Educación, tragedia en el sur de México

La calidad de la educación depende de la calidad de los maestros, y de las condiciones institucionales y socioeconómicas locales. De acuerdo a la prueba PISA de matemáticas 2012 realizada por la OCDE, sobresalen países desarrollados con una sólida cultura competitiva y de esfuerzo personal, y plenamente urbanizados (Singapur, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur, Japón, Canadá, Alemania) http://www.oecd.org/pisa/46643496.pdf. Ciertamente la calidad de la educación en México no es algo de lo que podamos enorgullecernos. Sin embargo, sólo Chile nos supera en el contexto latinoamericano. México se da a sí mismo la educación más deficiente entre las naciones de la OCDE, pero también, es el país menos desarrollado y el más pobre de esa organización. Hasta aquí, no hay mucho de qué sorprenderse.

La pobreza sólo se supera elevando la productividad de las personas, a partir de la acumulación de capital humano y de la disponibilidad de capital físico, mejores tecnologías, y economías de proximidad que sólo se dan en las ciudades (ver a Jane Jacobs en The Economy of Cities, y a Edward Glaeser en The Triumph of the City). Y claro, el capital humano sólo se forma a través de la educación. Por tanto, de la calidad de la educación depende en buena parte la posibilidad de vencer a la pobreza, y también la desigualdad, siendo la calidad de la educación pública el gran y único instrumento eficaz de igualación social.

Lo realmente notable es la gran varianza en el desempeño PISA entre distintos estados de la República, que revela dimensiones de tragedia, a la luz de las variables institucionales, culturales y socioeconómicas que explican el desempeño educativo. Las entidades federativas con el mejor desempeño en PISA matemáticas son Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Colima, con niveles semejantes a los de Chile o Turquía. Los peores son Guerrero, Chiapas, y por supuesto debe agregarse a Oaxaca y a Michoacán (la CNTE impidió que se aplicara el examen PISA) http://www.pisa.sep.gob.mx/pisa_en_mexico2.html. Son estados eminentemente rurales y por tanto muy pobres, donde predominan valores colectivistas, y una cultura de búsqueda de rentas a costa del Estado. Las organizaciones sociales y la institucionalidad local tienen por objeto la extracción de rentas, no el desarrollo productivo. Las escuelas normales son manejadas por mafias subversivas (CNTE), como centros de formación y reclutamiento donde adoctrinan e inculcan delirantes catecismos revolucionarios a maestros que reproducen en las escuelas primarias una ideología y una cultura improductivas de rentismo, extorsión y violencia, resentimiento y rencor social. El gobierno les paga, y vive aterrado en perpetuo chantaje otorgándoles concesiones crecientes en presupuestos, canongías y control corporativo.

Es la incubadora de la improductividad y de la pobreza eterna: pésima educación, alta población rural, valores disfuncionales, instituciones extractivas de renta, y cultura colectivista. También de la violencia: las mafias revolucionarias del magisterio nutren y soportan a organizaciones guerrilleras (EPR, ERPI, y ahora el flamante FAR-LP). 

Todo es apuntalado por programas sociales como Oportunidades y PROCAMPO, que refuerzan el paternalismo y la dependencia (en vez de promover la autonomía individual), y que anclan a la población a una miserable vida rural dependiente de dádivas, subsidios y subvenciones del gobierno, y de la articulación de sus demandas por parte de organizaciones políticas.

La tragedia educativa es causa y consecuencia en un escenario generalizado de rezago y fractura, disfunción institucional y económica, y persistencia de altos porcentajes de población rural en consecuente pobreza. La reforma educativa es un primer viento de cambio, pero que, sin embargo, para rendir resultados, necesita ir en sinergia con nuevas políticas sociales y de gobernanza, de cambio institucional y cultural, y de fomento a la urbanización...  Sí, a la urbanización.

Parques Nacionales, soberanía territorial perdida

En México el Estado ha sido particularmente débil en sus capacidades de gestión sobre el territorio nacional.  Una legalidad tradicionalmente hueca y desmadejada es una causa obvia. Le sigue nuestra peculiar historia agraria, que durante el siglo XX entregó frenéticamente en propiedad privada (ejidal, comunal, individual), casi la totalidad de nuestro territorio. Más aún, con reformas al Artículo 115 Constitucional en 1983, en un  arrebato de ansia federalista, el Gobierno Federal abdicó de toda facultad de regulación territorial y de uso del suelo en favor de municipios efímeros y minusválidos.  Núcleos agrarios se erigieron así, ante los municipios, como los verdaderos centros de poder territorial fuera de las ciudades; recordemos que detentan casi el 60% de la superficie terrestre de México.

Dado el desistimiento real del Estado a hacer valer intereses públicos frente a la propiedad  privada (ejidal, comunal o individual, todas son propiedades privadas), sólo las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han representado una voluntad real de reconstituir  soberanía y racionalidad en la gestión del territorio. Han sido manto tenue de cordura pública tendido sobre diferentes modalidades de propiedad privada y sus dinámicas e intereses. Desde luego, en desventaja. Casi la totalidad de las ANP en México son propiedad privada, como parques nacionales, reservas de la biósfera, áreas de protección de flora y fauna... La tensión entre lo público y lo privado es extrema y permanente; sólo se resuelve de tres maneras en favor de lo público: expropiación o compra, contratos y pagos a los propietarios para conservación, y regulación.

Visto de otra forma, el problema es típico de un país que se desgarra entre la modernidad de lo público y una anacrónica obsesión campesina. Miguel Ángel de Quevedo promovió decretos presidenciales para los primeros parques nacionales en los años 30 del siglo pasado, pensando en mantenerlos en el dominio público mediante expropiación. Lázaro Cárdenas, mientas tanto, los repartía o no pagaba las expropiaciones prometidas.  Más recientemente ha crecido el número y la cobertura de  ANP, pero ya sin la expectativa de comprar o expropiar la tierra. Se trata de ANP negociadas, que son instrumento de regulación territorial, y que ofrecen algunos magros mecanismos de compensación para los propietarios. A pesar de ello, y su grave precariedad presupuestal, un buen número funciona. Entre las que no, están antiguos parques nacionales quevedianos, objeto de saqueo forestal, explotación agrícola y ganadera, e ilegalidad: Nevado de Toluca, Izta-Popo, Zoquiapan, La Malinche, Pico de Orizaba, Nevado de Colima, Ajusco, Lagunas de Zempoala...

En países civilizados los parques nacionales son emblemas nacionales, propiedad del Estado, y casi objeto de veneración ecológica y cívica, además de una fuente  caudalosa de ingresos y oportunidades de negocios turísticos: Iguazú, Torres del Paine, El Calafate, Yellowstone, La Amistad, Tikal, Yosemite, Doña Ana, Banff. Aquí, no. Ni siquiera aspiramos a ello; preferimos degradarlos en su categoría, para hacer legal lo que antes era ilegal; es el caso del Nevado de Toluca.  Así, desde la mediocridad y la resignación, México renuncia a tener parques nacionales en sus sitios icónicos; no tenemos las ganas, nos parece muy difícil, y  no queremos asignar el dinero necesario  (lo más importante en la agenda ambiental el país, la CONANP, ¡recibe sólo el 1.7% del presupuesto de SEMARNAT!).

