Ciudades; talento y competitividad

El futuro de México se dirime en sus ciudades. En realidad, una política exitosa de desarrollo económico es necesariamente una política de ciudades exitosas. Lo hemos repetido de manera incesante: el abatimiento de la pobreza y el desarrollo económico se vinculan de manera inevitable al proceso de urbanización. Sin embargo, México ha carecido de una política nacional de ciudades; muchos políticos y presupuestos públicos siguen anclados en la visión anacrónica de un México bucólico, campesino. Nuestro país debe acelerar la migración rural-urbana, y plantearse que hacia la mitad del siglo más del 90% de la población viva en ciudades, especialmente en grandes ciudades. Alrededor de 400 mil millones de pesos del presupuesto del Estado se destinan a apoyar (subsidiar, subvencionar, otorgar rentas) al campo; ¿cuánto a las ciudades? Ni siguiera se contabiliza de manera explícita. No hay diputados del sector urbano(como los hay del sector campesino) que  exijan presupuestos para infraestructura, servicios, y espacio público de calidad en las ciudades. Veremos qué hace la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Durante mucho tiempo, economistas interesados en economías regionales y urbanas concentraron su atención en la dinámica de localización geográfica de empresas, en la división espacial del trabajo, y en el fenómeno de aglomeración y de formación de clusters o complejos industriales. Es decir, se focalizaron en explicar la concentración o la dispersión de actividades económicas en el espacio geográfico. Hoy los enfoques han cambiado, y es más relevante estudiar a la gente, a las personas o individuos que crean empresas y trabajan en las  industrias o sectores económicos atraídos por las ciudades. Es más interesante, a la luz de la nueva economía de la información, estudiar al capital humano como motor del crecimiento económico, y a las variables que determinan su distribución geográfica en distintas ciudades. Tengamos en cuenta, como decía Robert Lucas (célebre por acuñar el principio de expectativas racionales en economía), que las ciudades funcionan para atraer, reclutar y organizar capital humano y generar enormes externalidades positivas para todos.

Numerosos estudios muestran que la productividad de las personas aumenta considerablemente en grandes aglomeraciones urbanas, y por tanto sus ingresos (desde luego, Edward Glaeser), y que en realidad las empresas tienden a localizarse en ciertas ciudades, clusters o complejos regionales por la disponibilidad de talento y capital humano, y no tanto por el acceso a proveedores o clientes. Las personas o individuos con mayor capital humano (educación, audacia, carácter emprendedor, dispuestas al esfuerzo personal), a su vez, tienen cada vez más movilidad, y buscan ubicarse en sitios o ciudades donde convivan con  otras personas que refuercen su productividad a través del conocimiento y economías de proximidad. Prefieren ciudades que ofrezcan desde luego, trabajo, pero también, buenos servicios, infraestructura, espacios públicos de calidad, belleza, amenidades y oferta cultural, ciertos estilos de vida,  y diversidad,  que les permita insertarse y conectarse con facilidad en el tejido social. O sea, con respecto a este último punto, que existan pocas barreras de entrada al mercado de trabajo y a las redes de convivencia social. Todos los factores anteriores están presentes en distinta medida en cada ciudad y determinan crecientemente la llegada y permanencia de empresas, que a su vez demandan más talento o capital humano en una espiral de incremento en los ingresos de la población.

 En general, las ciudades con un amplio acervo de capital humano serán ciudades donde vivir es algo placentero y estimulante. La belleza urbana y la calidad del espacio público quedan asociadas a la competitividad de las ciudades. Un análisis notable de Richard Florida de la Universidad de Carnegie Mellon, lo documenta y demuestra a través de un ingenioso modelo econométrico basado en conjuntos de variables que representan al talento y capital humano, a la calidad del espacio público y de la vida urbana, y a la diversidad social (como aproximación a bajas barreras de entrada). Las relaciona significativamente en términos estadísticos con la localización de industrias de alta tecnología, y con los ingresos  y nivel de vida de la población. Llama la atención que la diversidad es medida a través de la presencia relativa de parejas homosexuales (gays) como indicador de tolerancia y facilidad o bajos costos de inserción en el tejido social. Los resultados estadísticos son robustos.

En fin, todo esto tiene la finalidad de iluminar la importancia de promover ciudades tolerantes, hermosas, con espacios públicos de calidad, y una buena oferta cultural, como fórmula de competitividad, atracción de talento e inversión privada, ingresos más altos y menor pobreza.  Necesitamos una sólida y ambiciosa política de ciudades.

Reforma educativa; normales, hierro ardiente

Dije durante mi campaña presidencial que en la SEP se requería un verdadero Secretario de Gobernación  para emprender la Reforma Educativa, responsabilidad primera en la agenda del nuevo gobierno, y de formidable complejidad política. Los componentes obligados de la reforma que propuse, en sí mismos son elocuentes de la magnitud del desafío: re-estructura de todo el sistema de escuelas normales; evaluación universal autónoma, carrera profesional meritocrática y remuneraciones de acuerdo al desempeño;  escuela de tiempo completo; instalaciones de calidad; énfasis curricular en pensamiento lógico, matemáticas, informática, valores cívicos, e inglés como segunda lengua; la escuela como espacio de integración social y familiar; y, formación de empresarios y vinculación al aparato productivo. Casi todos los elementos anteriores coinciden con la iniciativa de Reforma Educativa presentada por el Presidente Peña Nieto el lunes pasado. El primero (las escuelas normales) es probablemente la piedra angular de  los demás. Está claro, de acuerdo a la experiencia educativa en México y en el mundo, que la calidad de la educación depende esencialmente de dos cosas: la calidad de los maestros, y el entorno socioeconómico de los alumnos (alimentación, vivienda, ambiente familiar, y educación de los padres; lo que queda fuera del alcance de las políticas meramente educativas).

Pero en nuestro país, es en las escuelas normales rurales y en organizaciones magisteriales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán,  y parcialmente Chiapas,  donde se atrincheran y resisten ferozmente intereses y fuerzas políticas contrarias a la calidad docente.  La historia de las normales rurales se remonta al cardenismo, mientras que la beligerancia reaccionaria de las organizaciones de maestros en esos estados se explica, por un lado,  a partir de una tradicional dinámica radical y subversiva que en ellos se recreó durante la segunda mitad del siglo XX. Por el otro lado, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, signado por el entonces Presidente Salinas de Gortari, los gobernadores de los estados, y el propio SNTE. Tal momento  es importante, dado que, en el contexto del Acuerdo, se entregaron secciones sindicales en esos estados a grupos radicales disidentes hoy agrupados en lo que se denomina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No sólo eso. Por ejemplo, en Oaxaca, el gobierno estatal ha aceptado que los maestros queden al margen de toda evaluación y proceso de calidad promovidos por la Federación, y les ha cedido el diseño y la gestión de la política educativa, así como posiciones clave en entidades  de la administración pública, y salarios y prestaciones privilegiadas, en un permanente juego de chantajes, movilizaciones, bloqueos, paros, y violencia. 

Recuérdese también que en las normales rurales de Guerrero (como Ayotzinapa), además de recurrentes expresiones violentas, se han forjado tanto célebres guerrilleros en los años sesentas del siglo XX, como cuadros actuales del EPR y de su escisión el ERPI, al igual que el no menos célebre Servando Martínez "La Tuta". Éste, fundador y líder de La Familia Michoacana, reciclada ahora en los Caballeros Templarios. Dicho sin rodeos, el magisterio formado en  las normales rurales de Guerrero ha estado asociado a la guerrilla y a organizaciones dedicadas al narcotráfico, y por supuesto, a demandas explosivas de entrega automática de plazas para egresados de las normales.

