LA HUELLA URBANA DE LA IZQUIERDA

Muchos en la izquierda dicen que las causas de casi todos los problemas de la ciudad son  el desempleo y la pobreza, desde luego, provocados por  políticas neoliberales.  Sus técnicas de análisis y su modelo lineal simple no admiten más variables. La delincuencia, la falta de oportunidades económicas, la erosión de la competitividad, y la degradación casi generalizada en la calidad de vida y en el espacio público, y la  fealdad que denigra y agobia a los habitantes de la urbe, se explican así con sencillez. La izquierda y sus motivaciones y discurso orgullosamente abstractos y justicieros llegaron al  gobierno local en el DF hace 15 años. Sin entender el verdadero lenguaje de la ciudad,  les pareció  ajeno, tecnocrático, y trivial  el esencial compromiso con los bienes públicos urbanos y  un trabajo eficiente de intendencia. El aseo, la dignidad de los espacios públicos, la gracia arquitectónica, la funcionalidad cívica y belleza en el equipamiento  de la ciudad, no era lo suyo. Como la “Revolución” no se pudo hacer, quisieron al menos  mantener vivo su espíritu. Los pobres eran primero en los años del Gran Líder. Pero ignoraba o quería ignorar que la solución única a los problemas de los pobres pasa obligadamente por bienes públicos y educación de calidad, capital humano, e inversión privada que genere empleos formales bien remunerados.

Además de pretender mimar a los pobres  con dádivas, que no resolvieron nada más que cierta lealtad electoral, desde los años del Gran Líder se oficializó el subsidio más  costoso, contraproducente y depredador: la  entrega y privatización de los activos públicos (el espacio público) a favor de  organizaciones de vendedores ambulantes adscritas, por supuesto, al partido oficial. “Es su derecho, hay desempleo.” Sus acólitos lo han justificado y proclamado sin pudor, como si no fuese  un negocio muy rentable para las extensas redes de corrupción delegacionales que los protegen y expolian. En los hechos, ha sido la piedra angular de una putativa política social y columna vertebral de su estructura partidista corporativa en la ciudad.  Así, casi todo el espacio público del Centro Histórico (fuera de las manzanas más emblemáticas) se ha consolidado como lumpen-propiedad privada de un inmundo comercio informal. El gobierno actual ha intentado una rectificación con las recientes y encomiables recuperaciones de Madero, Plaza de la República, y una pisca de Garibaldi. Pero como oasis, sólo contrastan con la incuria urbana acumulada que las rodea.

Chapultepec también ha sucumbido; en sus secciones primera y segunda ha sido expropiado  por vendedores ambulantes y tapizado de abyectos montones de basura; igual que la Alameda Central. Los paraderos, estaciones  y áreas de transferencia modal de transporte público han sido cedidos exitosamente al comercio informal, a la suciedad y  al hedor. Como muestrario pestilente y doloroso es indispensable visitar  las inmediaciones de casi todas las estaciones del metro, el paradero de Indios Verdes,  las inmediaciones del Centro Médico y del Hospital General, el Metro Chapultepec, Tacubaya y Avenida Jalisco, el centro de Tacuba, y los Viveros de Coyoacán sobre Avenida Universidad, además de innumerables glorietas, parques y plazas. Es la degradación del espacio público más inmediato, cotidiano e íntimo de las grandes mayorías, de los pobres reales o supuestos, y símbolo inequívoco de una institucionalidad y gobernanza perversas.

Han destruido el capital urbano; erosionado la competitividad de la ciudad; ofendido la dignidad de sus habitantes; promovido la ilegalidad; ahuyentado la inversión, el turismo y el empleo;  prohijado la inseguridad y la delincuencia; y, lo peor, privado a los más pobres  de  bienes públicos esenciales. Nosotros, los demás, aunque nos duele, tenemos cómo suplirlos. Es  huella que han dejado 15 de años de izquierda  en la ciudad, y que aún frente a ciertos avances en los últimos años (que a pesar de todo, los ha habido), marcará definitivamente el balance final.