Debemos exigir que en los parques nacionales y otras ANP, en vez de recular, el Estado empiece a recuperar la soberanía perdida sobre el territorio. Las ANP  críticas  deben ser expropiadas en la medida que sea indispensable, a partir de un Fondo Nacional Territorial para la Conservación, multiplicarse el presupuesto y las capacidades de la CONANP, y crearse un cuerpo especializado de Policía Federal para su custodia.

Oaxaca, Chiapas, Guerrero... incubadoras de pobreza

Los países ricos y desarrollados en el mundo son países plenamente urbanizados (también, en lo ambiental, tienden a ser los más sostenibles). Todos los países pobres son eminentemente campesinos. Esto se replica a escala sub-nacional; en México, los estados más pobres y rezagados poseen una población mayoritariamente rural, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Las correlaciones en este sentido, tanto a escala internacional como de entidades federativas son estadísticamente muy significativas; y no sólo son correlaciones, hay una profunda  causalidad entre pobreza,  población rural y destrucción ecológica; y entre ingresos altos, urbanización y sustentabilidad.

Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados más pobres del país, tomando como medida simple el PIB per cápita, o bien índices de marginalidad o de desarrollo humano. El 64% de la población oaxaqueña vive en asentamientos menores a 15 mil habitantes, el 61% en Chiapas, y el 53% en Guerrero. Representan la mayoría de los pobres extremos existentes en México, y actúan como verdaderas incubadoras de pobreza en nuestro país, donde ésta se transmite de manera inter-generacional. Las políticas asistencialistas y re-distributivas, si bien pueden paliar  los apremios de la marginalidad, no resuelven el problema. Los programasOportunidades y Procampo, especialmente, la reproducen; han hecho perder  ímpetu en los últimos años a la reducción de la fecundidad  y al  proceso migratorio del campo a las ciudades, y con ello, al desarrollo económico y al abatimiento de la pobreza.

La vida rural de subsistencia ante fuertes presiones demográficas impide por definición el aumento de la productividad, única forma de elevar los ingresos de la población; las condiciones ecológicas conspiran contra ello: suelos pobres, ecosistemas frágiles, elevadas pendientes, escasez de agua, e imposibilidad  de llevar infraestructura y servicios a una población dispersa.  Además de sólidas dotaciones de capital físico y humano, elevar la productividad y los ingresos por persona en el campo implica por fuerza reducir considerablemente el número de trabajadores. Arraigar a la población en el campo, en estas condiciones, sólo crea una máquina de movimiento perpetuo fabricante de pobreza, y también de devastación ecológica. No es casual que Chiapas, Oaxaca y Guerrero presenten las tasas más elevadas de deforestación en el territorio nacional, trágicamente, siendo los estados con mayor biodiversidad. Poco ayuda en muchos casos la prevalencia de la propiedad colectiva de la tierra, matriz proclive a la tragedia de los recursos comunes y a la disipación de rentas, que impiden la acumulación de capital y  la inversión.

La pobreza y el colectivismo se asocian en esos estados a instituciones improductivas, orientadas a la búsqueda de rentas. Ejemplo palmario es la CNTE, que no por casualidad hunde sus raíces más profundas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La CNTE, como institución imbricada en las sociedades locales, en su ideología, creencias y visión del mundo, captura  a los propios gobiernos estatales para extraerles jugosas rentas, que la nutren y fortalecen. También inocula a los padres de familia, que contemplan resignados o participan en el atropello contra sus hijos. Se implanta en la ilegalidad, en el secuestro, la extorsión,  en el amague de violencia subversiva (el EPR), y en el adoctrinamiento a través del sistema educativo. El resultado es la destrucción del capital humano en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, las entidades federativas con la peor educación del país, que condena a los niños a bajos ingresos en su edad adulta, reproduciendo la pobreza (www.economist.com/teachers13).

Mientras no se incentive con eficacia la emigración del campo a las ciudades, y no se concreten cambios institucionales de fondo en el sector educativo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas seguirán siendo incubadoras de pobreza. No habrá presupuesto de política social que alcance.

Nevado de Toluca, tragedia de los Parques Nacionales

Desde el paroxismo cardenista de reparto agrario, el Estado renunció a ser propietario de tierras y fue abdicando de sus funciones de regulación sobre el territorio, creyéndolo sólo como una frontera de colonización donde materializar  arcadias campesinas imaginadas por la Revolución. Nada más lejano a Theodore Roosevelt (presidente visionario fundador del sistema de parques nacionales de los Estados Unidos) que Lázaro Cárdenas. Mientras Miguel Ángel de Quevedo creaba parques nacionales en el Nevado de Toluca, el Ajusco, la Malinche, el Pico de Orizaba, el Nevado de Colima, Tepoztlán, Chacagua, y otros más, el General Cárdenas creaba ejidos sobre las mismas tierras, entregando el incipiente sistema de parques nacionales mexicanos... en propiedad privada.

Como era de esperarse, fueron objeto de una minuciosa actividad de saqueo, sobre-explotación y destrucción. Para cualquier país que valore su identidad y su riqueza biológica y escénica, así como sus paisajes naturales más significativos, los parques nacionales deben ser un verdadero tesoro de identidad y orgullo, resguardado y abierto al disfrute colectivo con la misma determinación con que se resguardan y disfrutan los monumentos históricos. Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, todos los países europeos, y todos los demás países civilizados del mundo tienen una red más o menos extensa de parques nacionales de propiedad pública o del Estado. Fueron siempre de propiedad pública, o se compraron o expropiaron, dada su importancia para la conservación del capital natural e infraestructura ecológica de los países. Son verdaderos bienes públicos. En México no.

La mayor parte de los parques nacionales mexicanos han languidecido en el abandono, y han sido objeto de explotación intensa por parte de sus propietarios. La degradación es evidente,  a pesar de que de acuerdo a la legislación mexicana los parques nacionales son una categoría fundamental de nuestro catálogo de Áreas Naturales Protegidas (ANP),  que ocupan ya cerca del 12% del territorio nacional terrestre.  También, a pesar, de que las ANP constituyen el instrumento más importante y vital para la conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales y de los valores escénicos y paisajísticos más entrañables de la Nación.

En buena medida, las ANP de México sobreviven y se desarrollan en la precariedad, gracias al esfuerzo y compromiso heroico (sí, heroico) del personal que las atiende en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Todo ello, en un contexto de escasez de visión, ninguneo y marginalidad en la escala de prioridades de los altos funcionarios, y de miseria presupuestal. El presupuesto para las ANP y para la CONANP es sólo ¡el 1.7% del presupuesto total de SEMARNAT! - 1,000 millones de pesos - y se ha reducido notablemente en términos reales.

