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viernes, 9 de septiembre de 2011

SEGURIDAD PÚBLICA, MITOS


El crimen se ha reducido espectacularmente en Nueva York, en un 80% entre 1990 y 2010, incluyendo el homicidio, la violación, el asalto a mano armada, y el robo de autos (Scientific American. Agosto, 2011). Y nada ha tenido que ver con la pobreza,  ni con el desempleo, ni con el consumo de drogas.  La experiencia de Nueva York confronta y desenmascara a la derecha moralista, y a la corrección política de izquierda (incluida la UNAM; ver su reciente colección de lugares comunes en materia de seguridad pública). Nueva York derrotó a la criminalidad, pero el consumo de drogas no varió significativamente durante el período. La pobreza tampoco se abatió; y el desempleo incluso aumentó. La tasa de detención y encarcelamiento por cada 100 mil habitantes disminuyó después de alcanzar un máximo en 1997. ¿Entonces?

Pueden hacerse conjeturas equivalentes en México. La criminalidad no varía ni en el tiempo ni en el espacio en función de la pobreza de municipios o  entidades federativas, ni tampoco de acuerdo al desempleo. Los estados hechos girones por la delincuencia resulta que tienden a ser ricos y a ostentar niveles bajos de desempleo: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa. La tierra caliente de Michoacán, madriguera de La Familia y de los Caballeros Templarios, no se caracteriza por una honda pobreza relativa. Algunos de los estados más pobres, como Chiapas, Yucatán y Oaxaca, han visto pasar sin mayores rasguños la invasión de la criminalidad. Los pobres y los desempleados no tienden a ser delincuentes, como pregona la izquierda en boca de su Gran Líder  o de su candidato a gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles), quien ha sido capaz, en días recientes,  de justificar y de condescender con delincuentes y asesinos. Tampoco los ricos  son necesariamente santos o ciudadanos ejemplares, como se sigue de las  presunciones de la izquierda mexicana. El haber asumido como doctrina la vulgaridad provinciana de su último mesías, le impide leer datos, analizarlos y obtener conclusiones lógicas. Al resto de nosotros nos ha paralizado una cultura política que desconoce y repudia a la esencia misma del Estado y de la democracia: el uso de su fuerza legítima en defensa de la legalidad. Tal vez nos gana un antiguo romanticismo justiciero, o el resentimiento tramposamente cultivado por excesos ocurridos muchas décadas atrás (1968). O pueden  ser también la desconfianza y el relativismo con respecto a la ley, sembrados desde épocas coloniales.

Poco ayudan la proverbial corrupción,  descrédito y desprestigio social de los cuerpos policiacos, hoy capturados por la delincuencia organizada. Es un juego de espejos: cerramos los ojos a la importancia de la legalidad y del uso de la fuerza legítima del Estado, por tanto, la hemos atomizado en 2,500 cuerpos miserables de policía municipal; festín para la los criminales. Increíble.  Los últimos baluartes: el Ejército, la Marina, y la Policía Federal son denostados, se exige su capitulación o retiro, o se les niega el marco jurídico necesario para su actuación emergente.  Sin cultura de legalidad, y sin otorgar legitimidad absoluta al uso de la fuerza contra quienes violan la ley por la razón que sea, nos persiguen la impunidad generalizada desde arriba hasta abajo, y la descomposición en las reservas morales de la sociedad.


Nueva York no cree en mitos. No predicó lugares comunes de corrección política, ni esperó estúpidamente a que desaparecieran la pobreza, la drogadicción y el desempleo. Abatió la criminalidad gracias a  una policía unificada, más numerosa, capacitada, fuerte y eficaz; y a una actividad policiaca disuasiva, inteligente y abrumadora,  focalizada a través de una estrategia geográfica bajo mandos directamente responsables, y escrutada por medio de datos duros.   Desde luego esto no soslaya la relevancia de políticas sociales para la prevención del delito, ni de la legalización de las drogas; sólo las precede.

