viernes, 26 de octubre de 2012

Oigan, partidos políticos: la sociedad sí existe


Margaret Thatcher, 1987: "... mucha gente se ha inclinado a creer que si tiene un problema, es responsabilidad del gobierno atenderlo y resolverlo... Están transfiriendo sus problemas a la sociedad. Y, ustedes saben que la sociedad no existe (there is no such thing as society). Existen individuos, hombres y mujeres, y sus familias."  Con esta frase, Margaret Thatcher decretó la abolición de la sociedad y estableció el imperio del individuo racional para limitar al Estado. El contexto, no lo olvidemos, era la esclerosis y decadencia económica británica y el desafío de los sindicatos del carbón. Gran Bretaña era el old sick man de Europa. Notablemente, Thatcher fusionó su visión neo-liberal e individualista  con un nuevo nacionalismo que recelaba de la integración con Europa, y que no dudó en avasallar militarmente a la Argentina en el conflicto por las Malvinas/Falklands. Tenía como sustento académico a economistas libertarios (fresh water economists) encabezados desde Chicago por su Premio Nobel Milton Friedman,  tocados por la fama al postular un estado mínimo, racionalidad de expectativas económicas, disciplina monetaria, y máxima apertura al mercado, como solución a la crisis de inflación y estancamiento de los años setentas. En la dicotomía Estado/mercado, Thatcher se decantó tajantemente por el segundo, mientras los antiguos laboristas, la socialdemocracia, y toda la izquierda, en distinta medida, lo hacían por el primero. La ideología y la política se movían sólo en ese plano, definido en un eje por cuánto Estado, y en el otro por cuánto mercado. La sociedad civil no existía.
Después, las cosas cambiaron, la sociedad resucitó e irrumpió en los procesos políticos como sociedad civil, en forma de conjuntos de individuos organizados para emprender acciones colectivas en favor de bienes públicos, para comunicar y argumentar en la arena pública, y fortalecer una democracia deliberativa. De hecho introdujo una nueva dimensión en el antiguo plano Estado/mercado, para abrir un espacio tridimensional Estado-mercado-sociedad civil, en el cual empezaron a definirse las ideologías y los partidos políticos en Europa. La sociedad reapareció en el nuevo laborismo Blair-Giddens, al transferirle responsabilidades desde el Estado de Bienestar a partir de un ideal de solidaridad en la comunidad nacional. En el pensamiento conservador británico (Big Society) de Cameron, las comunidades capaces de autodeterminación también emprenden nuevas formas asociativas para ofrecer servicios púbicos, limitan al Estado, y redistribuyen el poder desde el gobierno a la sociedad. En la nueva izquierda radical europea (verdes alemanes) la sociedad civil es el motor de una democracia multicultural. En la extrema derecha  se politiza a la sociedad civil como portadora de identidades colectivas nacionales (Frente Nacional de Francia). Curiosamente, esta idea de las extremas derechas europeas empata con la exaltación de las identidades comunitarias étnicas/indígenas que llevan a cabo ciertas izquierdas en México y América Latina; el beso eterno entre los extremos. 
No sólo la sociedad civil ha creado ese espacio tridimensional en la ideología partidaria, sino que ha sido vehículo de nuevos temas e ideas que han revitalizado el debate público, como el medio ambiente, derechos de minorías, seguridad, energías renovables, transparencia, rendición de cuentas en el gasto público, y educación, entre otros.
Desde luego, en México y en el mundo,  la irrupción de la sociedad civil en los procesos políticos se da en el conocido escenario de personificación de la política y su focalización en asuntos específicos,  volatilidad electoral (desalineación) y dilución de las lealtades de partido,  apertura de los procesos administrativos al escrutinio público, y uso creciente del sistema judicial por parte de los ciudadanos en asuntos de interés colectivo. Parece cada día más claro que la sociedad civil podrá ser un factor clave para superar la  crisis de legitimidad de los partidos políticos, y por tanto para el futuro de la democracia.  Sin embargo, en México, los partidos no han sabido aún incorporar y promover ideológica y políticamente a la sociedad civil, más allá de una retórica vaga  y ramplona de oportunismo electoral.