El Nevado de Toluca es un ejemplo arquetípico. Talado y deforestado, incendiado, plagado de actividades agrícolas y ganaderas irresponsables, contaminado por agroquímicos, saturado de construcciones infames, y erosionado a manos de sus propietarios al grado de que cárcavas gigantescas provocan el derrumbe de taludes. No se encontró mejor solución, en el escenario descrito, que hacer legal lo ilegal y resolver todo por el denominador más bajo, confeccionando un nuevo decreto permisivo que elimina la augusta figura de Parque Nacional y lo convierte en área de protección de flora y fauna, donde todo lo que hoy ocurre, se vale. ¡Sólo se mantiene el cráter como zona de conservación! Conformismo, resignación, mediocridad, renuncia, aceptación de impotencia, incuria... O realismo, argumentan. Es decepcionante. México merece parques nacionales (¿o no?) que deben estructurarse con base en expropiaciones y compras de tierras, regulación y vigilancia estrictas, y pagos por servicios ambientales  a los propietarios. Eso debe hacerse en el Nevado de Toluca.

Sí al impuesto al CO2, pero....

Se debe procurar gravar las cosas malas, no las cosas buenas, teniendo en cuenta que los impuestos también operan como incentivos o desincentivos. Los impuestos han de ser transparentes, equitativos, progresivos,  de fácil administración, y muy difícil evadirlos. Deben ser económicamente eficientes y políticamente viables. Los impuestos ecológicos deben ser realmente eficaces para reorientar conductas de actores económicos en problemas relevantes, y ofrecer un potencial recaudatorio importante para que valgan la pena desde una perspectiva fiscal. Para garantizar su legitimidad y racionalidad es preciso que se destinen (al menos en parte) a financiar proyectos esenciales para un desarrollo sustentable. Deben generar un doble dividendo, acoplados a una reducción en los impuestos al ingreso y al empleo que penalizan el trabajo, el ahorro y la inversión. Así, los impuestos ecológicos o verdes, en el contexto de una reforma hacendaria, pueden acercarnos a la sustentabilidad y al mismo tiempo hacernos más productivos, competitivos y capaces de generar más empleos y combatir la pobreza.

El nuevo impuesto al CO2 (ojo, no al "carbono") puede ser una gran iniciativa que inaugure una nueva etapa de política fiscal en México y de convergencia entre la política económica y las políticas ambientales. Sin embargo, para que en realidad lo sea, debe ser revisado en su planteamiento y alcances, a la luz de consideraciones como las señaladas arriba. Y por supuesto, es indispensable construir no sólo una robusta plataforma de argumentación teórica, sino una coalición política y de opinión pública suficientemente potente para asegurar su aprobación. Al impuesto CO2 deben asistirle tanto la razón técnica como la razón política. Por tanto hay varias condiciones que deben cumplirse:

Es obligada una explicación clara del nuevo impuesto de parte de SEMARNAT (o de quien sea ahora responsable de la agenda de sustentabilidad en el gobierno federal), que despeje escepticismo, ofrezca liderazgo y fundamente el impuesto desde una perspectiva de sustentabilidad. La segunda es eliminar la confusión que tiene la iniciativa entre CO2 y carbono. La tercera es que sea económicamente perceptible por los consumidores de combustibles fósiles (unos cuantos centavos por litro no tendrán ningún impacto ambiental apreciable); esto es aún más importante cuando persisten los subsidios a las gasolinas y al diesel, con un resultado neto incierto. La cuarta es que contribuya a financiar la conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas (como en Costa Rica) y la transición energética, en especial, energías renovables y transporte público. La cuarta es que, en el contexto de una reforma hacendaria, entre en tándem con la eliminación del impuesto sobre nóminas y con una reducción del ISR a personas físicas y empresas. La quinta es que la magnitud del impuesto se desligue del precio del CO2 en los mercados internacionales existentes, los cuales están en proceso de desmoronarse o son muy poco representativos; su magnitud debe definirse como decisión autónoma de acuerdo a necesidades y objetivos internos de política fiscal y de sustentabilidad. La sexta es que se anuncie una magnitud que será creciente a largo plazo, conforme aumente el precio sombra del CO2 en el mundo, y para que efectivamente implique un ajuste de fondo en las conductas de actores económicos. Séptimo y último, que no sea aplicable a los combustibles industriales, ya que afectaría innecesariamente a la competitividad de las empresas. Las emisiones del sector industrial son poco significativas en el inventario nacional, casi todas las grande empresas han adoptado prácticas de punta en materia de eficiencia energética y están sujetas a precios muy elevados de electricidad y gas natural, además de que no son relevantes en los problemas de calidad del aire en zonas metropolitanas. Así, sí.

DESARROLLO ECONÓMICO, URBANIZACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

Seremos hacia la mitad del siglo 9,000 millones de habitantes en el planeta, y 140 millones en México. En estas condiciones de presión demográfica, sólo el desarrollo económico y  la urbanización,  la biotecnología en la agricultura, y una eficaz política ambiental pueden ofrecer atisbos de sustentabilidad. Sorprende  a muchos, pero claramente hay una Curva de Kuznets (Simón Kuznets, Premio Nobel de Economía 1971) o "U" invertida entre el crecimiento de la economía y sus impactos ambientales; es decir, en las etapas de despegue éstos se exacerban, pero conforme crece el PIB per cápita llega un punto en que se revierten, cosa que ha ocurrido en la mayor parte de los países desarrollados.

La urbanización en los países desarrollados es muy alta y su población rural  es en promedio menor a 5%, lo que libera tierras de cultivo y pastoreo y reduce las presiones territoriales sobre los ecosistemas. De ahí que exista una alta correlación  entre PIB per cápita y aumento neto en la superficie forestada de los países (The Economist, Septiembre 14-20, 2013). La urbanización hace crecer la productividad por economías de aglomeración,  mayor acumulación de  capital humano, disponibilidad de capital físico y eficiencia en la provisión de servicios públicos. El incremento generalizado en la productividad de las personas que sólo es posible en las ciudades, eleva los ingresos y  abate la pobreza. Por ello existe una altísima correlación entre nivel de urbanización y nivel de ingreso per cápita en el mundo (Harvard Initiative for Global Wealth, 2008). Mientras tanto, se multiplica la producción de alimentos en una menor superficie, lo que limita la apropiación humana de la Productividad Neta Primaria del territorio, dejando espacio para ecosistemas naturales y otras especies. Esto se debe al escalamiento en los volúmenes de cosecha por hectárea gracias a la biotecnología. Estados Unidos, entre 1940 y 2010, expandió cuatro veces la producción de maíz en la misma superficie cultivada.

En las áreas montañosas más pobres del sur y sureste mexicano, que son también las regiones de mayor porcentaje de población rural, pobreza, biodiversidad y deforestación, los cultivos de subsistencia en laderas desmontadas para tal efecto rinden en promedio menos de una tonelada de maíz por hectárea al año; en Sinaloa, hasta 16.