En Michoacán, no se han quedado atrás los maestros de la CNTE, y han logrado que el gobierno del estado les transfiera rentas jugosas como resultado de una temible extorsión política, lo que hoy ha contribuido a la abultada e inexplicable deuda que dejó la administración anterior de esa entidad federativa, en estos momentos  al borde del colapso financiero. El nuevo gobierno del estado decidió desmantelar redes de corrupción y se rehusó a pagar la extorsión, y ello desató la violencia protagonizada por normalistas michoacanos apoyados por docentes de la CNTE de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, excusados con su oposición a la Reforma Curricular, que pretendía enseñar inglés e informática en las escuelas normales rurales, apenas en agosto de este año. El resultado: robos, secuestros ataques a infraestructura pública, incendio de vehículos,  bloqueos de carreteras, asalto a tiendas y negocios. El gobierno reculó parcialmente, ante la amenaza de una cada vez más extensa coalición entre normalistas y maestros disidentes, y numerosas organizaciones del ecosistema radical y de izquierda  que pueblan el escenario político nacional.

Entonces, el tema de las normales y de la formación de maestros de calidad es vital pero harto complejo políticamente, va mucho más allá de lo estrictamente educativo; es un problema de gobierno, de legalidad y estado de derecho, y de seguridad pública. Hay que afrontarlo.

Pacto por México, ecos y huecos

Bien el Pacto por México. Ya se ha escrito mucho sobre su alto significado político. Pero algo igualmente importante es que este Pacto recoge numerosos contenidos y propuestas generados durante la campaña presidencial, y los plasma como compromisos de gobierno. Así, el proceso electoral parece adquirir en retrospectiva un valioso sentido de argumentación, diálogo y construcción de acuerdos para gobernar. Promete revelar un avance apreciable en la calidad de nuestro sistema democrático.

Resaltan en el Pacto por México, por un lado, las ideas de protección social enarboladas principalmente por la izquierda, como el seguro del desempleo, y las pensiones a adultos mayores de 65 años y jefas de familia. Por el otro lado, es notable cómo el Pacto hace eco de la plataforma electoral y propuestas de otras candidaturas. Vale la pena enunciar algunas: Responsabilidad absoluta del gobierno en política educativa (de ninguna forma es una potestad sindical), la evaluación universal y autónoma, el servicio profesional para maestros, transformación de las normales, escuela de tiempo completo, y la ampliación de la cobertura en educación superior. La cultura como poderoso instrumento de política exterior a través de los Institutos de México (propuestos durante la campaña para llamarseInstituto Octavio Paz). La protección de los migrantes centroamericanos en nuestro país. La cédula de identidad ciudadana. Reformas estructurales hacia la competencia en los sectores energía y telecomunicaciones. El hacer de PEMEX una empresa competitiva con gobierno corporativo eficaz y transparente bajo regulación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El fortalecimiento de la COFECO y de la COFETEL para lograr que sus decisiones sean ejecutables de inmediato y no suspendibles por medio de amparos. La banda ancha e internet como nuevo derecho social del siglo XXI plasmado en la Constitución. La restructuración de los esquemas de coordinación fiscal para dar más responsabilidades recaudatorias a gobiernos locales. Por supuesto, la revisión de los subsidios regresivos a energéticos y al campo. La implantación en todo el país en forma expedita del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. La autonomía y capacidades persecutorias de los órganos a cargo del combate a la corrupción. Y, las policías estatales únicas reflejadas en el compromiso de crear Policías Estatales Coordinadas.

El Pacto por México hace propias otras propuestas de campaña relacionadas con la sustentabilidad. Además de la revisión de los subsidios a los energéticos, es de destacarse que plantea reorientar subsidios al campo en zonas de menor viabilidad agrícola, hacia pagos por servicios ambientales para la conservación de bosques; y habla también genéricamente de un programa de residuos. Sin embargo, el Pacto por México toca la agenda del agua sólo de manera tangencial en puntos aislados como la captación de agua pluvial (?), las coberturas de agua potable, drenaje y tratamiento; sequías, y sorpresivamente, la desalación de agua de mar. Huecos grandes deja el Pacto al soslayar la necesidad de regulación sobre los organismos operadores municipales, el combate a la contaminación de cuerpos de agua, la vigilancia de aguas residuales, el suministro a ecosistemas acuáticos, y especialmente, el agotamiento de los recursos hídricos subterráneos por el riego agrícola en zonas críticas del país.

Definitivamente, los desafíos de la sustentabilidad le quedan muy grandes al Pacto por México; hay omisiones inexplicables, lo que es frustrante en cuanto refleja el desinterés y desconocimiento que los políticos tienen al respecto de ellos. No hay absolutamente nada en el Pacto acerca de los mares y costas de México; nada sobre las ciudades de nuestro país (todas en una grave despeñadero de desarrollo no sostenible), ni sobre las políticas de vivienda; nada sobre biodiversidad, ni ningún compromiso para detener y revertir la deforestación; nada sobre el imperativo de resolver perversiones económicas, sociales, y ambientales en el desarrollo turístico; y algo asombroso, nada sobre política industrial. Todos estos son temas que al parecer quedan fuera del radar, o de la capacidad de acuerdo de los firmantes del Pacto por México.

Otro hueco que debe resaltarse en el Pacto por México es la debilidad en los sistemas de gobernanza local, que enfila a muchos municipios a la quiebra, y no sólo por endeudamiento. Hay una omisión total con referencia al corto período de administración municipal y a terminar con la imposibilidad de reelección de alcaldes, circunstancia que impone horizontes de corto plazo e incita a conductas de rentabilidad política inmediata, ajenas al interés de largo plazo de sociedad. En fin, hay sectores y temas tajantemente excluidos del Pacto por México... Urgiría subsanar huecos y omisiones, o que echemos a andar una fundada preocupación.

Mares y Guardia Costera para México

El 52% de las pesquerías en el mundo están aprovechadas al máximo; casi la tercera parte del total se sobreexplotan  y están en proceso de colapso; cerca del 10% se han agotado comercialmente; y, el 90% de los grandes depredadores marinos han desaparecido (en especial los tiburones) provocando graves trastornos en los ecosistemas. Las proyecciones disponibles apuntan a que hacia la mitad del siglo casi todas las pesquerías comerciales estarán  exhaustas. Habrá algunas excepciones como el atún del Atlántico que aparentemente ha empezado a recuperarse debido a la regulación lograda por el ICCAT (Comisión Internacional para el Atún del Atlántico), en especial,  sobre las grandes flotas pesqueras europeas.

En los mares mexicanos las cifras son similares, pero debe agregarse que más del 40% de la pesca es ilegal, al margen de permisos y concesiones, carente de toda regulación, incluso en Áreas Naturales Protegidas marinas. Los permisos de pesca que otorga CONAPESCA  tienen una vigencia de corto plazo y carecen de  límites territoriales y de cuotas por volumen capturado, lo que los despoja de toda racionalidad ecológica y de incentivos a la conservación, además de que la vigilancia es raquítica y nula en muchos casos.  Las consecuencias ecológicas se exacerban en el escenario de una gran volatilidad o fluctuación cíclica  natural en las poblaciones de muchas especies de interés comercial. Puede afirmarse que el territorio costero y marino de nuestro país es en buena medida un espacio de impunidad y tragedia de los recursos comunes, saqueo de especies e incluso extinción inminente (como la vaquita marina y la tortuga amarilla),  destrucción de ecosistemas, contaminación por aguas residuales, y caos en el manejo de la zona federal marítimo terrestre (incluyendo playas).

