Reforma política, por reforma energética integral

Una buena reforma energética, bien vale la reforma política que los políticos de oposición quieren. En aras de los intereses del país, debe aprovecharse la negociación para llevar a cabo una verdadera reforma energética, y no sólo la reforma petrolera. Esto es, que la transacción  incluya también a la reforma en el sector eléctrico.

Aunque con evidentes pros y contras,  las demandas de los políticos opositores son atendibles. Bien, concédanse la  segunda vuelta electoral,  un Jefe de Gabinete, ratificación a los ministros o secretarios de Estado, y  mociones de censura al propio Jefe de Gabinete. Pareciera que en realidad lo que desean es un cambio de régimen, del presidencialista actual a uno parlamentario. O bien, que creen  que la victoria del PRI en el 2018 es inevitable.  Al menos con mecanismos parlamentarios podrían compartir formalmente  el poder. El Pacto por México, incipiente ensayo de parlamentarismo, les dejó un buen sabor de boca. La reelección de alcaldes y legisladores, como también lo demandan los políticos de oposición, merece aclamación. En ello no hay costos ni riesgos para el país; sólo beneficios.

Al final, la política es un mercado. Aquí, hay una transacción que puede ser extraordinariamente ventajosa para México. Claro, si en la reforma política planteada se aseguran resortes y contrapesos que impidan la parálisis  del gobierno, con plazos perentorios y afirmativas fictas en las ratificaciones, así como con mayorías calificadas para que procedieran las mociones de censura (y que implicarían la caída del Jefe de Gabinete). La reelección de alcaldes es una condición indispensable para mejorar los sistemas de gobernanza locales, ampliar los horizontes de decisión, permitir el desarrollo de proyectos o de políticas con frutos a mediano y largo plazo, fortalecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, profesionalizar a las administraciones públicas, y para que exista la posibilidad de que los electores premien  a los buenos presidentes municipales manteniéndolos en el cargo. Una argumentación similar cabe para la reelección de legisladores. Así,  todos ganan, excepto el oportunismo y las burocracias partidistas. Por cierto, de presentarse, habría que rechazar la creación de municipios en el Distrito Federal, sería la puntilla para un gobierno coherente e integrado en la ciudad, y un despeñadero de balcanización, urbana, política y administrativa.

En contraparte, las ventajas de la reforma petrolera son racionalmente inapelables. México no puede permitirse el delirio de mantener un injustificable régimen monopólico, más abstruso  que los existentes en Corea del Norte y Cuba. Más todavía, cuando los costos de oportunidad son gigantescos. La apertura a la inversión privada y a la competencia darían un impulso sin precedentes a la generación de empleo y al crecimiento económico, además de aumentar reservas, producción y renta para el Estado. Desde luego, como todo el mundo sabe, una reforma fiscal en binomio con la petrolera es obligada, y pareciera que ya está en la cartera de negociación.

Lo que no está, y que el gobierno debe ahora introducir en el intercambio, es una verdadera reforma energética, que implica absolutamente  al sector eléctrico,  a partir de las premisas de la reforma intentada por Zedillo en 1999 y abortada entonces por el PAN. Incorporando una dimensión de sustentabilidad y de despegue para las energías renovables, hay que retomar la iniciativa zedillista y aprovechar la transacción política en curso. Sus líneas básicas fueron planteadas en esta columna la semana pasada.

Reforma política a cambio de reforma energética integral. No perdamos esta oportunidad inédita para que el llamado Momento de México sea un poderoso aliento de transformación institucional y desarrollo sostenible para el resto del siglo.