Subsidios: exigir a los candidatos pronunciarse

No debe permitirse a los candidatos transitar al día de la elección con un discurso vacuo. Los ciudadanos hemos permitido que se nos trate como párvulos que reaccionan sólo ante estímulos visuales, percepciones subjetivas sobre la personalidad de candidatos, simbologías mercadotécnicas, y frases prefabricadas en torno a lugares comunes. Nuestra aversión al conflicto es casi genética; como lo ha señalado recientemente Joaquín Villalobos en su brillante ensayo publicado por Nexos. Pero el conflicto y la confrontación abierta son indispensables, en el marco de la ley, tanto para derrotar al crimen organizado como para avanzar con ideas tangibles hacia una democracia con resultados. Exijamos a los candidatos confrontar ideas, y entrar al debate público con argumentaciones coherentes. Sobre todo, en uno de los temas torales de la agenda nacional, donde se anudan definiciones sobre política fiscal, energética, de distribución del ingreso, urbana, ambiental y climática, y aún de competitividad, empleo, inversión y desarrollo económico. Se trata de los subsidios a los energéticos.

Ya un candidato se ha pronunciado enfáticamente por mantener y acrecentar todos los subsidios, aunque no le cuadre la aritmética del gasto público y la recaudación... Allá él, pero es un avance. Tal vez eso le haga ganar la elección, junto con sus otras propuestas sugerentes (por decir lo menos) de construir refinerías que perderían dinero, hacer un sólo gran monopolio en petróleo y electricidad, construir trenes "bala", eliminar el IETU, y  resucitar Luz y Fuerza para entregarla al SME.

Al pronunciarse sobre los subsidios, los candidatos deberán ensamblar una narrativa integrada, que seguramente complicaría sus estrategias de campaña, pero que sería indispensable para la funcionalidad adulta de nuestra democracia. Tendrían que advertirnos que somos el único país de la OCDE que subsidia los combustibles automotrices, y que en América, por ello nos equiparamos a Venezuela y a Ecuador. Deberán hablar de su monstruoso volumen, que entre gasolinas y diesel, y electricidad supera en promedio 250 mil millones de pesos, lo que representa casi el 7% del gasto público y supera el 1.5% del PIB. También, de su obsceno costo de oportunidad; ya que estos subsidios rebasan en 20% al gasto total en educación; superan a los presupuestos combinados para salud, defensa, seguridad, y ciencia y tecnología; significan casi cinco veces el presupuesto de medio ambiente y agua; y, sobrepasan a los presupuestos conjuntos de comunicaciones y transportes, desarrollo social, marina, y procuración  de justicia. Deberán decir que de mantenerse, en diez años el gobierno se verá imposibilitado de pagar las pensiones (como lo ha señalado Carlos Urzúa, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM). Tendrían que revelar su injusto impacto social, en la medida en que, especialmente los subsidios a los combustibles automotrices, son apropiados en su gran mayoría por los deciles más altos de ingreso. De hecho, deberán reconocer que cada narco-camioneta SUV de ocho cilindros (como las que seguramente utilizan) recibe un subsidio mensual promedio de 1,840 pesos, mientras que una familia muy pobre de cuatro integrantes recibe al mes apenas 1,480 pesos del Programa Oportunidades, de acuerdo a la misma fuente. Hablarían  de los perversos efectos ambientales y climáticos de los subsidios, que al promover el derroche y la ineficiencia energética son el principal motor que hace crecer a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos harán ver la lógica obtusa de los subsidios en un país cuyas reservas probadas de petróleo disminuyen, y que en algunos años se convertirá en importador neto de crudo. Ya sobre este aceitado carril argumentativo, les pediremos que se pronuncien sobre qué hacer con los recursos liberados, y también, que opinen sobre un carbon tax a los combustibles automotrices, que llevaría sus precios a niveles como los que se observan en Brasil, en Perú y en países Europeos (lo cual recaudaría unos 600 mil millones de pesos).  Esperaríamos que entonces, propusieran bajar el ISR a empresas y personas físicas (digamos al 15 -20% máximo),  y aumentar considerablemente el gasto en sectores estratégicos para combatir la pobreza, y para la competitividad y el desarrollo económico sostenible del país. ¿O vamos a escuchar sólo ñoñerías engoladas los próximos meses?

