GDF, un gobierno con huella propia

Dos  venas sobresalientes de gobierno ha tenido la Ciudad de México en los últimos quince años. Una ha sido la redistribución de ingreso a diversos sectores sociales por medio de una vasta panoplia de subsidios, otorgados con cierta racionalidad pública o con evidente intencionalidad clientelar. Otra, la construcción de grandes obras de infraestructura vial, a cargo del erario o con inversión privada. Parece obvio que ambas venas están agotadas como vehículo eficaz de legitimación. Más aún, cuando en el lado obscuro de tres lustros de administraciones de izquierda se ha gestado la impunidad como patrón de convivencia cada vez más ubicuo; y mientras se ha permitido el   deterioro de infraestructuras y del espacio público, abandonado responsabilidades elementales de intendencia urbana, degradado el capital natural y  valores ambientales  vitales,  y agudizado la escasez de proyectos articulados de re-desarrollo y revitalización del tejido urbano. Es en estas cosas donde podría focalizar su voluntad el nuevo gobierno del Distrito Federal para crearse una huella digital propia adaptada a los verdaderos intereses de la ciudad. Más de lo mismo, no es opción.

Empieza a asumirse una visión de ciudad densa y compacta, eficiente, competitiva y sustentable (agregaríamos, bella). Pero es preciso avanzar de prisa desde ahí, no sólo porque los pasivos heredados intoxican a la opinión pública, sino como  oportunidad para un gobierno local  innovador (que de paso evite un contraste desfavorable con el ritmo casi frenético del Gobierno Federal). Dejando aparte el tema de seguridad pública, primerísimo entre todos, vale la pena apuntar algunos retos estratégicos que el GDF debe asumir plenamente en su agenda.

El primero es estrechar drásticamente los márgenes de impunidad donde se mueven numerosos grupos de interés en perjuicio de la ciudad. En ello, la recién ratificada alcaldesa de Lima, Perú, Susana Villaran, nos ha puesto  ejemplo de arrojo y compromiso en dos aspectos críticos para el DF: una lucha frontal contra el ambulantaje y el comercio ilegal, y, la  erradicación de mafias del transporte público  en el contexto de su  transformación institucional y tecnológica.

En paralelo es preciso crear ciudad. Para ello se requiere una cartera explícita de verdaderos proyectos urbanos, como intervenciones físicas virtuosas en el tejido de la ciudad capaces de relanzar el desarrollo  hacia la verticalidad, la densificación, la recuperación de centros históricos, y  la calidad y funcionalidad de nodos urbanos estratégicos,  en especial, de centros de transferencia modal del transporte. El espacio público debe ser prioritario, como tejido conector de la ciudad y ámbito privilegiado de convivencia social, creador de identidades y de orgullo local, lugar ubicuo de oferta cultural, y activo esencial para los más pobres. Se trata de un esfuerzo masivo por liberar calles, parques y plazas del infame comercio informal; hacer nuevas calles peatonales y áreas deportivas; de rehabilitar aceras, jardines, arbolado  y pavimentos; asegurar iluminación confiable y un aseo urbano minucioso; combatir el grafiti; regular la publicidad exterior;  mobiliario urbano de calidad;  parquímetros...

Algo olvidado pero imprescindible son las zonas de conservación ecológica, parques nacionales, y bosques urbanos, que a gritos demandan su rescate de  manos de la incuria y la corrupción (Xochimilco, Tláhuac, el Ajusco, el Desierto de los Leones, Chapultepec). Y, desde luego, habrá que  continuar ampliando la  infraestructura básica de transporte (metro, Metrobús, túnel a Santa Fe), y de agua, para ofrecer un servicio público de calidad, y proteger a la ciudad contra inundaciones. En todos los casos, son indispensables sólidas capacidades directivas y ejecutoras.

Transformar la SEMARNAT

Hay seis grandes cajones donde caben todos los temas relevantes de política ambiental y de sustentabilidad. Puede decirse que el primero de ellos se encuentra verdaderamente huérfano en México, mientras que los siguientes cuatro son atendidos por instancias distintas a la estructura central de SEMARNAT, quien se encarga razonablemente sólo del sexto y último, a pesar de contar con una notable capacidad ociosa. Urge reformarla. Me explico.