Agudizando tendencias, el gobierno mexicano  otorga  subsidios pesqueros  a  combustibles,  a motores y a otros activos, los cuales suman alrededor de 2,400 millones de pesos anuales. Estos se aúnan  a  exenciones fiscales en ISR e IVA, para generar un exceso de capacidad y atizar un esfuerzo pesquero desmedido. Más pescadores y más embarcaciones con motores más potentes y haciendo más viajes, persiguen cada vez menos peces, usando tecnologías o artes de pesca con un gran poder depredador, como las redes de arrastre, las de enmalle, y los palangres kilométricos. Se sobrecapitalizan las flotas pesqueras  sabiendo los dueños o armadores que el Estado los rescatará cuando llegue el colapso.

CONAPESCA se empantana en conflictos de interés (entre el fomento y la regulación) , capturada  por organizaciones de pescadores con gran fuerza política (como ocurría en la antigua SEMARNAP).  Se confunden intereses comerciales con el interés público ambiental; y desde luego, el segundo sale perdiendo. Todos sabemos que el fomento y la regulación deben estar separados.  CONAPESCA tampoco atina a establecer sistemas de gestión y regulación para el aprovechamiento sostenible de pesquerías, como son los ITQ´s (cuotas de pesca y permisos transferibles); santuarios marinos (No Take Zones) y áreas naturales protegidas extensas y bien vigiladas; o los permisos o concesiones sobre un área o territorio marino claramente definido, llamados TURF´s por sus siglas en inglés (Territorial Use Rights in Fisheries). Tales instrumentos de política pesquera crean derechos de propiedad e incentivos y espacios  para la conservación de ecosistemas marinos y reproducción de especies, y han tenido un éxito notable en países que se destacan por el manejo responsable de todas o la mayor parte de sus pesquerías (Nueva Zelanda, Australia, Islandia, Chile, Estados Unidos, y otros, que internacionalmente constituyen el lobby llamado Friends of Fish). 

Por su parte, la zona federal marítimo terrestre se entrega a los municipios con los deplorables resultados que conocemos (ejemplo, playas de Acapulco y Veracruz), mientras las tortugas y sus nidos son exterminados en playas no turísticas, a pesar de campamentos tortugueros que languidecen sin personal, ni presupuesto.  Más todavía, la Comisión Nacional del Agua voltea hacia otro lado mientras los mismos gobiernos municipales violan leyes y normas al descargar en los litorales  aguas residuales altamente contaminadas sin tratamiento, incluso en parques marinos nacionales; no los sanciona ni persigue.

Los mares y costas  no son un sector; constituyen un territorio nacional dos veces y media más grande que el territorio nacional terrestre, hoy, sin gobernanza eficaz. Es urgente establecer un sistema integrado de gobernanza  sobre los mares y costas de México, que asegure su aprovechamiento sostenible y conservación ecológica, lo que debe incluir, por supuesto, la construcción de una Guardia Costera con equipamiento y personal especializado (asimilado de la Armada de México) y facultades plenas de inspección y vigilancia.

Crisis del federalismo mexicano

Hace más de una década, estalló una profunda crisis económica en Argentina que todos recordamos. Un potente disparador fue el sobre-endeudamiento de las provincias, en el contexto de un federalismo desmadejado. En México, apenas es tiempo para tomar lecciones. La deuda de estados y municipios comienza a tocar claves de escándalo en sitios como Coahuila, Acapulco, Chiapas, y Michoacán. El federalismo en nuestro país no sobrevivirá sin un sistema de control de endeudamiento, tenga o no garantía de participaciones federales. Tampoco será funcional si no se logra redistribuir facultades y capacidades fiscales a estados y municipios; esto es, que también cobren impuestos en forma significativa y no sólo gasten lo que recauda el gobierno federal, como virtualmente ocurre en la actualidad en México. El federalismo implica la asunción eficaz de responsabilidades a escala de gobiernos sub-nacionales, y también, la concurrencia virtuosa entre ellos y el gobierno federal en asuntos vitales o estratégicos. Eso no ocurrirá, especialmente, sin abrir el horizonte de decisión de las administraciones municipales más allá de su ingente cortedad de tres años sin reelección inmediata.  Pero la crisis del federalismo que se anuncia va mucho más allá del ámbito fiscal y financiero, por no hablar del de seguridad pública.

En efecto, la crisis del federalismo se manifiesta igualmente en un virulento caos en el manejo del territorio y en el  desarrollo urbano, que compromete derechos esenciales de la población, así como la sustentabilidad y competitividad de las ciudades mexicanas. El origen jurídico está en reformas culposas realizadas al  Artículo 115 Constitucional en 1983, con las que el país quiso expiar el pecado de centralización extrema cometido durante casi todo el siglo XX.  Consecuencias adversas de celebradas políticas federales (como en el caso de la vivienda), y la ausencia casi total de regulación federal sobre los municipios, contribuyen a que la descentralización federalista esté haciendo agua también por estas vías.

El texto del Artículo 115 Constitucional concede a los municipios  atribuciones en materia de agua (agua potable, drenaje, tratamiento), de residuos, de uso del suelo, zonificación, desarrollo urbano,  y licencias de construcción, entre otras. Son casi 2,500 municipios, de los cuales una inmensa mayoría carece de las capacidades, cultura política y condiciones institucionales para asumirlas de manera adecuada o decorosa. Si bien el texto constitucional es explícito en el otorgamiento de facultades, también incluye el mandato de que los municipios las ejerzan observando lo dispuesto en las leyes federales y estatales. Este último se ha mirado de soslayo desde el gobierno federal, suponemos que por confort político o estrechez de visión, por lo que en la práctica  se ha desentendido con una oblicua actitud de laissez faire supuestamente federalista. El hecho es que el gobierno federal, por ejemplo, no regula a los municipios en cuanto a la calidad de sus servicios de agua potable, y literalmente se hace de la vista gorda con la polución aguda de ríos, lagos y aguas costeras por descargas de aguas residuales municipales. Tampoco hace cumplir disposiciones normativas en el manejo de residuos. Peor aún, el gobierno federal simple y llanamente carece de políticas o capacidades reales con respecto a las ciudades; es decir, no hay política urbana aplicable a escala federal en un país eminentemente urbano. Es así como atestiguamos y sufrimos el crecimiento espacial horizontal-disperso de las ciudades más allá de toda lógica demográfica y de principios de eficiencia económica y ambiental; fenómeno que por fortuna ya ha entrado a la discusión pública, y a punzar la conciencia de quienes, sabiéndolo o no, lo han inducido. La metáfora médica, aunque lugar común, es quizá insustituible: se trata de un  cáncer que mata la centralidad urbana, reduce las densidades, y multiplica metástasis infra-urbanas en la periferia, mientras gobiernos municipales impotentes o corruptos atizan el proceso.

