DESFACHATEZ EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

En México, una política seria y eficaz de cambio climático requeriría esencialmente sólo cinco cosas: 1) Eliminar los subsidios a los combustibles automotrices y establecer sobre ellos un carbon tax, paralelamente a una reducción significativa en el binomio ISR-IETU;  2) Abrir a la competencia el sector eléctrico, eliminando los subsidios al consumo de electricidad para re-direccionarlos hacia el financiamiento a las fuentes renovables, desde luego, haciendo inteligente a la red eléctrica con la finalidad de aprovecharlas con eficiencia; 3) Eliminar o transformar los subsidios al campo que otorgan SAGARPA y SEDESOL que promueven la deforestación, como PROCAMPO, PROGAN y Oportunidades;  4) Abrir PEMEX a la inversión privada para abatir las emisiones fugitivas, el venteo y la quema de gas; y, 5) Reformar profundamente el Modelo INFONAVIT de desarrollo urbano que  induce la expansión caótica exo-urbana de las ciudades, y que ancla un patrón territorial de alto consumo de energía y de emisiones.

Son cosas que a todas luces deberían estar en cualquier agenda responsable y lúcida de gobierno, esenciales para fortalecer la competitividad de la economía mexicana, promover la inversión privada y el empleo, asegurar el Derecho a la Ciudad y a todos los demás derechos que le son subsidiarios (vivienda, educación, salud, empleo), y evitar grandes injusticias en la distribución del ingreso. Claro, además de abatir estructuralmente  las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un crecimiento económico y urbano eficientes, energéticamente diversificados, y  de baja intensidad de carbono.

Hacerlo requiere cambios en la Ley de Ingresos y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en los Artículos 27 y 28 Constitucionales, y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Igualmente, implica modificaciones a  las reglas de operación (que son simples decretos presidenciales) de PROCAMPO, PROGAN, y Oportunidades), en la legislación de vivienda y del INFONAVIT (y probablemente en el Artículo 115 Constitucional),  y,  en la legislación reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. Se trata de legislación y de políticas en el ámbito fiscal, energía,  desarrollo rural, y de desarrollo urbano y vivienda.

Siendo serios, no puede pensarse que una posible Ley de Cambio Climático, como la que actualmente se promueve aquí y en la Cumbre Climática (COP 17) en Durban, pudiera en realidad abrogar a toda la legislación que se le oponga. Mucho menos, si ni siquiera se lo propone, y sólo transcurre en declaraciones reiterativas y bonachonas y en preceptos cuya motivación fundamental es crear nuevos mecanismos burocráticos (Sistema, Comisión Consejo, planes y programas, Fondo Verde y Comité Técnico, registros y trámites de emisiones a las empresas, y supuestos mercados). No pasaría de ser otro más de los ejercicios legislativos autocomplacientes e irrelevantes a los que estamos acostumbrados, si no fuera porque desinforma a la opinión pública, desvía la atención de lo verdaderamente importante,  legitima la inacción, y pinta de ingenuidad a las políticas climáticas. Puede percibirse también un aroma de hipocresía en esta iniciativa de ley ante la comunidad internacional. Algunos la justifican con la jeremiada de que así, México va a captar dineros extranjeros, en especial de su mascota preferida en las negociaciones internacionales,  el llamado Fondo Verde, que espera ser parido en alguno de los happenings cada vez menos trascendentes en que se han convertido las cumbres de cambio climático.

La verdad es que con esta iniciativa de ley de cambio climático, en el contexto del Fondo Verde, sería un poco vergonzoso que México quiera equipararse a Mozambique,  a Nepal, o Haití, si  extiende una mano mendicante a otros países y a entidades multilaterales. Sobre todo, cuando nuestro gobierno despilfarra anualmente más de 20 mil millones de dólares del presupuesto federal  en subsidiar el derroche energético y la deforestación. Esta cantidad es equivalente a todo el financiamiento comprometido por la comunidad internacional en Copenhague (COP 15) y Cancún (COP 16) para ayudar a los países pobres a luchar y a adaptarse al cambio climático a partir del 2012.  Vaya desfachatez...