El primer cajón temático abarca a  mares y costas, donde hay  obscuridad de facultades, ausencia de regulación eficaz,  y un vacío de gobernanza y de políticas de manejo integral. Aquí participan CONAPESCA y SAGARPA quienes otorgan permisos y subsidios en un escenario clientelar, y de fragmentación y debilidad institucional; la Secretaría de Marina sin equipamiento ni personal adecuados, ni facultades plenas de vigilancia; y la propia SEMARNAT quien transfiere la gestión (es un decir) de la zona federal marítimo terrestre (como playas) a los gobiernos locales y en algunos casos a FONATUR. El desastre ecológico en nuestros mares está bien documentado.

El segundo  es la biodiversidad terrestre. Aquí, el Gobierno Federal opera a través de la CONANAP y de la CONAFOR, ambas, órganos desconcentrados de SEMARNAT pero con total autonomía técnica. El ordenamiento territorial lo asume la nueva SEDATU  de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El tercero son las ciudades, cuyo medio ambiente y los servicios públicos inherentes son facultades municipales en los términos del Artículo 115 Constitucional. La Federación ahora trata de intervenir a través de SEDATU. Las políticas de vivienda, que codifican la dinámica del desarrollo urbano, también hoy dependen de SEDATU y de manera preponderante, del INFONAVIT y la CONAVI.

El cuarto son las políticas de cambio climático, que en realidad, abrumadoramente,  son políticas de precios  a los energéticos, y/o en las que se aplican instrumentos regulatorios o regímenes de fomento a la energía renovable y a la eficiencia energética. Todo ello corresponde en alguna u otra forma a la SHCP, a la Secretaría de Energía, a la CRE, y a los monopolios paraestatales PEMEX y CFE. Los estudios necesarios ahora son llevados a cabo por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; también, órgano desconcentrado de SEMARNAT.

El quinto incluye a la gestión del agua en cuerpos federales y su oferta en bloque a ciudades, industrias y agricultores, al manejo de cuencas, así como a la regulación en los usos del agua, descargas y contaminación, y a las obras de infraestructura relevantes. Son responsabilidades de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Aunque  órgano descentralizado de SEMARNAT, el poder y presupuesto de CNA superan por mucho a los de la primera.

Y el sexto cajón, para fines prácticos, digamos que está ocupado por una importante temática regulatoria de tutti frutti: evaluación de impacto ambiental de grandes proyectos, residuos industriales peligrosos, calidad del aire, zona federal, cambios de uso de suelo forestal, y vida silvestre. Una sola subsecretaría (¡!) de SEMARNAT tiene bajo su responsabilidad todo este último cajón.

Hay en SEMARNAT otras dos subsecretarías, que honestamente se encuentran subutilizadas en sus capacidades, y cuyas limitadísimas funciones ya no las justifican en esa jerarquía, dado el escenario descrito. Debe aprovecharse la oportunidad, y transformarlas para que una de ellas se haga  cargo integralmente del primer cajón:  de la gobernanza de mares y costas de México.

Petróleos Mexicanos, Sociedad Anónima

El PRI ha modificado sus documentos básicos para hacerla posible. Todos hablan de ella, unos para anticipar que llegará, otros para buscar rentas a costa del interés público desde la demagogia más aldeana y ramplona. Su importancia trasciende a la propia dinámica del sector petrolero y energético; será una afirmación de liderazgo en el gobierno y de madurez en nuestras instituciones políticas, y el umbral definitivo para dejar atrás el oscurantismo retro que lastra el despegue de nuestro país. Detrás de una reforma petrolera que transforme al régimen monopólico hay imperativos de rectificación histórica, de racionalidad fiscal, de eficiencia económica, de desarrollo tecnológico, de transparencia y rendición de cuentas, y hasta de sustentabilidad ambiental. Poca estructura y carne se ha dado al debate colectivo, es preciso intentarlo.

Propongamos transformar a PEMEX en PEMEX S.A., empresa integrada como sociedad anónima con acciones en la Bolsa Mexicana de Valores adquiridas por inversionistas privados, bajo control del Estado con al menos el 51% del poder de voto en su consejo de administración. PEMEX S.A. tendría un gobierno corporativo transparente y profesional; sería una  empresa global, competitiva y de clase mundial, y capaz de establecer alianzas mutuamente provechosas con empresas nacionales y multinacionales.

