Subsidios: exigir a los candidatos pronunciarse

No debe permitirse a los candidatos transitar al día de la elección con un discurso vacuo. Los ciudadanos hemos permitido que se nos trate como párvulos que reaccionan sólo ante estímulos visuales, percepciones subjetivas sobre la personalidad de candidatos, simbologías mercadotécnicas, y frases prefabricadas en torno a lugares comunes. Nuestra aversión al conflicto es casi genética; como lo ha señalado recientemente Joaquín Villalobos en su brillante ensayo publicado por Nexos. Pero el conflicto y la confrontación abierta son indispensables, en el marco de la ley, tanto para derrotar al crimen organizado como para avanzar con ideas tangibles hacia una democracia con resultados. Exijamos a los candidatos confrontar ideas, y entrar al debate público con argumentaciones coherentes. Sobre todo, en uno de los temas torales de la agenda nacional, donde se anudan definiciones sobre política fiscal, energética, de distribución del ingreso, urbana, ambiental y climática, y aún de competitividad, empleo, inversión y desarrollo económico. Se trata de los subsidios a los energéticos.

Ya un candidato se ha pronunciado enfáticamente por mantener y acrecentar todos los subsidios, aunque no le cuadre la aritmética del gasto público y la recaudación... Allá él, pero es un avance. Tal vez eso le haga ganar la elección, junto con sus otras propuestas sugerentes (por decir lo menos) de construir refinerías que perderían dinero, hacer un sólo gran monopolio en petróleo y electricidad, construir trenes "bala", eliminar el IETU, y  resucitar Luz y Fuerza para entregarla al SME.

Al pronunciarse sobre los subsidios, los candidatos deberán ensamblar una narrativa integrada, que seguramente complicaría sus estrategias de campaña, pero que sería indispensable para la funcionalidad adulta de nuestra democracia. Tendrían que advertirnos que somos el único país de la OCDE que subsidia los combustibles automotrices, y que en América, por ello nos equiparamos a Venezuela y a Ecuador. Deberán hablar de su monstruoso volumen, que entre gasolinas y diesel, y electricidad supera en promedio 250 mil millones de pesos, lo que representa casi el 7% del gasto público y supera el 1.5% del PIB. También, de su obsceno costo de oportunidad; ya que estos subsidios rebasan en 20% al gasto total en educación; superan a los presupuestos combinados para salud, defensa, seguridad, y ciencia y tecnología; significan casi cinco veces el presupuesto de medio ambiente y agua; y, sobrepasan a los presupuestos conjuntos de comunicaciones y transportes, desarrollo social, marina, y procuración  de justicia. Deberán decir que de mantenerse, en diez años el gobierno se verá imposibilitado de pagar las pensiones (como lo ha señalado Carlos Urzúa, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM). Tendrían que revelar su injusto impacto social, en la medida en que, especialmente los subsidios a los combustibles automotrices, son apropiados en su gran mayoría por los deciles más altos de ingreso. De hecho, deberán reconocer que cada narco-camioneta SUV de ocho cilindros (como las que seguramente utilizan) recibe un subsidio mensual promedio de 1,840 pesos, mientras que una familia muy pobre de cuatro integrantes recibe al mes apenas 1,480 pesos del Programa Oportunidades, de acuerdo a la misma fuente. Hablarían  de los perversos efectos ambientales y climáticos de los subsidios, que al promover el derroche y la ineficiencia energética son el principal motor que hace crecer a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos harán ver la lógica obtusa de los subsidios en un país cuyas reservas probadas de petróleo disminuyen, y que en algunos años se convertirá en importador neto de crudo. Ya sobre este aceitado carril argumentativo, les pediremos que se pronuncien sobre qué hacer con los recursos liberados, y también, que opinen sobre un carbon tax a los combustibles automotrices, que llevaría sus precios a niveles como los que se observan en Brasil, en Perú y en países Europeos (lo cual recaudaría unos 600 mil millones de pesos).  Esperaríamos que entonces, propusieran bajar el ISR a empresas y personas físicas (digamos al 15 -20% máximo),  y aumentar considerablemente el gasto en sectores estratégicos para combatir la pobreza, y para la competitividad y el desarrollo económico sostenible del país. ¿O vamos a escuchar sólo ñoñerías engoladas los próximos meses?

