HACER VIVIENDA, DESHACER CIUDADES

Ciudades sostenibles y verdaderamente ecológicas: Manhattan, Tokio, Londres, San Francisco… y La Condesa. Su antítesis: Phoenix, Dallas, Anywhere USA, Mexicali y casi todas las ciudades mexicanas. Su lenguaje: el patrón desenfrenado e inconexo de expansión suburbana, sea en encierros de élite desbordantes de verdor kitsch (gated communities), o en  panales monotemáticos y aislados de vivienda de interés social. Por un lado, la huída snob de la ciudad hacia fraccionamientos de naturaleza impostora  (“Bosques”, “Lomas”, “Colinas”, “Haciendas”); por el otro, la expulsión de las masas, con financiamiento oficial subsidiado y fácil, hacia metástasis urbanas repetitivas y apartadas donde los costos de transporte son prohibitivos.

Así, la vivienda unifamiliar en propiedad (alta, media, económica) empobrece, vacía y destruye la ciudad, de la mano del vehículo automotor privado (en la forma creciente de narco-SUV´s). Impone grandes desplazamientos y multiplica el número de viajes, mientras vialidades deshumanizadas acaparan el territorio. El consumo de gasolina y las emisiones de gases de efecto invernadero se disparan. Los peatones se extinguen, junto con la vida urbana. El tejido social se deshilvana y muere, y la inseguridad y el crimen encuentran su mejor caldo de cultivo. El transporte colectivo digno y eficiente es inviable en la dispersión y bajas densidades; sólo el  vehículo privado, o infames microbuses permiten conectividad y acceso.  Ante lo incosteable, adquirientes de vivienda remota de interés social la abandonan; los panales decaen y se degradan.

Así destruimos el valor de la proximidad que sólo las ciudades grandes, densas y diversas ofrecen: convivencia, seguridad, eficiencia territorial, eficiencia energética, infraestructura, intercambio de ideas, diversión, educación, cohesión social, y creatividad; por tanto, productividad y competitividad.

Claramente, nuestras políticas de vivienda son políticas anti-urbanas. Al hacer vivienda unifamiliar en la periferia deshacemos a las ciudades y destruimos valor.  Los subsidios a los combustibles automotores – que este año superarán la obscena cifra de 170 mil millones de pesos – y la construcción de vialidades suburbanas complementan un trinomio de irracionalidad extrema. Reproducimos (en  una versión lumpen) el patrón norteamericano de urbanización seguido desde la posguerra: Interstate Highway System; gasolina barata; inducción de vivienda unifamiliar en propiedad a través de subsidios directos al enganche, deducibilidad fiscal y garantía gubernamental de hipotecas; abandono de sistemas de transporte ferroviario; eliminación del peatón; olvido de la vivienda plurifamiliar en renta;  abandono del downtown; centros comerciales y de oficinas disgregados espacialmente en la periferia, sólo accesibles en automóvil. Tierra barata y, ausencia de regulaciones territoriales relevantes.  En México, también las mejores escuelas y universidades  dejan o desprecian a la ciudad central (UNAM, Ibero, Itesm, UAM, ENEP).

Es preciso contener y revertir este proceso altamente costoso e insostenible. Sin embargo, recordemos que en México, de acuerdo al Artículo 115 Constitucional, el Gobierno Federal carece de facultades para regular los usos del suelo en las jurisdicciones municipales. Hoy sería impensable una reversión re-centralizadora en este tema. Las únicas opciones de que dispone la Federación para promover y encauzar un desarrollo urbano sostenible se encuentran en las políticas de vivienda, en CONAVI e INFONAVIT, y en otros organismos; en la reorientación del sistema de subsidios y de créditos hipotecarios. Por ejemplo, es fundamental que CONAVI adquiera la capacidad de construir una reserva territorial para vivienda plurifamiliar en propiedad y en renta  dentro de las ciudades más importantes del país, con altas densidades, en centros históricos y zonas industriales decadentes y en abandono,  en predios capaces de ser reciclados para vivienda por medio de licitaciones a empresas desarrolladoras.  A través de una política de concurrencia con los municipios, podría asegurar mezcla de usos del suelo, servicios, espacios públicos y acceso a transporte colectivo. BANOBRAS participaría en el financiamiento, con una óptica de reconstrucción, infraestructura y equipamiento urbano. INFONAVIT debiera dejar de financiar desarrollos de vivienda en la periferia, y crear una única hipoteca sustentable (que absorbería a la actual hipoteca verde) en donde el posible mayor costo unitario del suelo y de tecnologías eficientes, sería cubierto con los cuantiosos ahorros en transporte que las familias obtendrían con una nueva centralidad. Por cierto, en este escenario, los medios de movilidad y accesibilidad no serían los automotores privados y los microbuses; serían las aceras, los elevadores, los autobuses y las bicicletas.