El programa económico de la izquierda

Sólo uno de los precandidatos presidenciales  ha tenido la audacia de revelar políticas y proyectos específicos que emprendería en caso de llegar a la presidencia de la República. Debemos agradecérselo; es el candidato de la izquierda. Su programa económico consiste en:  a) aumentar los subsidios a los combustibles automotrices e industriales, al igual que a la electricidad; b) mantener la prohibición de inversión privada en PEMEX, y fusionarla con CFE en un solo monopolio estatal; c) construir cinco nuevas refinerías; d) construir al menos dos trenes "bala"  (entenderíamos que son trenes de alta velocidad al estilo TGV o AVE, ya que el precandidato de la izquierda ha revelado  que irían a "300 kilómetros por hora"); e) eliminar el IETU; y,  d) no crear nuevos impuestos. De cualquier forma, y aunque no pueda tomarse demasiado en serio, es loable que inaugure en las campañas políticas  la expresión de contenidos tangibles.

El subsidio a las gasolinas y al diesel fue de 165 mil millones de pesos en 2011.  Entonces, suponiendo que duplica el subsidio para reducir los precios de la gasolina y el diesel, digamos, a seis pesos por litro en promedio, y  que el nivel internacional de precios se mantiene constante, durante su gobierno se destinarían unos 330 mil millones de pesos anuales a ese fin. Los subsidios a la electricidad montan aproximadamente 100 mil millones de pesos anuales. Supongamos que serían aumentados al doble, para que valga la pena, lo que ascendería a 200 mil millones de pesos anuales. Todo lo anterior, sin contabilizar los subsidios al gas natural que ha prometido a la industria.

Las refinerías cuestan alrededor de 10 mil millones de dólares cada una, o 130 mil millones de pesos. Como todo el mundo sabe, en la actualidad las refinerías no son rentables u operan con márgenes estrechísimos (el negocio es la extracción del petróleo). Por tanto, en cierta forma, podría considerarse un subsidio adicional. En total, los recursos asignados a las refinerías ascenderían a 650 mil millones de pesos, que anualizados en seis años resultan en 108 mil millones de pesos.

Por su parte, uno de los trenes "bala" iría de Palenque a Cancún (!) y  se extendería por 742 kilómetros (evidentemente no sería rentable, y por lo tanto también podría considerarse su costo como un subsidio)  e implicaría un gasto de aproximadamente 11 mil millones de dólares, o sea, 143 mil millones de pesos, de acuerdo a los costos estimados de inversión por kilómetro en trenes de alta velocidad en Japón, Francia, Alemania y España (unos 15 millones de dólares por kilómetro).  El otro tren "bala" iría del centro al norte del país  recorriendo al menos 2,500 kilómetros y tendría un costo de 37 mil millones de dólares, equivalentes a 487 mil millones de pesos. El costo anualizado de ambos sería de 105 mil millones de pesos. 

En materia fiscal, la eliminación del IETU significaría que las arcas públicas quedarían privadas de unos 60 mil millones de pesos anuales, que no serían compensados por otro impuesto en virtud de la promesa de no crear nuevos gravámenes.  Tenemos entonces que el costo de la nueva política económica de la izquierda, incluyendo todos los subsidios prometidos, las cinco refinerías, los dos trenes "bala", y la eliminación del IETU, equivaldría a la cifra cabalística de un poco más de 800 mil millones de pesos anuales, o el 22% del gasto público total referido a 2012.

