta cifra es de 230, y  mucho menor en Manhattan. De tal manera se deforman las estructuras modales de transporte y movilidad, y pierden peso relativo las opciones colectivas y no motorizadas, que son imposibles, costosas o imprácticas en circunstancias de desparramamiento urbano de baja densidad. No  extraña así que la demanda de combustibles se eleve a tasas desmesuradas (5% anual), más todavía, si es incentivada por un obsceno sistema de subsidios gubernamentales. Tampoco debe sorprender que los vehículos automotores sean la más importante y dinámica fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en México. El INFONAVIT aporta voluminosos costales de arena para ello.

lunes, 31 de octubre de 2011

CAPTURA REGULATORIA TRÁGICA, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


El silencio puede ser revelador; callando se asumen la culpa y la impotencia, o la complicidad. Al dejar que se consume la tragedia de Cuatro Ciénagas, apostándole a la indiferencia y el olvido, la Comisión Nacional del Agua nos ofrece un lamentable espectáculo de conflicto de interés institucional. Los actores son los agricultores de alfalfa de esa región del desierto de Coahuila, proveedores de una emblemática industria lechera. Ellos sobreexplotan, detentan, y agotan los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Como consecuencia, despojan a las lagunas y pozas de Cuatro Ciénagas del líquido vital que ha permitido la existencia de extraordinarios ecosistemas acuáticos, especies y genomas primigenios durante decenas de millones de años.  No pasaría de ser un episodio más de disfunción gubernativa, si no entrañara una calamidad ecológica irreversible, y un terrible atropello al patrimonio biológico del planeta. Y si además no conllevara un desacato flagrante a instrucciones y compromisos expresos del Presidente de la República.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) atiende a dos clientelas prioritarias: a los organismos municipales operadores de agua, y a los agricultores de distritos y unidades de riego. A ellos  se debe, envuelta un permanente conflicto de interés,  donde obviamente elude la responsabilidad de regular a ambos. Es un ejemplo palmario de captura regulatoria.  A los municipios les  concede impunidad en la descarga de aguas residuales urbanas sin tratamiento, fuente primordial de contaminación y degradación ecológica de ríos y de aguas costeras. Violan la ley y la normatividad (NOM-001-SEMARNAT) bajo su mirada paternal, y simplemente no les cobra, o les condona el pago de derechos por medio de diversos programas (PROSANEAR, PAS). CNA no puede ser regulador, estando inmersa en un esquema de relaciones cliente-proveedor con los gobiernos municipales. Se requiere una entidad regulatoria autónoma distinta de la CNA en materia de servicio público de agua potable; al igual que en materia de aguas residuales y contaminación de cuerpos de agua federales (en este último caso debería ser la PROFEPA, si fuera dotada de las capacidades institucionales necesarias).

A los agricultores los atiende en 85 distritos de riego (transferidos a ellos en los años noventas) y en cerca de 40 mil unidades de riego, que ocupan  6.5 millones de hectáreas. Utilizan  casi el 80% del agua consumida en México, que para ellos es esencialmente gratuita, y se les libera de toda responsabilidad ante gravísimos problemas de contaminación difusa del agua por plaguicidas y fertilizantes. Sobreexplotan y llevan al agotamiento a más de 100 acuíferos subterráneos estratégicos, entre ellos, el que abastece a Cuatro Ciénagas. La CNA es apoyada en la sobrexplotación de acuíferos por la Comisión Federal de Electricidad, que subsidia anualmente el consumo eléctrico de los agricultores, en el bombeo de aguas subterráneas destinadas al riego, con un promedio de 10,000 millones de pesos anuales.  La CNA no puede regular a una clientela política tan importante, menos aún, en el caso de Cuatro Ciénagas, cuando forma parte de un poderoso conglomerado lechero  de alcance nacional.

La CNA evade el hecho de que además de usos urbanos, agrícolas, industriales y de servicios, el agua cumple una función ecológica vital, que es abastecer a ecosistemas acuáticos, como Cuatro Ciénagas, que debieran ser considerados usuarios tan legítimos como los demás. No tienen voz, no ejercen presiones, no demandan subsidios, no pagan favores políticos. Nadie los representa ni hay contrapesos institucionales ambientales al establishment agroindustrial. La institucionalidad del llamado sector aguarefleja claramente estas circunstancias e intereses. Sólo reciben interlocución organismos operadores municipales, y organizaciones de agricultores de riego. Son excluidos científicos y conservacionistas, y la propia SEMARNAT, que en teoría encabeza al sector (sólo en teoría). Sin representación y sin regulación, Cuatro Ciénagas está condenado. La CNA calla,  paralizada por sus conflictos de interés. ¿Qué valen las instrucciones, promesas y compromisos del Presidente de la República?

