miércoles, 31 de julio de 2013

El DF, socio del nuevo aeropuerto en Texcoco

Los símbolos importan, a veces aún más que los objetos reales. Un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México es un símbolo, y también una necesidad cuya atención es cada vez menos aplazable.  Da igual que su localización en Texcoco sea contigua a la jurisdicción política del Distrito Federal. De todas formas, será el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, entendida como sistema metropolitano.  No hay lugar para celos parroquiales. Emprender el nuevo aeropuerto en Texcoco significará que nuestros gobiernos (Federal, del Distrito Federal, y del Estado de México) han recuperado capacidades directivas para ofrecer bienes públicos de alta graduación, que somos capaces de enfrentar desafíos  serios de coordinación metropolitana, de emprender y movilizar voluntades y recursos a gran escala para lograr beneficios colectivos; y que podemos dominar nuestras pulsiones de fracaso.  Simbolizará también, a ojos del mundo y de nuestra propia conciencia colectiva, lo que queremos ser. Será un emblema que plasme aspiraciones y las exprese objetivamente sobre el territorio para transformar la funcionalidad de nuestra  metropolitana ciudad. Sería un monumento creativo, un código de orden y estructura sobre el caótico valle de México, que comparten el Distrito Federal y el Estado de México. Querrá decir que de verdad asumimos el reto, y que ansiamos y podemos competir y emerger. Nos dará un nuevo rostro de confianza, apertura, modernidad, y ganas de hacer las cosas, sobre todo cuando el aeropuerto actual sólo transmite congestión, decadencia, humillación, mediocridad, ruina de lo público, y pestilencia; cuando ya no puede más servir con decoro a la ciudad y a México.
El nuevo aeropuerto en Texcoco es incompatible con el actual AICM por razones de espacio aéreo; tendrá que cerrar. Esto abrirá una oportunidad sin precedente para la Ciudad de México. Se trata de un terreno de más de 800 hectáreas que será súbitamente liberado y puesto a disposición del Distrito Federal. Las posibilidades  son casi infinitas para sembrar la nueva ciudad que siempre hemos deseado, para proveer de espacios públicos y áreas verdes, edificaciones cívicas, instalaciones educativas, vivienda,  y nuevos servicios a la población del oriente, la más desfavorecida en toda la zona metropolitana. Un gran proyecto de desarrollo en esas 800 hectáreas transformaría la estructura escénica de la ciudad, permitiría tejer inéditas alianzas público-privadas, generar nuevos ingresos fiscales al GDF, y mejorar espectacularmente la calidad de vida de gran parte de la población de la urbe. Es urgente empezar a imaginarlo. Doble dividendo para la Ciudad de México.
Ahora, no se trata sólo de un nuevo aeropuerto. Romper con la miopía y la  mediocridad en este caso es requisito de viabilidad y desempeño. El proyecto implica varias dimensiones que deben abordarse con una visión unificada. Desde la negociación con propietarios de tierras - con las complejidades políticas conocidas -, hasta las obras de gestión y acondicionamiento  hidrológico, de conectividad y accesibilidad vial y de  transporte público, de equipamiento e infraestructura urbana, y de restauración ecológica. Todas ellas en reforzamiento mutuo. Sobresale el imperativo de reconstruir una porción del ecosistema lacustre en el vaso de Texcoco, elemento indispensable tanto de regulación hidráulica como para un escenario de sustentabilidad  y de calidad  en las condiciones ambientales del valle de México.
Se requiere de un vehículo institucional ex-profeso para lograrlo; una entidad (¿Comisión del Proyecto Texcoco?) que coordine e integre tareas del GDF, Gobernación, Estado de México, SEMARNAT, CNA, SEDATU, SHCP, empresas participantes,  arquitectos y urbanistas,  consultores, y municipios.  No podrá emprenderse el proyecto sin el liderazgo necesario, y con los errores de visión, integración, y gestión política y social cometidos en el intento anterior. Y por supuesto, debe sumarse al GDF como socio del proyecto.


viernes, 19 de julio de 2013

Reforma política, por reforma energética integral

Una buena reforma energética, bien vale la reforma política que los políticos de oposición quieren. En aras de los intereses del país, debe aprovecharse la negociación para llevar a cabo una verdadera reforma energética, y no sólo la reforma petrolera. Esto es, que la transacción  incluya también a la reforma en el sector eléctrico.


