El silencio puede ser revelador; callando se asumen la culpa y la impotencia, o la complicidad. Al dejar que se consume la tragedia de Cuatro Ciénagas, apostándole a la indiferencia y el olvido, la Comisión Nacional del Agua nos ofrece un lamentable espectáculo de conflicto de interés institucional. Los actores son los agricultores de alfalfa de esa región del desierto de Coahuila, proveedores de una emblemática industria lechera. Ellos sobreexplotan, detentan, y agotan los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Como consecuencia, despojan a las lagunas y pozas de Cuatro Ciénagas del líquido vital que ha permitido la existencia de extraordinarios ecosistemas acuáticos, especies y genomas primigenios durante decenas de millones de años. No pasaría de ser un episodio más de disfunción gubernativa, si no entrañara una calamidad ecológica irreversible, y un terrible atropello al patrimonio biológico del planeta. Y si además no conllevara un desacato flagrante a instrucciones y compromisos expresos del Presidente de la República.
La Comisión Nacional del Agua (CNA) atiende a dos clientelas prioritarias: a los organismos municipales operadores de agua, y a los agricultores de distritos y unidades de riego. A ellos se debe, envuelta un permanente conflicto de interés, donde obviamente elude la responsabilidad de regular a ambos. Es un ejemplo palmario de captura regulatoria. A los municipios les concede impunidad en la descarga de aguas residuales urbanas sin tratamiento, fuente primordial de contaminación y degradación ecológica de ríos y de aguas costeras. Violan la ley y la normatividad (NOM-001-SEMARNAT) bajo su mirada paternal, y simplemente no les cobra, o les condona el pago de derechos por medio de diversos programas (PROSANEAR, PAS). CNA no puede ser regulador, estando inmersa en un esquema de relaciones cliente-proveedor con los gobiernos municipales. Se requiere una entidad regulatoria autónoma distinta de la CNA en materia de servicio público de agua potable; al igual que en materia de aguas residuales y contaminación de cuerpos de agua federales (en este último caso debería ser la PROFEPA, si fuera dotada de las capacidades institucionales necesarias).
A los agricultores los atiende en 85 distritos de riego (transferidos a ellos en los años noventas) y en cerca de 40 mil unidades de riego, que ocupan 6.5 millones de hectáreas. Utilizan casi el 80% del agua consumida en México, que para ellos es esencialmente gratuita, y se les libera de toda responsabilidad ante gravísimos problemas de contaminación difusa del agua por plaguicidas y fertilizantes. Sobreexplotan y llevan al agotamiento a más de 100 acuíferos subterráneos estratégicos, entre ellos, el que abastece a Cuatro Ciénagas. La CNA es apoyada en la sobrexplotación de acuíferos por la Comisión Federal de Electricidad, que subsidia anualmente el consumo eléctrico de los agricultores, en el bombeo de aguas subterráneas destinadas al riego, con un promedio de 10,000 millones de pesos anuales. La CNA no puede regular a una clientela política tan importante, menos aún, en el caso de Cuatro Ciénagas, cuando forma parte de un poderoso conglomerado lechero de alcance nacional.
La CNA evade el hecho de que además de usos urbanos, agrícolas, industriales y de servicios, el agua cumple una función ecológica vital, que es abastecer a ecosistemas acuáticos, como Cuatro Ciénagas, que debieran ser considerados usuarios tan legítimos como los demás. No tienen voz, no ejercen presiones, no demandan subsidios, no pagan favores políticos. Nadie los representa ni hay contrapesos institucionales ambientales al establishment agroindustrial. La institucionalidad del llamado sector aguarefleja claramente estas circunstancias e intereses. Sólo reciben interlocución organismos operadores municipales, y organizaciones de agricultores de riego. Son excluidos científicos y conservacionistas, y la propia SEMARNAT, que en teoría encabeza al sector (sólo en teoría). Sin representación y sin regulación, Cuatro Ciénagas está condenado. La CNA calla, paralizada por sus conflictos de interés. ¿Qué valen las instrucciones, promesas y compromisos del Presidente de la República?
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