Subsidios: exigir a los candidatos pronunciarse

No debe permitirse a los candidatos transitar al día de la elección con un discurso vacuo. Los ciudadanos hemos permitido que se nos trate como párvulos que reaccionan sólo ante estímulos visuales, percepciones subjetivas sobre la personalidad de candidatos, simbologías mercadotécnicas, y frases prefabricadas en torno a lugares comunes. Nuestra aversión al conflicto es casi genética; como lo ha señalado recientemente Joaquín Villalobos en su brillante ensayo publicado por Nexos. Pero el conflicto y la confrontación abierta son indispensables, en el marco de la ley, tanto para derrotar al crimen organizado como para avanzar con ideas tangibles hacia una democracia con resultados. Exijamos a los candidatos confrontar ideas, y entrar al debate público con argumentaciones coherentes. Sobre todo, en uno de los temas torales de la agenda nacional, donde se anudan definiciones sobre política fiscal, energética, de distribución del ingreso, urbana, ambiental y climática, y aún de competitividad, empleo, inversión y desarrollo económico. Se trata de los subsidios a los energéticos.

Ya un candidato se ha pronunciado enfáticamente por mantener y acrecentar todos los subsidios, aunque no le cuadre la aritmética del gasto público y la recaudación... Allá él, pero es un avance. Tal vez eso le haga ganar la elección, junto con sus otras propuestas sugerentes (por decir lo menos) de construir refinerías que perderían dinero, hacer un sólo gran monopolio en petróleo y electricidad, construir trenes "bala", eliminar el IETU, y  resucitar Luz y Fuerza para entregarla al SME.

Al pronunciarse sobre los subsidios, los candidatos deberán ensamblar una narrativa integrada, que seguramente complicaría sus estrategias de campaña, pero que sería indispensable para la funcionalidad adulta de nuestra democracia. Tendrían que advertirnos que somos el único país de la OCDE que subsidia los combustibles automotrices, y que en América, por ello nos equiparamos a Venezuela y a Ecuador. Deberán hablar de su monstruoso volumen, que entre gasolinas y diesel, y electricidad supera en promedio 250 mil millones de pesos, lo que representa casi el 7% del gasto público y supera el 1.5% del PIB. También, de su obsceno costo de oportunidad; ya que estos subsidios rebasan en 20% al gasto total en educación; superan a los presupuestos combinados para salud, defensa, seguridad, y ciencia y tecnología; significan casi cinco veces el presupuesto de medio ambiente y agua; y, sobrepasan a los presupuestos conjuntos de comunicaciones y transportes, desarrollo social, marina, y procuración  de justicia. Deberán decir que de mantenerse, en diez años el gobierno se verá imposibilitado de pagar las pensiones (como lo ha señalado Carlos Urzúa, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM). Tendrían que revelar su injusto impacto social, en la medida en que, especialmente los subsidios a los combustibles automotrices, son apropiados en su gran mayoría por los deciles más altos de ingreso. De hecho, deberán reconocer que cada narco-camioneta SUV de ocho cilindros (como las que seguramente utilizan) recibe un subsidio mensual promedio de 1,840 pesos, mientras que una familia muy pobre de cuatro integrantes recibe al mes apenas 1,480 pesos del Programa Oportunidades, de acuerdo a la misma fuente. Hablarían  de los perversos efectos ambientales y climáticos de los subsidios, que al promover el derroche y la ineficiencia energética son el principal motor que hace crecer a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos harán ver la lógica obtusa de los subsidios en un país cuyas reservas probadas de petróleo disminuyen, y que en algunos años se convertirá en importador neto de crudo. Ya sobre este aceitado carril argumentativo, les pediremos que se pronuncien sobre qué hacer con los recursos liberados, y también, que opinen sobre un carbon tax a los combustibles automotrices, que llevaría sus precios a niveles como los que se observan en Brasil, en Perú y en países Europeos (lo cual recaudaría unos 600 mil millones de pesos).  Esperaríamos que entonces, propusieran bajar el ISR a empresas y personas físicas (digamos al 15 -20% máximo),  y aumentar considerablemente el gasto en sectores estratégicos para combatir la pobreza, y para la competitividad y el desarrollo económico sostenible del país. ¿O vamos a escuchar sólo ñoñerías engoladas los próximos meses?

