viernes, 22 de marzo de 2013

GDF, un gobierno con huella propia


Dos  venas sobresalientes de gobierno ha tenido la Ciudad de México en los últimos quince años. Una ha sido la redistribución de ingreso a diversos sectores sociales por medio de una vasta panoplia de subsidios, otorgados con cierta racionalidad pública o con evidente intencionalidad clientelar. Otra, la construcción de grandes obras de infraestructura vial, a cargo del erario o con inversión privada. Parece obvio que ambas venas están agotadas como vehículo eficaz de legitimación. Más aún, cuando en el lado obscuro de tres lustros de administraciones de izquierda se ha gestado la impunidad como patrón de convivencia cada vez más ubicuo; y mientras se ha permitido el   deterioro de infraestructuras y del espacio público, abandonado responsabilidades elementales de intendencia urbana, degradado el capital natural y  valores ambientales  vitales,  y agudizado la escasez de proyectos articulados de re-desarrollo y revitalización del tejido urbano. Es en estas cosas donde podría focalizar su voluntad el nuevo gobierno del Distrito Federal para crearse una huella digital propia adaptada a los verdaderos intereses de la ciudad. Más de lo mismo, no es opción.
Empieza a asumirse una visión de ciudad densa y compacta, eficiente, competitiva y sustentable (agregaríamos, bella). Pero es preciso avanzar de prisa desde ahí, no sólo porque los pasivos heredados intoxican a la opinión pública, sino como  oportunidad para un gobierno local  innovador (que de paso evite un contraste desfavorable con el ritmo casi frenético del Gobierno Federal). Dejando aparte el tema de seguridad pública, primerísimo entre todos, vale la pena apuntar algunos retos estratégicos que el GDF debe asumir plenamente en su agenda.
El primero es estrechar drásticamente los márgenes de impunidad donde se mueven numerosos grupos de interés en perjuicio de la ciudad. En ello, la recién ratificada alcaldesa de Lima, Perú, Susana Villaran, nos ha puesto  ejemplo de arrojo y compromiso en dos aspectos críticos para el DF: una lucha frontal contra el ambulantaje y el comercio ilegal, y, la  erradicación de mafias del transporte público  en el contexto de su  transformación institucional y tecnológica.
En paralelo es preciso crear ciudad. Para ello se requiere una cartera explícita de verdaderos proyectos urbanos, como intervenciones físicas virtuosas en el tejido de la ciudad capaces de relanzar el desarrollo  hacia la verticalidad, la densificación, la recuperación de centros históricos, y  la calidad y funcionalidad de nodos urbanos estratégicos,  en especial, de centros de transferencia modal del transporte. El espacio público debe ser prioritario, como tejido conector de la ciudad y ámbito privilegiado de convivencia social, creador de identidades y de orgullo local, lugar ubicuo de oferta cultural, y activo esencial para los más pobres. Se trata de un esfuerzo masivo por liberar calles, parques y plazas del infame comercio informal; hacer nuevas calles peatonales y áreas deportivas; de rehabilitar aceras, jardines, arbolado  y pavimentos; asegurar iluminación confiable y un aseo urbano minucioso; combatir el grafiti; regular la publicidad exterior;  mobiliario urbano de calidad;  parquímetros...


Algo olvidado pero imprescindible son las zonas de conservación ecológica, parques nacionales, y bosques urbanos, que a gritos demandan su rescate de  manos de la incuria y la corrupción (Xochimilco, Tláhuac, el Ajusco, el Desierto de los Leones, Chapultepec). Y, desde luego, habrá que  continuar ampliando la  infraestructura básica de transporte (metro, Metrobús, túnel a Santa Fe), y de agua, para ofrecer un servicio público de calidad, y proteger a la ciudad contra inundaciones. En todos los casos, son indispensables sólidas capacidades directivas y ejecutoras.