En México promovemos el arraigo rural, la pobreza y la deforestación a través de los subsidios de PROCAMPO y PROGAN. También incentivamos el aumento en la fecundidad (número de hijos por mujer)  a través del programa Oportunidades. Bajo la influencia de estos programas de subsidio, el necesario descenso relativo en la población rural de México se ha prácticamente detenido. El porcentaje de población rural cayó de 70% en 1920, a 29% en 1980; pero sólo a 24% en 2010. Todavía nuestro país carga casi 27 millones de personas en el campo, que siendo el 24% de la población total generan menos del 5% del PIB nacional. Esa es la matriz estructural de la pobreza y de la desigualdad, al igual que de la deforestación.

Es preciso  superar catecismos de corrección política y  convertir al PROCAMPO y al PROGAN en instrumentos de combate a la pobreza y a la deforestación, eliminando la condicionante de "explotación" de la tierra y dando libertad a los beneficiarios para emigrar a las ciudades. Con la misma premisa, modificar Oportunidades para que sea un incentivo al trabajo, a la educación, y  a la emigración; y no, al aumento en la fecundidad, restableciendo políticas de salud reproductiva. En paralelo debe construirse  una  política sensata de asimilación migratoria en las ciudades, a la par que se lleve a cabo la ampliación y fortalecimiento sustancial de las Áreas Naturales Protegidas.

Riesgos climáticos y regulación del territorio

Un riesgo es una probabilidad de ocurrencia de algún acontecimiento pernicioso multiplicada por su costo estimado. En cuanto a eventos meteorológicos extremos como los que han azotado al territorio nacional en días pasados, las probabilidades de ocurrencia están fuera de las potestades humanas, aunque sabemos que su magnitud será creciente a lo largo del siglo de acuerdo a las proyecciones relacionadas con el cambio climático. Los científicos estiman que en amplias regiones geográficas del planeta aumentará la frecuencia e intensidad de tormentas, ciclones y huracanes, así como la concentración en el tiempo de volúmenes de precipitación pluvial.  No hay nada que hacer para evitarlo. Pero sí está dentro de las capacidades de la sociedad el reducir el costo de tales eventos meteorológicos extraordinarios, minimizando la exposición de la población; dicho de otra forma, reduciendo su vulnerabilidad. En México, es verdad que hemos avanzado en fortalecer mecanismos de respuesta y atención a situaciones de emergencia, pero, por desgracia, sólo,  casi literalmente, una vez que el niño ha sido ahogado.  El huracán Paulina que flageló al estado de Guerrero en 1997,  inundaciones catastróficas recurrentes en Tabasco y el Valle de México, y el nuevo episodio de la tormenta Manuel, lo hacen evidente.

El costo en daños materiales y sociales, y en vidas humanas ha sido astronómico. Su denominador común es el desorden en la ocupación del territorio en zonas urbanas y peri-urbanas ante la impotencia manifiesta de los gobiernos municipales de evitarlo. Y subrayamos gobiernos municipales, dado que ellos tienen las facultades constitucionales (Artículo 115) de regular el desarrollo urbano y el uso del suelo en sus jurisdicciones. El Gobierno Federal renunció a dichas facultades con las reformas de 1983,  y desde entonces ha carecido de atribuciones, prefiriendo dejarlas en manos de administraciones locales efímeras (sólo 3 años sin reelección), técnica y políticamente incapaces y frecuentemente corruptas. El resultado es funesto. Por un lado ocupación masiva de terrenos precarios y obviamente baratos y sin servicios, mediante invasiones y compraventas informales a núcleos agrarios. Por el otro, desarrollos masivos de vivienda minúscula y monotemática desplantados de manera discontinua, lejanos y desvinculados a las ciudades, y financiados con hipotecas y subsidios oficiales. Se trata de tierras con pendientes elevadas proclives a deslaves, cañadas y cauces que dan curso a grandes avenidas de ríos, llanuras de inundación natural, y humedales...  La planeación ha sido sólo un ejercicio estéril dada la imposibilidad de aplicar las regulaciones previstas en planes y programas de desarrollo urbano u ordenamiento ecológico (cuando existen). En realidad no hemos tenido política urbana. El Estado dio rienda suelta al desorden espontaneo del mercado formal de vivienda o de la simple necesidad políticamente manipulada. El Estado abdicó de una de sus responsabilidades fundamentales.

En materia de ordenamiento del desarrollo urbano, y también en lo que corresponde a la conservación de la biodiversidad, haber depositado facultades constitucionales absolutas en los municipios en la regulación del territorio y de los usos del suelo ha revelado ser una costosísima ficción política y un temerario y culposo celo federalista. El Gobierno Federal debe restablecer soberanía sobre el territorio nacional, terrestre, costero y marino. Sin ello será imposible una adaptación eficaz al cambio climático, replantear las políticas de vivienda, promover un nuevo paradigma de ciudades compactas y sustentables, y conservar la biodiversidad. Es preciso revisar el Artículo 115 Constitucional y fincar ahí un sistema funcional de concurrencia entre el Gobierno Federal, estados y municipios en la ordenación del territorio urbano y rural, y dotar a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) de las capacidades necesarias para ello.

Más activismo judicial, menos política pública

Ante la retirada  de SEMARNAT, que virtualmente ha abandonado el escenario (anticipando tal vez su desmembramiento), llama la atención la emergencia del Poder Legislativo como relevo o sucedáneo en la asunción de liderazgos en el desarrollo de nuevos instrumentos de protección ambiental y de recursos naturales. Así se percibe la recientemente promulgada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, promovida desde el 2010 por el entonces Senador (hoy Diputado por el Partido Verde) Arturo Escobar. Su entrada en vigor apenas hace algunas semanas empieza a generar fuertes expectativas sobre su alcance, inquietudes sobre sus implicaciones para diversos actores económicos, y dudas fundadas sobre las capacidades de SEMARNAT para hacer efectivo su cumplimiento. Se trata de una pieza legislativa de gran visión, que bajo el concepto de Responsabilidad Ambiental, aloja nuevos y poderosos instrumentos para modificar conductas que tienen impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

La esencia de la ley es una tríada: reparación del daño ambiental, compensación, y sanción económica, acoplada a procedimientos penales. Se obliga a la reparación del daño ambiental, hasta recuperarse el estado base del medio ambiente, a personas físicas y morales responsables; en caso de no ser posible, se impone la compensación en el sitio o en otro ecosistema en condiciones de equivalencia. En presencia de dolo, se impondrá una sanción económica que puede llegar en la actualidad a los 40 millones de pesos; siempre se contempla responsabilidad solidaria con  contratistas y empleados por parte de los propietarios o ejecutivos directamente involucrados. Lógicamente, se exime de responsabilidad a quienes hayan declarado impactos ambientales a través del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y los hayan mitigado conforme a las condicionantes específicas establecidas por la autoridad. Por cierto, obliga a SEMARNAT a diseñar y a expedir Normas Oficiales Mexicanas para la determinación y cuantificación de los daños ambientales, lo que será técnicamente muy complejo.