Como fuentes de financiamiento para su programa económico el candidato de la izquierda propone  reducir los salarios de los funcionarios y empleados públicos a la mitad, medidas espartanas de austeridad, y  la eliminación de la corrupción y de privilegios fiscales - no ha dicho a cuáles se refiere, ni cómo piensa abolirlos.  Él calcula (no sabemos cómo) que le generarían los 800 mil millones de pesos necesarios.  Habría que considerar también otros costos de este programa, como la depauperación del capital humano y físico del gobierno así como de sus capacidades operativas (como ocurrió en el GDF), consecuencias regresivas sobre la distribución del ingreso, e implicaciones que se anticipan desastrosas en materia de sustentabilidad y medio ambiente, y sobre la competitividad  del país.  Esperemos que dicen los otros contendientes. 

La economía verde y sus enemigos

La idea de una economía verde va prendiendo en nuestra hojarasca mental. No hace falta describirla, todos la intuimos. Una traducción elocuente pero más engorrosa y menos carismática sería: economía baja en emisiones de carbono y compatible con la conservación. Implica privilegiar la energía renovable y la eficiencia energética, una deforestación cero, la conservación de la biodiversidad en tierra y en el mar, ciudades inteligentes y sustentables, minimización y reciclaje de residuos, y uso eficiente del agua. Eso es todo; nada más, ni nada menos. Nadie podría oponerse ¿o sí? Pues sí. La economía verde tiene muchos enemigos, y muy poderosos. Y es fácil entenderlo. Hacer realidad una idea tan sencilla y sugerente como la de una economía verde entraña sin embargo decisiones e instrumentos de política pública difícilmente digeribles para numerosos intereses creados y estructuras mentales o ideológicas. ¿Qué decisiones? Eliminación de subsidios a la gasolina y a la electricidad, impuestos al carbono en la gasolina y el diesel, reducción paralela del ISR en una reforma fiscal verde, inversión privada y mercados en el servicio púbico eléctrico, primas o feed in tariffs para productores privados de energía renovable,  inversión privada en PEMEX, contratos de conservación con propietarios de tierras, eliminación de subsidios al campo como PROCAMPO y PROGAN o su transformación en Pagos por Servicios Ambientales, más Áreas Naturales Protegidas en tierra y en el mar, acelerar el proceso de urbanización y cambio radical en  INFONAVIT para hacer ciudades compactas y verticales, regulación federal de servicios públicos en gobiernos locales, pago pleno de servicios públicos y subsidios focalizados sólo en forma de vales, sistemas de depósito reembolso y regulación de envases y embalajes, y topes y mercados de emisiones en ciertas ramas industriales. ¿Quiénes son los enemigos de todo esto? ¿Quiénes resistirían con todas sus fuerzas la aplicación de estas medidas?

La lista es larga: Partidos de izquierda (la que conocemos en México, no la que muchos suponen que existe). Nacionalistas revolucionarios. Demagogos que ofrecen reducir los precios de los combustibles automotrices, y sus feligreses.  Sindicatos de CFE, PEMEX y de otras entidades de gobierno. Los maestros de la CNTE. La derecha populista azul. La burocracia monopolista paraestatal. Dirigentes de organizaciones campesinas. La burocracia de SAGARPA y  productores agropecuarios. Armadores y pescadores.  Muchas ONG´s. El establishment de vivienda encabezado por INFONAVIT.  Presidentes municipales refractarios a la rendición de cuentas en materia de servicios de agua, basura y transporte. Empresas productoras de bebidas, contrarias a minimizar envases y a responsabilizarse de su acopio y reciclaje. Empresas que son grandes consumidoras de energía y que temen perder competitividad. Organizaciones empresariales tradicionales. Legisladores de visión corta (casi todos) que ven en los cambios mayores costos políticos que los que significa mantener el estatus quo. Importadores de vehículos chatarra de los Estados Unidos, y las organizaciones que de ello se benefician. Empresas automotrices que no aceptan regulaciones de emisiones de CO2 en los vehículos nuevos.  Nosotros mismos, los consumidores, que no queremos pagar impuestos ni sobreprecios, ni cambiar nuestros hábitos de consumo, ni el tipo de vehículos que usamos, ni el lugar donde vivimos. Esto, lo saben los políticos que nos representan, lo que impone un anillo férreo de inmovilidad.