BIOCOMBUSTIBLES ¿PERO QUÉ NECESIDAD?

Los biocombustibles de origen agrícola son más caros que la gasolina y el diesel, y sus aditivos afines (como el MTBE), por lo que requieren de subsidios cuantiosos. En el  escenario  global es incierto el momento del Peak Oil (punto en el que la producción de petróleo empieza a declinar). Hay en el mundo petróleo suficiente para varias décadas,  y abundancia de gas natural (convencional o de esquistos) para el resto del siglo. Los biocombustibles no reducen significativamente emisiones de gases de efecto invernadero, si consideramos la deuda de carbono por cambio de uso del suelo, emisiones de N₂O (gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el CO2) por fertilizantes, y el consumo energético en su producción (Fargione, J. 2008. "Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt”. Science, February 29). Inducen directa o indirectamente la deforestación, y compiten por la tierra contra los alimentos, la biodiversidad y el almacenamiento de carbono en ecosistemas forestales (World Bank. 2010. The Impacts of Bio-fuel Targets on Land Use and Food Supply. Policy Research Working Paper). Introducir en la ecuación de demanda de tierra, además de alimentos, biodiversidad, carbono, recursos forestales y otras...... a los biocombustibles, es insano.  Se contrapone al imperativo de mantener nuevas reservas de tierra para alimentar a una población creciente (10,000 millones en el planeta y 150 millones en México hacia el 2050). La producción de biocombustibles agrícolas  exacerba la demanda de agua para riego, y el agotamiento de recursos hídricos, así como la contaminación de suelos, ríos y mares con fertilizantes y plaguicidas. Y, el motor de combustión de interna – tecnología con más de 150 años de antigüedad – dejará su sitio a los modernos  motores eléctricos. Entonces, como dice Juan Gabriel: ¿pero qué necesidad?

Podrá argumentarse que los vehículos eléctricos también tienen emisiones de gases de efecto invernadero, atribuibles a las plantas termoeléctricas que los alimentan. Sin embargo, esto depende de la estructura de generación de electricidad en cada país, o sea, de qué tanto contribuyen los combustibles fósiles como el gas natural, el carbón o el combustóleo, con respecto a la energía nuclear, eólica, hidroeléctrica y otras renovables.  Por ejemplo, en Brasil (dominado por la hidroelectricidad) y en Francia (nuclear), las emisiones indirectas de un vehículo eléctrico son casi  depreciables. Pero aún en el peor de los escenarios (carbón, como en Australia), la eficiencia termodinámica de un motor eléctrico es superior a la de un motor de combustión interna, y por tanto, sus emisiones imputables son menores. Lo anterior, independientemente de que, en el mundo (y en México), tiende a aumentar relativamente la generación de electricidad con gas natural (bajo en carbono) y con fuentes renovables. Todo ello hará que se reduzcan aún más las emisiones de un vehículo eléctrico.

Algunos estudiosos apuntan que en México hay millones de hectáreas de pastizales ganaderos poco productivos, y que ahí podría cultivarse caña de azúcar para etanol. Si están así, es que no es rentable darles otro uso, lo cual quiere decir que habría de crearse una demanda artificial (por parte de Pemex) y subsidiar la producción de caña de azúcar y etanol. Sinceramente, si vamos a subsidiar todavía más al campo, mejor hagámoslo para generar bienes públicos: restauración de la biodiversidad,  mantener una reserva de tierra para la expansión en la producción de alimentos, y captura de carbono. El petróleo salvó a las ballenas de la extinción en el siglo XIX, perseguidas por su aceite y grasas entonces usados como combustibles.  No volvamos a exigirle a la biósfera resolver nuestros problemas energéticos. ¿Pero qué necesidad? La normatividad de emisiones de CO2 para vehículos – inexistente en México –  la eliminación de subsidios a los combustibles y un carbon tax, es la fórmula más eficiente de desplazar su consumo y reducir emisiones.

