DESFACHATEZ EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

En México, una política seria y eficaz de cambio climático requeriría esencialmente sólo cinco cosas: 1) Eliminar los subsidios a los combustibles automotrices y establecer sobre ellos un carbon tax, paralelamente a una reducción significativa en el binomio ISR-IETU;  2) Abrir a la competencia el sector eléctrico, eliminando los subsidios al consumo de electricidad para re-direccionarlos hacia el financiamiento a las fuentes renovables, desde luego, haciendo inteligente a la red eléctrica con la finalidad de aprovecharlas con eficiencia; 3) Eliminar o transformar los subsidios al campo que otorgan SAGARPA y SEDESOL que promueven la deforestación, como PROCAMPO, PROGAN y Oportunidades;  4) Abrir PEMEX a la inversión privada para abatir las emisiones fugitivas, el venteo y la quema de gas; y, 5) Reformar profundamente el Modelo INFONAVIT de desarrollo urbano que  induce la expansión caótica exo-urbana de las ciudades, y que ancla un patrón territorial de alto consumo de energía y de emisiones.

Son cosas que a todas luces deberían estar en cualquier agenda responsable y lúcida de gobierno, esenciales para fortalecer la competitividad de la economía mexicana, promover la inversión privada y el empleo, asegurar el Derecho a la Ciudad y a todos los demás derechos que le son subsidiarios (vivienda, educación, salud, empleo), y evitar grandes injusticias en la distribución del ingreso. Claro, además de abatir estructuralmente  las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un crecimiento económico y urbano eficientes, energéticamente diversificados, y  de baja intensidad de carbono.

Hacerlo requiere cambios en la Ley de Ingresos y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en los Artículos 27 y 28 Constitucionales, y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Igualmente, implica modificaciones a  las reglas de operación (que son simples decretos presidenciales) de PROCAMPO, PROGAN, y Oportunidades), en la legislación de vivienda y del INFONAVIT (y probablemente en el Artículo 115 Constitucional),  y,  en la legislación reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. Se trata de legislación y de políticas en el ámbito fiscal, energía,  desarrollo rural, y de desarrollo urbano y vivienda.

Siendo serios, no puede pensarse que una posible Ley de Cambio Climático, como la que actualmente se promueve aquí y en la Cumbre Climática (COP 17) en Durban, pudiera en realidad abrogar a toda la legislación que se le oponga. Mucho menos, si ni siquiera se lo propone, y sólo transcurre en declaraciones reiterativas y bonachonas y en preceptos cuya motivación fundamental es crear nuevos mecanismos burocráticos (Sistema, Comisión Consejo, planes y programas, Fondo Verde y Comité Técnico, registros y trámites de emisiones a las empresas, y supuestos mercados). No pasaría de ser otro más de los ejercicios legislativos autocomplacientes e irrelevantes a los que estamos acostumbrados, si no fuera porque desinforma a la opinión pública, desvía la atención de lo verdaderamente importante,  legitima la inacción, y pinta de ingenuidad a las políticas climáticas. Puede percibirse también un aroma de hipocresía en esta iniciativa de ley ante la comunidad internacional. Algunos la justifican con la jeremiada de que así, México va a captar dineros extranjeros, en especial de su mascota preferida en las negociaciones internacionales,  el llamado Fondo Verde, que espera ser parido en alguno de los happenings cada vez menos trascendentes en que se han convertido las cumbres de cambio climático.

La verdad es que con esta iniciativa de ley de cambio climático, en el contexto del Fondo Verde, sería un poco vergonzoso que México quiera equipararse a Mozambique,  a Nepal, o Haití, si  extiende una mano mendicante a otros países y a entidades multilaterales. Sobre todo, cuando nuestro gobierno despilfarra anualmente más de 20 mil millones de dólares del presupuesto federal  en subsidiar el derroche energético y la deforestación. Esta cantidad es equivalente a todo el financiamiento comprometido por la comunidad internacional en Copenhague (COP 15) y Cancún (COP 16) para ayudar a los países pobres a luchar y a adaptarse al cambio climático a partir del 2012.  Vaya desfachatez...

