viernes, 30 de noviembre de 2012

Mares y Guardia Costera para México


El 52% de las pesquerías en el mundo están aprovechadas al máximo; casi la tercera parte del total se sobreexplotan  y están en proceso de colapso; cerca del 10% se han agotado comercialmente; y, el 90% de los grandes depredadores marinos han desaparecido (en especial los tiburones) provocando graves trastornos en los ecosistemas. Las proyecciones disponibles apuntan a que hacia la mitad del siglo casi todas las pesquerías comerciales estarán  exhaustas. Habrá algunas excepciones como el atún del Atlántico que aparentemente ha empezado a recuperarse debido a la regulación lograda por el ICCAT (Comisión Internacional para el Atún del Atlántico), en especial,  sobre las grandes flotas pesqueras europeas.
En los mares mexicanos las cifras son similares, pero debe agregarse que más del 40% de la pesca es ilegal, al margen de permisos y concesiones, carente de toda regulación, incluso en Áreas Naturales Protegidas marinas. Los permisos de pesca que otorga CONAPESCA  tienen una vigencia de corto plazo y carecen de  límites territoriales y de cuotas por volumen capturado, lo que los despoja de toda racionalidad ecológica y de incentivos a la conservación, además de que la vigilancia es raquítica y nula en muchos casos.  Las consecuencias ecológicas se exacerban en el escenario de una gran volatilidad o fluctuación cíclica  natural en las poblaciones de muchas especies de interés comercial. Puede afirmarse que el territorio costero y marino de nuestro país es en buena medida un espacio de impunidad y tragedia de los recursos comunes, saqueo de especies e incluso extinción inminente (como la vaquita marina y la tortuga amarilla),  destrucción de ecosistemas, contaminación por aguas residuales, y caos en el manejo de la zona federal marítimo terrestre (incluyendo playas).
Agudizando tendencias, el gobierno mexicano  otorga  subsidios pesqueros  a  combustibles,  a motores y a otros activos, los cuales suman alrededor de 2,400 millones de pesos anuales. Estos se aúnan  a  exenciones fiscales en ISR e IVA, para generar un exceso de capacidad y atizar un esfuerzo pesquero desmedido. Más pescadores y más embarcaciones con motores más potentes y haciendo más viajes, persiguen cada vez menos peces, usando tecnologías o artes de pesca con un gran poder depredador, como las redes de arrastre, las de enmalle, y los palangres kilométricos. Se sobrecapitalizan las flotas pesqueras  sabiendo los dueños o armadores que el Estado los rescatará cuando llegue el colapso.
CONAPESCA se empantana en conflictos de interés (entre el fomento y la regulación) , capturada  por organizaciones de pescadores con gran fuerza política (como ocurría en la antigua SEMARNAP).  Se confunden intereses comerciales con el interés público ambiental; y desde luego, el segundo sale perdiendo. Todos sabemos que el fomento y la regulación deben estar separados.  CONAPESCA tampoco atina a establecer sistemas de gestión y regulación para el aprovechamiento sostenible de pesquerías, como son los ITQ´s (cuotas de pesca y permisos transferibles); santuarios marinos (No Take Zones) y áreas naturales protegidas extensas y bien vigiladas; o los permisos o concesiones sobre un área o territorio marino claramente definido, llamados TURF´s por sus siglas en inglés (Territorial Use Rights in Fisheries). Tales instrumentos de política pesquera crean derechos de propiedad e incentivos y espacios  para la conservación de ecosistemas marinos y reproducción de especies, y han tenido un éxito notable en países que se destacan por el manejo responsable de todas o la mayor parte de sus pesquerías (Nueva Zelanda, Australia, Islandia, Chile, Estados Unidos, y otros, que internacionalmente constituyen el lobby llamado Friends of Fish). 
Por su parte, la zona federal marítimo terrestre se entrega a los municipios con los deplorables resultados que conocemos (ejemplo, playas de Acapulco y Veracruz), mientras las tortugas y sus nidos son exterminados en playas no turísticas, a pesar de campamentos tortugueros que languidecen sin personal, ni presupuesto.  Más todavía, la Comisión Nacional del Agua voltea hacia otro lado mientras los mismos gobiernos municipales violan leyes y normas al descargar en los litorales  aguas residuales altamente contaminadas sin tratamiento, incluso en parques marinos nacionales; no los sanciona ni persigue.


