BIOCOMBUSTIBLES ¿PERO QUÉ NECESIDAD?

Los biocombustibles de origen agrícola son más caros que la gasolina y el diesel, y sus aditivos afines (como el MTBE), por lo que requieren de subsidios cuantiosos. En el  escenario  global es incierto el momento del Peak Oil (punto en el que la producción de petróleo empieza a declinar). Hay en el mundo petróleo suficiente para varias décadas,  y abundancia de gas natural (convencional o de esquistos) para el resto del siglo. Los biocombustibles no reducen significativamente emisiones de gases de efecto invernadero, si consideramos la deuda de carbono por cambio de uso del suelo, emisiones de N₂O (gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el CO2) por fertilizantes, y el consumo energético en su producción (Fargione, J. 2008. "Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt”. Science, February 29). Inducen directa o indirectamente la deforestación, y compiten por la tierra contra los alimentos, la biodiversidad y el almacenamiento de carbono en ecosistemas forestales (World Bank. 2010. The Impacts of Bio-fuel Targets on Land Use and Food Supply. Policy Research Working Paper). Introducir en la ecuación de demanda de tierra, además de alimentos, biodiversidad, carbono, recursos forestales y otras...... a los biocombustibles, es insano.  Se contrapone al imperativo de mantener nuevas reservas de tierra para alimentar a una población creciente (10,000 millones en el planeta y 150 millones en México hacia el 2050). La producción de biocombustibles agrícolas  exacerba la demanda de agua para riego, y el agotamiento de recursos hídricos, así como la contaminación de suelos, ríos y mares con fertilizantes y plaguicidas. Y, el motor de combustión de interna – tecnología con más de 150 años de antigüedad – dejará su sitio a los modernos  motores eléctricos. Entonces, como dice Juan Gabriel: ¿pero qué necesidad?

Podrá argumentarse que los vehículos eléctricos también tienen emisiones de gases de efecto invernadero, atribuibles a las plantas termoeléctricas que los alimentan. Sin embargo, esto depende de la estructura de generación de electricidad en cada país, o sea, de qué tanto contribuyen los combustibles fósiles como el gas natural, el carbón o el combustóleo, con respecto a la energía nuclear, eólica, hidroeléctrica y otras renovables.  Por ejemplo, en Brasil (dominado por la hidroelectricidad) y en Francia (nuclear), las emisiones indirectas de un vehículo eléctrico son casi  depreciables. Pero aún en el peor de los escenarios (carbón, como en Australia), la eficiencia termodinámica de un motor eléctrico es superior a la de un motor de combustión interna, y por tanto, sus emisiones imputables son menores. Lo anterior, independientemente de que, en el mundo (y en México), tiende a aumentar relativamente la generación de electricidad con gas natural (bajo en carbono) y con fuentes renovables. Todo ello hará que se reduzcan aún más las emisiones de un vehículo eléctrico.

Algunos estudiosos apuntan que en México hay millones de hectáreas de pastizales ganaderos poco productivos, y que ahí podría cultivarse caña de azúcar para etanol. Si están así, es que no es rentable darles otro uso, lo cual quiere decir que habría de crearse una demanda artificial (por parte de Pemex) y subsidiar la producción de caña de azúcar y etanol. Sinceramente, si vamos a subsidiar todavía más al campo, mejor hagámoslo para generar bienes públicos: restauración de la biodiversidad,  mantener una reserva de tierra para la expansión en la producción de alimentos, y captura de carbono. El petróleo salvó a las ballenas de la extinción en el siglo XIX, perseguidas por su aceite y grasas entonces usados como combustibles.  No volvamos a exigirle a la biósfera resolver nuestros problemas energéticos. ¿Pero qué necesidad? La normatividad de emisiones de CO2 para vehículos – inexistente en México –  la eliminación de subsidios a los combustibles y un carbon tax, es la fórmula más eficiente de desplazar su consumo y reducir emisiones.

PARA QUE EL PETRÓLEO SEA NUESTRO

Es un mito que el petróleo en nuestro país pertenezca a todos los mexicanos. En 2011 la renta petrolera apropiada por el gobierno ascenderá a alrededor de 1.3 billones de pesos (millones de millones) dado el aumento en los precios de los hidrocarburos. Esto representará cerca del 40% de sus ingresos y un 8% del PIB. Una parte se gastará, ciertamente, en bienes públicos inapelables como seguridad, infraestructuras estratégicas, y en (cada vez más deficientes) servicios de salud. Sin embargo, una buena proporción va a ser derrochada en salarios para una gigantesca burocracia improductiva, privilegios corporativos  a maestros y otros sindicatos,  en subsidios descomunales a los energéticos, y en cuantiosas transferencias directas a otros grupos de presión como lo hace el PROCAMPO. Ellos son los verdaderos dueños del petróleo mexicano, cuando en principio, cada uno de nosotros tenemos un derecho igual e inalienable a la renta petrolera. Peor, esta asignación de la renta derivada del petróleo es regresiva en materia de distribución del ingreso, dado que es conculcada por los deciles (tramos de 10% de la población definidos de acuerdo al ingreso) más ricos, muy en especial, cuando se trata de subsidios a los combustibles automotores.

Mientras tanto, todavía el 17% de la población vive debajo de la línea de pobreza extrema (pobreza alimentaria), definida por un ingreso inferior a aproximadamente 800 pesos mensuales. La aritmética es rotunda. Si los 1.3 billones de pesos de renta petrolera esperada para 2011 se repartieran como dividendo individual a cada uno de los mexicanos, nos tocarían casi 12,000 pesos anuales, o sea, 1,000 pesos al mes. Una familia muy pobre de cinco miembros, al ser beneficiada por un ingreso de 5,000 pesos mensuales automáticamente dejaría de serlo; incluso, sería elegible para comprar una vivienda de interés social, con una hipoteca garantizada por el propio dividendo petrolero.  El pago del dividendo sería viable en términos operativos y administrativos, gracias a la tecnología informática disponible y a la experiencia adquirida en México con todos los programas de subsidio existentes a través de tarjetas bancarias.  

Desde luego, el gobierno se privaría de un 40% de sus ingresos, lo cual puede no ser recomendable en un país en que el gasto público alcanza un porcentaje muy bajo del PIB (alrededor del 20%), muy atrás del que se observa en la mayor parte de los países de la OCDE. Sin embargo, esta merma sustancial podría ser mitigada de tres formas. La primera, abrogando todos los subsidios a los energéticos, que este año superarán los 300 mil millones de pesos; la población lo aceptaría gustosa a cambio del dividendo petrolero. Segundo, eliminando toda la burocracia que hoy se justifica con el propósito de combatir la pobreza, y buena parte del gasto federal y de las entidades federativas en transferencias y subvenciones a clientelas políticas y grupos de interés (presumiblemente pobres), que ahora sería  redundante. Tercero, compensando el faltante con un IVA generalizado (lo cual también sería aceptable a cambio del dividendo petrolero), y/o con un carbon tax a los combustibles automotrices.

En este esquema, los ciudadanos se sentirían – y realmente serían –  dueños del petróleo, y tendrían el interés primordial de que PEMEX fuera eficiente. Desaparecerían las telarañas ideológicas nacionalistas, y todos, con la visión de maximizar su dividendo petrolero, apoyarían una verdadera reforma en el sector, que lo abriera a la inversión privada y  a la competencia, con un buen sistema de regulación y de cobro de los derechos correspondientes de explotación (o de extracción de renta) a las empresas participantes. Pero que nadie se sobresalte; es sólo una divagación fantástica.