martes, 19 de marzo de 2013

Transformar la SEMARNAT



Hay seis grandes cajones donde caben todos los temas relevantes de política ambiental y de sustentabilidad. Puede decirse que el primero de ellos se encuentra verdaderamente huérfano en México, mientras que los siguientes cuatro son atendidos por instancias distintas a la estructura central de SEMARNAT, quien se encarga razonablemente sólo del sexto y último, a pesar de contar con una notable capacidad ociosa. Urge reformarla. Me explico.
El primer cajón temático abarca a  mares y costas, donde hay  obscuridad de facultades, ausencia de regulación eficaz,  y un vacío de gobernanza y de políticas de manejo integral. Aquí participan CONAPESCA y SAGARPA quienes otorgan permisos y subsidios en un escenario clientelar, y de fragmentación y debilidad institucional; la Secretaría de Marina sin equipamiento ni personal adecuados, ni facultades plenas de vigilancia; y la propia SEMARNAT quien transfiere la gestión (es un decir) de la zona federal marítimo terrestre (como playas) a los gobiernos locales y en algunos casos a FONATUR. El desastre ecológico en nuestros mares está bien documentado.
El segundo  es la biodiversidad terrestre. Aquí, el Gobierno Federal opera a través de la CONANAP y de la CONAFOR, ambas, órganos desconcentrados de SEMARNAT pero con total autonomía técnica. El ordenamiento territorial lo asume la nueva SEDATU  de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El tercero son las ciudades, cuyo medio ambiente y los servicios públicos inherentes son facultades municipales en los términos del Artículo 115 Constitucional. La Federación ahora trata de intervenir a través de SEDATU. Las políticas de vivienda, que codifican la dinámica del desarrollo urbano, también hoy dependen de SEDATU y de manera preponderante, del INFONAVIT y la CONAVI.
El cuarto son las políticas de cambio climático, que en realidad, abrumadoramente,  son políticas de precios  a los energéticos, y/o en las que se aplican instrumentos regulatorios o regímenes de fomento a la energía renovable y a la eficiencia energética. Todo ello corresponde en alguna u otra forma a la SHCP, a la Secretaría de Energía, a la CRE, y a los monopolios paraestatales PEMEX y CFE. Los estudios necesarios ahora son llevados a cabo por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; también, órgano desconcentrado de SEMARNAT.
El quinto incluye a la gestión del agua en cuerpos federales y su oferta en bloque a ciudades, industrias y agricultores, al manejo de cuencas, así como a la regulación en los usos del agua, descargas y contaminación, y a las obras de infraestructura relevantes. Son responsabilidades de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Aunque  órgano descentralizado de SEMARNAT, el poder y presupuesto de CNA superan por mucho a los de la primera.
Y el sexto cajón, para fines prácticos, digamos que está ocupado por una importante temática regulatoria de tutti frutti: evaluación de impacto ambiental de grandes proyectos, residuos industriales peligrosos, calidad del aire, zona federal, cambios de uso de suelo forestal, y vida silvestre. Una sola subsecretaría (¡!) de SEMARNAT tiene bajo su responsabilidad todo este último cajón.
Hay en SEMARNAT otras dos subsecretarías, que honestamente se encuentran subutilizadas en sus capacidades, y cuyas limitadísimas funciones ya no las justifican en esa jerarquía, dado el escenario descrito. Debe aprovecharse la oportunidad, y transformarlas para que una de ellas se haga  cargo integralmente del primer cajón:  de la gobernanza de mares y costas de México.

viernes, 8 de marzo de 2013

Petróleos Mexicanos, Sociedad Anónima


El PRI ha modificado sus documentos básicos para hacerla posible. Todos hablan de ella, unos para anticipar que llegará, otros para buscar rentas a costa del interés público desde la demagogia más aldeana y ramplona. Su importancia trasciende a la propia dinámica del sector petrolero y energético; será una afirmación de liderazgo en el gobierno y de madurez en nuestras instituciones políticas, y el umbral definitivo para dejar atrás el oscurantismo retro que lastra el despegue de nuestro país. Detrás de una reforma petrolera que transforme al régimen monopólico hay imperativos de rectificación histórica, de racionalidad fiscal, de eficiencia económica, de desarrollo tecnológico, de transparencia y rendición de cuentas, y hasta de sustentabilidad ambiental. Poca estructura y carne se ha dado al debate colectivo, es preciso intentarlo.

Propongamos transformar a PEMEX en PEMEX S.A., empresa integrada como sociedad anónima con acciones en la Bolsa Mexicana de Valores adquiridas por inversionistas privados, bajo control del Estado con al menos el 51% del poder de voto en su consejo de administración. PEMEX S.A. tendría un gobierno corporativo transparente y profesional; sería una  empresa global, competitiva y de clase mundial, y capaz de establecer alianzas mutuamente provechosas con empresas nacionales y multinacionales.
PEMEX  S.A. habría de quedar bajo un nuevo régimen fiscal que permita la rentabilidad de la empresa, eliminar pérdidas después de impuestos o derechos, y ofrecer dividendos a sus accionistas. Es por eso que la reforma petrolera y la reforma fiscal son un binomio inseparable. No habría más  subsidios  a la gasolina, y al diesel, y se procesaría fiscalmente una reducción progresiva del pasivo laboral para mejorar los resultados de PEMEX S.A.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) deberá ser fortalecida y asumir plenamente la titularidad sobre todos los yacimientos de hidrocarburos en el territorio nacional, así como su administración, licitación, concesión, y regulación. Con esta premisa, se abriría a la inversión privada y a la competencia toda la cadena de valor en hidrocarburos, reservándose a PEMEX S.A. las áreas donde actualmente tienen lugar actividades de exploración y explotación. Se licitarían  bloques en el resto del territorio, donde PEMEX S.A.  competiría sola o en alianza con otras empresas. Todas pagarían los impuestos y derechos correspondientes para transferir al Estado la renta petrolera.  Para liberar al erario público de cargas y riesgos innecesarios, las nuevas inversiones serían llevadas a cabo por PEMEX S.A. o por empresas privadas con sus propios recursos, mediante solicitud de permiso a la CNH. La nueva infraestructura sería propiedad de las empresas  en todos los segmentos de negocio, exploración y producción, refinación, petroquímica, gas, transporte y distribución. Obviamente PEMEX S.A. podría incursionar a otros países y mercados, sólo o en alianza, y financiaría sus actividades principalmente a través de la colocación de acciones en bolsa, inversión privada directa, y operaciones con mercados financieros nacionales e internacionales.
Otros puntos torales de la reforma serían el desarrollo tecnológico, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una regulación ambiental estricta sobre la explotación en aguas marinas y en yacimientos de lutitas o esquistos (shale gas y shale oil), y la disposición de una buena parte de la renta petrolera en un fondo soberano de inversión a largo plazo supervisado por el Banco de México. Es claro que reforma petrolera no equivale a reforma energética, falta el sector eléctrico...