martes, 8 de abril de 2014

Documento de posición sobre algunos puntos de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

La iniciativa de reforma de las leyes secundarias en materia de
telecomunicaciones, presentada por el Ejecutivo Federal el 25 de marzo
pasado en el Senado, en nombre de la seguridad pública y la seguridad
nacional, amplía el poder del Gobierno para controlar a los individuos, y
reduce diversas libertades individuales.

1. La propuesta establece la creación de un “registro y control de las
comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo
cualquier modalidad, que permita identificar con precisión:
a. Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor,
b. Tipo de comunicación y servicio,
c. Origen y destino de las comunicaciones,
d. La fecha, hora y duración de las comunicaciones,
e. Identificación y características técnicas de los dispositivos,
incluyendo el código internacional de fabricación,
f. La ubicación geográfica del dispositivo, y
g. Los datos que hubiere entregado el titular del servicio.”
(Artículo 192 de la propuesta
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión)

Se propone que este registro se conserve al menos dos años después de
realizada la comunicación, pero este plazo puede extenderse a petición de
autoridad competente, que podrá ser: la Procuraduría General de la República,
las Instituciones de Procuración de Justicia Estatales, el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y
la Secretaría de Marina.

Si bien establece sanciones para quienes utilicen estos datos para fines distintos
a los autorizados, este registro constituye una base de datos cuya sola
existencia plantea una amenaza, tanto para la libertad, como para la
seguridad de los individuos.

2. Por otro lado, se propone que los concesionarios deberán “bloquear el
acceso a contenidos, aplicaciones o servicios por orden de autoridad, o
cuando sean contrarios a alguna normatividad.”
(Artículo 145 de la propuesta
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión)

No se especifica quién es la autoridad competente, ni cuáles son las
normatividades que servirán como referente, para que esas autoridades ordenen bloquear los contenidos.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de
los Estado Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), y la Comisión Africana de Derechos Humanos y
de los Pueblos (CADHP), en una Declaración conjunta en junio de 2011, han
dicho que:
“El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos,
protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales),
constituye una medida extrema –análoga a la prohibición de un
periódico o emisora de radio o televisión– que sólo podría estar justificada
conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea
necesaria para proteger a menores del abuso sexual.”

Y que:
“Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o
proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el
usuario final, constituyen una forma de censura previa, y no representan
una restricción justificada a la libertad de expresión.”

El Ejecutivo pretende poder establecer la CENSURA PREVIA en internet sin
establecer criterios que limiten efectivamente ese poder, sino tan sólo “por
orden de autoridad” o “cuando sean contrarias a alguna normatividad”.

3. Por último, se propone que los concesionarios deberán “bloquear, inhibir
o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en
eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud
de las autoridades competentes (…) sobre todas las bandas de
frecuencia que indique el Instituto [Federal de Telecomunicaciones], de
conformidad con las solicitudes de las autoridades competentes.”
(Artículo 197, fracción VII de la propuesta
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión)

De nuevo, no se establece quiénes serán las autoridades competentes, ni los
supuestos bajo los cuales se podrá calificar a un lugar o evento como “crítico
para la seguridad pública y nacional”.

De aprobarse esta disposición, estaríamos entregando a los Gobiernos en turno,
la posibilidad de actuar impunemente en contra de individuos legal y
legítimamente organizados, y en ejercicio de sus libertades de expresión,
reunión y asociación, sin que pueda fluir la información sobre lo que acontece
más allá de unas cuadras a la redonda.

La Declaración conjunta de la OEA y la ONU de 2011, estableció:


“La interrupción del acceso a internet, o a parte de éste, aplicada a
poblaciones enteras o a determinados segmentos del público
(cancelación de internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni
siquiera por razones de orden público o seguridad nacional.”

Nuestro país, y el mundo, ya han visto grandes abusos del poder público, e
inclusive masacres, en las que la información necesaria para detener la
violencia gubernamental, ha llegado demasiado tarde.