Aunque con evidentes pros y contras,  las demandas de los políticos opositores son atendibles. Bien, concédanse la  segunda vuelta electoral,  un Jefe de Gabinete, ratificación a los ministros o secretarios de Estado, y  mociones de censura al propio Jefe de Gabinete. Pareciera que en realidad lo que desean es un cambio de régimen, del presidencialista actual a uno parlamentario. O bien, que creen  que la victoria del PRI en el 2018 es inevitable.  Al menos con mecanismos parlamentarios podrían compartir formalmente  el poder. El Pacto por México, incipiente ensayo de parlamentarismo, les dejó un buen sabor de boca. La reelección de alcaldes y legisladores, como también lo demandan los políticos de oposición, merece aclamación. En ello no hay costos ni riesgos para el país; sólo beneficios.
Al final, la política es un mercado. Aquí, hay una transacción que puede ser extraordinariamente ventajosa para México. Claro, si en la reforma política planteada se aseguran resortes y contrapesos que impidan la parálisis  del gobierno, con plazos perentorios y afirmativas fictas en las ratificaciones, así como con mayorías calificadas para que procedieran las mociones de censura (y que implicarían la caída del Jefe de Gabinete). La reelección de alcaldes es una condición indispensable para mejorar los sistemas de gobernanza locales, ampliar los horizontes de decisión, permitir el desarrollo de proyectos o de políticas con frutos a mediano y largo plazo, fortalecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, profesionalizar a las administraciones públicas, y para que exista la posibilidad de que los electores premien  a los buenos presidentes municipales manteniéndolos en el cargo. Una argumentación similar cabe para la reelección de legisladores. Así,  todos ganan, excepto el oportunismo y las burocracias partidistas. Por cierto, de presentarse, habría que rechazar la creación de municipios en el Distrito Federal, sería la puntilla para un gobierno coherente e integrado en la ciudad, y un despeñadero de balcanización, urbana, política y administrativa.
En contraparte, las ventajas de la reforma petrolera son racionalmente inapelables. México no puede permitirse el delirio de mantener un injustificable régimen monopólico, más abstruso  que los existentes en Corea del Norte y Cuba. Más todavía, cuando los costos de oportunidad son gigantescos. La apertura a la inversión privada y a la competencia darían un impulso sin precedentes a la generación de empleo y al crecimiento económico, además de aumentar reservas, producción y renta para el Estado. Desde luego, como todo el mundo sabe, una reforma fiscal en binomio con la petrolera es obligada, y pareciera que ya está en la cartera de negociación.
Lo que no está, y que el gobierno debe ahora introducir en el intercambio, es una verdadera reforma energética, que implica absolutamente  al sector eléctrico,  a partir de las premisas de la reforma intentada por Zedillo en 1999 y abortada entonces por el PAN. Incorporando una dimensión de sustentabilidad y de despegue para las energías renovables, hay que retomar la iniciativa zedillista y aprovechar la transacción política en curso. Sus líneas básicas fueron planteadas en esta columna la semana pasada.
Reforma política a cambio de reforma energética integral. No perdamos esta oportunidad inédita para que el llamado Momento de México sea un poderoso aliento de transformación institucional y desarrollo sostenible para el resto del siglo.

viernes, 12 de julio de 2013

Reforma energética y reforma eléctrica, por el mismo precio

La izquierda confunde una mercancía (el petróleo) con un monopolio de gobierno (PEMEX) y, misteriosamente, con la identidad y la soberanía nacionales. Pero todos al parecer, hemos pensado que los hidrocarburos son en sí mismos el sector energético, y que la reforma energética se constriñe a la reforma petrolera. Es falso.

Hacia la mitad del siglo, el petróleo dejará de protagonizar el escenario global como energético primario, mientras que sus derivados (gasolinas y diesel) perderán estatus mayoritario como fuente de energía en la flota vehicular (Shell. 2013. New Lens Scenarios).  El viento, el sol, la energía nuclear,  el gas natural, y (desgraciadamente  todavía) el carbón, abastecerán  al mundo a través de la electricidad. El funcionamiento y competitividad de todas (absolutamente todas) las empresas, depende del fluido eléctrico. Sin embargo, nuestra matriz energética sigue petrolizada (65% de la energía primaria producida). Es preciso diversificarla, reducir su vulnerabilidad, y orientarla hacia la eficiencia y la sustentabilidad. Por eso, hablar de reforma energética sin tocar al sector eléctrico es una omisión imperdonable. Hay que hacerlas simultáneamente: reforma en hidrocarburos y reforma eléctrica. El costo político incremental es casi cero; la izquierda conservadora y populista de todas formas desatará su furia. Tengamos una verdadera reforma energética, dos reformas, por el mismo precio.