Algo muy importante, es que la Ley concede derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente  reparación, compensación o sanción económica, a cualquier persona física vecina de una comunidad afectada, a cualquier ONG legalmente constituida en los últimos tres años, a PROFEPA, y a las procuradurías ambientales estatales. Esto, ante las propias procuradurías ambientales,  y  ministerios públicos en lo que corresponda a actos administrativos, procedimientos judiciales y penales, Ley de Amparo, o bien, mecanismos alternativos de solución de controversias. La Ley también plantea la creación de juzgados especializados, y que los recursos generados por sanciones económicas vayan a un Fondo de Responsabilidad Ambiental para financiar la reparación y compensación en casos de urgencia, cosa que haría SEMARNAT. Los responsables estarían obligados a asumir el costo y a pagar con posterioridad.

Muy notable en esta Ley de Responsabilidad Ambiental es su pretensión de extender múltiples vasos comunicantes hacia otras leyes relevantes, modificándolas e introduciendo en ellas los mecanismos de reparación, compensación y sanción económica previstos. Así, modifica a la  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  la Ley General de Vida Silvestre, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, el Código Penal Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley General de Bienes Nacionales.

Reforma energética y biocombustibles

Antes de la Revolución Industrial, el energético primario fundamental para la humanidad era el sol a través de la fotosíntesis llevada a cabo por las plantas. Se trataba de energía difusa colectada o cosechada en grandes extensiones territoriales. Millones de hectáreas de bosques fueron diezmadas por ello en Europa, Asia y América en tándem con  la agricultura y el pastoreo. Un ejemplo cercano fue Teotihuacán, civilización que hizo desaparecer vastos bosques de encinos para el cocimiento del estuco con el que se recubrían pirámides, templos y calzadas. Teotihuacán se apropió masivamente de la Productividad Primaria Neta (PPN) ofrecida por las plantas; acto que muy probablemente selló su colapso. Muchas otras civilizaciones siguieron esta ruta, mayas clásicos y pascuenses entre ellas. El contexto actual es inquietante:  la agricultura y la ganadería, esencialmente, hacen que  la humanidad se apropie de más de la mitad de toda la PPN de la tierra, dejando cada vez menos margen para el desarrollo y supervivencia de otras especies y ecosistemas.

Los combustibles fósiles vinieron al rescate; el carbón inglés hacia finales del siglo XVIII, y el petróleo norteamericano en Pensilvania a mediados del XIX. Se trata en esencia también de fotosíntesis, pero acumulada a lo largo de cientos de millones de años; y forjada en hidrocarburos por  tiempos y fuerzas de escala tectónica. Ofrecen energía concentrada, de muy alta densidad y calidad, con sólo impactos puntuales sobre el territorio y por tanto, sobre la PPN del planeta (a excepción de la barbarie petrolera canadiense de arenas bituminosas). Ciertamente no son renovables, pero su abundancia ha superado toda expectativa, habiendo silenciado a quienes pronosticaban su agotamiento: Hubbert y el punto del Peak Oil... La breve edad del petróleo fenecerá no por escasez, como tampoco (ya lugar común) llegó a su fin la Edad de Piedra por escasez de piedras. Imperativos de lucha contra el cambio climático,  eficiencias crecientes y asombrosas, las energías renovables (solar fotovoltaica, eólica), el gas natural de lutitas, y la energía  nuclear terminarán con ella durante el siglo XXI. Desde luego, no serán los biocombustibles de origen agrícola, a los que la racionalidad más elemental debe llevarnos a descartar cuanto antes.

La bajísima densidad territorial de los biocombustibles líquidos agrícolas (etanol, biodiesel) los delata de inmediato: apenas 1 Watt por metro cuadrado en promedio; en los combustibles fósiles este parámetro es hasta mil veces mayor. El significado es rotundo; producir energéticos líquidos a partir de la fotosíntesis requiere de monocultivos gigantescos  y  una apropiación muy extensa del territorio y de su PPN. Brasil,  que se ostenta en el mundo como primera potencia y epítome de eficiencia en etanol, destina más de ¡8 millones de hectáreas! a producir  un volumen de etanol equivalente a la mitad de la gasolina demandada en México. Para dimensionar la brutal competencia por la tierra que implica, digamos que esta área es 30% mayor a toda la superficie agrícola bajo riego, e igual a la tercera parte de toda el área usada por la agricultura (riego y temporal) mexicana. Más aún; el cultivo de caña de azúcar (buena parte para etanol) en Brasil  consume 80 mil millones de metros cúbicos de agua al año, volumen semejante a ¡toda el agua utilizada en nuestro país! en riego agrícola, uso industrial y urbano. El absurdo es evidente. Significa retroceder al patrón de producción de energía previo a la revolución industrial, basado en la fotosíntesis y en una ocupación delirante del territorio, en menoscabo de la conservación del agua y  la biodiversidad, y de la producción de alimentos en el escenario de presiones demográficas sin precedente.  Debe aprovecharse la reforma energética para conjurar esta locura.

El DF, socio del nuevo aeropuerto en Texcoco

Los símbolos importan, a veces aún más que los objetos reales. Un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México es un símbolo, y también una necesidad cuya atención es cada vez menos aplazable.  Da igual que su localización en Texcoco sea contigua a la jurisdicción política del Distrito Federal. De todas formas, será el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, entendida como sistema metropolitano.  No hay lugar para celos parroquiales. Emprender el nuevo aeropuerto en Texcoco significará que nuestros gobiernos (Federal, del Distrito Federal, y del Estado de México) han recuperado capacidades directivas para ofrecer bienes públicos de alta graduación, que somos capaces de enfrentar desafíos  serios de coordinación metropolitana, de emprender y movilizar voluntades y recursos a gran escala para lograr beneficios colectivos; y que podemos dominar nuestras pulsiones de fracaso.  Simbolizará también, a ojos del mundo y de nuestra propia conciencia colectiva, lo que queremos ser. Será un emblema que plasme aspiraciones y las exprese objetivamente sobre el territorio para transformar la funcionalidad de nuestra  metropolitana ciudad. Sería un monumento creativo, un código de orden y estructura sobre el caótico valle de México, que comparten el Distrito Federal y el Estado de México. Querrá decir que de verdad asumimos el reto, y que ansiamos y podemos competir y emerger. Nos dará un nuevo rostro de confianza, apertura, modernidad, y ganas de hacer las cosas, sobre todo cuando el aeropuerto actual sólo transmite congestión, decadencia, humillación, mediocridad, ruina de lo público, y pestilencia; cuando ya no puede más servir con decoro a la ciudad y a México.

