Los maestros y su partido

Debe esperarse que la acción judicial contra Elba Esther Gordillo se lleve con transparencia y apego total a las reglas del debido proceso. La reacción de los medios y de la opinión pública revela la reparación a un agravio colectivo acumulado durante años, mientras se perciben señales inequívocas de reconstrucción del poder presidencial, algo que en muchos sentidos debe agradecerse después de lustros de erosión, renuncia, vacío y dispersión.

Parado sobre estas baldosas, el gobierno debe ver ahora hacia adelante y dar los siguientes pasos, medidos y firmes, en dirección de la reforma educativa, garantizando las condiciones de gobernabilidad que permitan su instrumentación eficaz y expedita. Es vital el papel que en ello habrán de jugar los maestros organizados. Sin una amplia mayoría de maestros co-responsabilizados en la reforma, ésta es imposible o quedaría en el mejor de los casos, amputada y diluida. Los maestros no deben pasar por alto que la rehabilitación política y social del gremio dependerá de su capacidad de comprometerse plenamente en los procesos y contenidos de la reforma educativa: re-estructuración de normales, evaluación, pago y permanencia de acuerdo al desempeño, modernización curricular, formación y capacitación, escuelas de tiempo completo, carrera magisterial...

Para la organización gremial de los maestros la reforma no es una opción, es una aduana de supervivencia como actor relevante y legítimo en el escenario nacional. Se tratará de mutar hacia un nuevo sindicalismo que ve más allá de sus intereses laborales inmediatos, y se asume como protagonista en la oferta de bienes públicos de calidad para el siglo XXI, en este caso, el más importante, la educación pública. Hoy es el sindicato más grande América Latina, con 1.2 millones de agremiados. Su fuerza es innegable, y su integridad indispensable para asegurar que la reforma prospere. También, para la estabilidad política en distintas regiones del país.

Es preciso evitar que en esta encrucijada se abran más espacios a ideologías insanas y destructivas, y al radicalismo violento de maestros organizados en la CNTE y en las secciones sindicales que ésta controla. Recordemos que maestros han sido fundadores y militantes de un gran número de movimientos de subversión en el país desde mediados del siglo XX: Partido de los Pobres, PROCUP, EPR, ERPI. Hoy un Estado debilitado cede su soberanía a fuerzas paramilitares de autodefensa comunitaria, precisamente, en regiones de exuberante radicalismo magisterial: Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, entidades federativas, por cierto, con la peor educación del país (la correlación no es insignificante). Los maestros y las normales rurales, evidentemente, no son ajenos a ello. Hay así un riesgo muy considerable que debe conjurarse. No sólo de estabilidad y gobernanza, también de que la reforma educativa naufrague.

Contrastantemente, en todas partes, pero en especial en estados como Aguascalientes, Nuevo León, Baja California, y Chihuahua, destacan maestros responsables, bien formados, comprometidos, y con experiencia y sensibilidad de gestión social. Muchos de ellos están integrados políticamente en un partido electoralmente pequeño, pero con una sólida estructura. Sería un error tirar al niño de la bañera con todo y agua sucia. En las pasadas elecciones federales se hizo evidente que existe una amplia franja de electores (jóvenes en especial) inmunes al virus del populismo de izquierda e insatisfechos con el conservadurismo esclerótico de los otros dos grandes partidos; esperan fórmulas y candidaturas creíbles, modernas y creativas. Ahí, hay una oportunidad.

Restablecer Estado de Derecho, prioridad

El Estado de Derecho en México parece difuminado. La piel ya reacciona con escalofrío al sentir  la acidez  de una bruma hobbesiana que nos envuelve. El optimismo económico batiente no alcanza a disiparla. Nos persigue... Pero, si  no es posible, tenemos instituciones sólidas, somos la treceava economía del mundo,  compartimos TLCAN y frontera con los Estados Unidos,  el futuro económico es luminoso, y el estado fallido es sólo una malintencionada patraña. Sin embargo, el Estado abdica en Guerrero, Oaxaca, y Michoacán de su razón existencial: la seguridad y el monopolio de la fuerza legítima. Renace la impunidad violenta de porros en escuelas públicas; se les tolera y premia. Diputados locales en  el DF tuercen la ley para dejar en libertad a vándalos que lapidan el centro de la Ciudad de México.