Los mares y costas  no son un sector; constituyen un territorio nacional dos veces y media más grande que el territorio nacional terrestre, hoy, sin gobernanza eficaz. Es urgente establecer un sistema integrado de gobernanza  sobre los mares y costas de México, que asegure su aprovechamiento sostenible y conservación ecológica, lo que debe incluir, por supuesto, la construcción de una Guardia Costera con equipamiento y personal especializado (asimilado de la Armada de México) y facultades plenas de inspección y vigilancia.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Crisis del federalismo mexicano


Hace más de una década, estalló una profunda crisis económica en Argentina que todos recordamos. Un potente disparador fue el sobre-endeudamiento de las provincias, en el contexto de un federalismo desmadejado. En México, apenas es tiempo para tomar lecciones. La deuda de estados y municipios comienza a tocar claves de escándalo en sitios como Coahuila, Acapulco, Chiapas, y Michoacán. El federalismo en nuestro país no sobrevivirá sin un sistema de control de endeudamiento, tenga o no garantía de participaciones federales. Tampoco será funcional si no se logra redistribuir facultades y capacidades fiscales a estados y municipios; esto es, que también cobren impuestos en forma significativa y no sólo gasten lo que recauda el gobierno federal, como virtualmente ocurre en la actualidad en México. El federalismo implica la asunción eficaz de responsabilidades a escala de gobiernos sub-nacionales, y también, la concurrencia virtuosa entre ellos y el gobierno federal en asuntos vitales o estratégicos. Eso no ocurrirá, especialmente, sin abrir el horizonte de decisión de las administraciones municipales más allá de su ingente cortedad de tres años sin reelección inmediata.  Pero la crisis del federalismo que se anuncia va mucho más allá del ámbito fiscal y financiero, por no hablar del de seguridad pública.
En efecto, la crisis del federalismo se manifiesta igualmente en un virulento caos en el manejo del territorio y en el  desarrollo urbano, que compromete derechos esenciales de la población, así como la sustentabilidad y competitividad de las ciudades mexicanas. El origen jurídico está en reformas culposas realizadas al  Artículo 115 Constitucional en 1983, con las que el país quiso expiar el pecado de centralización extrema cometido durante casi todo el siglo XX.  Consecuencias adversas de celebradas políticas federales (como en el caso de la vivienda), y la ausencia casi total de regulación federal sobre los municipios, contribuyen a que la descentralización federalista esté haciendo agua también por estas vías.