PEMEX  S.A. habría de quedar bajo un nuevo régimen fiscal que permita la rentabilidad de la empresa, eliminar pérdidas después de impuestos o derechos, y ofrecer dividendos a sus accionistas. Es por eso que la reforma petrolera y la reforma fiscal son un binomio inseparable. No habría más  subsidios  a la gasolina, y al diesel, y se procesaría fiscalmente una reducción progresiva del pasivo laboral para mejorar los resultados de PEMEX S.A.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) deberá ser fortalecida y asumir plenamente la titularidad sobre todos los yacimientos de hidrocarburos en el territorio nacional, así como su administración, licitación, concesión, y regulación. Con esta premisa, se abriría a la inversión privada y a la competencia toda la cadena de valor en hidrocarburos, reservándose a PEMEX S.A. las áreas donde actualmente tienen lugar actividades de exploración y explotación. Se licitarían  bloques en el resto del territorio, donde PEMEX S.A.  competiría sola o en alianza con otras empresas. Todas pagarían los impuestos y derechos correspondientes para transferir al Estado la renta petrolera.  Para liberar al erario público de cargas y riesgos innecesarios, las nuevas inversiones serían llevadas a cabo por PEMEX S.A. o por empresas privadas con sus propios recursos, mediante solicitud de permiso a la CNH. La nueva infraestructura sería propiedad de las empresas  en todos los segmentos de negocio, exploración y producción, refinación, petroquímica, gas, transporte y distribución. Obviamente PEMEX S.A. podría incursionar a otros países y mercados, sólo o en alianza, y financiaría sus actividades principalmente a través de la colocación de acciones en bolsa, inversión privada directa, y operaciones con mercados financieros nacionales e internacionales.

Otros puntos torales de la reforma serían el desarrollo tecnológico, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una regulación ambiental estricta sobre la explotación en aguas marinas y en yacimientos de lutitas o esquistos (shale gas y shale oil), y la disposición de una buena parte de la renta petrolera en un fondo soberano de inversión a largo plazo supervisado por el Banco de México. Es claro que reforma petrolera no equivale a reforma energética, falta el sector eléctrico...

Los maestros y su partido

Debe esperarse que la acción judicial contra Elba Esther Gordillo se lleve con transparencia y apego total a las reglas del debido proceso. La reacción de los medios y de la opinión pública revela la reparación a un agravio colectivo acumulado durante años, mientras se perciben señales inequívocas de reconstrucción del poder presidencial, algo que en muchos sentidos debe agradecerse después de lustros de erosión, renuncia, vacío y dispersión.

Parado sobre estas baldosas, el gobierno debe ver ahora hacia adelante y dar los siguientes pasos, medidos y firmes, en dirección de la reforma educativa, garantizando las condiciones de gobernabilidad que permitan su instrumentación eficaz y expedita. Es vital el papel que en ello habrán de jugar los maestros organizados. Sin una amplia mayoría de maestros co-responsabilizados en la reforma, ésta es imposible o quedaría en el mejor de los casos, amputada y diluida. Los maestros no deben pasar por alto que la rehabilitación política y social del gremio dependerá de su capacidad de comprometerse plenamente en los procesos y contenidos de la reforma educativa: re-estructuración de normales, evaluación, pago y permanencia de acuerdo al desempeño, modernización curricular, formación y capacitación, escuelas de tiempo completo, carrera magisterial...

Para la organización gremial de los maestros la reforma no es una opción, es una aduana de supervivencia como actor relevante y legítimo en el escenario nacional. Se tratará de mutar hacia un nuevo sindicalismo que ve más allá de sus intereses laborales inmediatos, y se asume como protagonista en la oferta de bienes públicos de calidad para el siglo XXI, en este caso, el más importante, la educación pública. Hoy es el sindicato más grande América Latina, con 1.2 millones de agremiados. Su fuerza es innegable, y su integridad indispensable para asegurar que la reforma prospere. También, para la estabilidad política en distintas regiones del país.