En el curso de esta enfermedad que atrofia y desangra a las ciudades y al país en su conjunto, la superficie ocupada por las ciudades ha crecido mucho más que la población, incluso en un orden de magnitud mayor, como es el caso de la zona metropolitana de Toluca, la cual entre 1980 y el 2010 vio multiplicarse su población poco más de tres veces, pero su mancha urbana más de 26 (sí, 26) veces. En todas las ciudades las tendencias son similares, al igual que los costos de hacerle la vida miserable a millones de personas y familias, mientras el gobierno federal se desentiende.  Es una manifestación, entre varias, de la profunda crisis que flota en el horizonte del federalismo mexicano.

Impuesto al carbono

Los impuestos son para financiar al Estado, pero también tienen el efecto de inducir o penalizar conductas, productos o servicios, ya que actúan como incentivos económicos. Lo ideal es que los impuestos sean universales y proporcionales, que tengan un bajo costo recaudatorio, que dificulten la evasión o la elusión, que sean progresivos (que recaigan más sobre quienes tienen mayores ingresos), y que inhiban conductas socialmente indeseables, o bien, que alienten aquellas que son beneficiosas para la sociedad. Los impuestos directos al ingreso como el ISR y el IETU son progresivos, pero muy costosos de recaudar (para el Estado, empresas y personas físicas), además de que es posible evadirlos o eludirlos  de manera generalizada en la extensa economía informal. Lo peor es que representan  un castigo a la inversión, al trabajo y a la rentabilidad de las empresas. Pero al parecer no hay forma de evitar que los gobiernos se financien en una buena parte con impuestos directos al ingreso.  En México hay un impuesto peor (administrado por gobiernos estatales), que es el impuesto sobre nómina. Es decir, entre más empleo genere una empresa, mayor será su carga tributaria...

En contraste, los impuestos indirectos generales recaen sobre el consumo de todo tipo de bienes y servicios, como el IVA. El IVA sólo aplica al valor agregado por cada eslabón en la cadena productiva, por lo que es acreditable; implica también un ejercicio complejo de contabilidad. Regularmente los impuestos indirectos son menos costosos y más fáciles de recaudar, aunque son asimismo vulnerables a la elusión por creatividad fiscal en las empresas, y obviamente, a la evasión en la economía informal. Su efecto distributivo (sobre el ingreso de las personas y familias) puede ser ligeramente regresivo en ocasiones,  aunque esto puede y debe corregirse eficientemente por la vía del gasto público.

En México, los ingresos del Estado serán en 2012 de aproximadamente 2.3 billones de pesos. De ellos, 800 mil millones serán aportados por el binomio ISR-IETU, y 556 mil millones por el IVA. PEMEX contribuirá con 768 mil millones, y otros impuestos y derechos con 190 mil millones. Es decir, el Estado se financia mayoritariamente con instrumentos fiscales que desincentivan la inversión y el empleo, por un lado, y por el otro, con la renta petrolera que extrae por medio de exacciones (derechos y aprovechamientos sobre hidrocarburos) a su monopolio PEMEX. Esto le impide realizar las inversiones necesarias para mantener la producción a largo plazo. (Tanto la producción de petróleo como de gas se han reducido en los últimos ocho años de manera notable). La mayor afrenta al interés colectivo, sin embargo, es que con tales recursos el gobierno subsidia el consumo de combustibles automotrices. Como se sabe, es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país (casi 25%), que aumenta en forma galopante, además de provocar una gigantesca trama de distorsiones ambientales, económicas, urbanas, energéticas, y sociales.  Este año, el subsidio ascenderá a cerca de 250 mil millones de pesos, ¡casi el 11% de todos los ingresos del Estado! Por cierto, esta cifra supera a todo el gasto federal en educación. Algo sin duda demencial ¿o hay otra forma de llamarlo? El precio de gasolinas y diesel en México es de los más bajos en América y en el mundo; lo normal es que en otros países latinoamericanos (excepto Venezuela y Ecuador), europeos y asiáticos cueste aproximadamente el doble que aquí.

Si se eliminara el subsidio y se estableciera un impuesto al carbono (carbon tax, que ya se considera en Estados Unidos para salvar el precipicio fiscal, además de ser el instrumento idóneo para combatir el cambio climático) que llevara el precio en México, digamos, a 20 pesos por  litro, el Estado dispondría de ¡700 mil millones de pesos adicionales! (70 mil millones de litros consumidos al año, por 10 pesos cada uno). Aportaría más que el IVA y casi alcanzaría al ISR; se abatirían las emisiones de CO2 y las importaciones; se haría más eficiente el parque vehicular; las ciudades serían más compactas y densas; se promovería al transporte público; y dejaríamos de regalarle dinero a quienes tienen más altos ingresos. Nadie podría evadir el impuesto al carbono, además, muy fácil y barato de recaudar. Sería posible reducir significativamente el ISR (para ganar competitividad), y liberar fiscalmente a PEMEX en el contexto de una reforma energética. De acuerdo a la experiencia en otros países y a la evidencia analítica, el impacto inflacionario sería muy pequeño y transitorio, y el efecto distributivo neutral. ¿Por qué no?

Deforestación, prioridades nacionales

Durante buena parte del siglo XX nuestro país ostentó una de las tasas más altas de deforestación en el mundo, proceso destructivo que afectó en mayor o menor medida a todos los biomas relevantes (trópico húmedo, zonas templadas altas, trópico seco, y zonas áridas). Hoy, al parecer, las cosas han cambiado, de acuerdo a estudios recientemente publicados por Martha Bonilla-Moheno y otros investigadores (Journal of Regional Environmental Change), hechos a escala municipal y con técnicas sofisticadas de interpretación de imágenes satelitales y de análisis estadístico.  La deforestación se ha detenido e incluso revertido en las zonas templadas y áridas, y en el trópico seco, pero se ha agravado en las zonas tropicales húmedas de selvas altas y medianas y bosques mesófilos.  En ello, debe tomarse en cuenta el papel favorable que ha jugado una cobertura creciente de Áreas Naturales Protegidas (en especial reservas de la biósfera) sobre el territorio nacional, tanto en la conservación de lo existente, como en la recuperación de la vegetación forestal natural y en mitigar o impedir la deforestación. Hay diferentes estudios que lo documentan de manera convincente.

En las regiones o biomas donde la deforestación se ha detenido o revertido, las causas pueden asociarse con le emigración de población campesina a las ciudades o a los Estados Unidos, así como con cambios en la estructura económica en favor de actividades industriales y de servicios. Así, la evidencia parece indicar que a escala nacional - haciendo caso omiso de situaciones locales específicas - las selvas bajas o secas (caducifolias) se han recuperado, al igual que los matorrales desérticos y bosques templados de coníferas.  Esto último ha ocurrido principalmente en Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua, pero también en Michoacán y en zonas altas de Oaxaca, caracterizadas por bajas densidades demográficas, una alta emigración y pérdida de población rural. Tómese en cuenta que en las duras condiciones hidrológicas y de suelos que prevalecen en estas áreas, las actividades agropecuarias han dejado de ser competitivas y rentables frente a importaciones y a la producción en otros estados del país.  Habrá que definir la contribución que hace a tales tendencias la presencia de bandas del crimen organizado.

