viernes, 31 de mayo de 2013

Pacto por el Valle de México

La macro-política es el terreno de juego donde el nuevo gobierno ha concentrado su voluntad y habilidades. El Pacto por México ha sido una notable innovación política, que dio fin al Dilema del Prisionero que durante muchos años hizo perder al país, y  a todos los actores con un estrecho cálculo racional. Sus éxitos  son incuestionables, y es muy probable que se extiendan  hasta las reformas energética, fiscal y política, y más allá, hasta la seguridad social.
Sin embargo,  las macro-reformas estructurales, de arriba a abajo, serán megacefálicas, sin reformas institucionales de abajo hacia arriba capaces de articular  regionalmente esfuerzos sectoriales de gobierno. El territorio sí importa. Así como hay cuellos de botella institucionales que ocluyen la competitividad a escala macro, también los hay a escala regional. Sin ciudades y regiones prósperas, sostenibles y competitivas, no habrá un país próspero, sostenible y competitivo. Ciudades y regiones no se transforman en el sentido correcto y en cascada sólo a partir de actos de taumaturgia política en la cúspide, o de códigos de reforma estructural a escala macro. Necesitamos con urgencia nuevas instituciones y políticas para ciudades y regiones prioritarias, expresadas en una dimensión territorial. Un pretexto para no hacerlo es el Artículo 115 Constitucional, que confiere facultadas esenciales y casi excluyentes a los municipios. Pero sólo es un pretexto. También, un federalismo ladino y casi decimonónico, una mezquina visión soberanista en gobiernos estatales, y un rebote anti-centralista entendible pero ajeno a un Estado federal maduro y funcional.
El vacío de política regional se agranda, y puede dejar sin soporte físico-territorial a la agenda para el desarrollo del país. Así como hay un Pacto por México, debe haber un Pacto para diferentes regiones prioritarias. Esto requiere visión y liderazgo, capacidades técnicas, y convicción y habilidades políticas a escala regional, al menos de la calidad de las desplegadas en el Pacto por México. Exige hacer confluir la política-política local, con los  intereses públicos regionales a largo plazo y con la política y las políticas públicas federales. O sea, valores públicos, visión, destreza y compromiso.
Ahí está la experiencia de las comisiones de cuenca vigentes entre las décadas de los cuarenta y setenta del siglo XX: las comisiones del Papaloapan, del Balsas, del Grijalva, generadoras de errores y conflictos, pero también de aciertos y de avances. Se impone su evaluación histórica.
De entrada, el Valle de México se ofrece como imperativo de política regional integrada,  con problemas renacientes de contaminación atmosférica, de gestión del agua, de caos urbano, y de manejo de residuos, así como de movilidad y transporte (sin tocar el tema de seguridad). Son problemas críticos, que lastran seriamente la competitividad y sustentabilidad de la región metropolitana, y que no tienen solución posible en el caleidoscopio fracturado de jurisdicciones múltiples y descoordinadas. Es un solo sistema urbano y regional.  Existe el antecedente de la Comisión Ambiental Metropolitana, que por desgracia ha sido confinada a la vida latente en los últimos lustros. Peor aún, políticos interesados en la supervivencia de sus aparatos clientelares ahora buscan municipalizar al Distrito Federal en la reforma política que acarician, fracturando todavía más las posibilidades de una gobernanza regional-urbana integrada.
No es previsible una acción colectiva espontánea y eficaz por parte de los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, y menos, de docenas de municipios conurbados con variopinto color partidario. Esa acción colectiva sólo puede ser emprendida por el Gobierno Federal, en este caso, por SEMARNAT, asumiendo la convocatoria, el liderazgo y la coordinación, probablemente, sobre un nuevas bases jurídicas e institucionales. Esperemos.


viernes, 17 de mayo de 2013

Nueva política de vivienda urbana ¿cómo?