ENERGÍA SOLAR, MONOPOLIO Y COMPETENCIA

El servicio público  de energía eléctrica en México sólo puede ser provisto por el Estado. Es un monopolio, como el existente en materia de hidrocarburos, consagrado por la Constitución. Curiosamente, ambos monopolios son escondidos debajo de la alfombra por  nuestros  anti-monopolistas. Sólo les afligen los monopolios y la falta de competencia en el sector telecomunicaciones; en el sector energético tienen un origen divino y por tanto inatacable. A pesar de que sus consecuencias son iguales o más onerosas para el país, dado el carácter sacro que se les atribuye, no puede haber en México ni debate ni iniciativas políticas o legales para confrontarlos.  

Sin embargo, muy a pesar de nuestro excéntrico catecismo nacionalista, la tecnología se encargará de confrontar a los monopolios en el sector energético,  forzando su desmantelamiento gradual.  En hidrocarburos, lo harán el gas de lutitas o de esquistos (shale gas),  el agotamiento ineluctable del crudo y nuestra transición hacia ser importadores de petróleo, y el advenimiento generalizado de vehículos eléctricos en los próximos lustros. En electricidad, será el desarrollo acelerado de tecnologías competitivas de auto-generación in situ con fuentes renovables, descentralizadas y distribuidas, y sin necesidad de transmisión a través de la red; muy especialmente la energía solar fotovoltaica. Cambiará la naturaleza del servicio público de energía eléctrica. Ya está ocurriendo.

México es un territorio privilegiado en el mundo en disponibilidad de radiación solar, sólo equiparable al suroeste de los Estados Unidos, el norte de Argentina y Chile, el Sahara y la península arábiga, y Australia. Recibimos gratuitamente en promedio 5 kilowatts hora por metro cuadrado al día. En paralelo, los costos de los equipos fotovoltaicos   han caído en picada en los últimos años en una tendencia que sin duda continuará en el futuro, similar a la observada por los dispositivos de procesamiento electrónico de datos. En cuarenta años, el costo de un kilowatt de potencia instalada ha disminuido de casi 100,000 USD a menos de 3,000.

Entre tanto, las tarifas eléctricas aumentan sin cesar en nuestro país, como todos los usuarios lo padecen. Los consumidores domésticos en casas habitación de clase media alta para arriba pagan hoy en día más de $3.5 pesos por kilowatt hora (energía) en tarifas de alto consumo, lo que les llega a significar varios miles de pesos de factura eléctrica al mes. La industria paga tarifas menores (alrededor de $1.40 pesos por kilowatt hora en promedio) pero crecientes, lo que lastra su competitividad y le impone escenarios de gran incertidumbre a futuro.

Irónicamente, sin decirlo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha hecho un trabajo histórico para el desmantelamiento del monopolio en el servicio público de electricidad, y permitir a los consumidores el aprovechamiento directo de las oportunidades que brinda la energía solar. Ha hecho innecesaria la instalación de baterías para el suministro nocturno de fluido eléctrico, gracias a la promulgación de un notable contrato de interconexión: los usuarios producen electricidad solar en el día y la exportan a la red; en la noche toman de ella, y sólo pagan las diferencias netas registradas en medidores bi-direccionales. 

De esta forma, las condiciones fisiográficas del territorio nacional, los avances tecnológicos, las elevadas tarifas eléctricas (que no podrán más que elevarse en el futuro por el mayor precio de los hidrocarburos), y la apertura lograda por la CRE, van a retar al monopolio en el servicio público. De hecho, en estos momentos, sin necesidad de subsidios, puede decirse que la electricidad solar ya es más barata (a costo nivelado) que aquella suministrada por CFE a los usuarios domésticos que pagan tarifas de alto consumo. La inversión se paga en apenas 5 o 6 años. El sol va imponiendo condiciones de competencia en el sector eléctrico.