SEDESOL, POBREZA Y DEFORESTACIÓN

El combate a  la pobreza rural en México es causa de deforestación; en particular, los subsidios o transferencias del programa Oportunidades de SEDESOL.  Éste se conjuga con el tristemente célebre PROCAMPO (de SAGARPA) para explicar en buena medida la persistente y minuciosa destrucción del capital natural de México. Si en la segunda mitad del siglo XX los responsables fundamentales fueron el reparto agrario, la dispersión de población, la apertura de tierras a un onírico desarrollo agrícola y ganadero, una difusa propiedad colectiva, y la indefinición de derechos de propiedad, en el siglo XXI son los subsidios quienes han tomado el siniestro relevo. Ya hemos hablado de PROCAMPO en este espacio, que en sí mismo es todo un caso de sinrazones para el interés público. No sabíamos que también los subsidios directos otorgados por SEDESOL en el contexto del programa Oportunidades (objeto de merecidos laudos y gloria como instrumento de lucha contra la pobreza) tenían el mismo efecto perverso.  Por desgracia así es. Lo revela un riguroso estudio llevado a cabo por académicos de las universidades de Wisconsin, California y Amherst (Alix-García, McIntosh, Sims and Welch. The Ecological Footprint of Poverty Alleviation: Evidence from Mexico´s Oportunidades Program. 2011).

El estudio se basa en datos espaciales sobre dinámica de cobertura forestal y  ubicación geográfica y elegibilidad para el programa Oportunidades de cada localidad rural en México. Este subsidio es condicional a que los hijos de las familias beneficiadas vayan a la escuela, lo que aumenta el costo de oportunidad de utilizar a los niños como mano de obra barata,  a la usanza campesina. El programa cuesta casi 36 mil millones de pesos anuales, y participan en él 40% de las familias rurales, que así logran incrementar en un tercio su ingreso per-cápita.  Oportunidades se interpreta en el estudio como un fuerte shock positivo y exógeno al ingreso de familias con distintos niveles de marginalidad, que se traduce en cambios tanto en patrones de consumo  como en patrones de producción agropecuaria.

Por un lado, Oportunidades hace que aumente el consumo de  las familias en forma inequívoca y generalizada, y que se re-oriente hacia  carne y  lácteos, lo que trae ventajas indudables a la salud y al desempeño escolar y laboral. Por el otro lado, se observan cambios en patrones de producción, pero sólo en las localidades más marginadas y aisladas, donde es notable la ausencia de vías de comunicación. Es decir, la infraestructura de transporte es un determinante fundamental en el perfil espacial de los impactos de Oportunidades sobre los ecosistemas. El problema es que en ausencia de caminos o carreteras, el aumento en el consumo provocado por Oportunidades se satisface localmente, mediante inversiones de las familias en cambios de uso del suelo (deforestación) para fines esencialmente ganaderos. En localidades de menor marginalidad (menos pobres), con suficiente infraestructura de caminos o carreteras, el aumento en el consumo se satisface a través del mercado nacional (y presumiblemente, también, internacional), lo que hace poco atractivo e innecesario el cambio de uso del suelo. Más aún, al existir disponibilidad de mejores alimentos por medio del mercado, el aumento de ingreso traído por Oportunidades hace que se reduzca la aplicación de mano de obra y otros recursos en actividades agropecuarias de subsistencia, lo cual, localmente, contribuye a relajar presiones hacia la deforestación.

En otras palabras, los autores del estudio confirman la existencia en el campo mexicano de una curva ambiental de Kuznets. Ésta es una “U” invertida entre ingreso y deterioro ambiental, que ha sido documentada a lo largo del proceso de desarrollo económico en muchos países. Partiendo de condiciones de pobreza, el aumento en el ingreso degrada al medio ambiente y a los ecosistemas; pero este efecto se va reduciendo, y llega a revertirse a partir de un cierto nivel de ingreso, donde más riqueza pasa a asociarse con la conservación  y restauración de la naturaleza y un con medio ambiente de más calidad.

En el caso de Oportunidades, a diferencia de PROCAMPO, no se trata de exigir su abrogación, lo cual sería absurdo. Pero, sí es exigible que SEDESOL valore y reconozca su profundo impacto ecológico, y tome las medidas de política necesarias para mitigarlo, evitarlo y revertirlo.  Aunque podemos anticipar  que tal cosa, no va a ocurrir.