El texto del Artículo 115 Constitucional concede a los municipios  atribuciones en materia de agua (agua potable, drenaje, tratamiento), de residuos, de uso del suelo, zonificación, desarrollo urbano,  y licencias de construcción, entre otras. Son casi 2,500 municipios, de los cuales una inmensa mayoría carece de las capacidades, cultura política y condiciones institucionales para asumirlas de manera adecuada o decorosa. Si bien el texto constitucional es explícito en el otorgamiento de facultades, también incluye el mandato de que los municipios las ejerzan observando lo dispuesto en las leyes federales y estatales. Este último se ha mirado de soslayo desde el gobierno federal, suponemos que por confort político o estrechez de visión, por lo que en la práctica  se ha desentendido con una oblicua actitud de laissez faire supuestamente federalista. El hecho es que el gobierno federal, por ejemplo, no regula a los municipios en cuanto a la calidad de sus servicios de agua potable, y literalmente se hace de la vista gorda con la polución aguda de ríos, lagos y aguas costeras por descargas de aguas residuales municipales. Tampoco hace cumplir disposiciones normativas en el manejo de residuos. Peor aún, el gobierno federal simple y llanamente carece de políticas o capacidades reales con respecto a las ciudades; es decir, no hay política urbana aplicable a escala federal en un país eminentemente urbano. Es así como atestiguamos y sufrimos el crecimiento espacial horizontal-disperso de las ciudades más allá de toda lógica demográfica y de principios de eficiencia económica y ambiental; fenómeno que por fortuna ya ha entrado a la discusión pública, y a punzar la conciencia de quienes, sabiéndolo o no, lo han inducido. La metáfora médica, aunque lugar común, es quizá insustituible: se trata de un  cáncer que mata la centralidad urbana, reduce las densidades, y multiplica metástasis infra-urbanas en la periferia, mientras gobiernos municipales impotentes o corruptos atizan el proceso.
En el curso de esta enfermedad que atrofia y desangra a las ciudades y al país en su conjunto, la superficie ocupada por las ciudades ha crecido mucho más que la población, incluso en un orden de magnitud mayor, como es el caso de la zona metropolitana de Toluca, la cual entre 1980 y el 2010 vio multiplicarse su población poco más de tres veces, pero su mancha urbana más de 26 (sí, 26) veces. En todas las ciudades las tendencias son similares, al igual que los costos de hacerle la vida miserable a millones de personas y familias, mientras el gobierno federal se desentiende.  Es una manifestación, entre varias, de la profunda crisis que flota en el horizonte del federalismo mexicano.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Impuesto al carbono