Es obvia la quiebra urbana, social y financiera del modelo de producción de vivienda seguido durante décadas. En la campaña presidencial de 2012 el problema se hizo emerger en la arena política, se socializó, y se apuntaron ideas para resolverlo. Oportunamente, el diagnóstico y las soluciones han sido asumidos por el gobierno de EPN, a través del INFONAVIT y de la creación de la SEDATU. El discurso ha permeado. Ya es un mantra en todos los foros plantear ciudades densas y compactas, poli-céntricas y diversas, sustentables y competitiva. La política de vivienda es el instrumento para lograrlo.
La capacidad de producción es enorme: 600 mil viviendas anuales financiadas por organismos nacionales de vivienda; su impacto en la estructura y funcionalidad de las ciudades es formidable. Hasta ahora, la tierra más barata ha definido la localización de desarrollos habitacionales, con resultados catastróficos. La tierra representa un 10-15% en promedio del valor de la vivienda. El objetivo central en la nueva política debe ser una localización intra-urbana, en desarrollos verticales integrados a la ciudad y con servicios  públicos. Ahí, el costo  del suelo es significativo, digamos que llegaría a 25%. Tal costo incremental puede ser cubierto: a) creativamente con mayor crédito hipotecario respaldado por la plusvalía de la vivienda, y mayor ingreso disponible por menores costos de transporte y servicios; b) con los crecientes recursos excedentes de INFONAVIT; y c) con el cambio en el sistema de subsidios hacia  la tierra urbana, en vez del subsidio individualizado a la vivienda.
Es preciso construir un banco de tierra por la vía de compras y expropiaciones, o por la simple identificación y registro de predios urbanos aptos para su re-desarrollo. Muchos se fusionarían en polígonos de actuación o serían incorporados a programas de revitalización de barrios. Habría que considerar la pertinencia de un esquema de swaps de reserva territorial con las empresas vivienderas hoy colapsadas, claro, si transforman su modelo de negocios. ¿Quién lo haría, INFONAVIT o SEDATU?. Implicaría un sujeto capaz de crearlo y gestionarlo, especie de inmobiliaria federal con el concurso de gobiernos estatales. En paralelo, sería imprescindible contar con capacidades sólidas de diseño e integración urbana, para generar lineamientos de proyecto, y criterios de asignación de crédito hipotecario. El crédito hipotecario de INFONAVIT y FOVISSSTE sería el instrumento crucial no sólo en política de vivienda, sino en política urbana. Se otorgaría sólo a viviendas que formaran parte de proyectos urbanos acreditados por el cumplimiento de lineamientos y criterios. El derecho a la vivienda como subsidiario del Derecho a la Ciudad.
Para dinamizar la oferta de tierra urbana, inhibir la especulación, y reducir su costo, deben cambiarse los incentivos que representan los impuestos prediales a nivel local. La Federación (¿INFONAVIT, SEDATU?) pactaría con estados y municipios nuevos catastros, y la penalización fiscal de predios baldíos, abandonados o subutilizados. Impuestos prediales punitivos para ellos, como mecanismo de internalización de los pasivos urbanos y costos de oportunidad que imponen a las ciudades. También se convendría la modificación, en su caso, de regulaciones de densidad, altura y usos del suelo, en los programas de desarrollo urbano o municipal. BANOBRAS participaría en el financiamiento de infraestructura, de ser necesario, y el gobierno local recuperaría plusvalías. Los proyectos de vivienda urbana en renta o venta podrían igualmente financiarse a través de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS). 
El INFONAVIT ofrecería garantías y haría los descuentos para el pago de vivienda en renta, abriendo un gran mercado ante las nuevas condiciones, demográficas, culturales y laborales de la población.
Veremos cómo INFONAVIT y SEDATU asumen el reto.

viernes, 10 de mayo de 2013

Mares, desafío urgente de gobierno


La pesca en México la llevan a cabo cerca de 100 mil embarcaciones, de las cuales 3,000 son barcos industriales o de altura y el resto lanchas (pangas) de pesca artesanal o ribereña, que operan en el territorio nacional marino y patrimonial, 2.3 veces más grande que el territorio terrestre.   El sector emplea a unas 250,000 personas, y representa poco más de la mitad de un milésimo del PIB nacional. Su valor total  (excluyendo acuacultura)  ronda apenas los 10 mil millones de pesos, y el volumen de captura, obviamente de especies silvestres, asciende a un millón de toneladas anuales. Cerca del 60% de la pesca es ilegal, es decir, contraria  a la Ley de pesca y Acuacultura Sustentables, a su reglamento y a 39 normas oficiales vigentes; es decir, se practica sin permiso, con artes de pesca prohibidas, en zonas y épocas de veda, sin registro, y sin respeto a las tallas de los especímenes capturados (IMCO. 2012. La Pesca Ilegal, una Barrera a la Competitividad).  La Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) carece de autoridad y capacidades para regular y controlar al sector, con sólo 200 inspectores mal pagados y 60 lanchas para todo el país. Más del 70% del presupuesto del presupuesto gubernamental se dirige a subsidiar la sobrexplotación pesquera por la vía de combustibles, motores y otros activos; además de que los pescadores están exentos de pagar IVA e ISR  (cooperativas). Los subsidios totales se estiman en alrededor de 2,500 millones de pesos - la cuarta parte del valor que aporta el sector.
Por su parte, la Secretaría de Marina no tiene el equipamiento ni el personal suficientes, tampoco facultades integradas para vigilar, inspeccionar y promover sanciones. Las capacidades de PROFEPA son virtualmente testimoniales, mientras que SEMARNAT se desentiende. El 20% de las pesquerías mexicanas están colapsadas por sobre-explotación, y casi la mitad están siendo explotadas al máximo. El Pacífico Central en general y la pesquería de camarón en Campeche son ejemplos de deterioro extremo de recursos marinos. (ver Arreguín y Arcos. "La Pesca en México: estado de explotación y uso de los ecosistemas." Hidrobiológica 2011, 21, 3 ). Los impactos ecológicos son cada vez mayores por el excesivo esfuerzo pesquero y el uso de artes de pesca (tecnologías) altamente depredadoras, lo que conlleva a la extinción inminente de numerosas especies, incluyendo tortugas, mamíferos marinos y tiburones, ente otros. En especial, la pesca ribereña sin control tiene consecuencias mucho más allá de los recursos objetivo, ya que opera en áreas someras donde se desarrollan individuos juveniles de muchas especies, y donde la fragilidad de los ecosistemas es mayor. La sobrexplotación de una especie en particular hace que derrumben complejas relaciones tróficas o cadenas alimentarias en los ecosistemas marinos.
México contempla pasivamente la inmolación de sus mares a la incuria, en una extendida tragedia de los recursos comunes (siempre, Garret Hardin). Es urgente que el gobierno de EPN tome decisiones para construir un sistema funcional de gobernanza en mares y costas, como: crear una entidad de gobierno y regulación eficaces, sea unaAgencia descentralizada o una subsecretaría dentro de SEMARNAT, lo que ayudaría a dotar a esta última de nueva sustancia y contenidos; fundar una Guardia Costera (o Policía Única en el mar)  con facultades integradas de inspección, vigilancia y ejecución, a partir de elementos de la Secretaría de Marina; implantar derechos de propiedad en el mar, por medio de concesiones territoriales a largo plazo (TURF´s), y cuotas comercializables de pesca (ITQ´s), para lo cual es necesario modificar la legislación; multiplicar Áreas Naturales Protegidas marinas como parques nacionales y reservas de la biósfera; reorientar los presupuestos a la pesca, hacia la reconversión a otras actividades eliminando los subsidios a combustibles y motores; y,  establecer un sistema de certificación de productos pesquerossustentables. O el colapso.