viernes, 21 de octubre de 2011

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CONTRA EL PLANETA


En Cuatro Ciénagas, Coahuila, Área Natural Protegida, México se empeña en exterminar un conjunto de ecosistemas de singularidad y antigüedad insólitas. Pronto, de no mediar una intervención urgente y decidida de la Presidencia de la República, nuestro país  habrá perpetrado un acto vandálico extremo  sobre el patrimonio biológico del planeta. El valle de Cuatro Ciénagas es un prodigioso ensamble de oasis de lagunas y pozas color turquesa, entre montañas majestuosas del desierto coahuilense que han sido esculpidas por las fuerzas telúricas más arcaicas y poderosas. Hace 220 millones de años fue mar, que penetró al romperse el continente único de Pangea. Al configurarse geológicamente América del Norte hace 35 millones de años, y retirarse el mar, microorganismos, peces y reptiles, entre otras muchas especies marinas, se adaptaron a vivir en agua dulce, creando comunidades biológicas sin parangón, sólo existentes ahí y en ningún otro sitio; absolutamente endémicas. Sobresalen los estromatolitos, estructuras construidas por microorganismos de  miles de millones de años de antigüedad, que se cuentan entre los primeros organismos productores de oxígeno habitantes de la tierra. Su genoma, de la vida más temprana,  es un tesoro científico invaluable.  

Pozas y lagunas, en medio del desierto, se han nutrido durante decenas de millones de años de manantiales y arroyos permanentes abastecidos por  acuíferos subterráneos. Hoy en día, en una de las lagunas más grandes (Churince) se revela la dimensión de una tragedia ecológica indecible: “Lo que hay ahora es un tapete macabro de peces muertos, rastros de tortugas buscando agua desesperadas para acabar enterrándose en el último lodo que queda, entre estromatolitos muertos. En un pequeño charco, de no más de cinco metros de largo, en estos momentos, se debaten los últimos 200 ejemplares de Sunfish del ecosistema – y del mundo” (Dra. Valeria Souza).

La causa: la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para evitar que los agricultores de alfalfa, proveedores de conocida industria lechera de la región, detenten, sobreexploten, derrochen y agoten los acuíferos de los cuales dependen los ecosistemas acuáticos de Cuatro Ciénagas. Todo, a pesar de un compromiso y orden presidencial hechos hace más de cuatro años. Los productores de alfalfa – uno de los cultivos con mayor demanda de agua establecido ¡en el desierto! –  además de drenar los manantiales, bombean agua del subsuelo gracias a los derechos otorgados por la CNA y a un cuantioso subsidio eléctrico concedido por la Comisión Federal de Electricidad. Explotan más de 50 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que la recarga natural del acuífero es de menos de la mitad. La propia CNA reconoce oficialmente esa condición irracional de sobreexplotación. La última esperanza que tenía la laguna de Churince, cerrar la compuerta de los drenes, se ha desvanecido, y ha sido abierta nuevamente por los agricultores, privando a la laguna de sus postreras gotas de sangre. En nuestras narices. Pueden más los intereses lecheros que la historia biológica del planeta y que el portento ecológico de Cuatro Ciénagas.

A estas alturas del drama, sólo el Presidente Calderón puede impedir el terrible desenlace final. La incuria, la dejadez, la burocracia, los intereses, las complicidades y la indiferencia no pueden ser desmadejadas ya a través de procedimientos administrativos y regulatorios convencionales. De no hacerlo urgentemente, uno de los estigmas ecológicos más oprobiosos posibles nos señalará  aún más en estos años sombríos.


Es de una urgencia absoluta la intervención Presidencial:  para expropiar, cancelar o comprar perentoriamente los derechos de explotación del agua en Cuatro Ciénagas; declarar veda total a la extracción de agua para usos agrícolas y hacerla cumplir –  incluso por la fuerza; cerrar inmediatamente todas las compuertas de los canales que drenan los manantiales;  cancelar ahora mismo el bombeo de aguas subterráneas; y, emprender cuanto antes los trabajos necesarios para restablecer plenamente el flujo natural de agua a todas las pozas y lagunas.  Habrá que pagar las legítimas indemnizaciones que procedan.  Miles de millones de años lo observan con angustia.

viernes, 14 de octubre de 2011

TRENES DE ALTA VELOCIDAD PARA MÉXICO (¡!)


