
Entre Estados Unidos y China suman la mitad de las emisiones globales; Brasil e Indonesia, fundamentalmente por deforestación, contribuyen con otro 15%. Juntos, Rusia, la India y Japón, con un 10%. Sólo estas 7 naciones son responsables de las tres cuartas partes de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el planeta. (México contribuye con un 2% aproximadamente). Si añadimos las emisiones de los demás países del G-20, se podrían contabilizar alrededor del 90%. Entonces, ¿qué sentido tiene un engorroso proceso multilateral de negociación con más de 200 países participantes? Claro, los más afectados por el calentamiento global serán los países más pobres, pero sus lamentos no tienen efecto alguno sobre las decisiones estratégicas de China, ni sobre el nuevo fundamentalismo de derecha en los Estados Unidos. Las emisiones van a seguir aumentando en los próximos años, haciendo inevitable un aumento en la temperatura promedio, probablemente, de más de tres grados centígrados hacia la mitad del siglo.
Los políticos de todos los países saben que el cambio climático es un problema difuso y de largo plazo, y nosotros, automovilistas, consumidores, productores agropecuarios, y empresas industriales, no estamos dispuestos a cambiar. Queremos combustibles y electricidad baratos, y cuantiosos subsidios agrícolas. Los políticos no son suicidas, además, actualmente, son mediocres; no van a emprender nada que no sea electoralmente rentable. Entonces, al menos en los próximos años, puede garantizarse que no habrá un nuevo régimen global de cambio climático con compromisos vinculantes para los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Qué podría hacer México? Algo importante es olvidarse del Fondo Verde, no somos Sierra Leona, ni necesitamos de practicar la mendicidad, y tampoco alcanza ya para ser candil de una calle multilateral cada vez más obscura. Debemos reconocer las oportunidades y riesgos que plantea el calentamiento global para una agenda, por lo pronto, fundamentalmente, nacional. Las oportunidades están en emprender políticas buenas para fortalecer la competitividad de nuestra economía, y las finanzas públicas, y que también reduzcan distorsiones en la distribución del ingreso, y desde luego, las emisiones de gases de efecto invernadero. De ellas ya hablamos en la entrega de la semana anterior, y se refieren a modificaciones en la política fiscal y de subsidios a los energéticos y al sector agropecuario, así como a la apertura del sector energético, y a una nueva política de vivienda y desarrollo urbano.
Los riesgos, son cada vez más patentes, y se ciernen sobre el sector agropecuario de temporal o de subsistencia (dependiente del régimen de lluvias), sobre la disponibilidad de agua en el centro y norte del país, sobre infraestructuras y poblaciones en costas y llanuras de inundación, y sobre la biodiversidad de México. Nadie nos va a pagar por mitigar estos riesgos, pero hay que empezar a hacerlo ya. Por ahora conviene voltear la mirada hacia adentro y dejar un poco al lado el glamur cada vez más gastado de la diplomacia climática.
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