* * *
En resumen, las medidas que se proponen dan la Ilusión de seguridad, pero
restringen libertades de expresión, de reunión, y de privacidad de los datos
sobre la vida de los individuos. Colocar la seguridad por encima de la libertad,
otorga poder al Gobierno y lo quita a los individuos.

Callar a los individuos, cortando medios de expresión, en aras de la seguridad
nacional, y vigilarlos en cada comunicación, equivale a convertir al pueblo en
enemigo del Gobierno.

La democracia permite a los individuos contar con un Gobierno que proteja sus
libertades y les sirva a ellos, no a sí mismo. No debemos perder el control de
nuestro Gobierno, ni entregarle nuestras libertados, ni siquiera en nombre de la
seguridad.

viernes, 28 de febrero de 2014

Acapulco, el hundimiento

Acapulco es sitio privilegiado en la geografía del planeta: Una gran bahía (Santa Lucía) bordeada de playas doradas; anfiteatro espectacular con montañas cubiertas de bosques tropicales decretados como Parque Nacional; clima perfecto;  extensas lagunas  y hermosa bahía adyacentes (Tres Palos, Coyuca, Puerto Marqués); aguas costeras tibias y transparentes; islas, acantilados y   emplazamientos rocosos con vistas impresionantes; ambientes submarinos de gran belleza. En fin, valores paisajísticos  insuperables. Más aún, la historia le ha dispensado un apasionante pasado (con la Nao de China), mientras que el jet set internacional, en su tiempo, le otorgó una luminosa aura de prestigio y sofisticación. También posee cercanía envidiable al mercado turístico más grande del mundo (Estados Unidos), infraestructura competitiva (aeropuerto internacional, autopista),  un parque inmobiliario formidable, y un patrimonio urbano de notable mérito escénico (Acapulco tradicional, Costera Miguel Alemán).  Pero Acapulco ha sido probablemente la ciudad peor gobernada de México de manera consistente a lo largo de décadas.
Las playas fueron tomadas por comerciantes informales y changarros malolientes, y saturadas de equipamiento improvisado de pésima calidad (Puerto Marqués, Hornos, La Condesa); se cerró el diálogo físico entre la ciudad  y el mar al interponerse estructuras baratas y decadentes. Se destruyó la calidad estética de las playas, e incluso algunas de las más valiosas (como Manzanillo) se destinaron a ser un infame depósito de chatarra.  El Parque Nacional El Veladero también fue ocupado ilegalmente en las partes medias y altas del anfiteatro con viviendas precarias; se estropeó el paisaje, se deforestó. Desde ahí escurren desechos humanos y basura hacia la bahía. La ciudad no tiene rastro certificado, y se abastece de carne en crueles mataderos clandestinos altamente contaminantes. Las aguas del mar se han contaminado con las aguas residuales de la ciudad; de 21 plantas de tratamiento, sólo operan cuatro, en forma deficiente y parcial, y Acapulco ostenta uno de los peores servicios públicos de agua del país. La basura es ubica en calles, avenidas y carreteras, y se deposita en gran parte en tiraderos a cielo abierto, cuando se recoge. La zona urbana tradicional de antiguo esplendor fue presa del abandono y la degradación, con  construcciones inconclusas, piscinas secas o convertidas en pantanos,  casas y edificios  ruinosos,  mercados inmundos y sórdidos giros comerciales,  edificaciones brutalistas  y   lumpenización de servicios. La Costera Miguel Alemán, hacia donde se orientó el crecimiento, una vez deprimida la zona tradicional, se convirtió en la vialidad vertebral de la ciudad; perdió su atractivo para el turismo de alto nivel;  hoteles, discotecas  y restaurantes de prestigio huyeron; se pobló de establecimientos comerciales vandalizados, hoteles de mala muerte, predios y edificios abandonados;  se asentó un tráfico infernal, y ahora, el Macrotunel va a desembocar... ¡en la Costera! En Puerto Marqués, changarros se apropiaron de la playa, además de haberse desfigurado con infraestructura imperdonable. Desaparecieron turistas y vuelos internacionales. 
Pero nadie entendió ni aprendió nada, y  la inercia fue abandonar a su suerte al Acapulco tradicional y a la costera (Acapulco Dorado), y saltar más allá, a un Nuevo Acapulco, donde ahora se repite el ciclo: Urbanismo de roza, tumba y quema.
¿Tiene remedio Acapulco? Sólo si es rescatado de las garras de sus políticos, y se despliega una inteligente y enérgica intervención federal; en el organismo de aguas (CAPAMA); en la regulación del desarrollo urbano; en la recuperación de la ciudad mediante compras, fusiones y expropiaciones de predios para ser re-insertados en el mercado inmobiliario; en la creación de espacios públicos y reconstrucción de la imagen urbana; en la liberación y restauración de playas; y en la seguridad pública. ¿Un comisionado federal? FONATUR podría operarla, en vez de insistir en nuevos y cuestionables desarrollos turísticos (CIP´s).