En un país sin proyecto nacional y casi sin proyectos relevantes de ingeniería e infraestructura, parece fatuo o ingenuo hablar de trenes de alta velocidad. No obstante, estimular la imaginación tal vez nos ayude a entender mejor nuestro  pantanoso estancamiento. Más del 97% de los viajes interurbanos en México se llevan a cabo en autotransporte carretero; el resto, en avión. En esencia, esta es la estructura modal del transporte interurbano de pasajeros, apuntalada por un subsidio masivo a los combustibles automotrices, que en 2011 superará los 170 mil millones de pesos. Tal cantidad es diez veces mayor al gasto del Estado en ciencia y tecnología, cuatro veces mayor al gasto en medio ambiente y agua, más de cinco veces el gasto en seguridad pública, más del doble del presupuesto en comunicaciones y transportes, 80 % del gasto en educación, seis veces el presupuesto de la UNAM, y casi 100 % más del presupuesto en salud. 
Independientemente de la perversión fiscal que implica, el esquema de subsidios y la estructura modal del transporte a la que subyace inducen una ineficiencia energética extrema, y  emisiones  desbocadas de gases de efecto invernadero (la fuente más importante en el inventario nacional de emisiones). Desde luego, es también notable la distorsión  que imponen al desarrollo urbano, promoviendo asentamientos digitales extendidos y dispersos a lo largo de carreteras, y el abandono y decadencia de las zonas centrales de las ciudades.
No tendría por qué ser así ineluctablemente. Existen numerosos corredores o pares origen y destino con altas densidades  entre la Ciudad de México y Monterrey, Guadalajara, Toluca y Morelia, Puebla, y el corredor de Querétaro al bajío y a Aguascalientes. Dependiendo de la tecnología utilizada,  de la topografía, y del número de estaciones intermedias, el  costo de una línea de ferrocarril de alta velocidad – a más de 300 kilómetros por hora – al estilo francés (TGV), español (AVE), alemán (ICE), italiano (ETR 500), japonés (Shinkansen), coreano (KTX), o chino, puede rondar los 1,500 millones de dólares por cien kilómetros, incluyendo construcción, equipo rodante, vías, sistemas de control, electrificación, y estaciones. No porque sea deseable una inversión gubernamental completa (lo ideal serían asociaciones público – privadas), sino sólo como referencia, México podría construir cada año cerca de 900 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad aplicando para ello el presupuesto que hoy se destina a subsidiar los combustibles fósiles. Así, en sólo tres años, en este ejercicio de imaginación delirante, México tendría una red de trenes de alta velocidad cubriendo sus corredores o pares origen y destino estratégicos, que sería más extensa que las de Francia, España, Alemania e Italia (China ya ostenta 4,000 km de vías de alta velocidad). Este tipo de trenes están en fase de planeación o desarrollo en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Australia, la India y muchos países más.
Los trenes de alta velocidad tienen la capacidad de acelerar notablemente no sólo la movilidad interurbana, sino la productividad, la generación de empleos y el desarrollo económico de las ciudades a las que sirven; además de sus ventajas ambientales y en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Las estaciones, ubicadas en áreas centrales de las ciudades, promueven la revitalización urbana,  proyectos  inmobiliarios de alta densidad, y usos mixtos de vivienda, servicios y oficinas, lo que contribuye a generar ciudades compactas acopladas a sistemas intermodales de transporte público y a movilidad peatonal y no motorizada, así como mercados laborales más accesibles y eficientes.


Desde luego se requeriría del liderazgo del Gobierno Federal en materia de planeación, financiamiento, ejecución y operación, y la creación de corporaciones público – privadas con capacidad de  coordinar la adquisición de derechos de vía, y el desarrollo de predios para estaciones y centros intermodales (y en el DF, combatir al acechante ambulantaje). Todo es ahora un desvarío onírico, en este México atascado. Pero, tal vez un gobierno de coalición.….

viernes, 7 de octubre de 2011

¿DERECHO A LA VIVIENDA O A LA CIUDAD?


Ciertamente, la vivienda es un derecho consagrado en la constitución, como muchos otros derechos sociales (salud, educación, empleo, medio ambiente). Pero no puede hacerse efectivo atropellando a otros, o sembrando el caos en el territorio nacional. Menos aún, sin saberlo, o negándolo, mientras se afirma, rumbo al despeñadero, que vamos por la ruta correcta. Nadie rechaza que la vivienda sea una necesidad, ni que el Estado trabaje para satisfacerla. Lo que ocurre es que a algunos (o a muchos) nos parece lamentable que se haga de una manera tan fútil que acabe anulando al propio concepto de derecho a la vivienda. Más todavía, cuando se  facturan a futuro o a terceros, costos sociales, ambientales, energéticos, urbanos y climáticos astronómicos. La vivienda mínima, sin ciudad y sin tejido urbano, es una célula física destinada a incubar frustración, conductas y atmósferas antisociales, y delincuencia.  El derecho a la vivienda, sin derecho a la ciudad  es una peligrosa involución civilizatoria.

El modelo INFONAVIT de financiamiento masivo a  viviendas infinitesimales en México  está en quiebra. Es un esquema de subsidio, apalancamiento  e intermediación, y minimización extrema en el costo de las viviendas, maximizando su número, y los beneficios por volumen a las empresas desarrolladoras. Se despliega en un mercado de tierra que ostenta externalidades múltiples y de gran alcance – totalmente ignoradas –  pero que carece de regulación para todo fin práctico. Todos conocemos y sufrimos la debilidad institucional y regulatoria de los gobiernos locales en México. Si no son capaces de hacerse cargo de la más elemental seguridad pública, mucho menos de las externalidades del mercado de tierra, especialmente en su periferia; y mientras el Gobierno Federal es funcional y/o jurídicamente incapaz de suplirlos o de coordinarse con ellos en estas tareas, ya que no tiene facultades ni quiere asumirlas. ¿En verdad creemos  que los municipios ejercen (como lo  sueña el Artículo 115 Constitucional) responsabilidades de tal envergadura, siendo efímeros – gobiernos de sólo tres años –  frecuentemente corruptos, menesterosos, y fiscalmente ineptos?