El crimen organizado embiste  en Guerrero y Morelos, y despliega cabezas de playa sobre la zona metropolitana de la Ciudad de México. Emerge invicto  en la Laguna,  Tamaulipas y Nuevo León, desde donde lanza  un desafío siniestro. El mando único policial en los estados es una promesa bienvenida pero aún incierta.  En Oaxaca, la anarquía y la extorsión expulsan a la inversión privada en energías renovables. Cobran millones y destrozan a su última presa; un proyecto eólico de casi 400 MW, que sería el más grande de América Latina, contribuiría a reducir nuestra dependencia hacia los combustibles fósiles, y abatiría emisiones de gases de efecto invernadero.

Maestros radicales, curtidos en la violencia, y organizados en la CNTE y la Sección 22 en Oaxaca paralizan las escuelas, impiden la modernización de normales, resisten con éxito la reforma educativa, y amenazan son sitiar al estado. Tienen como rehén al gobierno local, y retan con soberbia al gobierno federal. Se consolidan feudos de radicalismo delirante y violento en las escuelas normales de Michoacán y Guerrero. Ahí avanza la descomposición de la educación pública; los padres que pueden envían a sus hijos a escuelas privadas. Esa es la verdadera privatización. Los llamados zapatistas reaparecen y retienen varios municipios chiapanecos al margen de las instituciones y la legalidad.

La reforma judicial no nos alcanza; más de la mitad de los delitos siguen sin denunciarse, el 90% no se persiguen, y sólo el 2% se castigan. Aquí y allá se multiplica la necrosis del estado de derecho: en el espacio público, en los sistemas de transporte urbano, en las playas, en la pesca, en los mares mexicanos, en la explotación forestal, en la disposición final de la basura, y en las descargas de aguas residuales a los ríos.

Todo lo anterior es un conjunto de fenómenos de origen distinto, e inconexos, podrá argumentarse. No obstante, la atmósfera  de impunidad para unos o para otros es la matriz que nutre y reproduce a todos. El estado de naturaleza de Hobbes se asoma al horizonte. Hay que cerrarle la puerta en las narices. Lo que se alcanza a ver después del dintel es aterrador. Que nadie se confunda. Son urgentes las reformas estructurales, y es indispensable recurrir a las artes más diestras de conducción y negociación política, pero  el proyecto nacional más importante es la recomposición de la legalidad, el restablecimiento del estado de derecho, y la lucha contra todo tipo de impunidad y  violencia.

Incertidumbre, nueva política de vivienda

Bien, que se hayan retomado las propuestas de campaña de quien esto escribe sobre nuevas instituciones y reorientación de políticas de ciudades y vivienda.  Se trata de decisiones de gran calado para el futuro del país. Por lo mismo, su aplicación requiere de instrumentos funcionales, y de gran pericia y fortaleza técnica, política e institucional. No sólo están en juego el escenario territorial y urbano para el desarrollo de México, la calidad de vida de la población y la competitividad de la economía, sino la cohesión social y la seguridad. También, la supervivencia de un sector (vivienda) que representa directa e indirectamente alrededor del 6% del PIB, y millones de puestos de trabajo.