martes, 4 de febrero de 2014

Transición energética y el inevitable calentamiento global

Evitar las peores consecuencias del calentamiento global requeriría que las emisiones totales mundiales alcanzaran su pico máximo hacia el 2020 y se redujeran a la mitad en el 2050. Pero en las condiciones actuales, no hay esperanzas de una transición energética suficientemente rápida hacia las energías renovables que lo logre.
La transición energética indispensable tardará un tiempo muy largo, de acuerdo a la evidencia sobre transiciones energéticas anteriores en la historia de la humanidad[1].  El mundo sustituyó en un 50% la madera con carbón a lo largo del siglo XIX  después de un período de 60 años. Durante el siglo XX, el petróleo alcanzó a sustituir al carbón en un 40% en un período equivalente; mientras que el gas natural llegó apenas al 25% de penetración sustituyendo al carbón y al petróleo, en un lapso similar. Las energías renovables modernas (solar, eólica, geotermia) están actualmente en pleno despegue, aunque registran todavía una penetración incipiente de 5% en la demanda global. En esta lógica, transcurrirían cinco o seis décadas para que consigan una participación mayoritaria en el suministro total de energía primaria en el mundo. Será demasiado tarde. 
Las energías renovables son intermitentes, y requieren de soporte para complementarlas en generación de base (permanente) y en generación firme o flexible y disponible a lo largo de la curva de demanda diaria. Es decir, fuentes despachables (de operación y entrada inmediata a la red). Alemania, paradójicamente, que genera una proporción muy significativa de su electricidad con fuentes renovables, produce cada vez más, y necesita importar de otros países, electricidad producida con carbón.  Una solución a este problema es desarrollar redes eléctricas y sistemas de generación distribuida a lo largo y ancho de grandes extensiones geográficas, para permitir que al menos un conjunto  de fuentes renovables sustituyan a otras fuera de operación por falta de viento o de sol. Se trata de integrar redes más allá de las fronteras; o bien contar con plantas de base de cero emisiones (nucleares) y/o un sólido parque de fuentes firmes, flexibles y despachables (hidroeléctricas con grandes embalses o plantas de gas de ciclo combinado).
Pero transformar un sistema eléctrico de esta forma es muy costoso y exige tiempos muy largos. Los gobiernos no van a abandonar infraestructura de generación eléctrica que ha costado en todo el mundo, según se estima, al menos 20 billones de dólares (billones en español, 1012). Sólo China ha invertido en los últimos 10 años, 500 mil millones de dólares en  más de 300 Gigawatts de capacidad de generación eléctrica con carbón; mayor a toda la capacidad con fuentes fósiles que poseen conjuntamente Alemania, Francia, It