Los partidos deben resolver y aclarar cuál es su posición en un espacio tridimensional definido por el Estado, el mercado y la sociedad civil;  delinear las modalidades de interacción entre cada una de ellas, e incorporar una cartera de temas específicos de manera coherente con su particular modelo tridimensional. Se trata de una nueva producción de ideología como oferta moderna para el mercado electoral, como factor de cohesión interna en los partidos (y acaso de supervivencia),   de diferenciación entre ellos, y como elemento indispensable para elevar la precaria calidad de nuestra democracia.

viernes, 19 de octubre de 2012

La fealdad, un pasivo económico y urbano



Por encima de relativismos culturales e históricos, la belleza en la ciudad es algo que se percibe de inmediato, y tiene que ver con cierta armonía y calidad en el paisaje urbano,  con el aseo y pulcritud en su  espacio público, y con los valores escénicos de su entorno natural. La belleza es  gratificación para los sentidos  y una oportunidad de solaz individual y disfrute colectivo. Es eterna inclinación y búsqueda humana. En la ciudad, que es construcción clímax de convivencia social y desarrollo de capacidades productivas, la belleza es también un signo vital, y un elemento indisociable de la calidad de vida - y por tanto de la felicidad de sus habitantes. La belleza urbana es igualmente un estímulo muy poderoso de productividad, de identidad, y de compromiso y cohesión social; es uno de los activos intangibles más valiosos de una ciudad, y para las empresas que ahí se localizan. La belleza del paisaje urbano es un bien público por excelencia, cada vez más importante para la competitividad nacional y global  (Querétaro en México, y Londres son buenos ejemplos) y en consecuencia para el dinamismo económico y el empleo, y el nivel de ingreso de la población. La belleza de la ciudad tiene que ser asumida como objetivo expreso de política urbana.
Con algunas excepciones, las ciudades mexicanas, incluyendo a la ciudad de México, han perdido la belleza que se desprendía de sus patrones históricos de traza y arquitectura, han sido engullidas por la fealdad urbana.  Su desplante espacial ha pasado a ser caótico como resultado de diferentes factores. Uno tiene que ver con la pulverización parcelaria en los ejidos circundantes, y con la vivienda de cada campesino en su propia parcela por temor a perderla. En desorden, el esquema se repite ejido tras ejido en zonas de presión urbana, reproduciéndose construcciones atroces sobre las parcelas para albergar a los hijos de los campesinos o a otros ocupantes, sin orden ni concierto. Resultado: una gradual saturación  de tabicón gris y varillas desnudas oxidadas, coronadas con botellas de PET. El valle de Toluca y su excrecencia urbana es un ejemplo palmario. En países civilizados, los campesinos viven por lo general en un pueblo compacto y van a trabajar a sus tierras que están en "el campo"; ciudades, pueblos, campos y bosques están bien delimitados, no en México donde la interfaz rural-urbana es difusa.  Otro factor son las políticas de vivienda del INFONAVIT que han generado miles de palomares monotemáticos, desperdigados por cerros y milpas en la periferia de las ciudades. Uno más, es la ausencia  de visión o planeación, y de capacidad de regulación territorial por parte de municipios débiles y efímeros, y muchas veces corruptos (recordemos que la regulación territorial, constitucionalmente, compete sólo a los municipios, por más absurdo que esto sea).
Sobre este patrón espacial va prevaleciendo en numerosas ciudades, entre ellas la nuestra, una degradación insolente del espacio público: Ambulantaje que se apropia de todo el tejido conector de la ciudad con la tolerancia o connivencia de las autoridades; fetidez de  puestos callejeros de comida grasienta; marañas de cableado clandestino de quienes roban la electricidad en la vía pública; proliferación de anuncios espectaculares que secuestran la visual urbana; plazas invadidas por tendajones de facinerosos políticos que orinan, defecan y  pintarrajean (como en la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución: http://gabrielquadri.blogspot.mx/2012/07/esto-es-yosoy132.html) bajo tutela gubernamental; basura ubicua en calles, plazas, jardines, camellones, y centros de transferencia modal de transporte; grafiti vandálico que trae decadencia y hostilidad en el ambiente urbano, e invita a la delincuencia; pavimentos fracturados y guarniciones erosionadas en banquetas y andadores; antros y comercios con fachadas desfiguradas de manera estridente y ofensiva; infames toldos comerciales sobre el paso peatonal en las calles; arroyos o ríos pestilentes (como el río Magdalena);  edificaciones abandonadas y objeto de depredación (como el cine Ópera, el Frontón México y muchos más); y, ausencia de arte urbano en diversas expresiones plásticas en el espacio público.
Todo esto último tiene tal vez hondas raíces idiosincráticas, tal vez tiene que ver con la pobreza,  tal vez resulta de nuestra históricamente reciente cultura como habitantes de ciudades, o de manera más simple, tal vez sólo es una falla estrepitosa de gobierno local, vacío de legalidad y estado de derecho, y  expresión de dejadez e indiferencia ciudadana. Lo que es claro, es que tiene que combatirse con firmeza como parte de una enérgica política de espacio público contra la fealdad y en favor de la belleza urbana.

