La economía verde y sus enemigos

La idea de una economía verde va prendiendo en nuestra hojarasca mental. No hace falta describirla, todos la intuimos. Una traducción elocuente pero más engorrosa y menos carismática sería: economía baja en emisiones de carbono y compatible con la conservación. Implica privilegiar la energía renovable y la eficiencia energética, una deforestación cero, la conservación de la biodiversidad en tierra y en el mar, ciudades inteligentes y sustentables, minimización y reciclaje de residuos, y uso eficiente del agua. Eso es todo; nada más, ni nada menos. Nadie podría oponerse ¿o sí? Pues sí. La economía verde tiene muchos enemigos, y muy poderosos. Y es fácil entenderlo. Hacer realidad una idea tan sencilla y sugerente como la de una economía verde entraña sin embargo decisiones e instrumentos de política pública difícilmente digeribles para numerosos intereses creados y estructuras mentales o ideológicas. ¿Qué decisiones? Eliminación de subsidios a la gasolina y a la electricidad, impuestos al carbono en la gasolina y el diesel, reducción paralela del ISR en una reforma fiscal verde, inversión privada y mercados en el servicio púbico eléctrico, primas o feed in tariffs para productores privados de energía renovable,  inversión privada en PEMEX, contratos de conservación con propietarios de tierras, eliminación de subsidios al campo como PROCAMPO y PROGAN o su transformación en Pagos por Servicios Ambientales, más Áreas Naturales Protegidas en tierra y en el mar, acelerar el proceso de urbanización y cambio radical en  INFONAVIT para hacer ciudades compactas y verticales, regulación federal de servicios públicos en gobiernos locales, pago pleno de servicios públicos y subsidios focalizados sólo en forma de vales, sistemas de depósito reembolso y regulación de envases y embalajes, y topes y mercados de emisiones en ciertas ramas industriales. ¿Quiénes son los enemigos de todo esto? ¿Quiénes resistirían con todas sus fuerzas la aplicación de estas medidas?

La lista es larga: Partidos de izquierda (la que conocemos en México, no la que muchos suponen que existe). Nacionalistas revolucionarios. Demagogos que ofrecen reducir los precios de los combustibles automotrices, y sus feligreses.  Sindicatos de CFE, PEMEX y de otras entidades de gobierno. Los maestros de la CNTE. La derecha populista azul. La burocracia monopolista paraestatal. Dirigentes de organizaciones campesinas. La burocracia de SAGARPA y  productores agropecuarios. Armadores y pescadores.  Muchas ONG´s. El establishment de vivienda encabezado por INFONAVIT.  Presidentes municipales refractarios a la rendición de cuentas en materia de servicios de agua, basura y transporte. Empresas productoras de bebidas, contrarias a minimizar envases y a responsabilizarse de su acopio y reciclaje. Empresas que son grandes consumidoras de energía y que temen perder competitividad. Organizaciones empresariales tradicionales. Legisladores de visión corta (casi todos) que ven en los cambios mayores costos políticos que los que significa mantener el estatus quo. Importadores de vehículos chatarra de los Estados Unidos, y las organizaciones que de ello se benefician. Empresas automotrices que no aceptan regulaciones de emisiones de CO2 en los vehículos nuevos.  Nosotros mismos, los consumidores, que no queremos pagar impuestos ni sobreprecios, ni cambiar nuestros hábitos de consumo, ni el tipo de vehículos que usamos, ni el lugar donde vivimos. Esto, lo saben los políticos que nos representan, lo que impone un anillo férreo de inmovilidad.