Las externalidades negativas del modelo INFONAVIT son abrumadoras. Se contextualizan en una versión lumpen de crecimiento  suburbano disperso  (urban sprawl –  ¿cómo se traduce al español de una manera concisa?), en unidades habitacionales lejanas y dislocadas. Incluyen  la privación a los adquirientes de vivienda  del  acceso a la ciudad, de espacio público funcional y de los estímulos, amenidades y oportunidades que sólo la vida urbana densa y diversa ofrece. Impone grandes costos per cápita de infraestructura y servicios, y de movilidad. Multiplica el número de viajes en vehículo y las distancias recorridas, y por tanto, el consumo de combustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, el modelo INFONAVIT ancla sobre el territorio y para el largo plazo, un patrón de uso profundamente ineficiente en términos energéticos y ambientales. Mientras tanto, a las familias, las condena al ostracismo social, y  a una deficiencia estructural de estímulos visuales, culturales, cívicos y comunitarios. Estos costos encubiertos  recaen en familias, individuos y  gobiernos municipales; se pagan en el ámbito público y privado. Con el tiempo se revela que exceden a los beneficios, y la vivienda y la hipoteca se abandonan. Se inocula así el virus de  una futura crisis hipotecaria.



Si fuéramos serios, alguien tendría que contabilizar rigurosamente tales costos o externalidades negativas, así como se contabilizan con jactancia las unidades de vivienda construidas (cuatro millones en los últimos diez años). La manufactura a gran escala y en serie de vivienda suburbana a mínimo costo debe entrar en pausa, mientras se diseña un nuevo paradigma viable y sostenible. No se trata de negar el financiamiento hipotecario a los trabajadores, sino de posponerlo durante un breve período; para no defraudarlos, ni en su bolsillo ni en suderecho a la ciudad.

viernes, 30 de septiembre de 2011

EL INFONAVIT Y EL GATITO, CRÓNICA URBANA


Yo quería un gatito, pero mi mamá me decía que no, porque vivíamos todos en un cuartito en casa de mi abuelita… Mi papá trabajó duro y obtuvo un crédito del INFONAVIT… Tuvimos entonces nuestra casa nueva, y yo tuve mi gatito….”  El locutor remata afirmando que… “no es el fin de la historia…” En efecto, si hubiera alguna mínima capacidad de observación crítica sobre el desempeño de INFONAVIT, la historia debería seguir:

“Cuando nos mudamos a nuestra nueva casa, nos sentimos muy felices de vivir en el campo, en un cerro,  aunque rodeados de una barda, que nos separaba de milpas y potreros, y de basura regada por todos lados. Eran muchísimas casitas, muy chiquitas, como en un enorme panal de abejas, todas igualitas, unas junto a otras en hileras larguísimas. Apenas cabíamos mi mamá, mi papá, mis hermanitos, mi gatito, y yo. Había pocos vecinos, ya que muchas casitas estaban abandonadas, llenas de garabatos de grafiti, o enrejadas. Para jugar, salíamos a un terreno baldío que había cerca de nuestra casa, donde había unos columpios  oxidados, y donde se juntaban los muchachos a fumar y a beber caguamas, ya que no había nada más qué hacer. Nos daban miedo, y mi mamá me prohibió salir, pero mi gatito estaba feliz, persiguiendo ratas en las banquetas agrietadas  por el zacate, aunque no había casi árboles.   Había poca agua, y no nos podíamos bañar todos los días, pero salía caliente gracias a un tinaco negro que estaba en el techo, y a un calentador solar ecológico que nos habían puesto. Luego mi papá lo bajó del techo y lo vendió. Se tardaban mucho en recoger la basura, y se amontonaba durante días en las esquinas y en el terreno donde antes íbamos a jugar. Para salir, y poder llegar hasta la carretera y a la parada del camión, teníamos que caminar mucho. El camión pasaba como cada media hora. Para ir a la escuela me levantaba a las cinco de la mañana, y mi papá a las cuatro para poder llegar a su trabajo. Nos tardábamos más de dos horas en ir y otras dos horas en volver. Regresábamos muy cansados, y no me daban ganas ni de estudiar, ni de jugar, ni de hacer la tarea; mejor me ponía a ver la televisión. Mi papá volvía ya muy noche, y de mal humor. Nos decía que gastaba mucho dinero en los camiones, y a veces en taxis, y que eso le salía más caro que pagar la hipoteca del INFONAVIT. Mi papá pidió prestado a mi tío, y entonces se compró un coche viejito que echaba mucho humo; igual que los de los vecinos. Todos decían que necesitaban el coche porque si no, no podían ir a ningún lado, ni a la escuela, ni a trabajar, ni al mercado. Todo nos quedaba muy lejos. Cerca no había tiendas, ni parques, ni nada; sólo algunas casuchas junto a la carretera, y a lo lejos, otras unidades habitacionales del INFONAVIT, de muchos colores. No hablábamos con nadie, ni teníamos amigos; todos los vecinos desconfiaban de los demás. Algunos ponían tienditas en la puerta de su casa, para vender cosas de comer, pero todo  era muy caro.  Al final, mi papá decidió que nos regresáramos a la ciudad, a casa de mi abuelita, cerca del Centro.  Abandonamos la casa del INFONAVIT y mi papá dejó de pagar la hipoteca. Mejor, con ese dinero, ahora rentamos un departamentito, y nos ahorramos los gastos en transportes y gasolina;  voy a pié a la escuela, tengo amigos, jugamos en el parque o en al patio del edificio. Salimos a pasear y de compras, y mi papá va a trabajar tomando un camión en la esquina. Vendió el coche viejo, y está más tiempo con nosotros. Mi gatito también está feliz, brincando por las azoteas de los edificios.” FIN.