viernes, 12 de octubre de 2012

DF, transición ciudadana


Una ciudadanía plena implica pagar impuestos y exigir cuentas y resultados a cambio. Es un pacto social en el que se delegan en el Estado responsabilidades de interés público, o sobre bienes públicos que casi por definición no pueden ser provistos de forma individual o privada. En una democracia, el Estado es conducido por un  gobierno electo a través del voto de la mayoría, sistema que funciona  hoy en día de manera creíble en nuestro país y obviamente en el DF, después de una larga transición democrática. Democracia es el nombre del juego, cuya calidad, sin embargo, depende de la existencia de una sólida cultura ciudadana en favor  de lo público. En una ciudad, su expresión es evidente en plazas, parques, calles, sistemas y paraderos de transporte colectivo, imagen urbana, jardines, valores escénicos, mobiliario urbano, museos, equipamiento, infraestructura, y en todos los elementos que configuran el tejido conector del espacio público. Es la identidad de la ciudad, el medio que permite la convivencia entre sus habitantes, lo que integra y une, solidariza e iguala a todos. Es particularmente importante para los pobres; al menos tienen la belleza y los estímulos sociales y humanos del espacio  público. Es el derecho a la ciudad. Democracia y ciudadanía lo garantizan.
Cuando en vez de ciudadanos celosos de lo público tenemos peticionarios anónimos u organizados, y ensamblados corporativamente al partido en el poder, se niega el derecho a la ciudad con resultados  esperpénticos. Ocurre una transacción donde se entrega sistemáticamente el espacio público a mafias a cambio de apoyos políticos y votos. En ausencia de ciudadanía, el resto, silencioso, indiferente o resignado lo atestigua... y así vota; no pide cuentas, no exige, llega a parecerle normal. El tema no existe ni forma parte de la agenda pública. Podría estar peor, es el razonamiento. Zonas enteras de la ciudad son devoradas, y los contrastes se agudizan
La ciudad más rica de México y una de las más solventes de América Latina se va poblando de rascacielos, y de obras viales monumentales, algunas calles y barrios resurgen, se vuelven a habitar, e incluso empiezan a palpitar con una vida  desconocida que emula a Buenos Aires o a ciudades mediterráneas. Son decisiones individuales misteriosas, que agregadas, ofrecen un atisbo de virtud urbana en ciertas zonas de la del Valle,  Coyoacán,  Condesa, Polanco, y hasta en Santa María la Ribera. Nos entusiasman y  nos llenan de orgullos fugaces. Se imponen a pesar de la incuria gubernativa,  de la corrupción, o de un gobierno central al que extrañamente sólo le preocupan  una cuantas calles y espacios  de la delegación Cuauhtémoc (Madero, Alameda, Plaza de la República...).
Es la resistencia en algunas trincheras, donde el campo urbano es dominado por el andamiaje mafioso que  degrada la ciudad: Todas las entradas e inmediaciones de las estaciones del metro; todas las zonas circundantes a los hospitales públicos; todos los paraderos y zonas de transferencia modal (Tacubaya, Observatorio, Indios Verdes, Chapultepec, Universidad); el otrora orgulloso bosque de Chapultepec; innumerables plazas; calles y aceras completas aledañas a centros comerciales... todo,  invadido por legiones de vendedores ambulantes organizados en mafias, para votar, asistir a marchas y mítines, y pagar derecho de piso a sus líderes a quienes el gobierno ha privilegiado con la privatización ilegal del patrimonio colectivo. Miasmas, pestilencia, basura, fealdad, inmundicia, grafiti, hacinamiento que llenan de vergüenza a la Ciudad de México y desdicen con su hedor purulento cualquier ínfula de liderazgo urbano en el concierto global.. La fórmula se repite en el sistema de transporte colectivo concesionado; desorden, impunidad, un rosario accidentes fatales. También, en la gestión de los residuos urbanos, y con las zonas de conservación ecológica y sus invasores. Es  la democracia corporativa sin ciudadanos. Es la izquierda que castiga a los más pobres privándolos del derecho a la ciudad. Es la erosión del estado de derecho en  cada esquina, la impunidad que se asienta como regla de oro no escrita de convivencia urbana. Como en ninguna otra gran ciudad en México.


