Se debe procurar gravar las cosas malas, no las cosas buenas, teniendo en cuenta que los impuestos también operan como incentivos o desincentivos. Los impuestos han de ser transparentes, equitativos, progresivos, de fácil administración, y muy difícil evadirlos. Deben ser económicamente eficientes y políticamente viables. Los impuestos ecológicos deben ser realmente eficaces para reorientar conductas de actores económicos en problemas relevantes, y ofrecer un potencial recaudatorio importante para que valgan la pena desde una perspectiva fiscal. Para garantizar su legitimidad y racionalidad es preciso que se destinen (al menos en parte) a financiar proyectos esenciales para un desarrollo sustentable. Deben generar un doble dividendo, acoplados a una reducción en los impuestos al ingreso y al empleo que penalizan el trabajo, el ahorro y la inversión. Así, los impuestos ecológicos o verdes, en el contexto de una reforma hacendaria, pueden acercarnos a la sustentabilidad y al mismo tiempo hacernos más productivos, competitivos y capaces de generar más empleos y combatir la pobreza.
El nuevo impuesto al CO2 (ojo, no al "carbono") puede ser una gran iniciativa que inaugure una nueva etapa de política fiscal en México y de convergencia entre la política económica y las políticas ambientales. Sin embargo, para que en realidad lo sea, debe ser revisado en su planteamiento y alcances, a la luz de consideraciones como las señaladas arriba. Y por supuesto, es indispensable construir no sólo una robusta plataforma de argumentación teórica, sino una coalición política y de opinión pública suficientemente potente para asegurar su aprobación. Al impuesto CO2 deben asistirle tanto la razón técnica como la razón política. Por tanto hay varias condiciones que deben cumplirse:
Es obligada una explicación clara del nuevo impuesto de parte de SEMARNAT (o de quien sea ahora responsable de la agenda de sustentabilidad en el gobierno federal), que despeje escepticismo, ofrezca liderazgo y fundamente el impuesto desde una perspectiva de sustentabilidad. La segunda es eliminar la confusión que tiene la iniciativa entre CO2 y carbono. La tercera es que sea económicamente perceptible por los consumidores de combustibles fósiles (unos cuantos centavos por litro no tendrán ningún impacto ambiental apreciable); esto es aún más importante cuando persisten los subsidios a las gasolinas y al diesel, con un resultado neto incierto. La cuarta es que contribuya a financiar la conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas (como en Costa Rica) y la transición energética, en especial, energías renovables y transporte público. La cuarta es que, en el contexto de una reforma hacendaria, entre en tándem con la eliminación del impuesto sobre nóminas y con una reducción del ISR a personas físicas y empresas. La quinta es que la magnitud del impuesto se desligue del precio del CO2 en los mercados internacionales existentes, los cuales están en proceso de desmoronarse o son muy poco representativos; su magnitud debe definirse como decisión autónoma de acuerdo a necesidades y objetivos internos de política fiscal y de sustentabilidad. La sexta es que se anuncie una magnitud que será creciente a largo plazo, conforme aumente el precio sombra del CO2 en el mundo, y para que efectivamente implique un ajuste de fondo en las conductas de actores económicos. Séptimo y último, que no sea aplicable a los combustibles industriales, ya que afectaría innecesariamente a la competitividad de las empresas. Las emisiones del sector industrial son poco significativas en el inventario nacional, casi todas las grande empresas han adoptado prácticas de punta en materia de eficiencia energética y están sujetas a precios muy elevados de electricidad y gas natural, además de que no son relevantes en los problemas de calidad del aire en zonas metropolitanas. Así, sí.
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