viernes, 23 de septiembre de 2011

MARCELO


El Distrito Federal ha sufrido cambios notables en su andamiaje institucional durante 15 años de gobiernos de izquierda. Destaca la dispersión de facultades técnicas, de gestión urbana,  y de poder real, hacia la Asamblea Legislativa y a las delegaciones, a la par del desmantelamiento de capacidades operativas y de planeación dentro del gobierno central. También, la consolidación de una estructura corporativa integrada al partido gobernante, que por un lado ofrece soporte y legitimidad clientelar, pero, por el otro, coarta de manera tajante los espacios de autonomía para las políticas públicas e impone su ley e intereses en la ciudad. Entre sus pilares más conspicuos están transportistas,  vendedores callejeros,  demandantes de vivienda, sindicatos, y una variopinta gama de organizaciones sociales. Es una  reproducción vernácula  del gran edificio corporativo edificado por el PRI en México durante buena parte del siglo XX.  Sobresale igualmente la creación de una extensa red asistencialista financiada con presupuestos gubernamentales  a través de subvenciones directas (ancianos, estudiantes, desempleados) y de subsidios generalizados a servicios públicos (como al metro, y en menor medida al agua).  Ciertamente esto contribuye a mitigar desigualdades,  a crear condiciones mínimas de cohesión social, y a asegurar lazos de lealtad electoral. Pero rigidiza (casi son políticamente irreversibles) y compromete la solvencia del erario de la ciudad,  además de deteriorar la salud financiera y la calidad de los propios servicios públicos. (Ojo: determinados subsidios pueden ser necesarios, pero deben ser focalizados, no universales). El estrechamiento fiscal se acentúa por el abultado endeudamiento heredado del gobierno anterior (que duplicó la deuda del DF y su servicio entre el 2000 y el 2006), por reglas inequitativas de reparto en las participaciones federales, y por la comprensible resistencia a la imposición de nuevas contribuciones.

En este complejo mecanismo de frenos y palancas se ha insertado el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Entenderlo, es indispensable para valorar su gestión de manera objetiva, junto con  las camisas de fuerza que lo aprisionan y  las oportunidades que la ciudad le ha ofrecido, y también,  a la luz de los atributos subjetivos del personaje. Probablemente Marcelo ha sido el gobernante con mayor conocimiento y competencia en la ciudad, con una visión moderna, y  una destreza notable para operar dentro de la jungla de intereses partidarios y corporativos que atestan al Distrito Federal, incluidas las trampas y presiones de su inefable predecesor. 

Así, no deben escatimársele sus logros: Mantenimiento e incluso mejora en la seguridad pública, algo doblemente meritorio en el desgarrador contexto nacional; impulso al transporte colectivo a través del Metrobús, la línea 12 del metro, y  autobuses de RTP; nueva infraestructura de movilidad vehicular – indispensable, vista desde el realismo urbano –  donde destaca  la construcción de vialidades de cuota financiadas por empresas privadas y por los usuarios, no por el erario público; bicicletas públicas como nueva opción de movilidad; restauración y dignificación peatonal del eje que va del Monumento a la Revolución y Plaza de la República a la calle de Madero; fuerte impulso a la inversión inmobiliaria, loablemente en Reforma; y desde luego, un clima apreciable de tolerancia y libertades ciudadanas. Pero tampoco, y en su complicada circunstancia, deben soslayarse  los pasivos acumulados en su administración.  Entre ellos, la entrega del espacio público a mafias de vendedores callejeros, y su degradación, especialmente  en estaciones del metro y paraderos de microbuses, al igual que en áreas emblemáticas como Chapultepec, la Alameda Central y numerosas plazas y calles; una decadencia urbana deprimente en corredores estratégicos, como Insurgentes centro; y, un fracaso ostensible en pavimentación, y en gestión de residuos, particularmente en el Bordo Poniente.

Dentro de todo, Marcelo ha sido capaz de construir una narrativa coherente, atractiva  y racional de gobierno, que ahora, proyectada, le ofrece una plataforma muy valiosa para lanzar una candidatura presidencial competitiva. Sin ella, y sin él, la izquierda seguiría hundiéndose en el mesianismo aldeano, abrazada férreamente  al populismo resentido como única ideología visible.

viernes, 9 de septiembre de 2011

SEGURIDAD PÚBLICA, MITOS


El crimen se ha reducido espectacularmente en Nueva York, en un 80% entre 1990 y 2010, incluyendo el homicidio, la violación, el asalto a mano armada, y el robo de autos (Scientific American. Agosto, 2011). Y nada ha tenido que ver con la pobreza,  ni con el desempleo, ni con el consumo de drogas.  La experiencia de Nueva York confronta y desenmascara a la derecha moralista, y a la corrección política de izquierda (incluida la UNAM; ver su reciente colección de lugares comunes en materia de seguridad pública). Nueva York derrotó a la criminalidad, pero el consumo de drogas no varió significativamente durante el período. La pobreza tampoco se abatió; y el desempleo incluso aumentó. La tasa de detención y encarcelamiento por cada 100 mil habitantes disminuyó después de alcanzar un máximo en 1997. ¿Entonces?