Los impuestos son para financiar al Estado, pero también tienen el efecto de inducir o penalizar conductas, productos o servicios, ya que actúan como incentivos económicos. Lo ideal es que los impuestos sean universales y proporcionales, que tengan un bajo costo recaudatorio, que dificulten la evasión o la elusión, que sean progresivos (que recaigan más sobre quienes tienen mayores ingresos), y que inhiban conductas socialmente indeseables, o bien, que alienten aquellas que son beneficiosas para la sociedad. Los impuestos directos al ingreso como el ISR y el IETU son progresivos, pero muy costosos de recaudar (para el Estado, empresas y personas físicas), además de que es posible evadirlos o eludirlos  de manera generalizada en la extensa economía informal. Lo peor es que representan  un castigo a la inversión, al trabajo y a la rentabilidad de las empresas. Pero al parecer no hay forma de evitar que los gobiernos se financien en una buena parte con impuestos directos al ingreso.  En México hay un impuesto peor (administrado por gobiernos estatales), que es el impuesto sobre nómina. Es decir, entre más empleo genere una empresa, mayor será su carga tributaria...
En contraste, los impuestos indirectos generales recaen sobre el consumo de todo tipo de bienes y servicios, como el IVA. El IVA sólo aplica al valor agregado por cada eslabón en la cadena productiva, por lo que es acreditable; implica también un ejercicio complejo de contabilidad. Regularmente los impuestos indirectos son menos costosos y más fáciles de recaudar, aunque son asimismo vulnerables a la elusión por creatividad fiscal en las empresas, y obviamente, a la evasión en la economía informal. Su efecto distributivo (sobre el ingreso de las personas y familias) puede ser ligeramente regresivo en ocasiones,  aunque esto puede y debe corregirse eficientemente por la vía del gasto público.
En México, los ingresos del Estado serán en 2012 de aproximadamente 2.3 billones de pesos. De ellos, 800 mil millones serán aportados por el binomio ISR-IETU, y 556 mil millones por el IVA. PEMEX contribuirá con 768 mil millones, y otros impuestos y derechos con 190 mil millones. Es decir, el Estado se financia mayoritariamente con instrumentos fiscales que desincentivan la inversión y el empleo, por un lado, y por el otro, con la renta petrolera que extrae por medio de exacciones (derechos y aprovechamientos sobre hidrocarburos) a su monopolio PEMEX. Esto le impide realizar las inversiones necesarias para mantener la producción a largo plazo. (Tanto la producción de petróleo como de gas se han reducido en los últimos ocho años de manera notable). La mayor afrenta al interés colectivo, sin embargo, es que con tales recursos el gobierno subsidia el consumo de combustibles automotrices. Como se sabe, es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país (casi 25%), que aumenta en forma galopante, además de provocar una gigantesca trama de distorsiones ambientales, económicas, urbanas, energéticas, y sociales.  Este año, el subsidio ascenderá a cerca de 250 mil millones de pesos, ¡casi el 11% de todos los ingresos del Estado! Por cierto, esta cifra supera a todo el gasto federal en educación. Algo sin duda demencial ¿o hay otra forma de llamarlo? El precio de gasolinas y diesel en México es de los más bajos en América y en el mundo; lo normal es que en otros países latinoamericanos (excepto Venezuela y Ecuador), europeos y asiáticos cueste aproximadamente el doble que aquí.

