MORATORIA DE VIVIENDA

INFONAVIT ya cerró un largo ciclo.  Atrás deben quedar décadas de fuerza bruta hipotecaria, donde el éxito se contabilizó a través de la métrica más elemental: millones y millones de créditos otorgados y de casas (es un decir) construidas. Décadas en que se incubó y desarrolló una poderosa industria especializada – la edificación de vivienda popular – , una sofisticada arquitectura fiscal y financiera, y un complejo ecosistema institucional (cuotas  de nómina obligatorias, ONAVIS, OREVIS, SOFOLES, AFORES, bancos, empresas constructoras, proveedores, agentes inmobiliarios, instrumentos bursátiles y de intermediación financiera, subsidios, etcétera). El objetivo parecía intachable, y la lógica redonda. Vivienda para todos los trabajadores en nómina (ahora pretende extenderse también a los informales), al menor costo posible, de tal forma que la hipoteca pudiera ser pagada con una fracción de pocos salarios mínimos. Abaratar costos para llegar a más derechohabientes ha sido la divisa, lo que ha implicado producción y ensamble masivos y en serie, economías de escala, nuevas tecnologías para minimizar el uso de materiales, achicamiento constante en la superficie de las viviendas hasta hacerlas infinitesimales, y… por supuesto, su desplante horizontal en el suelo ejidal más barato posible, permitiendo márgenes razonables por volumen a las empresas desarrolladoras.  Es la vivienda como commodity a granel y unidad de cuenta y foco exclusivo en el desempeño del INFONAVIT. En gran parte, no puede dudarse, ha significado satisfacciones importantes para las familias beneficiadas. Pero ha traído el caos territorial a las ciudades y municipios de México. Las consecuencias son gravísimas, y no aparecen por ninguna parte, ni en los informes del INFONAVIT, ni en los estados financieros de las empresas desarrolladoras. Fanfarria política y utilidades corporativas, pero terribles costos públicos.

Es importante tener a la vista el contexto. Por un lado,  la pérdida de facultades del Gobierno Federal en materia de regulación de los usos del suelo desde las modificaciones al Artículo 115 Constitucional de 1983, la debilidad y corrupción crónica de los gobiernos locales, y la virtual secesión agraria (ejidos y comunidades) de la vida institucional del municipio; el resultado es la ausencia factual de capacidades de ordenamiento y regulación del territorio. Por el otro lado,  la ignorancia en el Gobierno Federal de que las políticas de vivienda son no sólo el nutriente y catalizador del desarrollo urbano, sino su código de estructura y funcionalidad espacial.

La política urbana del Gobierno Federal ha sido la inexistencia de política urbana. Sólo dejar hacer y dejar pasar al INFONAVIT y, bajo su rectoría,  a las empresas desarrolladoras de vivienda popular. Las ciudades “no aguantan más” al INFONAVIT, así. Vaciamiento de los cascos urbanos, dispersión y desorden, lejanía, necrosis del tejido social, suburbanización extensiva, falta de servicios, costos exorbitantes de transporte, predominio de vehículos automotores, ineficiencia energética, mayor consumo de combustibles, más emisiones de gases de efecto invernadero, fealdad deprimente del paisaje, muerte de la vida vecinal y de los gérmenes de sociedad civil, habitación humillante, extirpación del espacio público, pérdida de competitividad de las ciudades, aislamiento y patologías de convivencia, incubación del crimen, abandono de viviendas, desmoronamiento de la gobernanza local, e hinchazón de la cartera vencida del INFONAVIT que anticipa una potencial crisis hipotecaria en México.  Cada nuevo desarrollo de vivienda, y cada nueva hipoteca otorgada en estas condiciones tienen un costo público que es ya inaceptable. El desastre es patente.

INFONAVIT debe parar, y de manera honesta y autocrítica, asumir una moratoria de vivienda. Debe plantearse su fusión con CONAVI, y la creación de una nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que revierta el caos, adquiera y gestione reservas territoriales y repueble las áreas centrales de las ciudades con viviendas verticales en polígonos de actuación urbana, en coordinación explícita con los gobiernos municipales, y en alianza virtuosa con empresas desarrolladoras. Implica, entre otras muchas cosas, cambiar la unidad de cuenta, y que la vivienda deje de ser un commodity.