Debe
esperarse que la acción judicial contra Elba Esther Gordillo se
lleve con transparencia y apego total a las reglas del debido
proceso. La reacción de los medios y de la opinión pública revela
la reparación a un agravio colectivo acumulado durante años,
mientras se perciben señales inequívocas de reconstrucción del
poder presidencial, algo que en muchos sentidos debe agradecerse
después de lustros de erosión, renuncia, vacío y dispersión.
Parado
sobre estas baldosas, el gobierno debe ver ahora hacia adelante y
dar los siguientes pasos, medidos y firmes, en dirección de la
reforma educativa, garantizando las condiciones de gobernabilidad
que permitan su instrumentación eficaz y expedita. Es vital el papel
que en ello habrán de jugar los maestros organizados. Sin una amplia
mayoría de maestros co-responsabilizados en la reforma, ésta es
imposible o quedaría en el mejor de los casos, amputada y diluida.
Los maestros no deben pasar por alto que la rehabilitación política
y social del gremio dependerá de su capacidad de comprometerse
plenamente en los procesos y contenidos de la reforma educativa:
re-estructuración de normales, evaluación, pago y permanencia de
acuerdo al desempeño, modernización curricular, formación y
capacitación, escuelas de tiempo completo, carrera magisterial...
Para
la organización gremial de los maestros la reforma no es una opción,
es una aduana de supervivencia como actor relevante y legítimo en el
escenario nacional. Se tratará de mutar hacia un nuevo sindicalismo
que ve más allá de sus intereses laborales inmediatos, y se asume
como protagonista en la oferta de bienes
públicos de calidad para el siglo XXI, en
este caso, el más importante, la educación pública. Hoy es el
sindicato más grande América Latina, con 1.2 millones de
agremiados. Su fuerza es innegable, y su integridad indispensable
para asegurar que la reforma prospere. También, para la estabilidad
política en distintas regiones del país.
Es
preciso evitar que en esta encrucijada se abran más espacios a
ideologías insanas y destructivas, y al radicalismo violento de
maestros organizados en la CNTE y en las secciones sindicales que
ésta controla. Recordemos que maestros han sido fundadores y
militantes de un gran número de movimientos de subversión en el
país desde mediados del siglo XX: Partido de los Pobres, PROCUP,
EPR, ERPI. Hoy un Estado debilitado cede su soberanía a fuerzas
paramilitares de autodefensa comunitaria, precisamente, en regiones
de exuberante radicalismo magisterial: Guerrero, Oaxaca, Michoacán,
Chiapas, entidades federativas, por cierto, con la peor educación
del país (la correlación no es insignificante). Los maestros y las
normales rurales, evidentemente, no son ajenos a ello. Hay así un
riesgo muy considerable que debe conjurarse. No sólo de estabilidad
y gobernanza, también de que la reforma educativa naufrague.
Contrastantemente,
en todas partes, pero en especial en estados como Aguascalientes,
Nuevo León, Baja California, y Chihuahua, destacan maestros
responsables, bien formados, comprometidos, y con experiencia y
sensibilidad de gestión social. Muchos de ellos están integrados
políticamente en un partido electoralmente pequeño, pero con una
sólida estructura. Sería un error tirar al niño de la bañera con
todo y agua sucia. En las pasadas elecciones federales se hizo
evidente que existe una amplia franja de electores (jóvenes en
especial) inmunes al virus del populismo de izquierda e
insatisfechos con el conservadurismo esclerótico de los otros dos
grandes partidos; esperan fórmulas y candidaturas creíbles,
modernas y creativas. Ahí, hay una oportunidad.