Si se eliminara el subsidio y se estableciera un impuesto al carbono (carbon tax, que ya se considera en Estados Unidos para salvar el precipicio fiscal, además de ser el instrumento idóneo para combatir el cambio climático) que llevara el precio en México, digamos, a 20 pesos por  litro, el Estado dispondría de ¡700 mil millones de pesos adicionales! (70 mil millones de litros consumidos al año, por 10 pesos cada uno). Aportaría más que el IVA y casi alcanzaría al ISR; se abatirían las emisiones de CO2 y las importaciones; se haría más eficiente el parque vehicular; las ciudades serían más compactas y densas; se promovería al transporte público; y dejaríamos de regalarle dinero a quienes tienen más altos ingresos. Nadie podría evadir el impuesto al carbono, además, muy fácil y barato de recaudar. Sería posible reducir significativamente el ISR (para ganar competitividad), y liberar fiscalmente a PEMEX en el contexto de una reforma energética. De acuerdo a la experiencia en otros países y a la evidencia analítica, el impacto inflacionario sería muy pequeño y transitorio, y el efecto distributivo neutral. ¿Por qué no?

viernes, 9 de noviembre de 2012

Deforestación, prioridades nacionales


Durante buena parte del siglo XX nuestro país ostentó una de las tasas más altas de deforestación en el mundo, proceso destructivo que afectó en mayor o menor medida a todos los biomas relevantes (trópico húmedo, zonas templadas altas, trópico seco, y zonas áridas). Hoy, al parecer, las cosas han cambiado, de acuerdo a estudios recientemente publicados por Martha Bonilla-Moheno y otros investigadores (Journal of Regional Environmental Change), hechos a escala municipal y con técnicas sofisticadas de interpretación de imágenes satelitales y de análisis estadístico.  La deforestación se ha detenido e incluso revertido en las zonas templadas y áridas, y en el trópico seco, pero se ha agravado en las zonas tropicales húmedas de selvas altas y medianas y bosques mesófilos.  En ello, debe tomarse en cuenta el papel favorable que ha jugado una cobertura creciente de Áreas Naturales Protegidas (en especial reservas de la biósfera) sobre el territorio nacional, tanto en la conservación de lo existente, como en la recuperación de la vegetación forestal natural y en mitigar o impedir la deforestación. Hay diferentes estudios que lo documentan de manera convincente.
En las regiones o biomas donde la deforestación se ha detenido o revertido, las causas pueden asociarse con le emigración de población campesina a las ciudades o a los Estados Unidos, así como con cambios en la estructura económica en favor de actividades industriales y de servicios. Así, la evidencia parece indicar que a escala nacional - haciendo caso omiso de situaciones locales específicas - las selvas bajas o secas (caducifolias) se han recuperado, al igual que los matorrales desérticos y bosques templados de coníferas.  Esto último ha ocurrido principalmente en Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua, pero también en Michoacán y en zonas altas de Oaxaca, caracterizadas por bajas densidades demográficas, una alta emigración y pérdida de población rural. Tómese en cuenta que en las duras condiciones hidrológicas y de suelos que prevalecen en estas áreas, las actividades agropecuarias han dejado de ser competitivas y rentables frente a importaciones y a la producción en otros estados del país.  Habrá que definir la contribución que hace a tales tendencias la presencia de bandas del crimen organizado.
En las zonas tropicales húmedas, las cosas han empeorado, si es que podían estar peor. Recordemos que México ha perdido más del 90% de sus selvas altas perennifolias y bosques mesófilos, y un porcentaje difícil de precisar ahora, pero muy alto también, de sus selvas medianas. Las áreas más críticas incluyen a Chiapas y  al sur de la península de Yucatán, a las colindancias entre Chiapas y Oaxaca, y entre Oaxaca y Veracruz, así como la región huasteca en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, y el sur de Tamaulipas. Se trata de regiones con altas precipitaciones (más de 2,000 mm anuales), baja altitud (por lo general menor a 500 metros),  y topografía relativamente accesible. Si bien  durante el siglo XX los procesos agrarios y la agricultura de subsistencia (de rosa-tumba y quema) fueron factores determinantes de deforestación, ahora  son la agricultura comercial a gran escala, y  la producción extensiva  de ganado bovino las variables explicativas más poderosas. O sea, los bosques tropicales han sido convertidos en plantaciones agrícolas y en potreros o pastizales para el ganado, y muy especialmente en Chiapas, en monocultivos de palma africana de aceite, la cual ha sido promovida por los gobiernos estatal y federal.  La deforestación en el trópico húmedo se mantiene  independientemente de las tendencias demográficas observadas en los distintos municipios.
Será muy importante identificar el impacto actual de los programas gubernamentales en la  dinámica de  deforestación, en particular los subsidios del PROCAMPO y del PROGAN (para agricultores y ganaderos, respectivamente) en manos de la SAGARPA. No olvidemos que estos subsidios se entregan de manera condicionada a que los agricultores o ganaderos "exploten" sus tierras, lo cual representa un inequívoco estímulo perverso para la destrucción de los ecosistemas naturales, o para impedir su recuperación.


Dado el nuevo escenario de deforestación a inicios del siglo XXI en México, y la urgencia de conservar la biodiversidad y riqueza forestal de nuestro país, así como servicios ambientales estratégicos y valores escénicos y paisajísticos, y de mantener equilibrios en cuencas hidrológicas, es necesario construir nuevas políticas focalizadas regionalmente, de mayor precisión, alcance y eficacia. El imperativo es lograr cuanto antes una deforestación cero mediante nuevas Áreas Naturales Protegidas, reorientación de subsidios agropecuarios, contratos de conservación a largo plazo con propietarios, y promoción (donde sea posible) de aprovechamientos forestales sostenibles y competitivos.

lunes, 5 de noviembre de 2012

El GDF en su laberinto (de basura)