Es preciso evitar que en esta encrucijada se abran más espacios a ideologías insanas y destructivas, y al radicalismo violento de maestros organizados en la CNTE y en las secciones sindicales que ésta controla. Recordemos que maestros han sido fundadores y militantes de un gran número de movimientos de subversión en el país desde mediados del siglo XX: Partido de los Pobres, PROCUP, EPR, ERPI. Hoy un Estado debilitado cede su soberanía a fuerzas paramilitares de autodefensa comunitaria, precisamente, en regiones de exuberante radicalismo magisterial: Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, entidades federativas, por cierto, con la peor educación del país (la correlación no es insignificante). Los maestros y las normales rurales, evidentemente, no son ajenos a ello. Hay así un riesgo muy considerable que debe conjurarse. No sólo de estabilidad y gobernanza, también de que la reforma educativa naufrague.

Contrastantemente, en todas partes, pero en especial en estados como Aguascalientes, Nuevo León, Baja California, y Chihuahua, destacan maestros responsables, bien formados, comprometidos, y con experiencia y sensibilidad de gestión social. Muchos de ellos están integrados políticamente en un partido electoralmente pequeño, pero con una sólida estructura. Sería un error tirar al niño de la bañera con todo y agua sucia. En las pasadas elecciones federales se hizo evidente que existe una amplia franja de electores (jóvenes en especial) inmunes al virus del populismo de izquierda e insatisfechos con el conservadurismo esclerótico de los otros dos grandes partidos; esperan fórmulas y candidaturas creíbles, modernas y creativas. Ahí, hay una oportunidad.

Restablecer Estado de Derecho, prioridad

El Estado de Derecho en México parece difuminado. La piel ya reacciona con escalofrío al sentir  la acidez  de una bruma hobbesiana que nos envuelve. El optimismo económico batiente no alcanza a disiparla. Nos persigue... Pero, si  no es posible, tenemos instituciones sólidas, somos la treceava economía del mundo,  compartimos TLCAN y frontera con los Estados Unidos,  el futuro económico es luminoso, y el estado fallido es sólo una malintencionada patraña. Sin embargo, el Estado abdica en Guerrero, Oaxaca, y Michoacán de su razón existencial: la seguridad y el monopolio de la fuerza legítima. Renace la impunidad violenta de porros en escuelas públicas; se les tolera y premia. Diputados locales en  el DF tuercen la ley para dejar en libertad a vándalos que lapidan el centro de la Ciudad de México.

El crimen organizado embiste  en Guerrero y Morelos, y despliega cabezas de playa sobre la zona metropolitana de la Ciudad de México. Emerge invicto  en la Laguna,  Tamaulipas y Nuevo León, desde donde lanza  un desafío siniestro. El mando único policial en los estados es una promesa bienvenida pero aún incierta.  En Oaxaca, la anarquía y la extorsión expulsan a la inversión privada en energías renovables. Cobran millones y destrozan a su última presa; un proyecto eólico de casi 400 MW, que sería el más grande de América Latina, contribuiría a reducir nuestra dependencia hacia los combustibles fósiles, y abatiría emisiones de gases de efecto invernadero.

Maestros radicales, curtidos en la violencia, y organizados en la CNTE y la Sección 22 en Oaxaca paralizan las escuelas, impiden la modernización de normales, resisten con éxito la reforma educativa, y amenazan son sitiar al estado. Tienen como rehén al gobierno local, y retan con soberbia al gobierno federal. Se consolidan feudos de radicalismo delirante y violento en las escuelas normales de Michoacán y Guerrero. Ahí avanza la descomposición de la educación pública; los padres que pueden envían a sus hijos a escuelas privadas. Esa es la verdadera privatización. Los llamados zapatistas reaparecen y retienen varios municipios chiapanecos al margen de las instituciones y la legalidad.

La reforma judicial no nos alcanza; más de la mitad de los delitos siguen sin denunciarse, el 90% no se persiguen, y sólo el 2% se castigan. Aquí y allá se multiplica la necrosis del estado de derecho: en el espacio público, en los sistemas de transporte urbano, en las playas, en la pesca, en los mares mexicanos, en la explotación forestal, en la disposición final de la basura, y en las descargas de aguas residuales a los ríos.

Todo lo anterior es un conjunto de fenómenos de origen distinto, e inconexos, podrá argumentarse. No obstante, la atmósfera  de impunidad para unos o para otros es la matriz que nutre y reproduce a todos. El estado de naturaleza de Hobbes se asoma al horizonte. Hay que cerrarle la puerta en las narices. Lo que se alcanza a ver después del dintel es aterrador. Que nadie se confunda. Son urgentes las reformas estructurales, y es indispensable recurrir a las artes más diestras de conducción y negociación política, pero  el proyecto nacional más importante es la recomposición de la legalidad, el restablecimiento del estado de derecho, y la lucha contra todo tipo de impunidad y  violencia.