viernes, 1 de julio de 2011

EL LADO OBSCURO DEL FEDERALISMO

No sólo son las policías locales – devoradas por la corrupción y capturadas por el crimen organizado –   evidencia de falla en el federalismo mexicano y en la gobernanza local. Lo es también el desempeño municipal en casi cualquier rubro relacionado con la gestión del territorio, y con servicios públicos esenciales. Algo está mal con las reformas hechas al Artículo 115 Constitucional  hace casi treinta años, y que concedieron a los ayuntamientos facultades  virtualmente exclusivas en cuestiones torales para la República. Si bien la debilidad en la gobernanza local se ha revelado violentamente con la implosión de los aparatos municipales de seguridad, hay otras líneas de expresión de enorme gravedad.
 
Una de ellas es el descontrol en la gestión del territorio (facultad municipal exclusiva), que se manifiesta a través de invasiones o de desarrollos caóticos de  vivienda  en áreas periféricas, que se conjugan con la  decadencia consecuente de la centralidad  urbana; fenómeno común a casi todas las jurisdicciones municipales, propias y contiguas a las grandes ciudades. Otra es la gestión deplorable de los sistemas de agua en gran parte de los municipios del país (La Gestión del Agua en las Ciudades de México 2011. Consejo Consultivo del Agua), de lo cual escapan sólo un número reducido de casos virtuosos como León, Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, Tijuana, y algunos más. Una más es la incapacidad recurrente de manejar los  residuos en rellenos sanitarios profesionales, y la proliferación de basura que tapiza  derechos de vía de carreteras, así como ríos, canales,  presas y cañadas. Peor es el vertido de aguas residuales municipales sin tratamiento alguno y la contaminación severa de ríos y aguas costeras. Esto, a pesar de la existencia de normatividad federal específica. En realidad es letra muerta para los gobiernos municipales, que en su gran mayoría la  incumplen olímpicamente; por cierto, al igual que las iniciativas de control de confianza, certificación y coordinación policiaca promovidas desde el gobierno federal.

Después de treinta años de euforia descentralizadora, el federalismo  mexicano está en una crisis de funcionalidad; mucho quizás, tiene que ver el carácter efímero de los gobiernos municipales – sólo 3 años sin posibilidad de reelección.  Es verdad que el propio Artículo 115 Constitucional prevé que los municipios observen leyes federales en  las materias en que se les otorgan facultades exclusivas. Sin embargo  esto es una declaración casi retórica. Por ejemplo, no existe legislación de servicio público de agua que regule a los gobiernos municipales en cuanto a calidad, tarifas, coberturas, eficiencias y desempeño ambiental. Y aunque la hubiese,  probablemente tampoco se haría cumplir, como las normas oficiales de vertido de aguas residuales, y de rellenos sanitarios (NOM 001 y NOM 083, respectivamente). Los programas o planes de desarrollo municipales son  ignorados por ocupaciones ilegales del territorio y por simples actos de corrupción en el otorgamiento de licencias de uso del suelo y de construcción, o por connivencia corporativa con clientelas políticas. Hay que reconocer también, que en la gestión del territorio, los municipios se topan con la caja negra  del mundo agrario mexicano, donde tierras ejidales y comunales, ajenas por completo a la lógica y al poder municipal, son el insumo masivo para  el desarrollo anárquico de vivienda en la periferia urbana. Además, como es sabido,  la incapacidad recaudatoria de los gobiernos municipales (menos de 0.07 del PIB)  por medio del impuesto predial y otros derechos y tarifas locales, les impone un generalizado raquitismo presupuestal, con el que tienden a justificar sus omisiones en servicios públicos y en regulación territorial,  y sus violaciones a la normatividad. No se les premia ni castiga por su desempeño en la distribución de participaciones y aportaciones federales.


Es el lado oscuro del federalismo, a cubierto de la letra constitucional. Se ampara en una paupérrima fiscalidad municipal, y en el  carácter efímero de los gobiernos locales. Se nutre con  la laxitud, temor o renuncia regulatoria del gobierno federal, y con la ausencia de incentivos en los mecanismos de coordinación fiscal.