Pueden hacerse conjeturas equivalentes en México. La criminalidad no varía ni en el tiempo ni en el espacio en función de la pobreza de municipios o  entidades federativas, ni tampoco de acuerdo al desempleo. Los estados hechos girones por la delincuencia resulta que tienden a ser ricos y a ostentar niveles bajos de desempleo: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa. La tierra caliente de Michoacán, madriguera de La Familia y de los Caballeros Templarios, no se caracteriza por una honda pobreza relativa. Algunos de los estados más pobres, como Chiapas, Yucatán y Oaxaca, han visto pasar sin mayores rasguños la invasión de la criminalidad. Los pobres y los desempleados no tienden a ser delincuentes, como pregona la izquierda en boca de su Gran Líder  o de su candidato a gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles), quien ha sido capaz, en días recientes,  de justificar y de condescender con delincuentes y asesinos. Tampoco los ricos  son necesariamente santos o ciudadanos ejemplares, como se sigue de las  presunciones de la izquierda mexicana. El haber asumido como doctrina la vulgaridad provinciana de su último mesías, le impide leer datos, analizarlos y obtener conclusiones lógicas. Al resto de nosotros nos ha paralizado una cultura política que desconoce y repudia a la esencia misma del Estado y de la democracia: el uso de su fuerza legítima en defensa de la legalidad. Tal vez nos gana un antiguo romanticismo justiciero, o el resentimiento tramposamente cultivado por excesos ocurridos muchas décadas atrás (1968). O pueden  ser también la desconfianza y el relativismo con respecto a la ley, sembrados desde épocas coloniales.

Poco ayudan la proverbial corrupción,  descrédito y desprestigio social de los cuerpos policiacos, hoy capturados por la delincuencia organizada. Es un juego de espejos: cerramos los ojos a la importancia de la legalidad y del uso de la fuerza legítima del Estado, por tanto, la hemos atomizado en 2,500 cuerpos miserables de policía municipal; festín para la los criminales. Increíble.  Los últimos baluartes: el Ejército, la Marina, y la Policía Federal son denostados, se exige su capitulación o retiro, o se les niega el marco jurídico necesario para su actuación emergente.  Sin cultura de legalidad, y sin otorgar legitimidad absoluta al uso de la fuerza contra quienes violan la ley por la razón que sea, nos persiguen la impunidad generalizada desde arriba hasta abajo, y la descomposición en las reservas morales de la sociedad.


Nueva York no cree en mitos. No predicó lugares comunes de corrección política, ni esperó estúpidamente a que desaparecieran la pobreza, la drogadicción y el desempleo. Abatió la criminalidad gracias a  una policía unificada, más numerosa, capacitada, fuerte y eficaz; y a una actividad policiaca disuasiva, inteligente y abrumadora,  focalizada a través de una estrategia geográfica bajo mandos directamente responsables, y escrutada por medio de datos duros.   Desde luego esto no soslaya la relevancia de políticas sociales para la prevención del delito, ni de la legalización de las drogas; sólo las precede.

domingo, 4 de septiembre de 2011

MORATORIA DE VIVIENDA


INFONAVIT ya cerró un largo ciclo.  Atrás deben quedar décadas de fuerza bruta hipotecaria, donde el éxito se contabilizó a través de la métrica más elemental: millones y millones de créditos otorgados y de casas (es un decir) construidas. Décadas en que se incubó y desarrolló una poderosa industria especializada – la edificación de vivienda popular – , una sofisticada arquitectura fiscal y financiera, y un complejo ecosistema institucional (cuotas  de nómina obligatorias, ONAVIS, OREVIS, SOFOLES, AFORES, bancos, empresas constructoras, proveedores, agentes inmobiliarios, instrumentos bursátiles y de intermediación financiera, subsidios, etcétera). El objetivo parecía intachable, y la lógica redonda. Vivienda para todos los trabajadores en nómina (ahora pretende extenderse también a los informales), al menor costo posible, de tal forma que la hipoteca pudiera ser pagada con una fracción de pocos salarios mínimos. Abaratar costos para llegar a más derechohabientes ha sido la divisa, lo que ha implicado producción y ensamble masivos y en serie, economías de escala, nuevas tecnologías para minimizar el uso de materiales, achicamiento constante en la superficie de las viviendas hasta hacerlas infinitesimales, y… por supuesto, su desplante horizontal en el suelo ejidal más barato posible, permitiendo márgenes razonables por volumen a las empresas desarrolladoras.  Es la vivienda como commodity a granel y unidad de cuenta y foco exclusivo en el desempeño del INFONAVIT. En gran parte, no puede dudarse, ha significado satisfacciones importantes para las familias beneficiadas. Pero ha traído el caos territorial a las ciudades y municipios de México. Las consecuencias son gravísimas, y no aparecen por ninguna parte, ni en los informes del INFONAVIT, ni en los estados financieros de las empresas desarrolladoras. Fanfarria política y utilidades corporativas, pero terribles costos públicos.