alia, el Reino Unido y España. El gobierno chino espera que tales plantas operen al menos durante 30 años. No las va a descartar y a hacer chatarra. Y eso ocurre, obviamente en una dimensión menor, en muchos otros países.
Un severo impuesto global a los combustibles fósiles (carbon tax) para abatir la demanda, ganar eficiencia  y promover energías renovables y de cero emisiones de CO2 no sólo en la generación de electricidad, sino en el transporte y en la industria, sería la vía para acelerar una transición energética capaz de minimizar riesgos climáticos catastróficos. Pero muy pocos estarían dispuestos a promoverlo y a aceptarlo.  Los gobiernos no impondrán lo que la población no quiere. Tampoco se atisban liderazgos, ni condiciones geo-políticas para un acuerdo multilateral en este sentido. Al igual que ante el inminente estallido de la Primera Guerra Mundial, cuyo centenario se conmemora esta año, y que nadie pudo evitar, sigamos impulsando la transición energética, pero preparémonos para un calentamiento global inevitable. 

miércoles, 15 de enero de 2014

Transgénicos, ideología o razones

La oposición a productos transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados (OGM) tiene un origen  ideológico, y se propaga no sólo con desinformación y  manipulación de la opinión pública, sino incluso con el fraude científico. La  humanidad ha modificado genéticamente especies de uso agrícola durante miles de años. A través de selección y desarrollo de híbridos se han logrado atributos deseables en los cultivos que han expandido la producción para alimentar hoy en día a más de 7,000 millones de habitantes en la tierra. La genómica moderna extiende esas posibilidades y hace más precisa la incorporación de atributos favorables en las plantas, por medio de la modificación directa de su código genético.  Así, se han creado variedades que incorporan nutrientes básicos en cereales que tienen deficiencia de ellos (arroz); dispositivos genéticos que  actúan como vacunas (papa); resistencia a distintos parásitos o agroquímicos (maíz, algodón), lo que permite reducir el uso de plaguicidas o herbicidas tóxicos para el ambiente; tolerancia a la sequía; o durabilidad para un menor desperdicio de alimentos.
Pero quizá lo más importante, es que la modificación genética de los cultivos es capaz de aumentar considerablemente la productividad, es decir, la producción por hectárea. En un planeta que hacia mediados del siglo tendrá que soportar a 9 mil millones de habitantes con patrones de consumo cada vez más demandantes, sería imposible alimentarlos sin arrasar hasta el último rincón de bosques y selvas y otros ecosistemas terrestres, para convertirlos en zonas de explotación agropecuaria saturadas de plaguicidas y fertilizantes (la pesadilla maoísta o echeverrista de "no dejar más que las carreteras sin sembrar"). Sería la destrucción final de todo el entramado de la vida en el planeta, México incluido, cuya población probablemente se acerque a  150 millones de habitantes en 2050.
Si bien pueden ser culturalmente apetecibles la producción y el consumo de productos "orgánicos" sin modificación genética, esto no es una alternativa física o ecológicamente  generalizable ante la realidad poblacional nacional y global.  Bajo la espada de Damocles demográfica que pende sobre México y sobre el planeta, la única forma posible de conservar la biodiversidad es multiplicando la productividad agrícola (toneladas/hectárea). Ello sólo es asequible haciendo uso de todo el poder tecnológico disponible, incluyendo desde luego, a la modificación genética de plantas y animales. Por ejemplo, téngase en cuenta que una milpa tradicional produce una o dos toneladas de maíz por hectárea, otra, con la  mejor tecnología moderna, más de 16.
Salvo el caso aún no concluyente de la afectación a las mariposas monarca por el maíz BT (que lleva su propio "plaguicida" genético) no existe ninguna evidencia significativa de riesgo por parte de OGM. Cientos de millones de personas hemos consumido productos alimenticios provenientes de OGM durante décadas (maíz, soya), y en México, al menos desde hace 20 años, sin daño alguno a la salud.
El fanatismo ideológico anticapitalista  contra los OGM  no duda en recurrir al fraude científico, como ocurrió  con la publicación en Food and Chemic

al Toxicology en septiembre de 2012 de un artículo tramposo de Giles-Eric Séralini, que fue ampliamente divulgado sin revisión académica. Pretendía demostrar que el maíz  genéticamente modificado NK603 inducía tumores en ratas de laboratorio. Provocó pánico en políticos ingenuos u oportunistas, al grado que algunos países suspendieron la importación de OGM. Todo fue un acto vergonzoso de estafa científica, y el artículo de marras fue retirado. Sin embargo, el daño estaba hecho.
Sería ecológicamente suicida que México renunciara a la tecnología genómica agrícola por fundamentalismos ideológicos impuestos desde el extranjero, legitimados por una timorata corrección política. Brasil y muchos otros países ya nos llevan años luz de ventaja. Debemos reponer el tiempo perdido.