Todo este listado  revela que la economía verde requiere de su propia economía política. No basta con invocarla, sino que es necesario indagar sobre los cómos, y también sobre quiénes la apoyarían y porqué, y  quiénes la resistirían y sus razones. Será necesario identificar claramente sus intereses, y pensar en mecanismos eficaces de persuasión, pedagogía pública, y de negociación y compensación. Indispensable es también explorar fórmulas para reducir las tasas de descuento de los políticos (para que valoren más el largo plazo), y que los hagan percibir que hay mayores beneficios en modificar el estatus quo, que en conservarlo rabiosamente. En la base, habrá que extender y profundizar los cambios en las preferencias y cultura de los consumidores/ciudadanos, para legitimar a la economía verde como expresión mayoritaria tanto a través de los mercados, como del sistema de representación política.

BIOCOMBUSTIBLES ¿PERO QUÉ NECESIDAD?

Los biocombustibles de origen agrícola son más caros que la gasolina y el diesel, y sus aditivos afines (como el MTBE), por lo que requieren de subsidios cuantiosos. En el  escenario  global es incierto el momento del Peak Oil (punto en el que la producción de petróleo empieza a declinar). Hay en el mundo petróleo suficiente para varias décadas,  y abundancia de gas natural (convencional o de esquistos) para el resto del siglo. Los biocombustibles no reducen significativamente emisiones de gases de efecto invernadero, si consideramos la deuda de carbono por cambio de uso del suelo, emisiones de N₂O (gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el CO2) por fertilizantes, y el consumo energético en su producción (Fargione, J. 2008. "Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt”. Science, February 29). Inducen directa o indirectamente la deforestación, y compiten por la tierra contra los alimentos, la biodiversidad y el almacenamiento de carbono en ecosistemas forestales (World Bank. 2010. The Impacts of Bio-fuel Targets on Land Use and Food Supply. Policy Research Working Paper). Introducir en la ecuación de demanda de tierra, además de alimentos, biodiversidad, carbono, recursos forestales y otras...... a los biocombustibles, es insano.  Se contrapone al imperativo de mantener nuevas reservas de tierra para alimentar a una población creciente (10,000 millones en el planeta y 150 millones en México hacia el 2050). La producción de biocombustibles agrícolas  exacerba la demanda de agua para riego, y el agotamiento de recursos hídricos, así como la contaminación de suelos, ríos y mares con fertilizantes y plaguicidas. Y, el motor de combustión de interna – tecnología con más de 150 años de antigüedad – dejará su sitio a los modernos  motores eléctricos. Entonces, como dice Juan Gabriel: ¿pero qué necesidad?

Podrá argumentarse que los vehículos eléctricos también tienen emisiones de gases de efecto invernadero, atribuibles a las plantas termoeléctricas que los alimentan. Sin embargo, esto depende de la estructura de generación de electricidad en cada país, o sea, de qué tanto contribuyen los combustibles fósiles como el gas natural, el carbón o el combustóleo, con respecto a la energía nuclear, eólica, hidroeléctrica y otras renovables.  Por ejemplo, en Brasil (dominado por la hidroelectricidad) y en Francia (nuclear), las emisiones indirectas de un vehículo eléctrico son casi  depreciables. Pero aún en el peor de los escenarios (carbón, como en Australia), la eficiencia termodinámica de un motor eléctrico es superior a la de un motor de combustión interna, y por tanto, sus emisiones imputables son menores. Lo anterior, independientemente de que, en el mundo (y en México), tiende a aumentar relativamente la generación de electricidad con gas natural (bajo en carbono) y con fuentes renovables. Todo ello hará que se reduzcan aún más las emisiones de un vehículo eléctrico.