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CONTRA EL PLANETA

En Cuatro Ciénagas, Coahuila, Área Natural Protegida, México se empeña en exterminar un conjunto de ecosistemas de singularidad y antigüedad insólitas. Pronto, de no mediar una intervención urgente y decidida de la Presidencia de la República, nuestro país  habrá perpetrado un acto vandálico extremo  sobre el patrimonio biológico del planeta. El valle de Cuatro Ciénagas es un prodigioso ensamble de oasis de lagunas y pozas color turquesa, entre montañas majestuosas del desierto coahuilense que han sido esculpidas por las fuerzas telúricas más arcaicas y poderosas. Hace 220 millones de años fue mar, que penetró al romperse el continente único de Pangea. Al configurarse geológicamente América del Norte hace 35 millones de años, y retirarse el mar, microorganismos, peces y reptiles, entre otras muchas especies marinas, se adaptaron a vivir en agua dulce, creando comunidades biológicas sin parangón, sólo existentes ahí y en ningún otro sitio; absolutamente endémicas. Sobresalen los estromatolitos, estructuras construidas por microorganismos de  miles de millones de años de antigüedad, que se cuentan entre los primeros organismos productores de oxígeno habitantes de la tierra. Su genoma, de la vida más temprana,  es un tesoro científico invaluable.  

Pozas y lagunas, en medio del desierto, se han nutrido durante decenas de millones de años de manantiales y arroyos permanentes abastecidos por  acuíferos subterráneos. Hoy en día, en una de las lagunas más grandes (Churince) se revela la dimensión de una tragedia ecológica indecible: “Lo que hay ahora es un tapete macabro de peces muertos, rastros de tortugas buscando agua desesperadas para acabar enterrándose en el último lodo que queda, entre estromatolitos muertos. En un pequeño charco, de no más de cinco metros de largo, en estos momentos, se debaten los últimos 200 ejemplares de Sunfish del ecosistema – y del mundo” (Dra. Valeria Souza).

La causa: la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para evitar que los agricultores de alfalfa, proveedores de conocida industria lechera de la región, detenten, sobreexploten, derrochen y agoten los acuíferos de los cuales dependen los ecosistemas acuáticos de Cuatro Ciénagas. Todo, a pesar de un compromiso y orden presidencial hechos hace más de cuatro años. Los productores de alfalfa – uno de los cultivos con mayor demanda de agua establecido ¡en el desierto! –  además de drenar los manantiales, bombean agua del subsuelo gracias a los derechos otorgados por la CNA y a un cuantioso subsidio eléctrico concedido por la Comisión Federal de Electricidad. Explotan más de 50 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que la recarga natural del acuífero es de menos de la mitad. La propia CNA reconoce oficialmente esa condición irracional de sobreexplotación. La última esperanza que tenía la laguna de Churince, cerrar la compuerta de los drenes, se ha desvanecido, y ha sido abierta nuevamente por los agricultores, privando a la laguna de sus postreras gotas de sangre. En nuestras narices. Pueden más los intereses lecheros que la historia biológica del planeta y que el portento ecológico de Cuatro Ciénagas.

A estas alturas del drama, sólo el Presidente Calderón puede impedir el terrible desenlace final. La incuria, la dejadez, la burocracia, los intereses, las complicidades y la indiferencia no pueden ser desmadejadas ya a través de procedimientos administrativos y regulatorios convencionales. De no hacerlo urgentemente, uno de los estigmas ecológicos más oprobiosos posibles nos señalará  aún más en estos años sombríos.

Es de una urgencia absoluta la intervención Presidencial:  para expropiar, cancelar o comprar perentoriamente los derechos de explotación del agua en Cuatro Ciénagas; declarar veda total a la extracción de agua para usos agrícolas y hacerla cumplir –  incluso por la fuerza; cerrar inmediatamente todas las compuertas de los canales que drenan los manantiales;  cancelar ahora mismo el bombeo de aguas subterráneas; y, emprender cuanto antes los trabajos necesarios para restablecer plenamente el flujo natural de agua a todas las pozas y lagunas.  Habrá que pagar las legítimas indemnizaciones que procedan.  Miles de millones de años lo observan con angustia.