El nuevo aeropuerto en Texcoco es incompatible con el actual AICM por razones de espacio aéreo; tendrá que cerrar. Esto abrirá una oportunidad sin precedente para la Ciudad de México. Se trata de un terreno de más de 800 hectáreas que será súbitamente liberado y puesto a disposición del Distrito Federal. Las posibilidades  son casi infinitas para sembrar la nueva ciudad que siempre hemos deseado, para proveer de espacios públicos y áreas verdes, edificaciones cívicas, instalaciones educativas, vivienda,  y nuevos servicios a la población del oriente, la más desfavorecida en toda la zona metropolitana. Un gran proyecto de desarrollo en esas 800 hectáreas transformaría la estructura escénica de la ciudad, permitiría tejer inéditas alianzas público-privadas, generar nuevos ingresos fiscales al GDF, y mejorar espectacularmente la calidad de vida de gran parte de la población de la urbe. Es urgente empezar a imaginarlo. Doble dividendo para la Ciudad de México.

Ahora, no se trata sólo de un nuevo aeropuerto. Romper con la miopía y la  mediocridad en este caso es requisito de viabilidad y desempeño. El proyecto implica varias dimensiones que deben abordarse con una visión unificada. Desde la negociación con propietarios de tierras - con las complejidades políticas conocidas -, hasta las obras de gestión y acondicionamiento  hidrológico, de conectividad y accesibilidad vial y de  transporte público, de equipamiento e infraestructura urbana, y de restauración ecológica. Todas ellas en reforzamiento mutuo. Sobresale el imperativo de reconstruir una porción del ecosistema lacustre en el vaso de Texcoco, elemento indispensable tanto de regulación hidráulica como para un escenario de sustentabilidad  y de calidad  en las condiciones ambientales del valle de México.

Se requiere de un vehículo institucional ex-profeso para lograrlo; una entidad (¿Comisión del Proyecto Texcoco?) que coordine e integre tareas del GDF, Gobernación, Estado de México, SEMARNAT, CNA, SEDATU, SHCP, empresas participantes,  arquitectos y urbanistas,  consultores, y municipios.  No podrá emprenderse el proyecto sin el liderazgo necesario, y con los errores de visión, integración, y gestión política y social cometidos en el intento anterior. Y por supuesto, debe sumarse al GDF como socio del proyecto.

Reforma política, por reforma energética integral

Una buena reforma energética, bien vale la reforma política que los políticos de oposición quieren. En aras de los intereses del país, debe aprovecharse la negociación para llevar a cabo una verdadera reforma energética, y no sólo la reforma petrolera. Esto es, que la transacción  incluya también a la reforma en el sector eléctrico.

Aunque con evidentes pros y contras,  las demandas de los políticos opositores son atendibles. Bien, concédanse la  segunda vuelta electoral,  un Jefe de Gabinete, ratificación a los ministros o secretarios de Estado, y  mociones de censura al propio Jefe de Gabinete. Pareciera que en realidad lo que desean es un cambio de régimen, del presidencialista actual a uno parlamentario. O bien, que creen  que la victoria del PRI en el 2018 es inevitable.  Al menos con mecanismos parlamentarios podrían compartir formalmente  el poder. El Pacto por México, incipiente ensayo de parlamentarismo, les dejó un buen sabor de boca. La reelección de alcaldes y legisladores, como también lo demandan los políticos de oposición, merece aclamación. En ello no hay costos ni riesgos para el país; sólo beneficios.

Al final, la política es un mercado. Aquí, hay una transacción que puede ser extraordinariamente ventajosa para México. Claro, si en la reforma política planteada se aseguran resortes y contrapesos que impidan la parálisis  del gobierno, con plazos perentorios y afirmativas fictas en las ratificaciones, así como con mayorías calificadas para que procedieran las mociones de censura (y que implicarían la caída del Jefe de Gabinete). La reelección de alcaldes es una condición indispensable para mejorar los sistemas de gobernanza locales, ampliar los horizontes de decisión, permitir el desarrollo de proyectos o de políticas con frutos a mediano y largo plazo, fortalecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, profesionalizar a las administraciones públicas, y para que exista la posibilidad de que los electores premien  a los buenos presidentes municipales manteniéndolos en el cargo. Una argumentación similar cabe para la reelección de legisladores. Así,  todos ganan, excepto el oportunismo y las burocracias partidistas. Por cierto, de presentarse, habría que rechazar la creación de municipios en el Distrito Federal, sería la puntilla para un gobierno coherente e integrado en la ciudad, y un despeñadero de balcanización, urbana, política y administrativa.

En contraparte, las ventajas de la reforma petrolera son racionalmente inapelables. México no puede permitirse el delirio de mantener un injustificable régimen monopólico, más abstruso  que los existentes en Corea del Norte y Cuba. Más todavía, cuando los costos de oportunidad son gigantescos. La apertura a la inversión privada y a la competencia darían un impulso sin precedentes a la generación de empleo y al crecimiento económico, además de aumentar reservas, producción y renta para el Estado. Desde luego, como todo el mundo sabe, una reforma fiscal en binomio con la petrolera es obligada, y pareciera que ya está en la cartera de negociación.

Lo que no está, y que el gobierno debe ahora introducir en el intercambio, es una verdadera reforma energética, que implica absolutamente  al sector eléctrico,  a partir de las premisas de la reforma intentada por Zedillo en 1999 y abortada entonces por el PAN. Incorporando una dimensión de sustentabilidad y de despegue para las energías renovables, hay que retomar la iniciativa zedillista y aprovechar la transacción política en curso. Sus líneas básicas fueron planteadas en esta columna la semana pasada.

Reforma política a cambio de reforma energética integral. No perdamos esta oportunidad inédita para que el llamado Momento de México sea un poderoso aliento de transformación institucional y desarrollo sostenible para el resto del siglo.

Reforma energética y reforma eléctrica, por el mismo precio

La izquierda confunde una mercancía (el petróleo) con un monopolio de gobierno (PEMEX) y, misteriosamente, con la identidad y la soberanía nacionales. Pero todos al parecer, hemos pensado que los hidrocarburos son en sí mismos el sector energético, y que la reforma energética se constriñe a la reforma petrolera. Es falso.

Hacia la mitad del siglo, el petróleo dejará de protagonizar el escenario global como energético primario, mientras que sus derivados (gasolinas y diesel) perderán estatus mayoritario como fuente de energía en la flota vehicular (Shell. 2013. New Lens Scenarios).  El viento, el sol, la energía nuclear,  el gas natural, y (desgraciadamente  todavía) el carbón, abastecerán  al mundo a través de la electricidad. El funcionamiento y competitividad de todas (absolutamente todas) las empresas, depende del fluido eléctrico. Sin embargo, nuestra matriz energética sigue petrolizada (65% de la energía primaria producida). Es preciso diversificarla, reducir su vulnerabilidad, y orientarla hacia la eficiencia y la sustentabilidad. Por eso, hablar de reforma energética sin tocar al sector eléctrico es una omisión imperdonable. Hay que hacerlas simultáneamente: reforma en hidrocarburos y reforma eléctrica. El costo político incremental es casi cero; la izquierda conservadora y populista de todas formas desatará su furia. Tengamos una verdadera reforma energética, dos reformas, por el mismo precio.