La demanda de electricidad en México aumenta al 4% anual. Al 2025 habrá que expandir en 40 GW (un 80%) la capacidad de generación. La posición financiera de CFE se deteriora rápidamente; acumula un déficit enorme de más de 30 mil millones de pesos cada año, mientras reparte subsidios por cerca de 80 mil millones de pesos anuales. Su valor neto se ha desplomado de 450 mil a 110 mil millones de pesos entre 2007 y 2012. Sus ineficiencias y pérdidas son cada vez mayores, y no será capaz, como monopolio, y en las condiciones actuales, de satisfacer eficientemente  la demanda proyectada de electricidad. El diferencial de tarifas industriales y de servicios se abre con respecto a nuestros socios comerciales, y todas las empresas ven su competitividad erosionada. Las formidables ventajas fisiográficas del territorio nacional en materia de energías renovables se desperdician, al tiempo que permanecen erigidas enormes barreras a la entrada en generación eléctrica en ausencia de mercados y fijación transparente de precios. La inversión privada enfrenta elevadísimos costos de transacción en la modalidad de autoabastecimiento, que en realidad es una onerosa simulación legal para que el sector privado pueda producir su propia energía eléctrica.

Los principios de reforma son obvios. Separar generación, de despacho, transmisión y distribución;  permitir flexibilidad y competencia, contratos bilaterales, un mercado spot, y libertad para grandes usuarios de escoger oferentes. Establecer al CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) como operador del sistema y del mercado bajo control del Estado; y crear un nuevo organismo del Estado a cargo de la red de transmisión. Tendrían el mandato de construir una red inteligente para aprovechar plenamente las energías renovables, cuyo desarrollo se codificaría en objetivos ambiciosos. La distribución debe regionalizarse en distintas unidades de negocio de CFE.  Los subsidios quedarían escindidos de la fijación de tarifas, mismas que determinaría la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y no la SHCP. La CRE también regularía la transmisión y distribución, competencia, precios (incluyendo externalidades) y calidad del servicio, y otorgaría los  permisos correspondientes. SENER estaría a cargo de política y planeación. CFE tendría autonomía y colocaría parte de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores (previa solución a pensiones). Hay que reformar los artículos 25,27, 28 y 90 Constitucionales, y la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Seamos visionarios y prácticos. Dos reformas por el precio de una.




viernes, 5 de julio de 2013

Retomar políticas demográficas

Proyecciones de la ONU apuntan a 9,600 millones de humanos habitando el planeta hacia el año 2050, y a 11,000 millones en 2100. Hoy somos 7,200 millones y acaparamos más de la mitad de la Productividad Primaria Biológica Neta de la tierra. A finales del siglo conculcaríamos la totalidad, no sólo por volumen demográfico sino por patrones de consumo de mayor huella ecológica. Habremos borrado casi cualquier espacio biológicamente productivo disponible para otras especies y ecosistemas naturales. Aun suponiendo que estas tendencias fuesen ecológicamente sostenibles (que no lo son, desde luego), el escenario sería uno de extrema vulnerabilidad, tensiones y conflicto, más todavía, ante el calentamiento global. Las concentraciones de CO2 en la atmósfera alcanzarán 500 partes por millón, algo no registrado en la tierra en los últimos 4 millones de años. En consecuencia,  las temperaturas promedio  habrán aumentado entre 3 y 5 grados centígrados, lo que hará realidad riesgos extremos para la vida en el planeta, tal como la conocemos.
Insertadas en este escenario, proyecciones demográficas globales lanzan señales inequívocas de alarma. Las tasas de fecundidad (número de hijos por mujer) se resisten a descender en muchos países y regiones, e incluso aumentan contradiciendo pronósticos previos.  Se trata de regiones o países  pobres, fundamentalmente campesinos y poco urbanizados, y/o donde las mujeres carecen de derechos elementales. Algunos ejemplos: en Afganistán las tasas de fecundidad se han incrementado a 6.3; en Sudan, a 5.4; en Etiopía, a 5.3. En la mayor parte de los países de África al sur del Sahara las tasas de fecundidad oscilan entre 6 y 7; en Guatemala, son de 4; en Honduras  de 3. La población de Nigeria se quintuplicará de 184 hoy a 914 millones de habitantes en 2100. La población ribereña del Nilo (Egipto y Etiopía) se duplicará, llegando a 380 millones de personas, así como la de nuestro vecino (Guatemala) que pasará de 14 a 28 millones de habitantes.
En México, la población se multiplicó por dos en los últimos 40 años; hoy somos 118 millones de habitantes, aunque la fertilidad se ha reducido notablemente desde la mitad del siglo pasado; de 6 a 2.3. Las causas han sido la integración de las mujeres al sistema educativo y al mercado laboral, la migración rural-urbana y la urbanización,  el aumento en los ingresos y oportunidades, una mayor cobertura de seguridad social, y no menos importante, eficaces políticas demográficas impulsadas en la década de 1970 por el gobierno de Luis Echeverría,  después abandonadas. Algunas han perdido inercia en los últimos años, y otras, probablemente, se han estancado, por lo que ha sido necesario revisar las proyecciones de población al alza.  Hacia la mitad del siglo seremos 151 millones de mexicanos.
La fecundidad se comporta de manera regionalmente diferenciada; es mayor en estados con alta proporción de población campesina y pobreza. En el DF la tasa de fecundidad es de 1.8, en Baja California Sur de 2.0, en Baja California de 2.1, y en Nuevo León también de 2.1,  números  por debajo o en torno a los parámetros de reemplazo demográfico. Sin embargo, la tasa de fecundidad en Chiapas es de 2.7 al igual que en Guerrero, y en Oaxaca de 2.6. De hecho, la población de Chiapas casi se duplicará hacia el 2030 llegando a 6.2 millones de habitantes. Son los estados más pobres y atrasados, con gran fragilidad ecológica y altas proporciones de población campesina. También, se cuentan entre los más vulnerables al cambio climático.
¿Seguiremos sin política demográfica?