viernes, 3 de mayo de 2013

Barbarie ecológica y embargo comercial


México no está para otro  estigma, que además de la violencia delictiva, sea abierto por un negro rejón en nuestra reputación y prestigio internacional. Es preciso reaccionar.  Después de tantos meses, ya es tiempo para las autoridades ambientales del país. Y con urgencia; ante la gestación de un embargo comercial a México por nuestra incapacidad de respetar convenios internacionales y leyes nacionales. 
El exterminio de especies marinas protegidas por parte de pescadores mexicanos ha llamado intensamente la atención en los Estados Unidos. Ya gobiernos anteriores (y al parecer el actual también) han asumido con un suspiro desdeñoso la extinción de la vaquita marina en el Alto Golfo de California. Y ahora, también, de las más importantes poblaciones de tortugas marinas que desovan en las playas de Baja California Sur, en el amplio Golfo de Ulloa que se abre hacia el Pacífico. Carecemos de la voluntad, de las instituciones, y de los instrumentos necesarios para gobernar eficazmente mares y costas del país. La pesca industrial y artesanal se desarrollan en gran medida con impunidad ecológica a través de un esfuerzo pesquero excesivo, artes de pesca depredadoras y prácticas insostenibles, y promovida por subsidios irracionales. El impacto ambiental es dramático.
La muerte de tortugas caguama o amarillas,  negras,  golfinas, y de carey ha aumentado en la región más de 600% en los últimos años. En 2012 fueron reportadas 2,250 tortugas muertas, sólo una fracción de la cifra real. La causa: enormes redes agalleras o de enmalle tendidas por los pescadores frente a las costas, en las cuales son atrapados, asfixiados  y muertos miles de ejemplares de mamíferos y tortugas marinas. Estas últimas, al intentar desovar en las playas mexicanas después de un extenuante viaje por todo el Pacífico desde las costas de Asia. El Grupo de Expertos de Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) ha manifestado ya en una carta  al presidente Enrique Peña Nieto, su aguda preocupación.
A través de un report

e elaborado para el Congreso de los Estados Unidos, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NFMS), dependencia de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), identificó a México como la única nación que captura especies protegidas, refiriéndose a la captura y muerte de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. Lo que sigue,  es un procedimiento para establecer  sanciones comerciales a México, similares a las impuestas  por la muerte de delfines en las redes atuneras. El gobierno estadounidense reconoce que las cifras reportadas por el gobierno mexicano sólo son la punta del iceberg, y que en realidad la mortandad de tortugas es mucho mayor. México viola la ley de moratoria a la pesca con redes de deriva en altamar.
Todo esto es un síntoma más de des-gobierno en los mares y costas mexicanos; territorio que es una verdadera torre de babel jurídica; de muchos y de nadie en términos institucionales. Ley Federal del Mar, Ley de Bienes Nacionales, Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. SEMARNAT, SEMAR, CONAPESCA,  CONANP, PROFEPA... la tragedia de los recursos comunes, falla estrepitosa de gobierno. Los pasivos y tensiones se acumulan y son insostenibles. SEMARNAT debe asumir responsabilidad de inmediato sobre lo que ocurre en el Golfo de Ulloa, además de  promover a su interior la creación de  la Subsecretaría o Agencia Mexicana de Mares y Costas. Hay ahí suficiente capacidad disponible para ello.