Inversionistas y mercados financieros han mostrado un escepticismo implacable ante contenidos, medios, y formatos de los cambios anunciados. El Índice Habita que rastrea el valor accionario de las empresas de vivienda participantes en la BMV (ARA, GEO, URBI, HOMEX, SARE) se desplomó en un sólo día 5.6%, en una caída que en siete jornadas consecutivas acumula una pérdida de 16%. Algunos opinan que es una sobre-reacción, pero el despeñadero viene de muy atrás, cuando los mercados se percataron de que el modelo de construcción masiva y genérica de vivienda infinitesimal fuera de las ciudades estaba condenado al fracaso. Hoy los mercados desconfían de la capacidad de adaptación de las empresas a las nuevas políticas, y anticipan mayor incertidumbre y  complejidad en el ciclo de producción de vivienda, riesgos y burocracia.

No todas las empresas se podrán adaptar; no todas van a sobrevivir. Habrá una selección casi darwiniana de las más aptas, de las menos lastradas con  reservas de tierra  barata  ejidal exo-urbana cuyo valor se ha evaporado (más, si en realidad se aplican las decisiones anunciadas); aunque se les haya dado un plazo de gracia de dos años. (Por cierto, ¿en este plazo se seguirán construyendo palomares dispersos por cerros y potreros, que nadie quiere?). Las empresas tendrán que mostrar audaces mutaciones  para sobrevivir y tener éxito en el nuevo ambiente de política; tendrán que acceder a tierras urbanas y a un nuevo modelo de negocios, dejar de ser  mono-específicas,  y convertirse en versátiles desarrolladoras inmobiliarias.

El gobierno deberá hacer creíbles sus declaraciones, para evitar que el nuevo régimen se empantane en la  confusión y la retórica. Requerirá definir con claridad los objetivos de política: ¿qué tipo de ciudades queremos? Después, delinear y aplicar los instrumentos de vivienda para lograrlos, así como sus alcances y reglas de operación. Será imprescindible esclarecer la nueva arquitectura institucional entre SEDATU, y los organismos nacionales y estatales de vivienda, así como jerarquías, procedimientos técnicos y administrativos, y  protocolos de decisión. Vital será desarrollar en el corto plazo un banco de tierra urbana  mediante compras o expropiaciones (para lo cual pueden usarse los cuantiosos recursos excedentes que genera INFONAVIT), y hacer swaps con ciertas reservas territoriales de las empresas afectadas; de lo contrario, será casi ineluctable la extinción de varias. En lo inmediato, como condición de credibilidad, deberán generarse proyectos intra-urbanos de vivienda y servicios para darles oxígeno a las empresas durante su proceso adaptativo.  Todo esto presupone poderosas capacidades técnicas y directivas en los mandos y personal de SEDATU. ¿Dónde están los urbanistas, arquitectos, y especialistas en finanzas y proyectos inmobiliarios? Desde luego, no en Antorcha Campesina.

La nueva Secretaría, SEDATU

Muy poca atención ha recibido la creación de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Es una lástima. Su apelativo es una declaración muy ambiciosa de propósitos y alcances, por cierto,  vitales para el desarrollo sostenible y la competitividad del país. Ya es tiempo de que empiece a respirar y a moverse en el sentido de honrar su nombre, y de cumplir con las responsabilidades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Ordenamiento territorial. Políticas de ciudades, zonas metropolitanas, asentamientos humanos y centros de población. Regularización de la propiedad. Planeación del desarrollo urbano. Políticas, planeación y programas de  vivienda. Llevar el Registro Agrario Nacional y resolver asuntos de límites en la propiedad rural. Establecer políticas de conservación de tierras y agua. Asumir la administración de terrenos nacionales. Coordinarse con estados y municipios para fines de planeación territorial, urbana y de vivienda. Satisfacer necesidades de tierra para desarrollo urbano, infraestructura y vivienda. Planear del desarrollo sustentable a escala nacional. Crear reservas territoriales para desarrollo urbano. Definir programas de financiamiento. Promover la modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros. Elaborar programas regionales y especiales. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano. Y, ejercitar el derecho de expropiación por causas de utilidad pública...