lunes, 1 de julio de 2013

Clima, preparémonos para lo peor

Nada podrá hacerse para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Nunca, en los últimos cuatro millones de años, las concentraciones de CO2 en la atmósfera del planeta habían rebasado como ahora, las 400 partes por millón (PPM). Seguirán aumentando hasta llegar a 500 PPM hacia finales del siglo, insensibles a los discursos engolados de políticos, cínicos u honestos. Están atados de manos. Los políticos no se mandan solos, al menos en las democracias, y en donde no las hay, tampoco pueden arriesgarse a perder el poder por lanzar a la sociedad a épicas transformadoras que casi nadie desea. El futuro lejano está fuera del alcance del cálculo racional de electores, consumidores, empresas y gobiernos, mientras que las capacidades de cooperación internacional a gran escala están colapsadas en el nuevo orden de distribución de poder global. Nuevos antagonismos afloran y tensan las relaciones entre Estados, y los liderazgos están agotados o son inexistentes. Y, sobre todo,  pocos reconocen que el mayor obstáculo está en los ciudadanos, en nosotros mismos.
Contener el calentamiento global exige lograr cosas que hoy por hoy son francamente impopulares, y percibidas como inequitativas o regresivas en términos distributivos. Son cosas que trastocarían un buen ámbito de nuestro estilo de vida urbana, pero también el de comunidades rurales. Significa renunciar a una movilidad basada en el vehículo de combustión interna, y a ciudades cada vez más extensas impulsadas por el deseo casi genético de la casa suburbana con jardín.  Significa ser frugales en el uso de la energía y construir en serio grandes capacidades de producción de electricidad con fuentes renovables. Significa parar en seco la deforestación, y recuperar masivamente grandes extensiones de bosques y selvas, transformando actividades agropecuarias comerciales y de subsistencia. Significa cambiar nuestros patrones nutricionales y disminuir el consumo de alimentos con fuerte huella ecológica (como carne de res y lácteos).
Muy pocos lo aceptarían, ya que  para lograrlo es indispensable eliminar subsidios a los combustibles y a la electricidad; establecer severos impuestos al carbono en las gasolinas y el diesel; regulaciones draconianas de uso del suelo; pagar a los campesinos por no deforestar y por permitir la recuperación de ecosistemas forestales; introducir impuestos a alimentos de gran impacto ecológico; inducir mediante impuestos prediales y créditos hipotecarios exclusivos la verticalidad de la ciudades y la vivienda en edificios de departamentos con usos del suelo mixtos, y  que nos movamos a pié o en transporte público y bicicleta de manera preferente; financiar con  primas a los productores de energía renovable (acabando por supuesto con los monopolios). Todo esto requiere de un Estado fuerte y visionario, y por supuesto, de ciudadanos y consumidores dispuestos no sólo a admitirlo y a asumirlo, sino a apoyar su instrumentación. No tenemos ninguna de las dos cosas.
Se trataría de extender un hilo conductor que iría de nuevos valores e intereses públicos a preferencias individuales manifiestas y reveladas, tanto en los mercados como en los sistemas político-electorales. Que seguiría por sólidos consensos normativos y  habilidades para emprender acciones colectivas exitosas desde los gobiernos nacionales, la sociedad civil, las empresas, y las organizaciones multilaterales. Y que conectaría con una firme capacidad de construir nuevas instituciones y esquemas de gobernanza. Es un verdadero cambio civilizatorio, indispensable para evitar una suprema tragedia de los recursos comunes, y crear nuevos bienes públicos globales, de los cuales dependerá el desarrollo de la humanidad y la existencia de la biósfera tal como la conocemos. Francamente, y habrá que estar de acuerdo, pocas cosas se ven tan remotas como las anteriores. No habrá en el futuro previsible ninguna iniciativa eficaz para mitigar el calentamiento global, ni nacional, ni internacional. Preparémonos a asumir las consecuencias.