Algunos estudiosos apuntan que en México hay millones de hectáreas de pastizales ganaderos poco productivos, y que ahí podría cultivarse caña de azúcar para etanol. Si están así, es que no es rentable darles otro uso, lo cual quiere decir que habría de crearse una demanda artificial (por parte de Pemex) y subsidiar la producción de caña de azúcar y etanol. Sinceramente, si vamos a subsidiar todavía más al campo, mejor hagámoslo para generar bienes públicos: restauración de la biodiversidad,  mantener una reserva de tierra para la expansión en la producción de alimentos, y captura de carbono. El petróleo salvó a las ballenas de la extinción en el siglo XIX, perseguidas por su aceite y grasas entonces usados como combustibles.  No volvamos a exigirle a la biósfera resolver nuestros problemas energéticos. ¿Pero qué necesidad? La normatividad de emisiones de CO2 para vehículos – inexistente en México –  la eliminación de subsidios a los combustibles y un carbon tax, es la fórmula más eficiente de desplazar su consumo y reducir emisiones.

PEMEX, CHIAPAS, Y LOS BIOCOMBUSTIBLES

PEMEX insiste en licitar la compra de etanol para mezclarlo con gasolinas, mientras el gobierno de Chiapas presume a tambor batiente la producción de biodiesel de jatrofa (Jatropha curcas) para sus autobuses en Tuxtla Gutiérrez y para un vuelo promocional de conocida línea aérea. En ambos casos se trata de un delirio injustificable, muy caro, sin futuro, y en potencia devastador para el medio ambiente. Lo nutren probablemente, en el primero, la presión de grupos de interés y la impronta por ganar tardíamente algunas clientelas políticas. En el segundo, quizá una desinformada buena fe, o esnobismo provinciano mezclado con populismo rural.

Ningún tipo de biocombustible podrá sustituir significativamente a las gasolinas y al diesel. La demanda de tierra de los biocombustibles agrícolas impone una competencia apabullante para alimentos y ecosistemas. Considérese al etanol norteamericano de maíz, que acapara el 30% de la cosecha de ese cereal en Estados Unidos. También, al etanol brasileño de caña de azúcar, y al biodiesel de palma del sudeste asiático importado por Europa: han arrasado decenas de millones de hectáreas de bosques tropicales  (directa, o indirectamente por desplazamiento de otros usos del suelo), sólo para contribuir a una pequeña fracción del consumo total de combustibles automotrices en el mundo. Para no perder el norte, reconózcase que para sustituir por etanol de caña de azúcar toda la gasolina que se consume en México se requeriría más de la mitad de la tierra cultivable del país (9 o 10 millones de hectáreas). Para hacer lo propio con el biodiesel de jatrofa, sería necesario ocuparla toda.  Sustituir con etanol sólo el 6% de la gasolina consumida en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara (como pretende PEMEX), exigiría una superficie mucho mayor al área total del Distrito Federal.

La producción significativa de biocombustibles implica que la biodiversidad y los alimentos se destinen, literalmente, a quemarse en los motores de nuestros vehículos, sin beneficio apreciable en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, y con un rendimiento energético (etanol) menor a las dos terceras partes de lo que ofrecen los  combustibles de origen fósil. Por añadidura, son más costosos; requieren de fuertes subvenciones, como lo saben bien tanto PEMEX como el gobierno de Chiapas – y  el gobierno norteamericano que destina cada año casi seis mil millones de dólares a subsidiar el etanol.  Un litro de biodiesel de jatrofa puede costar hasta 25 pesos, mientras que el etanol mexicano es un oneroso capricho, más aún por los altos precios de la caña nacional y del azúcar en el mercado internacional.  Dirán que la jatrofa se cultiva en tierras degradadas; pero tales tierras tienen un alto costo de oportunidad ecológico, o incluso en términos de producción de alimentos con cultivos y técnicas adecuadas de restauración de suelos, de ser ese el caso. Por lo demás, su producción implica fuerte contaminación ambiental,  agua, fertilizantes y plaguicidas, y desde el luego….   energéticos fósiles.