Como se ve, la tarea que tiene ante sí la SEDATU es formidable, más aún, dados los problemas y desafíos colosales que enfrenta México en las áreas de competencia que se le otorgan. Ya todos sabemos que  las políticas de vivienda seguidas hasta ahora son insostenibles por sus impactos sociales y ambientales, y por  la destrucción del tejido urbano que provocan. Las empresas desarrolladoras de vivienda se encuentran en situación crítica, y con ellas, un sector económico que representa alrededor del 6% del PIB. Los municipios son incapaces de regular los usos del suelo en sus jurisdicciones, y es necesario diseñar nuevas fórmulas (incluso constitucionales) de concurrencia federal para el diseño y aplicación de planes y programas de desarrollo municipal y urbano.  El ordenamiento del territorio pocas veces pasa de ser un ejercicio de gabinete, y debe convertirse en una verdadera matriz de regulación de usos del suelo y de orientación del desarrollo regional .

Prácticamente, no existen políticas metropolitanas funcionales en el valle de México y en otras grandes urbes del país en lo que respecta a usos de suelo, gestión de servicios públicos de agua y de manejo de cuencas, ni en materia de transporte y manejo de residuos. Los municipios se resisten a construir catastros y registros públicos de la propiedad funcionales, y a cobrar impuestos prediales (sólo recaudan el 0.2% del PIB). No existe un banco de tierra o reserva territorial para vivienda y desarrollo urbano. Proyectos estratégicos de infraestructura, en especial de energías renovables (hidráulica, eólica, solar, geotérmica) se enfrentan a serios conflictos, y a una gran incertidumbre contractual con propietarios de la tierra, que los retrasan hasta hacerlos financieramente inviables o los hacen abortar por presiones políticas.

Persisten grandes problemas y conflictos de límites entre núcleos agrarios e incluso entre entidades federativas (como en Los Chimalapas, entre Oaxaca y Chiapas), que provocan inseguridad, violencia y destrucción de recursos naturales. La deforestación de tierras ejidales y comunales sigue cobrándose más de cien mil hectáreas anuales, y no tenemos un sistema público de cartografía satelital o de información geográfica que aproveche las nuevas tecnologías, le de seguimiento anual, permita evaluar políticas de gobierno, y haga que rindan cuentas los responsables.  Han casi desaparecido los terrenos nacionales como consecuencia, durante el siglo XX,  de décadas de privatización a través del reparto agrario (ejidos y comunidades son también propiedades privadas, sólo que sus dueños son muchos, a pesar de que la corrección política quiera ignorarlo). No hay un esquema para recuperar el acervo de terrenos nacionales y administrarlos de acuerdo al interés público. Téngase en cuenta que en México,  incluso las Áreas Naturales Protegidas son eminentemente propiedades privadas, lo que significa retos  extraordinarios para la conservación. Es crucial que la SEDATU coadyuve con la SEMARNAT en ampliar su cobertura notablemente, y en diseñar y aplicar programas de manejo de manera concertada con los propietarios. En el siglo XXI, las instituciones de propiedad agraria (ejidos y comunidades) deben convertirse en sujetos responsables de gestionar  bienes públicos nacionales, como biodiversidad, bosques, selvas desiertos y aguas.

Es urgente que la SEDATU de señales de vida, y que, si va cumplir sus cometidos, al menos  vaya haciendo acopio de los recursos humanos, institucionales y técnicos exigibles.

Turismo, no abaratar la marca México

Son obvias y muy bien documentadas las ventajas comparativas de México como destino turístico, y  su relevancia extraordinaria para la economía nacional. También lo es  la demanda creciente en el mundo por viajar, disfrutar y conocer nuevos lugares, culturas, y ambientes, algo inherente al aumento en los ingresos y a las preferencias modernas de gasto de personas  y familias. Pero lo que importa ahora  en México es hacer del turismo un sector cada vez más competitivo y sostenible a largo plazo, cosa que no está ocurriendo. La competitividad y sustentabilidad del turismo depende por un lado de la calidad de los servicios turísticos, de su especificidad en el mercado global,  y de sus costos relativos. Por el otro lado, de una alta calidad permanente en el  entorno natural y urbano, en valores escénicos y paisajísticos generalizados, y en el desarrollo de componentes de nicho con atractivos contenidos ecológicos.