Es importante tener a la vista el contexto. Por un lado,  la pérdida de facultades del Gobierno Federal en materia de regulación de los usos del suelo desde las modificaciones al Artículo 115 Constitucional de 1983, la debilidad y corrupción crónica de los gobiernos locales, y la virtual secesión agraria (ejidos y comunidades) de la vida institucional del municipio; el resultado es la ausencia factual de capacidades de ordenamiento y regulación del territorio. Por el otro lado,  la ignorancia en el Gobierno Federal de que las políticas de vivienda son no sólo el nutriente y catalizador del desarrollo urbano, sino su código de estructura y funcionalidad espacial.

La política urbana del Gobierno Federal ha sido la inexistencia de política urbana. Sólo dejar hacer y dejar pasar al INFONAVIT y, bajo su rectoría,  a las empresas desarrolladoras de vivienda popular. Las ciudades “no aguantan más” al INFONAVIT, así. Vaciamiento de los cascos urbanos, dispersión y desorden, lejanía, necrosis del tejido social, suburbanización extensiva, falta de servicios, costos exorbitantes de transporte, predominio de vehículos automotores, ineficiencia energética, mayor consumo de combustibles, más emisiones de gases de efecto invernadero, fealdad deprimente del paisaje, muerte de la vida vecinal y de los gérmenes de sociedad civil, habitación humillante, extirpación del espacio público, pérdida de competitividad de las ciudades, aislamiento y patologías de convivencia, incubación del crimen, abandono de viviendas, desmoronamiento de la gobernanza local, e hinchazón de la cartera vencida del INFONAVIT que anticipa una potencial crisis hipotecaria en México.  Cada nuevo desarrollo de vivienda, y cada nueva hipoteca otorgada en estas condiciones tienen un costo público que es ya inaceptable. El desastre es patente.


INFONAVIT debe parar, y de manera honesta y autocrítica, asumir una moratoria de vivienda. Debe plantearse su fusión con CONAVI, y la creación de una nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que revierta el caos, adquiera y gestione reservas territoriales y repueble las áreas centrales de las ciudades con viviendas verticales en polígonos de actuación urbana, en coordinación explícita con los gobiernos municipales, y en alianza virtuosa con empresas desarrolladoras. Implica, entre otras muchas cosas, cambiar la unidad de cuenta, y que la vivienda deje de ser un commodity.    

viernes, 26 de agosto de 2011

CAMPO Y CIUDAD, SAGARPA E INFONAVIT


Acelerar la urbanización del país es un imperativo de competitividad y eficiencia, de sustentabilidad ambiental, y de lucha contra la pobreza. Pero eso requiere cambiar códigos tanto de política para el campo, como de vivienda y desarrollo urbano. De acuerdo al censo de 2010, todavía el 24% de la población económicamente activa vive del sector rural tradicional. Tiene una bajísima productividad y por tanto genera menos del 3% del PIB, pero ocupa más de las tres cuartas partes del territorio nacional (OECD. 2006. Rural Policy Reviews: México). Es la fórmula perfecta de pobreza y marginación, desigualdad, ineficiencia en el uso del territorio, y destrucción ecológica. SAGARPA, a través de sus programas de subsidio, mantiene y cubre  las pérdidas de una agricultura en quiebra económica, social, demográfica y ecológica. La productividad y el  ingreso crecen con la urbanización. Las sociedades, regiones, y países más desarrollados son en general aquellosplenamente urbanizados. Aquí y en China. La ciudad no hace pobre a la gente; atrae a gente que  era muy pobre en el campo, y le ofrece oportunidades y mejores condiciones de vida. Los inmigrantes del campo siempre son más pobres que las generaciones ya urbanizadas.
Entonces, debe acelerarse deliberadamente la migración campesina hacia las ciudades, a la par que se satisface la demanda orgánica de vivienda generada por la evolución demográfica de la propia población urbana. ¿Qué tiene que ver el INFONAVIT en todo esto? En México, la política urbana del Gobierno Federal  es un subproducto no intencionado de  la política de vivienda, e INFONAVIT es su ejecutor. En realidad, INFONAVIT es el ministerio de desarrollo urbano del Gobierno Federal, función que ejerce sin saberlo, a ciegas, y con resultados catastróficos. Sería insensato así, acelerar la migración campesina a las ciudades.  Hacer vivienda es hacer ciudad, y sin una política de desarrollo urbano  que apunte a ciudades eficientes y  compactas,  y por tanto, dinámicas, competitivas y sustentables, México galopa al despeñadero urbano, social y ambiental.
INFONAVIT ostenta haber otorgado desde el año 2000, más de 4 millones de créditos para vivienda, virtualmente,  sin ningún tipo de visión urbana, provocando la dilución de centralidades,  una explosión caótica de implantes monotemáticos de viviendas en colmenas aisladas, y  una ocupación dispersa y extensiva del territorio. Se trata en su inmensa mayoría de viviendas cercenadas de las ciudades; sin accesibilidad mínima ni servicios elementales; y en entornos estériles, donde se han eliminado los valores de proximidad y convivencia, desmadejado el tejido social,   impuesto severos costos de transporte y movilidad a la población, y trasladado a los municipios cargas inaceptables. No por casualidad, más de la cuarta parte de las viviendas del INFONAVIT se encuentran desocupadas o abandonadas. Claro, es lo más barato, y es la justificación. Pero los costos sociales o externalidades son brutales.
México ha repetido así, en una versión lumpen, la fuga hacia los suburbios observada  desde la posguerra en los Estados Unidos: Inducción de casas unifamiliares en propiedad (sólo factibles en los suburbios) por medio de millones de hipotecas baratas,  gasolina subsidiada, decadencia de las áreas centrales de las ciudades, y privilegio al automóvil con bajas densidades y sistemas de transporte público precarios. Es una política anti-urbana, expresamente, de desmoronamiento de ciudades. INFONAVIT no da créditos a campesinos, pero sembrando el caos,  las incapacita  para acogerlos de manera ordenada y productiva.
Campo y ciudad. Debe romperse con el coto sectorialista en SAGARPA, y transformar buena parte los subsidios al campo en una plataforma de capacitación, emigración e inserción productiva de ex - campesinos en las ciudades. INFONAVIT debe fusionarse con CONAVI, y reconocerse y asumirse así, formalmente, como Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, facultada para adquirir y gestionar reservas territoriales urbanas y polígonos de actuación, y para financiar y desarrollar, sólo ahí, infraestructura y servicios, y vivienda vertical  integrada a las ciudades.