Dirán otros, que apostemos a los biocombustibles celulósicos, de algas, o de microorganismos genéticamente modificados o diseñados ex profeso. Pero, ninguno de ellos ofrece una perspectiva comercial y de escala viable (ver Scientific American de agosto). Las enzimas para los primeros son carísimas, y el proceso biológico para romper la lignina y transformar la celulosa de las plantas en azúcares es muy lento. Las algas son presa de enfermedades y contaminación, tapan los reactores, crecen con lentitud desesperante, los nutrientes son muy costosos, y es muy difícil filtrar o extraer el biocombustible que producen. Y, la ingeniería genética para producir microorganismos con las aptitudes esperadas ha resultado ser abrumadoramente compleja. Mejor, señores de PEMEX y del gobierno de Chiapas, apostemos a la eficiencia energética, a eliminar los obscenos subsidios a los combustibles, y a acelerar el advenimiento de los vehículos eléctricos.

ENERGÍA SOLAR, MONOPOLIO Y COMPETENCIA

El servicio público  de energía eléctrica en México sólo puede ser provisto por el Estado. Es un monopolio, como el existente en materia de hidrocarburos, consagrado por la Constitución. Curiosamente, ambos monopolios son escondidos debajo de la alfombra por  nuestros  anti-monopolistas. Sólo les afligen los monopolios y la falta de competencia en el sector telecomunicaciones; en el sector energético tienen un origen divino y por tanto inatacable. A pesar de que sus consecuencias son iguales o más onerosas para el país, dado el carácter sacro que se les atribuye, no puede haber en México ni debate ni iniciativas políticas o legales para confrontarlos.  

Sin embargo, muy a pesar de nuestro excéntrico catecismo nacionalista, la tecnología se encargará de confrontar a los monopolios en el sector energético,  forzando su desmantelamiento gradual.  En hidrocarburos, lo harán el gas de lutitas o de esquistos (shale gas),  el agotamiento ineluctable del crudo y nuestra transición hacia ser importadores de petróleo, y el advenimiento generalizado de vehículos eléctricos en los próximos lustros. En electricidad, será el desarrollo acelerado de tecnologías competitivas de auto-generación in situ con fuentes renovables, descentralizadas y distribuidas, y sin necesidad de transmisión a través de la red; muy especialmente la energía solar fotovoltaica. Cambiará la naturaleza del servicio público de energía eléctrica. Ya está ocurriendo.

México es un territorio privilegiado en el mundo en disponibilidad de radiación solar, sólo equiparable al suroeste de los Estados Unidos, el norte de Argentina y Chile, el Sahara y la península arábiga, y Australia. Recibimos gratuitamente en promedio 5 kilowatts hora por metro cuadrado al día. En paralelo, los costos de los equipos fotovoltaicos   han caído en picada en los últimos años en una tendencia que sin duda continuará en el futuro, similar a la observada por los dispositivos de procesamiento electrónico de datos. En cuarenta años, el costo de un kilowatt de potencia instalada ha disminuido de casi 100,000 USD a menos de 3,000.

Entre tanto, las tarifas eléctricas aumentan sin cesar en nuestro país, como todos los usuarios lo padecen. Los consumidores domésticos en casas habitación de clase media alta para arriba pagan hoy en día más de $3.5 pesos por kilowatt hora (energía) en tarifas de alto consumo, lo que les llega a significar varios miles de pesos de factura eléctrica al mes. La industria paga tarifas menores (alrededor de $1.40 pesos por kilowatt hora en promedio) pero crecientes, lo que lastra su competitividad y le impone escenarios de gran incertidumbre a futuro.

Irónicamente, sin decirlo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha hecho un trabajo histórico para el desmantelamiento del monopolio en el servicio público de electricidad, y permitir a los consumidores el aprovechamiento directo de las oportunidades que brinda la energía solar. Ha hecho innecesaria la instalación de baterías para el suministro nocturno de fluido eléctrico, gracias a la promulgación de un notable contrato de interconexión: los usuarios producen electricidad solar en el día y la exportan a la red; en la noche toman de ella, y sólo pagan las diferencias netas registradas en medidores bi-direccionales. 