Incertidumbre, nueva política de vivienda

Bien, que se hayan retomado las propuestas de campaña de quien esto escribe sobre nuevas instituciones y reorientación de políticas de ciudades y vivienda.  Se trata de decisiones de gran calado para el futuro del país. Por lo mismo, su aplicación requiere de instrumentos funcionales, y de gran pericia y fortaleza técnica, política e institucional. No sólo están en juego el escenario territorial y urbano para el desarrollo de México, la calidad de vida de la población y la competitividad de la economía, sino la cohesión social y la seguridad. También, la supervivencia de un sector (vivienda) que representa directa e indirectamente alrededor del 6% del PIB, y millones de puestos de trabajo.

Inversionistas y mercados financieros han mostrado un escepticismo implacable ante contenidos, medios, y formatos de los cambios anunciados. El Índice Habita que rastrea el valor accionario de las empresas de vivienda participantes en la BMV (ARA, GEO, URBI, HOMEX, SARE) se desplomó en un sólo día 5.6%, en una caída que en siete jornadas consecutivas acumula una pérdida de 16%. Algunos opinan que es una sobre-reacción, pero el despeñadero viene de muy atrás, cuando los mercados se percataron de que el modelo de construcción masiva y genérica de vivienda infinitesimal fuera de las ciudades estaba condenado al fracaso. Hoy los mercados desconfían de la capacidad de adaptación de las empresas a las nuevas políticas, y anticipan mayor incertidumbre y  complejidad en el ciclo de producción de vivienda, riesgos y burocracia.

No todas las empresas se podrán adaptar; no todas van a sobrevivir. Habrá una selección casi darwiniana de las más aptas, de las menos lastradas con  reservas de tierra  barata  ejidal exo-urbana cuyo valor se ha evaporado (más, si en realidad se aplican las decisiones anunciadas); aunque se les haya dado un plazo de gracia de dos años. (Por cierto, ¿en este plazo se seguirán construyendo palomares dispersos por cerros y potreros, que nadie quiere?). Las empresas tendrán que mostrar audaces mutaciones  para sobrevivir y tener éxito en el nuevo ambiente de política; tendrán que acceder a tierras urbanas y a un nuevo modelo de negocios, dejar de ser  mono-específicas,  y convertirse en versátiles desarrolladoras inmobiliarias.

El gobierno deberá hacer creíbles sus declaraciones, para evitar que el nuevo régimen se empantane en la  confusión y la retórica. Requerirá definir con claridad los objetivos de política: ¿qué tipo de ciudades queremos? Después, delinear y aplicar los instrumentos de vivienda para lograrlos, así como sus alcances y reglas de operación. Será imprescindible esclarecer la nueva arquitectura institucional entre SEDATU, y los organismos nacionales y estatales de vivienda, así como jerarquías, procedimientos técnicos y administrativos, y  protocolos de decisión. Vital será desarrollar en el corto plazo un banco de tierra urbana  mediante compras o expropiaciones (para lo cual pueden usarse los cuantiosos recursos excedentes que genera INFONAVIT), y hacer swaps con ciertas reservas territoriales de las empresas afectadas; de lo contrario, será casi ineluctable la extinción de varias. En lo inmediato, como condición de credibilidad, deberán generarse proyectos intra-urbanos de vivienda y servicios para darles oxígeno a las empresas durante su proceso adaptativo.  Todo esto presupone poderosas capacidades técnicas y directivas en los mandos y personal de SEDATU. ¿Dónde están los urbanistas, arquitectos, y especialistas en finanzas y proyectos inmobiliarios? Desde luego, no en Antorcha Campesina.