viernes, 19 de agosto de 2011

APOSTARLE A LA ELECTRICIDAD


El uso de biocombustibles en vehículos es un gravoso desvarío energético, económico y ambiental. Un auto eléctrico con tecnología actual (por ejemplo, el Leaf de Nissan) consume alrededor de 0.15 Kilowatts-hora (KWH) por kilómetro, lo que en México significa un costo de 0.15 pesos (quince centavos). Con un rendimiento generoso, un vehículo de gasolina consume 0.125 litros por kilómetro, cuyo costo es aproximadamente de 1.25 pesos. Sin subsidios, sería de 1.50 pesos; diez veces más.  Si bien la autonomía del Leaf se limita  a unos 140 kilómetros, los Tesla, que se manufacturan y comercializan en California, anticipan el futuro con autonomías superiores a 400 kilómetros (equipados con baterías de ion-litio).

Pero, ¿qué pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero? El sistema eléctrico mexicano observa un factor de emisión de 0.5 kg de CO2 por kilowatt hora (KWH), dada su alta dependencia a plantas termoeléctricas que consumen combustibles fósiles. Esto implica que un  Leaf de Nissan emite indirectamente 75 gramos de CO2 por kilómetro – sin considerar ajustes menores por eficiencia del motor eléctrico. Esto es poco más de la cuarta parte de las emisiones de un auto "normal", muy por debajo aún de un auto de gasolina muy eficiente (por ejemplo, el mío, un Fiat 500). Las emisiones de un auto de gasolina las obtenemos multiplicando su rendimiento en litros por kilómetro por 2.3 kg de CO2 por litro. Esto es: un auto “normal” que en México consume 0.125 litros de gasolina por kilómetro, emite un promedio de 287 gramos de CO2 por kilómetro, lo que representa casi cuatro veces más que el auto eléctrico.  En un país hipotético en el que toda la electricidad se produjera en plantas termoeléctricas de carbón, el factor de emisión de su sistema eléctrico sería de 0.9 kg de CO2 por KWH, y aún así, las emisiones del auto eléctrico ascenderían a 135 gramos por kilómetro; menos de la mitad.  

Ahora supongamos el uso de un biocombustible como el etanol. Éste tiene un menor poder calorífico y rendimiento que la gasolina (un 30% menos), pero también, menos carbono. Por tanto, las emisiones de CO2 en el escape del vehículo son casi equivalentes. Sin embargo, tratándose de un biocombustible, habría que obtener el balance neto de carbono considerando fotosíntesis durante el crecimiento de la caña de azúcar, consumo de energía en el proceso de producción, emisión de N2O (óxido nitroso, un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el CO2) por fertilizantes, y, desde luego, la deuda de carbono incurrida directa o indirectamente por cambios en el uso del suelo y sustitución de vegetación natural. Con esta contabilidad, el etanol saldría peor que la gasolina en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, aunque también, a la gasolina le imputáramos las emisiones en toda su cadena de valor (explotación y refinación de petróleo).  



El etanol es más caro que la gasolina. En Brasil no, pero allá recibió un colosal subsidio durante décadas, que permitió amortizar las inversiones. Desde luego, esto no toma en cuenta el costo de una deforestación brutal, ni el costo de oportunidad para el mundo de dejar de producir mucha más soya y carne para una población creciente, en la gigantesca masa territorial (decenas de millones de hectáreas) ocupada en Brasil por la caña de azúcar para este biocombustible. Producir etanol u otro biocombustible como el biodiesel de Jatropha siempre va a requerir subsidios, a ocupar grandes extensiones de tierra cada vez más escasa, y a desplazar directa o indirectamente a la producción de alimentos y a ecosistemas naturales. Algo insano cuando por causa del calentamiento global pende una terrible amenaza de extinción masiva de especies y perturbación  de ecosistemas, lo que exige, entre otras cosas, mucha más tierra para ampliar y conectar a gran escala las Áreas Naturales Protegidas. Apostémosle a la electricidad.