SUBSIDIOS AL CAMPO, EN QUIEBRA

PROCAMPO, programa de subsidios que opera SAGARPA, consume anualmente más de 16 mil millones de pesos que son obsequiados sin contraprestación alguna a los agricultores. Es un triunfo de la búsqueda de rentas como modus vivendi y del  sobre-dimensionamiento político de grupos de interés. ¿Porqué se regala dinero a los agricultores? ¿Porqué no también a los obreros, amas de casa, albañiles, arquitectos, economistas o plomeros? Los contribuyentes merecemos una respuesta. Sin embargo, algo más grave es que tal subvención colosal  tiene consecuencias terriblemente destructivas para los ecosistemas  y la biodiversidad. Como señalamos en nuestra columna anterior, PROCAMPO condiciona la entrega de los subsidios a que las tierras de los beneficiarios se mantengan en “explotación”. Esto, en la práctica equivale a perpetuar su degradación impidiendo un proceso de restauración ecológica natural, especialmente en tierras marginales de temporal, como sucede en diversos países latinoamericanos gracias a la emigración de campesinos a las ciudades. PROCAMPO  es una utilización perversa de los recursos públicos. Al menos, SAGARPA debiera eliminar tal condición de “explotación”, si es que se considera incapaz de re-codificar o extinguir PROCAMPO y  resistir las presiones de sus clientelas  (rent seekers).

Alguien podría defender a PROCAMPO como instrumento justiciero y redistributivo. Se equivocaría. Aquí PROCAMPO incurre en otra perversión, quizá peor que la anterior. En  un universo de 1.8 millones de unidades campesinas de producción, los subsidios de PROCAMPO representan cerca del 40% de sus ingresos totales. Visto de otra forma, PROCAMPO, en los hechos, sostiene económicamente actividades agrícolas de temporal de muy baja productividad. Aunque muchos lo nieguen o lo ignoren, el origen de la pobreza no es una supuesta distribución injusta del ingreso, sino la baja productividad de quienes son pobres. Por tanto, PROCAMPO es un anclaje para la pobreza sempiterna que se reproduce y transmite inter-generacionalmente en el sector rural mexicano, contribuyendo a su  rezago migratorio y socio-demográfico.  Las cifras del último censo están a la vista. Todavía, más de un 22% de la población total de nuestro país en 2010 habitaba en localidades rurales menores a 2,500 habitantes, y en términos absolutos, aún aumentó entre 2000 y 2010 a 24.8 millones de habitantes. En este decenio tendría que haberse reducido notablemente como pre-requisito de disminución efectiva de la pobreza.  El agravante es que en México la población rural  se distribuye de manera territorialmente muy ineficiente y dispersa, ya que ocupa el 76% del territorio nacional (OECD.2006. Rural Policy Reviews: México),  aportando apenas un 2% del PIB. En buen castellano: mucha gente en el campo, poco productiva, con un impacto extensivo sobre el territorio y sus ecosistemas.  Es claro cómo aquí se expresa una determinación tautológica de la pobreza extrema, y también, de la destrucción de los ecosistemas naturales, apuntalada por PROCAMPO.  

Esto nos contrasta con países desarrollados, que han completado su transición migratoria y donde la población rural que depende de la agricultura  alcanza generalmente sólo algunos pocos puntos porcentuales del total. Los subsidios de PROCAMPO  (basados en superficies elegibles) impiden que los productores ineficientes simplemente abandonen esta agricultura  – grillete de pobreza –  aunque no cubran ni siquiera sus costos fijos.  En otras palabras, PROCAMPO cubre las pérdidas de una agricultura en quiebra económica, social, demográfica y ecológica.

Por si fuera poco, los efectos distributivos de PROCAMPO son también perversos. Dado que los subsidios  se entregan por hectárea y por ciclo agrícola, son los grandes propietarios de tierras de riego quienes reciben los mayores beneficios por persona. De hecho, casi el 30% de los recursos de PROCAMPO se concentra en sólo 3% de los beneficiarios. Sus reglas de operación prevén que los subsidios por persona y ciclo agrícola alcancen hasta 100,000 pesos. Por ello, en el caso de tierras de riego con dos ciclos productivos, el subsidio (regalo) para una sola persona puede ascender a 200,000 pesos anuales aproximadamente (¡!). La superficie máxima elegible por persona física es de 100 hectáreas de riego o 200 de temporal, y para sociedades mercantiles y civiles 2,500  de riego y 5,000 de temporal.