En las zonas tropicales húmedas, las cosas han empeorado, si es que podían estar peor. Recordemos que México ha perdido más del 90% de sus selvas altas perennifolias y bosques mesófilos, y un porcentaje difícil de precisar ahora, pero muy alto también, de sus selvas medianas. Las áreas más críticas incluyen a Chiapas y  al sur de la península de Yucatán, a las colindancias entre Chiapas y Oaxaca, y entre Oaxaca y Veracruz, así como la región huasteca en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, y el sur de Tamaulipas. Se trata de regiones con altas precipitaciones (más de 2,000 mm anuales), baja altitud (por lo general menor a 500 metros),  y topografía relativamente accesible. Si bien  durante el siglo XX los procesos agrarios y la agricultura de subsistencia (de rosa-tumba y quema) fueron factores determinantes de deforestación, ahora  son la agricultura comercial a gran escala, y  la producción extensiva  de ganado bovino las variables explicativas más poderosas. O sea, los bosques tropicales han sido convertidos en plantaciones agrícolas y en potreros o pastizales para el ganado, y muy especialmente en Chiapas, en monocultivos de palma africana de aceite, la cual ha sido promovida por los gobiernos estatal y federal.  La deforestación en el trópico húmedo se mantiene  independientemente de las tendencias demográficas observadas en los distintos municipios.

Será muy importante identificar el impacto actual de los programas gubernamentales en la  dinámica de  deforestación, en particular los subsidios del PROCAMPO y del PROGAN (para agricultores y ganaderos, respectivamente) en manos de la SAGARPA. No olvidemos que estos subsidios se entregan de manera condicionada a que los agricultores o ganaderos "exploten" sus tierras, lo cual representa un inequívoco estímulo perverso para la destrucción de los ecosistemas naturales, o para impedir su recuperación.

Dado el nuevo escenario de deforestación a inicios del siglo XXI en México, y la urgencia de conservar la biodiversidad y riqueza forestal de nuestro país, así como servicios ambientales estratégicos y valores escénicos y paisajísticos, y de mantener equilibrios en cuencas hidrológicas, es necesario construir nuevas políticas focalizadas regionalmente, de mayor precisión, alcance y eficacia. El imperativo es lograr cuanto antes una deforestación cero mediante nuevas Áreas Naturales Protegidas, reorientación de subsidios agropecuarios, contratos de conservación a largo plazo con propietarios, y promoción (donde sea posible) de aprovechamientos forestales sostenibles y competitivos.

El GDF en su laberinto (de basura)

Nos dijeron que lo habían resuelto.  El problema surge de un mal manejo del Bordo Poniente por parte del GDF, y de un capricho del Gobierno Federal (la SEMARNAT) que exigió hace años cerrar este enorme relleno sanitario. Las casi 11 mil toneladas  diarias de basura de la ciudad de México se han barrido ahora debajo de la alfombra. Durante años  el GDF no enmendó sus errores y tampoco supo argumentar; capituló por vergüenza propia ante reclamos infundados y berrinches de funcionarios federales.  Cerraron el  Bordo Poniente. Hoy, 2 mil toneladas de basura se transportan y vierten en el predio El Milagro de Ixtapaluca, una antigua mina abandonada. Otras 2 mil van a un vertedero en Cuautitlán Izcalli. Dos mil más se llevan a un sitio  en Xonacatlán en el valle de Toluca. Adicionalmente, 400 toneladas se compactan y empacan (en fardos rotos) para entregarse a una planta de cemento en Huichapan, Hidalgo, como combustible alterno; dada la baja capacidad de combustión de la basura por excesiva humedad, el GDF acaba pagando a la empresa CEMEX por recibirlas. Y, poco más de 4 mil toneladas dizque se transforman en composta en una planta improvisada en el propio Bordo Poniente; el proceso es defectuoso, y el material orgánico resultante se tiende sobre el relleno sanitario, ya que nadie lo quiere como fertilizante (además, sería carísimo transportarlo a zonas agrícolas lejanas). En vez de CO2 y agua, que debieran ser los productos de una composta ideal,  emanan pestilentes ácidos grasos volátiles. Su fetidez satura la atmósfera del oriente de la ciudad de México, y provoca arcadas en los visitantes extranjeros que llegan al aeropuerto Benito Juárez. Ya es el registro olfativo clásico de nuestra ciudad.

Ninguno de los sitios donde se tira la basura del DF cumple con la normatividad oficial (NOM-083); el gobierno federal prefiere voltear hacia otro lado. El impacto ambiental sin duda es mayor ahora que antes. Los propietarios de los vertederos cobran en promedio al GDF 200 pesos por tonelada recibida, en un negocio redondo: 438 millones de pesos al año. A esto deben sumarse  otros 200 pesos de transporte por tonelada hasta los sitios señalados y localizados en el estado de México, lo que resulta en un costo total por tonelada para el GDF de  400 pesos. En el Bordo Poniente, no costaba casi nada. Desde luego, esta “solución” no es eficiente ni sostenible.

El Bordo Poniente se construyó como uno de los rellenos sanitarios más grandes y modernos del mundo, en los años ochentas del siglo XX. Está ubicado en terrenos federales del ex – vaso del lago de Texcoco.  Ocupa 420 hectáreas y debajo tiene hasta 100 metros de arcillas compactas saturadas de agua salobre; el subsuelo es  impermeable para todo fin práctico, lo que descarta riesgos de contaminación de las aguas del acuífero subterráneo profundo (de agua dulce).  Por ello es un sitio ideal para la ubicación de un relleno sanitario,  y a unos pocos kilómetros apenas del centro de la ciudad en línea recta. En promedio se han acumulado  verticalmente unos 20 metros de basura. De ellos, 10 se han hundido por su propio peso en la arcilla, haciendo que el agua del acuitardo (agua salobre y somera estancada) suba y aflore por el volumen de la basura que la desplaza. Esta agua se mezcla con los lixiviados  (los “jugos”) de la basura, e inunda las inmediaciones o se drena a través del canal de la Compañía que bordea al relleno sanitario. Nunca se controlaron adecuadamente los lixiviados, no se llevaron a cabo las obras de drenaje ni los sistemas de tratamiento.  Encima del nivel del terreno, hay otro estrato  de basura de 10 metros aproximadamente, también infiltrado de agua y sujeto a la humedad de las lluvias, dado que no se cubrió en forma apropiada. Es por ello que la producción de metano en el relleno sanitario ha disminuido de manera drástica, y ha dejado de ser atractiva para la generación de electricidad.

No hay sitios en el DF para construir rellenos sanitarios, por razones técnicas, urbanas, ambientales  y políticas. El Bordo Poniente es una gran oportunidad perdida por capricho. Debe re-abrirse; puede operar durante muchos años más sin riesgo ambiental apreciable, siempre y cuando se lleven a cabo las obras de ingeniería necesarias, como drenes perimetrales y tratamiento de lixiviados,  además de cobertura en módulos pequeños evitando que se infiltre el agua de lluvia y donde pueda ser aprovechado el metano en forma expedita.  El GDF ahorraría mucho dinero de los contribuyentes.