Todo este listado  revela que la economía verde requiere de su propia economía política. No basta con invocarla, sino que es necesario indagar sobre los cómos, y también sobre quiénes la apoyarían y porqué, y  quiénes la resistirían y sus razones. Será necesario identificar claramente sus intereses, y pensar en mecanismos eficaces de persuasión, pedagogía pública, y de negociación y compensación. Indispensable es también explorar fórmulas para reducir las tasas de descuento de los políticos (para que valoren más el largo plazo), y que los hagan percibir que hay mayores beneficios en modificar el estatus quo, que en conservarlo rabiosamente. En la base, habrá que extender y profundizar los cambios en las preferencias y cultura de los consumidores/ciudadanos, para legitimar a la economía verde como expresión mayoritaria tanto a través de los mercados, como del sistema de representación política.

MEDIO AMBIENTE, JAQUE A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Hacer política ambiental con frecuencia equivale a hacer política industrial. La ausencia de regulaciones en México sobre emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos abre la puerta a autos y camionetas chatarra de Estados Unidos, de acuerdo a las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La principal industria del país, la automotriz, sufre entonces competencia desleal, y una (literalmente) sucia embestida que amenaza al crecimiento económico y a la generación de empleos. Ni más ni menos. La exigencia al Gobierno Federal de expedir cuanto antes normas oficiales mexicanas de emisión de CO2 por kilómetro (en realidad, normas de eficiencia energética), tanto a vehículos nuevos como usados, no deriva sólo del imperativo de combatir el calentamiento global y de mejorar la calidad del aire. También pretende evitar un enorme daño a la planta industrial. Y no se trata sólo de la expedición de las normas oficiales mexicanas correspondientes, sino de crear la infraestructura necesaria de inspección y vigilancia para impedir que vehículos altamente contaminantes e ineficientes ingresen y circulen en el  país.

En días pasados, la Secretaría de Economía expidió un nuevo decreto que flexibiliza la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, que ahora podrán tener menos de 10 años de antigüedad. Sólo se les impondrá un 10% de arancel que es insignificante como disuasivo o como compensación por los impactos ambientales que generan. (Al menos la recaudación de este arancel debiera etiquetarse para financiar un sistema eficaz de inspección y vigilancia, si es que algún día el Gobierno Federal emite la normatividad correspondiente). Se trata de autos y camionetas desechados en aquellos países por su pésimo estado mecánico, obsolescencia general, consumo voraz de combustible, y ostentosas emisiones de contaminantes y de CO2. Los subsidios a la gasolina que otorga nuestro Gobierno Federal hacen atractiva la importación y el uso de tales vehículos. Sin subsidio, probablemente este problema desparecería en forma casi automática.

Algún economista podría argumentar que la importación de autos chatarra a precios bajos es una decisión soberana de los consumidores en busca de un mayor bienestar, y que por tanto en aras de la eficiencia económica, debe respetarse. Sin embargo, sería un argumento por lo menos parcial y por lo más, tramposo, ya que no consideraría los subsidios a la gasolina ni los tremendos costos externos (externalidades) e impactos en bienes públicos clave como la calidad del aire y la estabilidad climática, independientemente del efecto nocivo de tales vehículos en la imagen urbana.

El caso es que con la vía libre a la importación de vehículos usados y con los subsidios a la gasolina, la frontera mexicana se ha convertido en un sumidero de chatarra rodante, que de otra forma hubiera terminado re-fundida en hornos siderúrgicos de arco eléctrico para la manufactura de nuevas piezas de acero. Es posible que la eliminación  de la tenencia el próximo año agrave el problema.

Ciertamente, no es viable pensar en ir contra las reglas del Tratado de Libre Comercio, pero sí es fundamental urgir a las autoridades ambientales del país a que hagan su trabajo, por años anunciado y pospuesto. La normatividad sobre emisiones de CO2 o eficiencia energética incluso está prevista y comprometida quizá como una de las pocas acciones verdaderamente relevantes – como instrumento regulatorio real de política pública – en el  llamado PECC (Programa Especial de Cambio Climático), que ha sido la etiqueta de política climática de la actual administración.  Es claro que esta normatividad sería uno de sus escasos legados posibles, en una materia – como la ambiental – que se ha vaciado de contenidos.