De mantenerse, PROCAMPO, debiera no sólo eliminar la condición de “explotación”, sino (¡blasfemia!) promover la restauración ecológica, y la emigración, educación y capacitación de campesinos para su inserción productiva en una nueva  vida urbana.

PROCAMPO, UNA PERVERSIÓN

PROCAMPO (programa de subsidios al campo, manejado por SAGARPA) es un ejemplo palmario de cómo un importante grupo de interés es capaz de extraerle un renta considerable al Estado, y de provocar con ello profundos impactos ecológicos en el territorio nacional. Se trata de una subvención directa a productores agrícolas, que en teoría sustituye a los antiguos precios de garantía que eran aprovechados a través de la comercialización.  PROCAMPO cubre en la actualidad alrededor de 14 millones de hectáreas tanto en ciclo primavera/verano como otoño/invierno. Cuesta 17 mil millones de pesos aproximadamente, que se aplican a 4 millones de predios, y benefician de manera indistinta a 2.7 millones de personas físicas o morales en tierras ejidales, comunales o individuales, bajo título formal de propiedad o posesión de buena fe (arrendamiento, usufructo). Cabe observar que PROCAMPO no contempla ningún tipo de contraprestación social o en materia de bienes públicos por parte de los beneficiarios; constituye una transferencia unilateral (regalo) en los términos que el propio programa define. Los recursos de PROCAMPO se pagan por hectárea: alrededor de mil pesos por ciclo agrícola, hasta en 100 hectáreas. Así, un agricultor de riego (en dos ciclos) puede recibir graciosamente de los contribuyentes un obsequio de 200 mil pesos cada año. Qué bien ¿no?

El argumento central para justificar PROCAMPO es que otros países conceden subsidios astronómicos a sus agricultores, y que por tanto, México debe actuar en consecuencia. De lo contrario, temen sus panegiristas, se derrumbaría la agricultura en nuestro país. Es verdad que en países de la OCDE ha habido una tendencia a desacoplar  subsidios  y  producción  agrícola, es decir,  a hacerlos subvenciones directas al ingreso basadas en la superficie elegible (Area Based Direct Payments) para cada propietario, tanto en Europa (Single Farm Payments en la CAP), como en los Estados Unidos (Production Flexibility Contract y Direct Payments Farm Act). Sin embargo, en esos casos está prevista la conservación  de tierras para restauración ecológica, a diferencia de PROCAMPO. Además, claro, que siendo países ricos y desarrollados, su margen de maniobra para otorgar rentas (por distorsionantes que sean) es mucho mayor que en México. El argumento no se sostiene. El simple hecho de que en otros países el lobby agrícola sea suficientemente poderoso como para extraer rentas descomunales de los presupuestos públicos no obliga a México a emularlos. Más aún, si las circunstancias  son tan disímbolas en cuanto a una transición demográfica ya culminada en ellos (Europa, Estados Unidos, Corea y Japón), a la baja productividad estructural (ecológica) e inviabilidad a largo plazo de nuestra agricultura de subsistencia, y a su profundo impacto ambiental. Debe subrayarse que en los países avanzados una buena parte de los subsidios directos (desacoplados) al ingreso de los agricultores se otorga condicionada a procesos de restauración ecológica (set aside), algo que en México es inexistente. Peor aún,  es sabido (aunque no hay información sistemática al respecto) que PROCAMPO indujo en sus orígenes o sigue induciendo la deforestación a través del cambio de uso del suelo. Por su lado, de acuerdo a información derivada de encuestas, su impacto en la conservación ha sido prácticamente inexistente.

Pero la indudable perversión ecológica  de PROCAMPO se  expresa a partir de la condición de que los predios beneficiados deben “mantenerse en explotación”, lo que incluye a las  tierras marginales de temporal cuyos propietarios o usufructuarios están obligados a “sembrar” la superficie elegible, de lo contrario su registro es cancelado. El condicionamiento de siembra y explotación (que presupone desmonte) ata a los campesinos a actividades de baja productividad y a la pobreza eterna  lastrando su emigración a las ciudades, lo que hace imposible la regeneración o recuperación natural de los ecosistemas forestales, tal como ya sucede en numerosos países  latinoamericanos, gracias a la globalización y a una urbanización acelerada. Al menos, esta condición de “explotación” en PROCAMPO, debe eliminarse.

PROCAMPO no sólo es un gasto corriente  injustificable desde la racionalidad del interés público, sino un mecanismo perverso de destrucción de los bienes públicos ecológicos de México: biodiversidad, otros recursos naturales, cuencas hidrográficas, y capacidades de absorción de gases de efecto invernadero.