Oigan, partidos políticos: la sociedad sí existe

Margaret Thatcher, 1987: "... mucha gente se ha inclinado a creer que si tiene un problema, es responsabilidad del gobierno atenderlo y resolverlo... Están transfiriendo sus problemas a la sociedad. Y, ustedes saben que la sociedad no existe (there is no such thing as society). Existen individuos, hombres y mujeres, y sus familias."  Con esta frase, Margaret Thatcher decretó la abolición de la sociedad y estableció el imperio del individuo racional para limitar al Estado. El contexto, no lo olvidemos, era la esclerosis y decadencia económica británica y el desafío de los sindicatos del carbón. Gran Bretaña era el old sick man de Europa. Notablemente, Thatcher fusionó su visión neo-liberal e individualista  con un nuevo nacionalismo que recelaba de la integración con Europa, y que no dudó en avasallar militarmente a la Argentina en el conflicto por las Malvinas/Falklands. Tenía como sustento académico a economistas libertarios (fresh water economists) encabezados desde Chicago por su Premio Nobel Milton Friedman,  tocados por la fama al postular un estado mínimo, racionalidad de expectativas económicas, disciplina monetaria, y máxima apertura al mercado, como solución a la crisis de inflación y estancamiento de los años setentas. En la dicotomía Estado/mercado, Thatcher se decantó tajantemente por el segundo, mientras los antiguos laboristas, la socialdemocracia, y toda la izquierda, en distinta medida, lo hacían por el primero. La ideología y la política se movían sólo en ese plano, definido en un eje por cuánto Estado, y en el otro por cuánto mercado. La sociedad civil no existía.

Después, las cosas cambiaron, la sociedad resucitó e irrumpió en los procesos políticos como sociedad civil, en forma de conjuntos de individuos organizados para emprender acciones colectivas en favor de bienes públicos, para comunicar y argumentar en la arena pública, y fortalecer una democracia deliberativa. De hecho introdujo una nueva dimensión en el antiguo plano Estado/mercado, para abrir un espacio tridimensional Estado-mercado-sociedad civil, en el cual empezaron a definirse las ideologías y los partidos políticos en Europa. La sociedad reapareció en el nuevo laborismo Blair-Giddens, al transferirle responsabilidades desde el Estado de Bienestar a partir de un ideal de solidaridad en la comunidad nacional. En el pensamiento conservador británico (Big Society) de Cameron, las comunidades capaces de autodeterminación también emprenden nuevas formas asociativas para ofrecer servicios púbicos, limitan al Estado, y redistribuyen el poder desde el gobierno a la sociedad. En la nueva izquierda radical europea (verdes alemanes) la sociedad civil es el motor de una democracia multicultural. En la extrema derecha  se politiza a la sociedad civil como portadora de identidades colectivas nacionales (Frente Nacional de Francia). Curiosamente, esta idea de las extremas derechas europeas empata con la exaltación de las identidades comunitarias étnicas/indígenas que llevan a cabo ciertas izquierdas en México y América Latina; el beso eterno entre los extremos. 

No sólo la sociedad civil ha creado ese espacio tridimensional en la ideología partidaria, sino que ha sido vehículo de nuevos temas e ideas que han revitalizado el debate público, como el medio ambiente, derechos de minorías, seguridad, energías renovables, transparencia, rendición de cuentas en el gasto público, y educación, entre otros.

Desde luego, en México y en el mundo,  la irrupción de la sociedad civil en los procesos políticos se da en el conocido escenario de personificación de la política y su focalización en asuntos específicos,  volatilidad electoral (desalineación) y dilución de las lealtades de partido,  apertura de los procesos administrativos al escrutinio público, y uso creciente del sistema judicial por parte de los ciudadanos en asuntos de interés colectivo. Parece cada día más claro que la sociedad civil podrá ser un factor clave para superar la  crisis de legitimidad de los partidos políticos, y por tanto para el futuro de la democracia.  Sin embargo, en México, los partidos no han sabido aún incorporar y promover ideológica y políticamente a la sociedad civil, más allá de una retórica vaga  y ramplona de oportunismo electoral.

Los partidos deben resolver y aclarar cuál es su posición en un espacio tridimensional definido por el Estado, el mercado y la sociedad civil;  delinear las modalidades de interacción entre cada una de ellas, e incorporar una cartera de temas específicos de manera coherente con su particular modelo tridimensional. Se trata de una nueva producción de ideología como oferta moderna para el mercado electoral, como factor de cohesión interna en los partidos (y acaso de supervivencia),   de diferenciación entre ellos, y como elemento indispensable para elevar la precaria calidad de nuestra democracia.

La fealdad, un pasivo económico y urbano

Por encima de relativismos culturales e históricos, la belleza en la ciudad es algo que se percibe de inmediato, y tiene que ver con cierta armonía y calidad en el paisaje urbano,  con el aseo y pulcritud en su  espacio público, y con los valores escénicos de su entorno natural. La belleza es  gratificación para los sentidos  y una oportunidad de solaz individual y disfrute colectivo. Es eterna inclinación y búsqueda humana. En la ciudad, que es construcción clímax de convivencia social y desarrollo de capacidades productivas, la belleza es también un signo vital, y un elemento indisociable de la calidad de vida - y por tanto de la felicidad de sus habitantes. La belleza urbana es igualmente un estímulo muy poderoso de productividad, de identidad, y de compromiso y cohesión social; es uno de los activos intangibles más valiosos de una ciudad, y para las empresas que ahí se localizan. La belleza del paisaje urbano es un bien público por excelencia, cada vez más importante para la competitividad nacional y global  (Querétaro en México, y Londres son buenos ejemplos) y en consecuencia para el dinamismo económico y el empleo, y el nivel de ingreso de la población. La belleza de la ciudad tiene que ser asumida como objetivo expreso de política urbana.

Con algunas excepciones, las ciudades mexicanas, incluyendo a la ciudad de México, han perdido la belleza que se desprendía de sus patrones históricos de traza y arquitectura, han sido engullidas por la fealdad urbana.  Su desplante espacial ha pasado a ser caótico como resultado de diferentes factores. Uno tiene que ver con la pulverización parcelaria en los ejidos circundantes, y con la vivienda de cada campesino en su propia parcela por temor a perderla. En desorden, el esquema se repite ejido tras ejido en zonas de presión urbana, reproduciéndose construcciones atroces sobre las parcelas para albergar a los hijos de los campesinos o a otros ocupantes, sin orden ni concierto. Resultado: una gradual saturación  de tabicón gris y varillas desnudas oxidadas, coronadas con botellas de PET. El valle de Toluca y su excrecencia urbana es un ejemplo palmario. En países civilizados, los campesinos viven por lo general en un pueblo compacto y van a trabajar a sus tierras que están en "el campo"; ciudades, pueblos, campos y bosques están bien delimitados, no en México donde la interfaz rural-urbana es difusa.  Otro factor son las políticas de vivienda del INFONAVIT que han generado miles de palomares monotemáticos, desperdigados por cerros y milpas en la periferia de las ciudades. Uno más, es la ausencia  de visión o planeación, y de capacidad de regulación territorial por parte de municipios débiles y efímeros, y muchas veces corruptos (recordemos que la regulación territorial, constitucionalmente, compete sólo a los municipios, por más absurdo que esto sea).

Sobre este patrón espacial va prevaleciendo en numerosas ciudades, entre ellas la nuestra, una degradación insolente del espacio público: Ambulantaje que se apropia de todo el tejido conector de la ciudad con la tolerancia o connivencia de las autoridades; fetidez de  puestos callejeros de comida grasienta; marañas de cableado clandestino de quienes roban la electricidad en la vía pública; proliferación de anuncios espectaculares que secuestran la visual urbana; plazas invadidas por tendajones de facinerosos políticos que orinan, defecan y  pintarrajean (como en la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución: http://gabrielquadri.blogspot.mx/2012/07/esto-es-yosoy132.html) bajo tutela gubernamental; basura ubicua en calles, plazas, jardines, camellones, y centros de transferencia modal de transporte; grafiti vandálico que trae decadencia y hostilidad en el ambiente urbano, e invita a la delincuencia; pavimentos fracturados y guarniciones erosionadas en banquetas y andadores; antros y comercios con fachadas desfiguradas de manera estridente y ofensiva; infames toldos comerciales sobre el paso peatonal en las calles; arroyos o ríos pestilentes (como el río Magdalena);  edificaciones abandonadas y objeto de depredación (como el cine Ópera, el Frontón México y muchos más); y, ausencia de arte urbano en diversas expresiones plásticas en el espacio público.