Nos dijeron que lo habían resuelto.  El problema surge de un mal manejo del Bordo Poniente por parte del GDF, y de un capricho del Gobierno Federal (la SEMARNAT) que exigió hace años cerrar este enorme relleno sanitario. Las casi 11 mil toneladas  diarias de basura de la ciudad de México se han barrido ahora debajo de la alfombra. Durante años  el GDF no enmendó sus errores y tampoco supo argumentar; capituló por vergüenza propia ante reclamos infundados y berrinches de funcionarios federales.  Cerraron el  Bordo Poniente. Hoy, 2 mil toneladas de basura se transportan y vierten en el predio El Milagro de Ixtapaluca, una antigua mina abandonada. Otras 2 mil van a un vertedero en Cuautitlán Izcalli. Dos mil más se llevan a un sitio  en Xonacatlán en el valle de Toluca. Adicionalmente, 400 toneladas se compactan y empacan (en fardos rotos) para entregarse a una planta de cemento en Huichapan, Hidalgo, como combustible alterno; dada la baja capacidad de combustión de la basura por excesiva humedad, el GDF acaba pagando a la empresa CEMEX por recibirlas. Y, poco más de 4 mil toneladas dizque se transforman en composta en una planta improvisada en el propio Bordo Poniente; el proceso es defectuoso, y el material orgánico resultante se tiende sobre el relleno sanitario, ya que nadie lo quiere como fertilizante (además, sería carísimo transportarlo a zonas agrícolas lejanas). En vez de CO2 y agua, que debieran ser los productos de una composta ideal,  emanan pestilentes ácidos grasos volátiles. Su fetidez satura la atmósfera del oriente de la ciudad de México, y provoca arcadas en los visitantes extranjeros que llegan al aeropuerto Benito Juárez. Ya es el registro olfativo clásico de nuestra ciudad.
Ninguno de los sitios donde se tira la basura del DF cumple con la normatividad oficial (NOM-083); el gobierno federal prefiere voltear hacia otro lado. El impacto ambiental sin duda es mayor ahora que antes. Los propietarios de los vertederos cobran en promedio al GDF 200 pesos por tonelada recibida, en un negocio redondo: 438 millones de pesos al año. A esto deben sumarse  otros 200 pesos de transporte por tonelada hasta los sitios señalados y localizados en el estado de México, lo que resulta en un costo total por tonelada para el GDF de  400 pesos. En el Bordo Poniente, no costaba casi nada. Desde luego, esta “solución” no es eficiente ni sostenible.
El Bordo Poniente se construyó como uno de los rellenos sanitarios más grandes y modernos del mundo, en los años ochentas del siglo XX. Está ubicado en terrenos federales del ex – vaso del lago de Texcoco.  Ocupa 420 hectáreas y debajo tiene hasta 100 metros de arcillas compactas saturadas de agua salobre; el subsuelo es  impermeable para todo fin práctico, lo que descarta riesgos de contaminación de las aguas del acuífero subterráneo profundo (de agua dulce).  Por ello es un sitio ideal para la ubicación de un relleno sanitario,  y a unos pocos kilómetros apenas del centro de la ciudad en línea recta. En promedio se han acumulado  verticalmente unos 20 metros de basura. De ellos, 10 se han hundido por su propio peso en la arcilla, haciendo que el agua del acuitardo (agua salobre y somera estancada) suba y aflore por el volumen de la basura que la desplaza. Esta agua se mezcla con los lixiviados  (los “jugos”) de la basura, e inunda las inmediaciones o se drena a través del canal de la Compañía que bordea al relleno sanitario. Nunca se controlaron adecuadamente los lixiviados, no se llevaron a cabo las obras de drenaje ni los sistemas de tratamiento.  Encima del nivel del terreno, hay otro estrato  de basura de 10 metros aproximadamente, también infiltrado de agua y sujeto a la humedad de las lluvias, dado que no se cubrió en forma apropiada. Es por ello que la producción de metano en el relleno sanitario ha disminuido de manera drástica, y ha dejado de ser atractiva para la generación de electricidad.


No hay sitios en el DF para construir rellenos sanitarios, por razones técnicas, urbanas, ambientales  y políticas. El Bordo Poniente es una gran oportunidad perdida por capricho. Debe re-abrirse; puede operar durante muchos años más sin riesgo ambiental apreciable, siempre y cuando se lleven a cabo las obras de ingeniería necesarias, como drenes perimetrales y tratamiento de lixiviados,  además de cobertura en módulos pequeños evitando que se infiltre el agua de lluvia y donde pueda ser aprovechado el metano en forma expedita.  El GDF ahorraría mucho dinero de los contribuyentes.