viernes, 6 de diciembre de 2013

Educación, tragedia en el sur de México


La calidad de la educación depende de la calidad de los maestros, y de las condiciones institucionales y socioeconómicas locales. De acuerdo a la prueba PISA de matemáticas 2012 realizada por la OCDE, sobresalen países desarrollados con una sólida cultura competitiva y de esfuerzo personal, y plenamente urbanizados (Singapur, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur, Japón, Canadá, Alemania) 
http://www.oecd.org/pisa/46643496.pdf. Ciertamente la calidad de la educación en México no es algo de lo que podamos enorgullecernos. Sin embargo, sólo Chile nos supera en el contexto latinoamericano. México se da a sí mismo la educación más deficiente entre las naciones de la OCDE, pero también, es el país menos desarrollado y el más pobre de esa organización. Hasta aquí, no hay mucho de qué sorprenderse.
La pobreza sólo se supera elevando la productividad de las personas, a partir de la acumulación de capital humano y de la disponibilidad de capital físico, mejores tecnologías, y economías de proximidad que sólo se dan en las ciudades (ver a Jane Jacobs en The Economy of Cities, y a Edward Glaeser en The Triumph of the City). Y claro, el capital humano sólo se forma a través de la educación. Por tanto, de la calidad de la educación depende en buena parte la posibilidad de vencer a la pobreza, y también la desigualdad, siendo la calidad de la educación pública el gran y único instrumento eficaz de igualación social.
Lo realmente notable es la gran varianza en el desempeño PISA entre distintos estados de la República, que revela dimensiones de tragedia, a la luz de las variables institucionales, culturales y socioeconómicas que explican el desempeño educativo. Las entidades federativas con el mejor desempeño en PISA matemáticas son Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Colima, con niveles semejantes a los de Chile o Turquía. Los peores son Guerrero, Chiapas, y por supuesto debe agregarse a Oaxaca y a Michoacán (la CNTE impidió que se aplicara el examen PISA) http://www.pisa.sep.gob.mx/pisa_en_mexico2.html. Son estados eminentemente rurales y por tanto muy pobres, donde predominan valores colectivistas, y una cultura de búsqueda de rentas a costa del Estado. Las organizaciones sociales y la institucionalidad local tienen por objeto la extracción de rentas, no el desarrollo productivo. Las escuelas normales son manejadas por mafias subversivas (CNTE), como centros de formación y reclutamiento donde adoctrinan e inculcan delirantes catecismos revolucionarios a maestros que reproducen en las escuelas primarias una ideología y una cultura improductivas de rentismo, extorsión y violencia, resentimiento y rencor social. El gobierno les paga, y vive aterrado en perpetuo chantaje otorgándoles concesiones crecientes en presupuestos, canongías y control corporativo.
Es la incubadora de la improductividad y de la pobreza eterna: pésima educación, alta población rural, valores disfuncionales, instituciones extractivas de renta, y cultura colectivista. También de la violencia: las mafias revolucionarias del magisterio nutren y soportan a organizaciones guerrilleras (EPR, ERPI, y ahora el flamante FAR-LP). 
Todo es apuntalado por programas sociales como Oportunidades y PROCAMPO, que refuerzan el paternalismo y la dependencia (en vez de promover la autonomía individual), y que anclan a la población a una miserable vida rural dependiente de dádivas, subsidios y subvenciones del gobierno, y de la articulación de sus demandas por parte de organizaciones políticas.
La tragedia educativa es causa y consecuencia en un escenario generalizado de rezago y fractura, disfunción institucional y económica, y persistencia de altos porcentajes de población rural en consecuente pobreza. La reforma educativa es un primer viento de cambio, pero que, sin embargo, para rendir resultados, necesita ir en sinergia con nuevas políticas sociales y de gobernanza, de cambio institucional y cultural, y de fomento a la urbanización...  Sí, a la urbanización.