Todo esto último tiene tal vez hondas raíces idiosincráticas, tal vez tiene que ver con la pobreza,  tal vez resulta de nuestra históricamente reciente cultura como habitantes de ciudades, o de manera más simple, tal vez sólo es una falla estrepitosa de gobierno local, vacío de legalidad y estado de derecho, y  expresión de dejadez e indiferencia ciudadana. Lo que es claro, es que tiene que combatirse con firmeza como parte de una enérgica política de espacio público contra la fealdad y en favor de la belleza urbana.

DF, transición ciudadana

Una ciudadanía plena implica pagar impuestos y exigir cuentas y resultados a cambio. Es un pacto social en el que se delegan en el Estado responsabilidades de interés público, o sobre bienes públicos que casi por definición no pueden ser provistos de forma individual o privada. En una democracia, el Estado es conducido por un  gobierno electo a través del voto de la mayoría, sistema que funciona  hoy en día de manera creíble en nuestro país y obviamente en el DF, después de una larga transición democrática. Democracia es el nombre del juego, cuya calidad, sin embargo, depende de la existencia de una sólida cultura ciudadana en favor  de lo público. En una ciudad, su expresión es evidente en plazas, parques, calles, sistemas y paraderos de transporte colectivo, imagen urbana, jardines, valores escénicos, mobiliario urbano, museos, equipamiento, infraestructura, y en todos los elementos que configuran el tejido conector del espacio público. Es la identidad de la ciudad, el medio que permite la convivencia entre sus habitantes, lo que integra y une, solidariza e iguala a todos. Es particularmente importante para los pobres; al menos tienen la belleza y los estímulos sociales y humanos del espacio  público. Es el derecho a la ciudad. Democracia y ciudadanía lo garantizan.

Cuando en vez de ciudadanos celosos de lo público tenemos peticionarios anónimos u organizados, y ensamblados corporativamente al partido en el poder, se niega el derecho a la ciudad con resultados  esperpénticos. Ocurre una transacción donde se entrega sistemáticamente el espacio público a mafias a cambio de apoyos políticos y votos. En ausencia de ciudadanía, el resto, silencioso, indiferente o resignado lo atestigua... y así vota; no pide cuentas, no exige, llega a parecerle normal. El tema no existe ni forma parte de la agenda pública. Podría estar peor, es el razonamiento. Zonas enteras de la ciudad son devoradas, y los contrastes se agudizan

La ciudad más rica de México y una de las más solventes de América Latina se va poblando de rascacielos, y de obras viales monumentales, algunas calles y barrios resurgen, se vuelven a habitar, e incluso empiezan a palpitar con una vida  desconocida que emula a Buenos Aires o a ciudades mediterráneas. Son decisiones individuales misteriosas, que agregadas, ofrecen un atisbo de virtud urbana en ciertas zonas de la del Valle,  Coyoacán,  Condesa, Polanco, y hasta en Santa María la Ribera. Nos entusiasman y  nos llenan de orgullos fugaces. Se imponen a pesar de la incuria gubernativa,  de la corrupción, o de un gobierno central al que extrañamente sólo le preocupan  una cuantas calles y espacios  de la delegación Cuauhtémoc (Madero, Alameda, Plaza de la República...).

Es la resistencia en algunas trincheras, donde el campo urbano es dominado por el andamiaje mafioso que  degrada la ciudad: Todas las entradas e inmediaciones de las estaciones del metro; todas las zonas circundantes a los hospitales públicos; todos los paraderos y zonas de transferencia modal (Tacubaya, Observatorio, Indios Verdes, Chapultepec, Universidad); el otrora orgulloso bosque de Chapultepec; innumerables plazas; calles y aceras completas aledañas a centros comerciales... todo,  invadido por legiones de vendedores ambulantes organizados en mafias, para votar, asistir a marchas y mítines, y pagar derecho de piso a sus líderes a quienes el gobierno ha privilegiado con la privatización ilegal del patrimonio colectivo. Miasmas, pestilencia, basura, fealdad, inmundicia, grafiti, hacinamiento que llenan de vergüenza a la Ciudad de México y desdicen con su hedor purulento cualquier ínfula de liderazgo urbano en el concierto global.. La fórmula se repite en el sistema de transporte colectivo concesionado; desorden, impunidad, un rosario accidentes fatales. También, en la gestión de los residuos urbanos, y con las zonas de conservación ecológica y sus invasores. Es  la democracia corporativa sin ciudadanos. Es la izquierda que castiga a los más pobres privándolos del derecho a la ciudad. Es la erosión del estado de derecho en  cada esquina, la impunidad que se asienta como regla de oro no escrita de convivencia urbana. Como en ninguna otra gran ciudad en México.

Mantener el poder requiere administrar con pericia y mucho cinismo esas inmensas redes de corrupción y control corporativo, no satisfacer inexistentes demandas ciudadanas en favor del interés público. Desde luego el modelo es insostenible; tiene contradicciones insalvables que sería imposible abordar aquí.  Así como la democracia se abrió paso en el México de los años setentas y ochentas del siglo XX, gradualmente irá ganando espacios en el DF una ciudadanía moderna, cada vez más atenta al interés público. Es la transición ciudadana que nos falta.

Una secretaría del agua ¿fuga cosmética?

No hay crédito para lugares comunes sobre manidas guerras del agua (advertidas ad náusea). La escasez es una falla institucional y tecnológica, que puede resolverse de manera eficiente con los instrumentos adecuados de política. No hay tal fatalismo hídrico, más allá de desplantes teatrales o periodísticos. Claro, hay regiones mucho más propensas que otras a la escasez por razones fisiográficas, económicas o demográficas. Ahí, es de los políticos de quien debe esperarse audacia, honestidad, y fuertes capacidades de diálogo y decisión.

La sobrexplotación de acuíferos es un típico problema de bienes públicos o recursos comunes por ausencia de regulación apropiada, por subsidios a la electricidad para bombeo, y por la propia gratuidad del agua. Desde luego, en el contexto de una asignación ineficiente del recurso, vinculada a la inexistencia de mecanismos de intercambio de derechos (mercado) transparentes y con bajos costos de transacción. En muchas regiones del país se perpetúa así el derroche del agua en modalidades arcaicas de irrigación (recordemos que alrededor de las tres cuartas partes del agua en México son consumidas por el riego agrícola), y se inhibe la modernización tecnológica del riego. Además, se obstruye su transferencia a usos más productivos en la industria, los servicios, las ciudades, o en ecosistemas acuáticos. El agotamiento de acuíferos por el riego agrícola ya es un problema irreversible en casos críticos (La Laguna, Guanajuato), y la  falta de agua será restricción funcional al desarrollo económico en numerosas regiones del centro y norte del país, si no se toman decisiones de manera inmediata.

