Hace más de una década, estalló una profunda crisis económica en Argentina que todos recordamos. Un potente disparador fue el sobre-endeudamiento de las provincias, en el contexto de un federalismo desmadejado. En México, apenas es tiempo para tomar lecciones. La deuda de estados y municipios comienza a tocar claves de escándalo en sitios como Coahuila, Acapulco, Chiapas, y Michoacán. El federalismo en nuestro país no sobrevivirá sin un sistema de control de endeudamiento, tenga o no garantía de participaciones federales. Tampoco será funcional si no se logra redistribuir facultades y capacidades fiscales a estados y municipios; esto es, que también cobren impuestos en forma significativa y no sólo gasten lo que recauda el gobierno federal, como virtualmente ocurre en la actualidad en México. El federalismo implica la asunción eficaz de responsabilidades a escala de gobiernos sub-nacionales, y también, la concurrencia virtuosa entre ellos y el gobierno federal en asuntos vitales o estratégicos. Eso no ocurrirá, especialmente, sin abrir el horizonte de decisión de las administraciones municipales más allá de su ingente cortedad de tres años sin reelección inmediata. Pero la crisis del federalismo que se anuncia va mucho más allá del ámbito fiscal y financiero, por no hablar del de seguridad pública.
En efecto, la crisis del federalismo se manifiesta igualmente en un virulento caos en el manejo del territorio y en el desarrollo urbano, que compromete derechos esenciales de la población, así como la sustentabilidad y competitividad de las ciudades mexicanas. El origen jurídico está en reformas culposas realizadas al Artículo 115 Constitucional en 1983, con las que el país quiso expiar el pecado de centralización extrema cometido durante casi todo el siglo XX. Consecuencias adversas de celebradas políticas federales (como en el caso de la vivienda), y la ausencia casi total de regulación federal sobre los municipios, contribuyen a que la descentralización federalista esté haciendo agua también por estas vías.
El texto del Artículo 115 Constitucional concede a los municipios atribuciones en materia de agua (agua potable, drenaje, tratamiento), de residuos, de uso del suelo, zonificación, desarrollo urbano, y licencias de construcción, entre otras. Son casi 2,500 municipios, de los cuales una inmensa mayoría carece de las capacidades, cultura política y condiciones institucionales para asumirlas de manera adecuada o decorosa. Si bien el texto constitucional es explícito en el otorgamiento de facultades, también incluye el mandato de que los municipios las ejerzan observando lo dispuesto en las leyes federales y estatales. Este último se ha mirado de soslayo desde el gobierno federal, suponemos que por confort político o estrechez de visión, por lo que en la práctica se ha desentendido con una oblicua actitud de laissez faire supuestamente federalista. El hecho es que el gobierno federal, por ejemplo, no regula a los municipios en cuanto a la calidad de sus servicios de agua potable, y literalmente se hace de la vista gorda con la polución aguda de ríos, lagos y aguas costeras por descargas de aguas residuales municipales. Tampoco hace cumplir disposiciones normativas en el manejo de residuos. Peor aún, el gobierno federal simple y llanamente carece de políticas o capacidades reales con respecto a las ciudades; es decir, no hay política urbana aplicable a escala federal en un país eminentemente urbano. Es así como atestiguamos y sufrimos el crecimiento espacial horizontal-disperso de las ciudades más allá de toda lógica demográfica y de principios de eficiencia económica y ambiental; fenómeno que por fortuna ya ha entrado a la discusión pública, y a punzar la conciencia de quienes, sabiéndolo o no, lo han inducido. La metáfora médica, aunque lugar común, es quizá insustituible: se trata de un cáncer que mata la centralidad urbana, reduce las densidades, y multiplica metástasis infra-urbanas en la periferia, mientras gobiernos municipales impotentes o corruptos atizan el proceso.
En el curso de esta enfermedad que atrofia y desangra a las ciudades y al país en su conjunto, la superficie ocupada por las ciudades ha crecido mucho más que la población, incluso en un orden de magnitud mayor, como es el caso de la zona metropolitana de Toluca, la cual entre 1980 y el 2010 vio multiplicarse su población poco más de tres veces, pero su mancha urbana más de 26 (sí, 26) veces. En todas las ciudades las tendencias son similares, al igual que los costos de hacerle la vida miserable a millones de personas y familias, mientras el gobierno federal se desentiende. Es una manifestación, entre varias, de la profunda crisis que flota en el horizonte del federalismo mexicano.
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