De esta forma, las condiciones fisiográficas del territorio nacional, los avances tecnológicos, las elevadas tarifas eléctricas (que no podrán más que elevarse en el futuro por el mayor precio de los hidrocarburos), y la apertura lograda por la CRE, van a retar al monopolio en el servicio público. De hecho, en estos momentos, sin necesidad de subsidios, puede decirse que la electricidad solar ya es más barata (a costo nivelado) que aquella suministrada por CFE a los usuarios domésticos que pagan tarifas de alto consumo. La inversión se paga en apenas 5 o 6 años. El sol va imponiendo condiciones de competencia en el sector eléctrico.

PARA QUE EL PETRÓLEO SEA NUESTRO

Es un mito que el petróleo en nuestro país pertenezca a todos los mexicanos. En 2011 la renta petrolera apropiada por el gobierno ascenderá a alrededor de 1.3 billones de pesos (millones de millones) dado el aumento en los precios de los hidrocarburos. Esto representará cerca del 40% de sus ingresos y un 8% del PIB. Una parte se gastará, ciertamente, en bienes públicos inapelables como seguridad, infraestructuras estratégicas, y en (cada vez más deficientes) servicios de salud. Sin embargo, una buena proporción va a ser derrochada en salarios para una gigantesca burocracia improductiva, privilegios corporativos  a maestros y otros sindicatos,  en subsidios descomunales a los energéticos, y en cuantiosas transferencias directas a otros grupos de presión como lo hace el PROCAMPO. Ellos son los verdaderos dueños del petróleo mexicano, cuando en principio, cada uno de nosotros tenemos un derecho igual e inalienable a la renta petrolera. Peor, esta asignación de la renta derivada del petróleo es regresiva en materia de distribución del ingreso, dado que es conculcada por los deciles (tramos de 10% de la población definidos de acuerdo al ingreso) más ricos, muy en especial, cuando se trata de subsidios a los combustibles automotores.

Mientras tanto, todavía el 17% de la población vive debajo de la línea de pobreza extrema (pobreza alimentaria), definida por un ingreso inferior a aproximadamente 800 pesos mensuales. La aritmética es rotunda. Si los 1.3 billones de pesos de renta petrolera esperada para 2011 se repartieran como dividendo individual a cada uno de los mexicanos, nos tocarían casi 12,000 pesos anuales, o sea, 1,000 pesos al mes. Una familia muy pobre de cinco miembros, al ser beneficiada por un ingreso de 5,000 pesos mensuales automáticamente dejaría de serlo; incluso, sería elegible para comprar una vivienda de interés social, con una hipoteca garantizada por el propio dividendo petrolero.  El pago del dividendo sería viable en términos operativos y administrativos, gracias a la tecnología informática disponible y a la experiencia adquirida en México con todos los programas de subsidio existentes a través de tarjetas bancarias.  

Desde luego, el gobierno se privaría de un 40% de sus ingresos, lo cual puede no ser recomendable en un país en que el gasto público alcanza un porcentaje muy bajo del PIB (alrededor del 20%), muy atrás del que se observa en la mayor parte de los países de la OCDE. Sin embargo, esta merma sustancial podría ser mitigada de tres formas. La primera, abrogando todos los subsidios a los energéticos, que este año superarán los 300 mil millones de pesos; la población lo aceptaría gustosa a cambio del dividendo petrolero. Segundo, eliminando toda la burocracia que hoy se justifica con el propósito de combatir la pobreza, y buena parte del gasto federal y de las entidades federativas en transferencias y subvenciones a clientelas políticas y grupos de interés (presumiblemente pobres), que ahora sería  redundante. Tercero, compensando el faltante con un IVA generalizado (lo cual también sería aceptable a cambio del dividendo petrolero), y/o con un carbon tax a los combustibles automotrices.

En este esquema, los ciudadanos se sentirían – y realmente serían –  dueños del petróleo, y tendrían el interés primordial de que PEMEX fuera eficiente. Desaparecerían las telarañas ideológicas nacionalistas, y todos, con la visión de maximizar su dividendo petrolero, apoyarían una verdadera reforma en el sector, que lo abriera a la inversión privada y  a la competencia, con un buen sistema de regulación y de cobro de los derechos correspondientes de explotación (o de extracción de renta) a las empresas participantes. Pero que nadie se sobresalte; es sólo una divagación fantástica.