Mantener el poder requiere administrar con pericia y mucho cinismo esas inmensas redes de corrupción y control corporativo, no satisfacer inexistentes demandas ciudadanas en favor del interés público. Desde luego el modelo es insostenible; tiene contradicciones insalvables que sería imposible abordar aquí.  Así como la democracia se abrió paso en el México de los años setentas y ochentas del siglo XX, gradualmente irá ganando espacios en el DF una ciudadanía moderna, cada vez más atenta al interés público. Es la transición ciudadana que nos falta.

viernes, 5 de octubre de 2012

Una secretaría del agua ¿fuga cosmética?


No hay crédito para lugares comunes sobre manidas guerras del agua (advertidas ad náusea). La escasez es una falla institucional y tecnológica, que puede resolverse de manera eficiente con los instrumentos adecuados de política. No hay tal fatalismo hídrico, más allá de desplantes teatrales o periodísticos. Claro, hay regiones mucho más propensas que otras a la escasez por razones fisiográficas, económicas o demográficas. Ahí, es de los políticos de quien debe esperarse audacia, honestidad, y fuertes capacidades de diálogo y decisión.
La sobrexplotación de acuíferos es un típico problema de bienes públicos o recursos comunes por ausencia de regulación apropiada, por subsidios a la electricidad para bombeo, y por la propia gratuidad del agua. Desde luego, en el contexto de una asignación ineficiente del recurso, vinculada a la inexistencia de mecanismos de intercambio de derechos (mercado) transparentes y con bajos costos de transacción. En muchas regiones del país se perpetúa así el derroche del agua en modalidades arcaicas de irrigación (recordemos que alrededor de las tres cuartas partes del agua en México son consumidas por el riego agrícola), y se inhibe la modernización tecnológica del riego. Además, se obstruye su transferencia a usos más productivos en la industria, los servicios, las ciudades, o en ecosistemas acuáticos. El agotamiento de acuíferos por el riego agrícola ya es un problema irreversible en casos críticos (La Laguna, Guanajuato), y la  falta de agua será restricción funcional al desarrollo económico en numerosas regiones del centro y norte del país, si no se toman decisiones de manera inmediata.
Por su lado, la escasez y la mala calidad de los servicios de agua en la mayor parte de las ciudades de México se explican por clientelismo; debilidad fiscal; gobiernos municipales efímeros y corruptos; burocracias sindicales; manipulación política de precios o tarifas; y falta de profesionalización, transparencia, y autonomía en los organismos operadores. Tan es así, que la mayor parte de las ciudades que se destacan por una gestión eficiente del agua para servicio público urbano se encuentran en áreas