El  turismo debe crear efectos multiplicadores en las economías locales y regionales en términos de nuevas empresas, productos  y empleos, y generar cadenas de valor cada vez más integradas  y complejas. Por ello, es muy importante eludir hasta donde sea posible y eficiente al turismo de reclusión y de enclave (all inclusive), que inhibe o anula tales efectos multiplicadores. Particularmente, cuando se trata de un producto  genérico no distinguible en la oferta global de destinos de sol y playa (commodity) y de bajo valor agregado, en donde se compite por volumen con precios cada vez menores y márgenes que se erosionan rápidamente. Peor, cuando, en el vecindario pronto se abrirá un equivalente a gran escala, en Cuba, al finiquitarse  la dictadura  por sencillas razones biológicas. Lógicamente, la viabilidad de este modelo queda en entredicho, más aún cuando presupone el abaratamiento progresivo del producto turístico nacional, al igual que de la propia marcaMéxico; junto a la destrucción de negocios y empleos locales, y el abandono y  decadencia de ciudades y pueblos.

En el aspecto ambiental hay igualmente riesgos muy  significativos si las empresas desarrolladoras actúan (como ocurre con alguna frecuencia) de manera contraria a las regulaciones existentes, tanto en la construcción como en la operación de hoteles y otras infraestructuras. Normas más estrictas, una opinión pública inquieta e informada, y el éxito litigioso de numerosas organizaciones ambientalistas son capaces de  hacer abortar inversiones muy cuantiosas. Por ello es fundamental la observancia rigurosa de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de los ordenamientos ecológicos  del territorio; y políticas  de sustentabilidad, en el uso de materiales y energía renovable, diseño arquitectónico,  manejo de agua y residuos, e interacción con ecosistemas y especies, y en su caso, con áreas naturales protegidas, terrestres y marinas.

 La política turística en México no puede reducirse como hasta ahora sólo a promoción mediática y de inversiones, y a la construcción de más polos de desarrollo inmobiliario planeados desde el poder público. Hay suficientes, varios de ellos, inoperantes y fracasados.  De seguir por esta vía, México perderá las oportunidades formidables de formación de nuevas empresas y creación de empleos que representa el enorme y creciente flujo de viajeros nacionales e internacionales; se depreciará como marca y destino; y se evaporarán los márgenes de rentabilidad al competir por precio y volumen en un mercado genérico. Desde luego, tal vía no es sostenible. Es preciso cambiar, y dar un nuevo rumbo al sector turismo en México.

Un modelo integrado de desarrollo turístico con plena articulación económica local implica accesibilidad y conectividad internacional, nacional y regional; condiciones idóneas de seguridad pública; e  infraestructuras locales de  servicios públicos eficientes en materia de manejo de residuos urbanos y tratamiento de aguas residuales para impedir la degradación ambiental de los destinos turísticos. Son cruciales en este modelo, espacios públicos de calidad en pueblos y ciudades estratégicos, al igual que una imagen urbana y arquitectónica coherente, de buen gusto y acorde con historia y la cultura locales, y con las características del medio físico.

En fin, un nuevo modelo competitivo y viable requiere al menos tres cosas. Primera, una estrategia de sustentabilidad ambiental y urbana a largo plazo para el sector.  Segunda, revertir, hasta donde sea eficiente, el esquema al mayoreo de reclusión y de enclave conocido como all inclusive, reintegrando y articulando el hospedaje en hoteles con las economías locales en materia de servicios y nuevos productos. Tercera, transformar FONATUR para que tenga el mandato y la capacidad de invertir en pueblos y ciudades en infraestructuras, espacios públicos, e imagen y equipamiento urbano con un enfoque regional.