La demanda de electricidad en México aumenta al 4% anual. Al 2025 habrá que expandir en 40 GW (un 80%) la capacidad de generación. La posición financiera de CFE se deteriora rápidamente; acumula un déficit enorme de más de 30 mil millones de pesos cada año, mientras reparte subsidios por cerca de 80 mil millones de pesos anuales. Su valor neto se ha desplomado de 450 mil a 110 mil millones de pesos entre 2007 y 2012. Sus ineficiencias y pérdidas son cada vez mayores, y no será capaz, como monopolio, y en las condiciones actuales, de satisfacer eficientemente  la demanda proyectada de electricidad. El diferencial de tarifas industriales y de servicios se abre con respecto a nuestros socios comerciales, y todas las empresas ven su competitividad erosionada. Las formidables ventajas fisiográficas del territorio nacional en materia de energías renovables se desperdician, al tiempo que permanecen erigidas enormes barreras a la entrada en generación eléctrica en ausencia de mercados y fijación transparente de precios. La inversión privada enfrenta elevadísimos costos de transacción en la modalidad de autoabastecimiento, que en realidad es una onerosa simulación legal para que el sector privado pueda producir su propia energía eléctrica.

Los principios de reforma son obvios. Separar generación, de despacho, transmisión y distribución;  permitir flexibilidad y competencia, contratos bilaterales, un mercado spot, y libertad para grandes usuarios de escoger oferentes. Establecer al CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) como operador del sistema y del mercado bajo control del Estado; y crear un nuevo organismo del Estado a cargo de la red de transmisión. Tendrían el mandato de construir una red inteligente para aprovechar plenamente las energías renovables, cuyo desarrollo se codificaría en objetivos ambiciosos. La distribución debe regionalizarse en distintas unidades de negocio de CFE.  Los subsidios quedarían escindidos de la fijación de tarifas, mismas que determinaría la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y no la SHCP. La CRE también regularía la transmisión y distribución, competencia, precios (incluyendo externalidades) y calidad del servicio, y otorgaría los  permisos correspondientes. SENER estaría a cargo de política y planeación. CFE tendría autonomía y colocaría parte de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores (previa solución a pensiones). Hay que reformar los artículos 25,27, 28 y 90 Constitucionales, y la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Seamos visionarios y prácticos. Dos reformas por el precio de una.

Retomar políticas demográficas

Proyecciones de la ONU apuntan a 9,600 millones de humanos habitando el planeta hacia el año 2050, y a 11,000 millones en 2100. Hoy somos 7,200 millones y acaparamos más de la mitad de la Productividad Primaria Biológica Neta de la tierra. A finales del siglo conculcaríamos la totalidad, no sólo por volumen demográfico sino por patrones de consumo de mayor huella ecológica. Habremos borrado casi cualquier espacio biológicamente productivo disponible para otras especies y ecosistemas naturales. Aun suponiendo que estas tendencias fuesen ecológicamente sostenibles (que no lo son, desde luego), el escenario sería uno de extrema vulnerabilidad, tensiones y conflicto, más todavía, ante el calentamiento global. Las concentraciones de CO2 en la atmósfera alcanzarán 500 partes por millón, algo no registrado en la tierra en los últimos 4 millones de años. En consecuencia,  las temperaturas promedio  habrán aumentado entre 3 y 5 grados centígrados, lo que hará realidad riesgos extremos para la vida en el planeta, tal como la conocemos.

Insertadas en este escenario, proyecciones demográficas globales lanzan señales inequívocas de alarma. Las tasas de fecundidad (número de hijos por mujer) se resisten a descender en muchos países y regiones, e incluso aumentan contradiciendo pronósticos previos.  Se trata de regiones o países  pobres, fundamentalmente campesinos y poco urbanizados, y/o donde las mujeres carecen de derechos elementales. Algunos ejemplos: en Afganistán las tasas de fecundidad se han incrementado a 6.3; en Sudan, a 5.4; en Etiopía, a 5.3. En la mayor parte de los países de África al sur del Sahara las tasas de fecundidad oscilan entre 6 y 7; en Guatemala, son de 4; en Honduras  de 3. La población de Nigeria se quintuplicará de 184 hoy a 914 millones de habitantes en 2100. La población ribereña del Nilo (Egipto y Etiopía) se duplicará, llegando a 380 millones de personas, así como la de nuestro vecino (Guatemala) que pasará de 14 a 28 millones de habitantes.

En México, la población se multiplicó por dos en los últimos 40 años; hoy somos 118 millones de habitantes, aunque la fertilidad se ha reducido notablemente desde la mitad del siglo pasado; de 6 a 2.3. Las causas han sido la integración de las mujeres al sistema educativo y al mercado laboral, la migración rural-urbana y la urbanización,  el aumento en los ingresos y oportunidades, una mayor cobertura de seguridad social, y no menos importante, eficaces políticas demográficas impulsadas en la década de 1970 por el gobierno de Luis Echeverría,  después abandonadas. Algunas han perdido inercia en los últimos años, y otras, probablemente, se han estancado, por lo que ha sido necesario revisar las proyecciones de población al alza.  Hacia la mitad del siglo seremos 151 millones de mexicanos.

La fecundidad se comporta de manera regionalmente diferenciada; es mayor en estados con alta proporción de población campesina y pobreza. En el DF la tasa de fecundidad es de 1.8, en Baja California Sur de 2.0, en Baja California de 2.1, y en Nuevo León también de 2.1,  números  por debajo o en torno a los parámetros de reemplazo demográfico. Sin embargo, la tasa de fecundidad en Chiapas es de 2.7 al igual que en Guerrero, y en Oaxaca de 2.6. De hecho, la población de Chiapas casi se duplicará hacia el 2030 llegando a 6.2 millones de habitantes. Son los estados más pobres y atrasados, con gran fragilidad ecológica y altas proporciones de población campesina. También, se cuentan entre los más vulnerables al cambio climático.

¿Seguiremos sin política demográfica?

Clima, preparémonos para lo peor

Nada podrá hacerse para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Nunca, en los últimos cuatro millones de años, las concentraciones de CO2 en la atmósfera del planeta habían rebasado como ahora, las 400 partes por millón (PPM). Seguirán aumentando hasta llegar a 500 PPM hacia finales del siglo, insensibles a los discursos engolados de políticos, cínicos u honestos. Están atados de manos. Los políticos no se mandan solos, al menos en las democracias, y en donde no las hay, tampoco pueden arriesgarse a perder el poder por lanzar a la sociedad a épicas transformadoras que casi nadie desea. El futuro lejano está fuera del alcance del cálculo racional de electores, consumidores, empresas y gobiernos, mientras que las capacidades de cooperación internacional a gran escala están colapsadas en el nuevo orden de distribución de poder global. Nuevos antagonismos afloran y tensan las relaciones entre Estados, y los liderazgos están agotados o son inexistentes. Y, sobre todo,  pocos reconocen que el mayor obstáculo está en los ciudadanos, en nosotros mismos.