La nueva Secretaría, SEDATU

Muy poca atención ha recibido la creación de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Es una lástima. Su apelativo es una declaración muy ambiciosa de propósitos y alcances, por cierto,  vitales para el desarrollo sostenible y la competitividad del país. Ya es tiempo de que empiece a respirar y a moverse en el sentido de honrar su nombre, y de cumplir con las responsabilidades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Ordenamiento territorial. Políticas de ciudades, zonas metropolitanas, asentamientos humanos y centros de población. Regularización de la propiedad. Planeación del desarrollo urbano. Políticas, planeación y programas de  vivienda. Llevar el Registro Agrario Nacional y resolver asuntos de límites en la propiedad rural. Establecer políticas de conservación de tierras y agua. Asumir la administración de terrenos nacionales. Coordinarse con estados y municipios para fines de planeación territorial, urbana y de vivienda. Satisfacer necesidades de tierra para desarrollo urbano, infraestructura y vivienda. Planear del desarrollo sustentable a escala nacional. Crear reservas territoriales para desarrollo urbano. Definir programas de financiamiento. Promover la modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros. Elaborar programas regionales y especiales. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano. Y, ejercitar el derecho de expropiación por causas de utilidad pública...

Como se ve, la tarea que tiene ante sí la SEDATU es formidable, más aún, dados los problemas y desafíos colosales que enfrenta México en las áreas de competencia que se le otorgan. Ya todos sabemos que  las políticas de vivienda seguidas hasta ahora son insostenibles por sus impactos sociales y ambientales, y por  la destrucción del tejido urbano que provocan. Las empresas desarrolladoras de vivienda se encuentran en situación crítica, y con ellas, un sector económico que representa alrededor del 6% del PIB. Los municipios son incapaces de regular los usos del suelo en sus jurisdicciones, y es necesario diseñar nuevas fórmulas (incluso constitucionales) de concurrencia federal para el diseño y aplicación de planes y programas de desarrollo municipal y urbano.  El ordenamiento del territorio pocas veces pasa de ser un ejercicio de gabinete, y debe convertirse en una verdadera matriz de regulación de usos del suelo y de orientación del desarrollo regional .

Prácticamente, no existen políticas metropolitanas funcionales en el valle de México y en otras grandes urbes del país en lo que respecta a usos de suelo, gestión de servicios públicos de agua y de manejo de cuencas, ni en materia de transporte y manejo de residuos. Los municipios se resisten a construir catastros y registros públicos de la propiedad funcionales, y a cobrar impuestos prediales (sólo recaudan el 0.2% del PIB). No existe un banco de tierra o reserva territorial para vivienda y desarrollo urbano. Proyectos estratégicos de infraestructura, en especial de energías renovables (hidráulica, eólica, solar, geotérmica) se enfrentan a serios conflictos, y a una gran incertidumbre contractual con propietarios de la tierra, que los retrasan hasta hacerlos financieramente inviables o los hacen abortar por presiones políticas.

Persisten grandes problemas y conflictos de límites entre núcleos agrarios e incluso entre entidades federativas (como en Los Chimalapas, entre Oaxaca y Chiapas), que provocan inseguridad, violencia y destrucción de recursos naturales. La deforestación de tierras ejidales y comunales sigue cobrándose más de cien mil hectáreas anuales, y no tenemos un sistema público de cartografía satelital o de información geográfica que aproveche las nuevas tecnologías, le de seguimiento anual, permita evaluar políticas de gobierno, y haga que rindan cuentas los responsables.  Han casi desaparecido los terrenos nacionales como consecuencia, durante el siglo XX,  de décadas de privatización a través del reparto agrario (ejidos y comunidades son también propiedades privadas, sólo que sus dueños son muchos, a pesar de que la corrección política quiera ignorarlo). No hay un esquema para recuperar el acervo de terrenos nacionales y administrarlos de acuerdo al interés público. Téngase en cuenta que en México,  incluso las Áreas Naturales Protegidas son eminentemente propiedades privadas, lo que significa retos  extraordinarios para la conservación. Es crucial que la SEDATU coadyuve con la SEMARNAT en ampliar su cobertura notablemente, y en diseñar y aplicar programas de manejo de manera concertada con los propietarios. En el siglo XXI, las instituciones de propiedad agraria (ejidos y comunidades) deben convertirse en sujetos responsables de gestionar  bienes públicos nacionales, como biodiversidad, bosques, selvas desiertos y aguas.

Es urgente que la SEDATU de señales de vida, y que, si va cumplir sus cometidos, al menos  vaya haciendo acopio de los recursos humanos, institucionales y técnicos exigibles.