viernes, 15 de noviembre de 2013

Parques Nacionales, soberanía territorial perdida

En México el Estado ha sido particularmente débil en sus capacidades de gestión sobre el territorio nacional.  Una legalidad tradicionalmente hueca y desmadejada es una causa obvia. Le sigue nuestra peculiar historia agraria, que durante el siglo XX entregó frenéticamente en propiedad privada (ejidal, comunal, individual), casi la totalidad de nuestro territorio. Más aún, con reformas al Artículo 115 Constitucional en 1983, en un  arrebato de ansia federalista, el Gobierno Federal abdicó de toda facultad de regulación territorial y de uso del suelo en favor de municipios efímeros y minusválidos.  Núcleos agrarios se erigieron así, ante los municipios, como los verdaderos centros de poder territorial fuera de las ciudades; recordemos que detentan casi el 60% de la superficie terrestre de México.
Dado el desistimiento real del Estado a hacer valer intereses públicos frente a la propiedad  privada (ejidal, comunal o individual, todas son propiedades privadas), sólo las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han representado una voluntad real de reconstituir  soberanía y racionalidad en la gestión del territorio. Han sido manto tenue de cordura pública tendido sobre diferentes modalidades de propiedad privada y sus dinámicas e intereses. Desde luego, en desventaja. Casi la totalidad de las ANP en México son propiedad privada, como parques nacionales, reservas de la biósfera, áreas de protección de flora y fauna... La tensión entre lo público y lo privado es extrema y permanente; sólo se resuelve de tres maneras en favor de lo público: expropiación o compra, contratos y pagos a los propietarios para conservación, y regulación.
Visto de otra forma, el problema es típico de un país que se desgarra entre la modernidad de lo público y una anacrónica obsesión campesina. Miguel Ángel de Quevedo promovió decretos presidenciales para los primeros parques nacionales en los años 30 del siglo pasado, pensando en mantenerlos en el dominio público mediante expropiación. Lázaro Cárdenas, mientas tanto, los repartía o no pagaba las expropiaciones prometidas.  Más recientemente ha crecido el número y la cobertura de  ANP, pero ya sin la expectativa de comprar o expropiar la tierra. Se trata de ANP negociadas, que son instrumento de regulación territorial, y que ofrecen algunos magros mecanismos de compensación para los propietarios. A pesar de ello, y su grave precariedad presupuestal, un buen número funciona. Entre las que no, están antiguos parques nacionales quevedianos, objeto de saqueo forestal, explotación agrícola y ganadera, e ilegalidad: Nevado de Toluca, Izta-Popo, Zoquiapan, La Malinche, Pico de Orizaba, Nevado de Colima, Ajusco, Lagunas de Zempoala...
En países civilizados los parques nacionales son emblemas nacionales, propiedad del Estado, y casi objeto de veneración ecológica y cívica, además de una fuente  caudalosa de ingresos y oportunidades de negocios turísticos: Iguazú, Torres del Paine, El Calafate, Yellowstone, La Amistad, Tikal, Yosemite, Doña Ana, Banff. Aquí, no. Ni siquiera aspiramos a ello; preferimos degradarlos en su categoría, para hacer legal lo que antes era ilegal; es el caso del Nevado de Toluca.  Así, desde la mediocridad y la resignación, México renuncia a tener parques nacionales en sus sitios icónicos; no tenemos las ganas, nos parece muy difícil, y  no queremos asignar el dinero necesario  (lo más importante en la agenda ambiental el país, la CONANP, ¡recibe sólo el 1.7% del presupuesto de SEMARNAT!).
Debemos exigir que en los parques nacionales y otras ANP, en vez de recular, el Estado empiece a recuperar la soberanía perdida sobre el territorio. Las ANP  críticas  deben ser expropiadas en la medida que sea indispensable, a partir de un Fondo Nacional Territorial para la Conservación, multiplicarse el presupuesto y las capacidades de la CONANP, y crearse un cuerpo especializado de Policía Federal para su custodia.