Por su lado, la escasez y la mala calidad de los servicios de agua en la mayor parte de las ciudades de México se explican por clientelismo; debilidad fiscal; gobiernos municipales efímeros y corruptos; burocracias sindicales; manipulación política de precios o tarifas; y falta de profesionalización, transparencia, y autonomía en los organismos operadores. Tan es así, que la mayor parte de las ciudades que se destacan por una gestión eficiente del agua para servicio público urbano se encuentran en áreas consideradas de notable estrés hídrico (Saltillo, Aguascalientes, Monterrey, León, Tijuana). Las ciudades que ocupan los últimos lugares en desempeño, curiosamente, en su mayoría, se ubican en áreas de relativa abundancia (Villahermosa, Oaxaca, Mérida, Acapulco, Xalapa, Veracruz). La zona metropolitana del valle de México se encuentran a horcajadas entre mala gestión, y cierto estrés fisiográfico. Téngase en cuenta, que de acuerdo al Artículo 115 Constitucional los servicios de agua, drenaje y tratamiento son facultades municipales, pero deben de cumplir con normas y reglamentos federales.

Aunque hay algunos avances sobre todo en ciudades del centro y norte del país, y próximamente en el valle de México, las aguas residuales urbanas sin tratamiento contaminan severamente ríos, lagos, aguas costeras, e impiden el re-uso productivo del líquido en actividades económicas diversas, además de devastar ecosistemas acuáticos. Hay normatividad - por cierto con más de 15 años de edad -  pero no se hace cumplir por parte de la Comisión Nacional del Agua. Muchos gobiernos municipales  vierten con total impunidad sus miasmas líquidos a través de drenajes formales, emisores en el mar, simples escorrentías, o descargas clandestinas. De la misma forma actúa la industria azucarera; buena parte de los aproximadamente 60 ingenios que operan en México envenenan nuestros caudalosos ríos tropicales en la Huasteca, en Veracruz, Morelos, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Colima, Nayarit, y otros estados. La justificación es social...  es una industria no competitiva y corporativizada, no hay recursos para invertir en bio-digestores u otros sistemas... los ingenios tendrían que cerrar... habría desempleo.

El escenario es una relación de cliente-proveedor y de conflicto de interés entre la Comisión Nacional de Agua, por un lado, y agricultores organizados en distritos y unidades de riego, gobiernos municipales, y organizaciones corporativas, por el otro. Hay captura regulatoria, por lo general no hay vigilancia ni sanciones,  y no se ejercen las facultades que se establecen en diversos instrumentos legales.  Esto, independientemente, de las funciones vitales que la Comisión Nacional del Agua pueda cumplir en la construcción, financiamiento, apoyo,  operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica estratégica a escala regional.

El drama no se  salda con  la creación de una secretaría del agua; sólo así, sería una fuga cosmética. No es un problema de jerarquía o de nombre. Es, esencialmente, un problema de regulación en descargas de aguas residuales y calidad de los cuerpos de agua, desempeño y calidad del servicio público urbano, y uso sostenible de acuíferos subterráneos. Hacia allá deben enfocarse los cambios necesarios.

Competitividad y política industrial verde

La ausencia de política industrial ya no puede perdonarse; menos ahora que nuevamente se abren grandes oportunidades para México. Sus claves son cada vez más evidentes. Sobresale la erosión paulatina en la competitividad manufacturera de China por el aumento en los salarios reales, y el fortalecimiento ineluctable de su tipo de cambio. En este escenario, nuestra frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, todavía la mayor economía del mundo, adquiere un significado enorme dentro del prolífico contexto que ha demostrado ser el TLCAN, cuyo potencial aún no se dimensiona o aprovecha lo suficiente. Por otra parte, los costos logísticos y de transporte de las empresas crecerán de manera constante en el futuro, al igual que los riesgos y dificultades de mantener cadenas de suministro globalmente extensas y diversas. La cercanía a clientes será también crucial, como condición para satisfacer demandas en los tiempos más breves posibles y mantener costos bajos de inventario.

La compactación espacial  de las cadenas de valor, esto es, el acercamiento físico o territorial de los proveedores (o eslabones en la cadena valor) arroja cada vez más ventajas o economías de aglomeración, bajos costos de transacción, y mucha mayor certidumbre. De ahí el surgimiento casi espontáneo de clustersindustriales en numerosos sectores a lo largo y ancho de la geografía global, incluso en México, con los casos notorios de la industria automotriz en Guanajuato y Puebla, y de la industria aeroespacial en Querétaro. Las empresas líderes o ubicadas al final de la cadena productiva van prefiriendo más y más el desarrollo de una proveeduría local. Si bien esto puede ocurrir en forma espontánea,  con frecuencia requiere de acciones colectivas que no siempre pueden ser asumidas por una empresa en particular. Entonces es necesaria la acción del Estado para su identificación, ensamble y operación óptima, como lo demuestran tantos casos exitosos de política industrial en Corea, Japón, China, Taiwan y Brasil, entre otros.  En suma, ensamble de cadenas de valor en clusters regionales es binomio básico para una visión de política industrial.

Ahora se sabe que la competitividad de las empresas depende no sólo de sus propias decisiones y mercados, sino de toda su cadena de valor. En la medida en que los eslabones sean competitivos, lo será aún más el eslabón final. De ahí el interés real que deben asumir las empresas en gestionar su propia cadena de valor, la cual, hay que aceptarlo, incluye no sólo al desarrollo de proveedores locales, sino también al financiamiento, a la existencia de recursos humanos de calidad, a la infraestructura básica, al suministro eficiente de agua y energía, y a condiciones ambientales y de calidad de vida en una región geográfica relevante. Cosas que antes se consideraban externas a las empresas, o bienes públicos de exclusiva responsabilidad de los gobiernos, ahora entran a su propia lógica competitiva y campo de actuación. Una verdadera política industrial trataría de integrar y gestionar todo esto a través de una acción colectiva compartida entre empresas y gobiernos.

Pero no basta. La política industrial en México requiere también promover el desarrollo tecnológico y el fomento a empresas de manufactura en nuevos sectores y actividades, imprescindibles para una economía verde, competitiva y sustentable. Sobresalen las oportunidades que existen  en la fabricación de componentes y en la integración tecnológica para la generación de electricidad de fuentes renovables, especialmente en materia solar fotovoltaica y térmica, y eólica, así como geotérmica y mini-hidráulica, y de baterías de alto desempeño para vehículos eléctricos, cuyo momento de despegue comercial se acerca cada día. El tratamiento de aguas residuales y el manejo de residuos deben ser incorporados como nuevas ramas objeto de política industrial, que dependerán desde luego, de una regulación ambiental eficaz por parte del gobierno. El reciclaje de envases y empaques, como fuente de nuevos materiales secundarios debe ser igualmente una prioridad de política industrial verde, lo cual, por otro lado, aliviaría problemas ambientales y cargas financieras de disposición final de basura que agobian a los gobiernos municipales. Las empresas que manufacturan bienes de consumo, en especial alimentos y bebidas, deben hacerse corresponsables y financiar sistemas de acopio, selección y reciclaje, como ocurre en países europeos. La construcción enfrenta el enorme desafío de orientarse hacia edificaciones urbanasverdes, lo cual implica incentivos y normas específicas de eficiencia energética y en el uso de materiales y recursos.

Como se ve, deben romperse para siempre los diques que han separado a la política ambiental del resto de las políticas sectoriales, muy en especial, de la industria.