MARCELO O EL FIN DE LA IZQUIERDA

A quienes no nos consideramos de izquierda, podría encantarnos que el candidato del PRD y adláteres fuera su conocidísimo Gran Líder, lo que sellaría la debacle electoral de esa alianza tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, y en cascada, su pulverización y marginalidad. El Gran Líder es una garantía. Por su estéril encono y  resentimiento puestos al servicio de una ambición política obsesiva  (¿de qué vive? ¿qué haría sin el poder?), por su gastada vulgaridad y  discurso pueril ahora en un tono de cursilería risible (“una república amorosa”),  su provinciana y desnuda demagogia, y un prestigio repulsivo para la mayoría de los electores.

Bravo. Sin embargo, la destrucción institucional de la izquierda – tarea que él personalmente casi ha culminado con éxito – privaría al país de indispensables contrapesos  y oferta política. El mercado político se empobrecería, y estaríamos en un escenario duopólico, poco sano, que dejaría a una todavía significativa franja del electorado (15-20%) sin representación. Y no es que al decirlo aceptemos el chantaje de la violencia revolucionaria,  aún latente en algunas trincheras de la izquierda.

Aunque nos cueste aceptarlo (a quienes no somos de izquierda), una democracia sin izquierdas sería una pobre democracia, como lo es también sin liberalismo (caso misterioso de México). Al igual que en la economía, una competencia débil siempre genera ineficiencias e inequidades en el sistema democrático representativo,  y en la asignación de los recursos políticos del país. Una democracia vigorosa y eficiente exige un partido de izquierda competitivo, moderno y responsable, inteligente, institucionalizado e inequívocamente  respetuoso de la legalidad. La candidatura del Gran Líder impediría por mucho tiempo satisfacer esa necesidad. La candidatura de Marcelo Ebrard abriría esa posibilidad.

Marcelo ha hecho un gobierno decente en el Distrito Federal. Ha sabido mantener a raya a la inseguridad y a la delincuencia, no ha acumulado deudas escandalosas, ha mantenido una importante y electoralmente productiva red de protección social, construido infraestructuras significativas en alianza con el sector privado, ha promovido exitosamente la inversión inmobiliaria, se ha comprometido con el transporte colectivo y no motorizado (metro, metrobús, RTP en Supervía y segundos pisos, bicicletas), ha defendido derechos y libertades esenciales (como un  liberal), y hasta ha llevado a cabo gratas intervenciones para restituir cierta dignidad y funcionalidad a un decaído espacio público (Madero, Centro Histórico, Garibaldi, Plaza de la República). Su pasivo mayor es tal vez haber sido incapaz de sacudirse la camisa de fuerza  corporativa del ambulantaje y de otros poderes fácticos en la ciudad; algo explicable – aunque no justificable – por la naturaleza y estructura clientelar de su partido, y por los malabarismos políticos a los que ha estado obligado.

Sobre todo, Marcelo puede representar para la izquierda mexicana la oportunidad de re-inventarse, sacudirse telarañas y ponerse al día. La puede hacer competitiva por sí misma, no por cacicazgos psicotrópicos de coyuntura como ha sido hasta ahora.  Muchos fuera de las coordenadas de izquierda  podrían sentirse cómodos  votando por él. Su candidatura podría crecer más allá de los cuarteles duros de la izquierda, y de sus fieles electores inclinados a la seducción de la demagogia y el populismo (que siempre los habrá, al igual que en toda América Latina). Podría ser digerible y aceptable por el sector privado, y por un amplio sector de la clase media con convicciones liberales (al menos en lo social). Sería interesante y hasta divertida una elección a tercios con personajes de nueva generación, frescos, atractivos e inteligentes: Peña Nieto (siempre y cuando se deslinde ya de Moreira), Josefina, y Marcelo. Se inyectaría azúcar y carácter a nuestra democracia hoy sumida en la hipoglucemia  y la mediocridad. Habría un terreno propicio,  entonces, para una discusión imperativa sobre cómo hacer que nuestra democracia sea funcional y dé resultados: coaliciones, reelección legislativa y en municipios, y una dosis de parlamentarismo. De cualquier forma, sin Marcelo, sería el fin de la izquierda. De verdad, no me alegraría.