Contener el calentamiento global exige lograr cosas que hoy por hoy son francamente impopulares, y percibidas como inequitativas o regresivas en términos distributivos. Son cosas que trastocarían un buen ámbito de nuestro estilo de vida urbana, pero también el de comunidades rurales. Significa renunciar a una movilidad basada en el vehículo de combustión interna, y a ciudades cada vez más extensas impulsadas por el deseo casi genético de la casa suburbana con jardín.  Significa ser frugales en el uso de la energía y construir en serio grandes capacidades de producción de electricidad con fuentes renovables. Significa parar en seco la deforestación, y recuperar masivamente grandes extensiones de bosques y selvas, transformando actividades agropecuarias comerciales y de subsistencia. Significa cambiar nuestros patrones nutricionales y disminuir el consumo de alimentos con fuerte huella ecológica (como carne de res y lácteos).

Muy pocos lo aceptarían, ya que  para lograrlo es indispensable eliminar subsidios a los combustibles y a la electricidad; establecer severos impuestos al carbono en las gasolinas y el diesel; regulaciones draconianas de uso del suelo; pagar a los campesinos por no deforestar y por permitir la recuperación de ecosistemas forestales; introducir impuestos a alimentos de gran impacto ecológico; inducir mediante impuestos prediales y créditos hipotecarios exclusivos la verticalidad de la ciudades y la vivienda en edificios de departamentos con usos del suelo mixtos, y  que nos movamos a pié o en transporte público y bicicleta de manera preferente; financiar con  primas a los productores de energía renovable (acabando por supuesto con los monopolios). Todo esto requiere de un Estado fuerte y visionario, y por supuesto, de ciudadanos y consumidores dispuestos no sólo a admitirlo y a asumirlo, sino a apoyar su instrumentación. No tenemos ninguna de las dos cosas.

Se trataría de extender un hilo conductor que iría de nuevos valores e intereses públicos a preferencias individuales manifiestas y reveladas, tanto en los mercados como en los sistemas político-electorales. Que seguiría por sólidos consensos normativos y  habilidades para emprender acciones colectivas exitosas desde los gobiernos nacionales, la sociedad civil, las empresas, y las organizaciones multilaterales. Y que conectaría con una firme capacidad de construir nuevas instituciones y esquemas de gobernanza. Es un verdadero cambio civilizatorio, indispensable para evitar una suprema tragedia de los recursos comunes, y crear nuevos bienes públicos globales, de los cuales dependerá el desarrollo de la humanidad y la existencia de la biósfera tal como la conocemos. Francamente, y habrá que estar de acuerdo, pocas cosas se ven tan remotas como las anteriores. No habrá en el futuro previsible ninguna iniciativa eficaz para mitigar el calentamiento global, ni nacional, ni internacional. Preparémonos a asumir las consecuencias.

Reforma energética, la batalla del siglo XXI

La izquierda institucional  ha advertido que no pasará reforma alguna que implique inversión privada ni competencia en hidrocarburos. Es posible que lance tal advertencia  para subir el precio de la negociación, y para ganar tiempo manteniendo  apaciguado al delirio populista que la acosa, mientras prepara su transformación en una socialdemocracia moderna.

Pero si la advertencia es seria y de principios, habría dos escenarios. En uno, se rompe el Pacto por México, se crea con ello  un ambiente que alimenta al extremismo, y campea la confrontación callejera que muchos acarician. En otro, no se rompe el Pacto por México, pero a cambio, el sector energético permanece monopolizado y estanco a la inversión privada; no le sirve a México, ni al gobierno. Supongamos por ahora que este segundo escenario se descarta.

Dando por descontado que la negociación con el PAN es más expedita dada su presumible afinidad con el sentido de los cambios constitucionales requeridos, es claro que el gobierno debe ofrecer algo muy atractivo a la izquierda institucional, como premio o incentivo, si es que ésta se decide y es capaz de emprender su propia reforma. O bien, debe estar dispuesto a dar la batalla, tanto en las calles como en la opinión pública, ejerciendo con  prudencia y en el marco de la ley,  pero con firmeza, la fuerza legítima del Estado. Sobre todo, debe hacer  acopio de municiones mediáticas y de persuasión o pedagogía colectiva sobre el imperativo y la racionalidad de la reforma. Debe prepararse para reclutar medios, analistas, y especialistas en comunicación política, y confeccionar una plataforma muy sólida de argumentos.

Será la verdadera batalla de las ideas por la modernización de México. Se trata, ni más ni menos, de codificar nuevos valores públicos en el imaginario nacional: No hay razón alguna para sostener monopolios en hidrocarburos, al igual que en todos los sectores o actividades económicas que no son monopolios naturales; la competencia es indispensable para lograr eficiencia y desarrollo tecnológico. PEMEX debe ser una empresa competitiva y transparente, controlada por el Estado, pero con inversión privada en la Bolsa Mexicana de Valores y sujeta a su disciplina. PEMEX no tiene capacidad para explorar y explotar por sí sola yacimientos complejos a grandes profundidades en el Golfo de México ni para desarrollar el potencial de gas de lutitas (shale gas), necesita alianzas como todas las grandes empresas petroleras del mundo. Empresas mexicanas y extranjeras deben sumarse al desarrollo del sector de hidrocarburos, para invertir, generar empleos bien pagados y elevar crecimiento económico a tasas superiores al 5% anual. Más vale tener el 80% de una renta petrolera creciente, que el 100% de una renta petrolera que decae y se disipa. Una empresa (PEMEX) no puede ser la administradora de la riqueza nacional en materia de hidrocarburos, sino la Comisión Nacional de Hidrocarburos. PEMEX debe competir sola o en alianzas por la explotación de las reservas petroleras y de gas a través de licitaciones, y pagar impuestos, derechos y regalías al igual que todas las empresas participantes. PEMEX debe ser una empresa integrada (exploración, explotación, refinación, gas, petroquímica básica) y liberada del yugo fiscal para desarrollar todo su potencial, lo cual implica llevar a cabo una reforma fiscal paralela (ya que aporta el 37% de los ingresos del Estado). Debe haber una estricta regulación ambiental y de riesgos de acuerdo a estándares internacionales, tanto en tierra como en el mar.

 Una buena argumentación con estos elementos por parte del gobierno, elevará los costos para la izquierda institucional de negarse a la reforma, pero le abrirá el espacio  para prevalecer sobre el populismo caudillista que la ha corrompido. De negarse, facilitará su derrota.

Para más información del estado del sector energético vea: http://fororeformaenergetica.com.mx/pdf/folleto-energia-final.pdf