¿DERECHO A LA VIVIENDA O A LA CIUDAD?

Ciertamente, la vivienda es un derecho consagrado en la constitución, como muchos otros derechos sociales (salud, educación, empleo, medio ambiente). Pero no puede hacerse efectivo atropellando a otros, o sembrando el caos en el territorio nacional. Menos aún, sin saberlo, o negándolo, mientras se afirma, rumbo al despeñadero, que vamos por la ruta correcta. Nadie rechaza que la vivienda sea una necesidad, ni que el Estado trabaje para satisfacerla. Lo que ocurre es que a algunos (o a muchos) nos parece lamentable que se haga de una manera tan fútil que acabe anulando al propio concepto de derecho a la vivienda. Más todavía, cuando se  facturan a futuro o a terceros, costos sociales, ambientales, energéticos, urbanos y climáticos astronómicos. La vivienda mínima, sin ciudad y sin tejido urbano, es una célula física destinada a incubar frustración, conductas y atmósferas antisociales, y delincuencia.  El derecho a la vivienda, sin derecho a la ciudad  es una peligrosa involución civilizatoria.

El modelo INFONAVIT de financiamiento masivo a  viviendas infinitesimales en México  está en quiebra. Es un esquema de subsidio, apalancamiento  e intermediación, y minimización extrema en el costo de las viviendas, maximizando su número, y los beneficios por volumen a las empresas desarrolladoras. Se despliega en un mercado de tierra que ostenta externalidades múltiples y de gran alcance – totalmente ignoradas –  pero que carece de regulación para todo fin práctico. Todos conocemos y sufrimos la debilidad institucional y regulatoria de los gobiernos locales en México. Si no son capaces de hacerse cargo de la más elemental seguridad pública, mucho menos de las externalidades del mercado de tierra, especialmente en su periferia; y mientras el Gobierno Federal es funcional y/o jurídicamente incapaz de suplirlos o de coordinarse con ellos en estas tareas, ya que no tiene facultades ni quiere asumirlas. ¿En verdad creemos  que los municipios ejercen (como lo  sueña el Artículo 115 Constitucional) responsabilidades de tal envergadura, siendo efímeros – gobiernos de sólo tres años –  frecuentemente corruptos, menesterosos, y fiscalmente ineptos?

Las externalidades negativas del modelo INFONAVIT son abrumadoras. Se contextualizan en una versión lumpen de crecimiento  suburbano disperso  (urban sprawl –  ¿cómo se traduce al español de una manera concisa?), en unidades habitacionales lejanas y dislocadas. Incluyen  la privación a los adquirientes de vivienda  del  acceso a la ciudad, de espacio público funcional y de los estímulos, amenidades y oportunidades que sólo la vida urbana densa y diversa ofrece. Impone grandes costos per cápita de infraestructura y servicios, y de movilidad. Multiplica el número de viajes en vehículo y las distancias recorridas, y por tanto, el consumo de combustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, el modelo INFONAVIT ancla sobre el territorio y para el largo plazo, un patrón de uso profundamente ineficiente en términos energéticos y ambientales. Mientras tanto, a las familias, las condena al ostracismo social, y  a una deficiencia estructural de estímulos visuales, culturales, cívicos y comunitarios. Estos costos encubiertos  recaen en familias, individuos y  gobiernos municipales; se pagan en el ámbito público y privado. Con el tiempo se revela que exceden a los beneficios, y la vivienda y la hipoteca se abandonan. Se inocula así el virus de  una futura crisis hipotecaria.

Si fuéramos serios, alguien tendría que contabilizar rigurosamente tales costos o externalidades negativas, así como se contabilizan con jactancia las unidades de vivienda construidas (cuatro millones en los últimos diez años). La manufactura a gran escala y en serie de vivienda suburbana a mínimo costo debe entrar en pausa, mientras se diseña un nuevo paradigma viable y sostenible. No se trata de negar el financiamiento hipotecario a los trabajadores, sino de posponerlo durante un breve período; para no defraudarlos, ni en su bolsillo ni en suderecho a la ciudad.