consideradas de notable estrés hídrico (Saltillo, Aguascalientes, Monterrey, León, Tijuana). Las ciudades que ocupan los últimos lugares en desempeño, curiosamente, en su mayoría, se ubican en áreas de relativa abundancia (Villahermosa, Oaxaca, Mérida, Acapulco, Xalapa, Veracruz). La zona metropolitana del valle de México se encuentran a horcajadas entre mala gestión, y cierto estrés fisiográfico. Téngase en cuenta, que de acuerdo al Artículo 115 Constitucional los servicios de agua, drenaje y tratamiento son facultades municipales, pero deben de cumplir con normas y reglamentos federales.
Aunque hay algunos avances sobre todo en ciudades del centro y norte del país, y próximamente en el valle de México, las aguas residuales urbanas sin tratamiento contaminan severamente ríos, lagos, aguas costeras, e impiden el re-uso productivo del líquido en actividades económicas diversas, además de devastar ecosistemas acuáticos. Hay normatividad - por cierto con más de 15 años de edad -  pero no se hace cumplir por parte de la Comisión Nacional del Agua. Muchos gobiernos municipales  vierten con total impunidad sus miasmas líquidos a través de drenajes formales, emisores en el mar, simples escorrentías, o descargas clandestinas. De la misma forma actúa la industria azucarera; buena parte de los aproximadamente 60 ingenios que operan en México envenenan nuestros caudalosos ríos tropicales en la Huasteca, en Veracruz, Morelos, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Colima, Nayarit, y otros estados. La justificación es social...  es una industria no competitiva y corporativizada, no hay recursos para invertir en bio-digestores u otros sistemas... los ingenios tendrían que cerrar... habría desempleo.
El escenario es una relación de cliente-proveedor y de conflicto de interés entre la Comisión Nacional de Agua, por un lado, y agricultores organizados en distritos y unidades de riego, gobiernos municipales, y organizaciones corporativas, por el otro. Hay captura regulatoria, por lo general no hay vigilancia ni sanciones,  y no se ejercen las facultades que se establecen en diversos instrumentos legales.  Esto, independientemente, de las funciones vitales que la Comisión Nacional del Agua pueda cumplir en la construcción, financiamiento, apoyo,  operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica estratégica a escala regional.

El drama no se  salda con  la creación de una secretaría del agua; sólo así, sería una fuga cosmética. No es un problema de jerarquía o de nombre. Es, esencialmente, un problema de regulación en descargas de aguas residuales y calidad de los cuerpos de agua, desempeño y calidad del servicio público urbano, y uso sostenible de acuíferos subterráneos. Hacia allá deben enfocarse los cambios necesarios.