CAMPO Y CIUDAD, SAGARPA E INFONAVIT

Acelerar la urbanización del país es un imperativo de competitividad y eficiencia, de sustentabilidad ambiental, y de lucha contra la pobreza. Pero eso requiere cambiar códigos tanto de política para el campo, como de vivienda y desarrollo urbano. De acuerdo al censo de 2010, todavía el 24% de la población económicamente activa vive del sector rural tradicional. Tiene una bajísima productividad y por tanto genera menos del 3% del PIB, pero ocupa más de las tres cuartas partes del territorio nacional (OECD. 2006. Rural Policy Reviews: México). Es la fórmula perfecta de pobreza y marginación, desigualdad, ineficiencia en el uso del territorio, y destrucción ecológica. SAGARPA, a través de sus programas de subsidio, mantiene y cubre  las pérdidas de una agricultura en quiebra económica, social, demográfica y ecológica. La productividad y el  ingreso crecen con la urbanización. Las sociedades, regiones, y países más desarrollados son en general aquellosplenamente urbanizados. Aquí y en China. La ciudad no hace pobre a la gente; atrae a gente que  era muy pobre en el campo, y le ofrece oportunidades y mejores condiciones de vida. Los inmigrantes del campo siempre son más pobres que las generaciones ya urbanizadas.

Entonces, debe acelerarse deliberadamente la migración campesina hacia las ciudades, a la par que se satisface la demanda orgánica de vivienda generada por la evolución demográfica de la propia población urbana. ¿Qué tiene que ver el INFONAVIT en todo esto? En México, la política urbana del Gobierno Federal  es un subproducto no intencionado de  la política de vivienda, e INFONAVIT es su ejecutor. En realidad, INFONAVIT es el ministerio de desarrollo urbano del Gobierno Federal, función que ejerce sin saberlo, a ciegas, y con resultados catastróficos. Sería insensato así, acelerar la migración campesina a las ciudades.  Hacer vivienda es hacer ciudad, y sin una política de desarrollo urbano  que apunte a ciudades eficientes y  compactas,  y por tanto, dinámicas, competitivas y sustentables, México galopa al despeñadero urbano, social y ambiental.

INFONAVIT ostenta haber otorgado desde el año 2000, más de 4 millones de créditos para vivienda, virtualmente,  sin ningún tipo de visión urbana, provocando la dilución de centralidades,  una explosión caótica de implantes monotemáticos de viviendas en colmenas aisladas, y  una ocupación dispersa y extensiva del territorio. Se trata en su inmensa mayoría de viviendas cercenadas de las ciudades; sin accesibilidad mínima ni servicios elementales; y en entornos estériles, donde se han eliminado los valores de proximidad y convivencia, desmadejado el tejido social,   impuesto severos costos de transporte y movilidad a la población, y trasladado a los municipios cargas inaceptables. No por casualidad, más de la cuarta parte de las viviendas del INFONAVIT se encuentran desocupadas o abandonadas. Claro, es lo más barato, y es la justificación. Pero los costos sociales o externalidades son brutales.

México ha repetido así, en una versión lumpen, la fuga hacia los suburbios observada  desde la posguerra en los Estados Unidos: Inducción de casas unifamiliares en propiedad (sólo factibles en los suburbios) por medio de millones de hipotecas baratas,  gasolina subsidiada, decadencia de las áreas centrales de las ciudades, y privilegio al automóvil con bajas densidades y sistemas de transporte público precarios. Es una política anti-urbana, expresamente, de desmoronamiento de ciudades. INFONAVIT no da créditos a campesinos, pero sembrando el caos,  las incapacita  para acogerlos de manera ordenada y productiva.

Campo y ciudad. Debe romperse con el coto sectorialista en SAGARPA, y transformar buena parte los subsidios al campo en una plataforma de capacitación, emigración e inserción productiva de ex - campesinos en las ciudades. INFONAVIT debe fusionarse con CONAVI, y reconocerse y asumirse así, formalmente, como Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, facultada para adquirir y gestionar reservas territoriales urbanas y polígonos de actuación, y para financiar y desarrollar, sólo ahí, infraestructura y servicios, y vivienda vertical  integrada a las ciudades.