viernes, 18 de octubre de 2013

Oaxaca, Chiapas, Guerrero... incubadoras de pobreza

Los países ricos y desarrollados en el mundo son países plenamente urbanizados (también, en lo ambiental, tienden a ser los más sostenibles). Todos los países pobres son eminentemente campesinos. Esto se replica a escala sub-nacional; en México, los estados más pobres y rezagados poseen una población mayoritariamente rural, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Las correlaciones en este sentido, tanto a escala internacional como de entidades federativas son estadísticamente muy significativas; y no sólo son correlaciones, hay una profunda  causalidad entre pobreza,  población rural y destrucción ecológica; y entre ingresos altos, urbanización y sustentabilidad.
Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados más pobres del país, tomando como medida simple el PIB per cápita, o bien índices de marginalidad o de desarrollo humano. El 64% de la población oaxaqueña vive en asentamientos menores a 15 mil habitantes, el 61% en Chiapas, y el 53% en Guerrero. Representan la mayoría de los pobres extremos existentes en México, y actúan como verdaderas incubadoras de pobreza en nuestro país, donde ésta se transmite de manera inter-generacional. Las políticas asistencialistas y re-distributivas, si bien pueden paliar  los apremios de la marginalidad, no resuelven el problema. Los programasOportunidades y Procampo, especialmente, la reproducen; han hecho perder  ímpetu en los últimos años a la reducción de la fecundidad  y al  proceso migratorio del campo a las ciudades, y con ello, al desarrollo económico y al abatimiento de la pobreza.
La vida rural de subsistencia ante fuertes presiones demográficas impide por definición el aumento de la productividad, única forma de elevar los ingresos de la población; las condiciones ecológicas conspiran contra ello: suelos pobres, ecosistemas frágiles, elevadas pendientes, escasez de agua, e imposibilidad  de llevar infraestructura y servicios a una población dispersa.  Además de sólidas dotaciones de capital físico y humano, elevar la productividad y los ingresos por persona en el campo implica por fuerza reducir considerablemente el número de trabajadores. Arraigar a la población en el campo, en estas condiciones, sólo crea una máquina de movimiento perpetuo fabricante de pobreza, y también de devastación ecológica. No es casual que Chiapas, Oaxaca y Guerrero presenten las tasas más elevadas de deforestación en el territorio nacional, trágicamente, siendo los estados con mayor biodiversidad. Poco ayuda en muchos casos la prevalencia de la propiedad colectiva de la tierra, matriz proclive a la tragedia de los recursos comunes y a la disipación de rentas, que impiden la acumulación de capital y  la inversión.
La pobreza y el colectivismo se asocian en esos estados a instituciones improductivas, orientadas a la búsqueda de rentas. Ejemplo palmario es la CNTE, que no por casualidad hunde sus raíces más profundas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La CNTE, como institución imbricada en las sociedades locales, en su ideología, creencias y visión del mundo, captura  a los propios gobiernos estatales para extraerles jugosas rentas, que la nutren y fortalecen. También inocula a los padres de familia, que contemplan resignados o participan en el atropello contra sus hijos. Se implanta en la ilegalidad, en el secuestro, la extorsión,  en el amague de violencia subversiva (el EPR), y en el adoctrinamiento a través del sistema educativo. El resultado es la destrucción del capital humano en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, las entidades federativas con la peor educación del país, que condena a los niños a bajos ingresos en su edad adulta, reproduciendo la pobreza (www.economist.com/teachers13).
Mientras no se incentive con eficacia la emigración del campo a las ciudades, y no se concreten cambios institucionales de fondo en el sector educativo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas seguirán siendo incubadoras de pobreza. No habrá presupuesto de política social que alcance.