jueves, 4 de octubre de 2012

Competitividad y política industrial verde


La ausencia de política industrial ya no puede perdonarse; menos ahora que nuevamente se abren grandes oportunidades para México. Sus claves son cada vez más evidentes. Sobresale la erosión paulatina en la competitividad manufacturera de China por el aumento en los salarios reales, y el fortalecimiento ineluctable de su tipo de cambio. En este escenario, nuestra frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, todavía la mayor economía del mundo, adquiere un significado enorme dentro del prolífico contexto que ha demostrado ser el TLCAN, cuyo potencial aún no se dimensiona o aprovecha lo suficiente. Por otra parte, los costos logísticos y de transporte de las empresas crecerán de manera constante en el futuro, al igual que los riesgos y dificultades de mantener cadenas de suministro globalmente extensas y diversas. La cercanía a clientes será también crucial, como condición para satisfacer demandas en los tiempos más breves posibles y mantener costos bajos de inventario.
La compactación espacial  de las cadenas de valor, esto es, el acercamiento físico o territorial de los proveedores (o eslabones en la cadena valor) arroja cada vez más ventajas o economías de aglomeración, bajos costos de transacción, y mucha mayor certidumbre. De ahí el surgimiento casi espontáneo de clustersindustriales en numerosos sectores a lo largo y ancho de la geografía global, incluso en México, con los casos notorios de la industria automotriz en Guanajuato y Puebla, y de la industria aeroespacial en Querétaro. Las empresas líderes o ubicadas al final de la cadena productiva van prefiriendo más y más el desarrollo de una proveeduría local. Si bien esto puede ocurrir en forma espontánea,  con frecuencia requiere de acciones colectivas que no siempre pueden ser asumidas por una empresa en particular. Entonces es necesaria la acción del Estado para su identificación, ensamble y operación óptima, como lo demuestran tantos casos exitosos de política industrial en Corea, Japón, China, Taiwan y Brasil, entre otros.  En suma, ensamble de cadenas de valor en clusters regionales es binomio básico para una visión de política industrial.
Ahora se sabe que la competitividad de las empresas depende no sólo de sus propias decisiones y mercados, sino de toda su cadena de valor. En la medida en que los eslabones sean competitivos, lo será aún más el eslabón final. De ahí el interés real que deben asumir las empresas en gestionar su propia cadena de valor, la cual, hay que aceptarlo, incluye no sólo al desarrollo de proveedores locales, sino también al financiamiento, a la existencia de recursos humanos de calidad, a la infraestructura básica, al suministro eficiente de agua y energía, y a condiciones ambientales y de calidad de vida en una región geográfica relevante. Cosas que antes se consideraban externas a las empresas, o bienes públicos de exclusiva responsabilidad de los gobiernos, ahora entran a su propia lógica competitiva y campo de actuación. Una verdadera política industrial trataría de integrar y gestionar todo esto a través de una acción colectiva compartida entre empresas y gobiernos.
Pero no basta. La política industrial en México requiere también promover el desarrollo tecnológico y el fomento a empresas de manufactura en nuevos sectores y actividades, imprescindibles para una economía verde, competitiva y sustentable. Sobresalen las oportunidades que existen  en la fabricación de componentes y en la integración tecnológica para la generación de electricidad de fuentes renovables, especialmente en materia solar fotovoltaica y térmica, y eólica, así como geotérmica y mini-hidráulica, y de baterías de alto desempeño para vehículos eléctricos, cuyo momento de despegue comercial se acerca cada día. El tratamiento de aguas residuales y el manejo de residuos deben ser incorporados como nuevas ramas objeto de política industrial, que dependerán desde luego, de una regulación ambiental eficaz por parte del gobierno. El reciclaje de envases y empaques, como fuente de nuevos materiales secundarios debe ser igualmente una prioridad de política industrial verde, lo cual, por otro lado, aliviaría problemas ambientales y cargas financieras de disposición final de basura que agobian a los gobiernos municipales. Las empresas que manufacturan bienes de consumo, en especial alimentos y bebidas, deben hacerse corresponsables y financiar sistemas de acopio, selección y reciclaje, como ocurre en países europeos. La construcción enfrenta el enorme desafío de orientarse hacia edificaciones urbanasverdes, lo cual implica incentivos y normas específicas de eficiencia energética y en el uso de materiales y recursos.

Como se ve, deben romperse para siempre los diques que han separado a la política ambiental del resto de las políticas sectoriales, muy en especial, de la industria.