SEDESOL, POBREZA Y DEFORESTACIÓN

El combate a  la pobreza rural en México es causa de deforestación; en particular, los subsidios o transferencias del programa Oportunidades de SEDESOL.  Éste se conjuga con el tristemente célebre PROCAMPO (de SAGARPA) para explicar en buena medida la persistente y minuciosa destrucción del capital natural de México. Si en la segunda mitad del siglo XX los responsables fundamentales fueron el reparto agrario, la dispersión de población, la apertura de tierras a un onírico desarrollo agrícola y ganadero, una difusa propiedad colectiva, y la indefinición de derechos de propiedad, en el siglo XXI son los subsidios quienes han tomado el siniestro relevo. Ya hemos hablado de PROCAMPO en este espacio, que en sí mismo es todo un caso de sinrazones para el interés público. No sabíamos que también los subsidios directos otorgados por SEDESOL en el contexto del programa Oportunidades (objeto de merecidos laudos y gloria como instrumento de lucha contra la pobreza) tenían el mismo efecto perverso.  Por desgracia así es. Lo revela un riguroso estudio llevado a cabo por académicos de las universidades de Wisconsin, California y Amherst (Alix-García, McIntosh, Sims and Welch. The Ecological Footprint of Poverty Alleviation: Evidence from Mexico´s Oportunidades Program. 2011).

El estudio se basa en datos espaciales sobre dinámica de cobertura forestal y  ubicación geográfica y elegibilidad para el programa Oportunidades de cada localidad rural en México. Este subsidio es condicional a que los hijos de las familias beneficiadas vayan a la escuela, lo que aumenta el costo de oportunidad de utilizar a los niños como mano de obra barata,  a la usanza campesina. El programa cuesta casi 36 mil millones de pesos anuales, y participan en él 40% de las familias rurales, que así logran incrementar en un tercio su ingreso per-cápita.  Oportunidades se interpreta en el estudio como un fuerte shock positivo y exógeno al ingreso de familias con distintos niveles de marginalidad, que se traduce en cambios tanto en patrones de consumo  como en patrones de producción agropecuaria.

Por un lado, Oportunidades hace que aumente el consumo de  las familias en forma inequívoca y generalizada, y que se re-oriente hacia  carne y  lácteos, lo que trae ventajas indudables a la salud y al desempeño escolar y laboral. Por el otro lado, se observan cambios en patrones de producción, pero sólo en las localidades más marginadas y aisladas, donde es notable la ausencia de vías de comunicación. Es decir, la infraestructura de transporte es un determinante fundamental en el perfil espacial de los impactos de Oportunidades sobre los ecosistemas. El problema es que en ausencia de caminos o carreteras, el aumento en el consumo provocado por Oportunidades se satisface localmente, mediante inversiones de las familias en cambios de uso del suelo (deforestación) para fines esencialmente ganaderos. En localidades de menor marginalidad (menos pobres), con suficiente infraestructura de caminos o carreteras, el aumento en el consumo se satisface a través del mercado nacional (y presumiblemente, también, internacional), lo que hace poco atractivo e innecesario el cambio de uso del suelo. Más aún, al existir disponibilidad de mejores alimentos por medio del mercado, el aumento de ingreso traído por Oportunidades hace que se reduzca la aplicación de mano de obra y otros recursos en actividades agropecuarias de subsistencia, lo cual, localmente, contribuye a relajar presiones hacia la deforestación.

En otras palabras, los autores del estudio confirman la existencia en el campo mexicano de una curva ambiental de Kuznets. Ésta es una “U” invertida entre ingreso y deterioro ambiental, que ha sido documentada a lo largo del proceso de desarrollo económico en muchos países. Partiendo de condiciones de pobreza, el aumento en el ingreso degrada al medio ambiente y a los ecosistemas; pero este efecto se va reduciendo, y llega a revertirse a partir de un cierto nivel de ingreso, donde más riqueza pasa a asociarse con la conservación  y restauración de la naturaleza y un con medio ambiente de más calidad.

En el caso de Oportunidades, a diferencia de PROCAMPO, no se trata de exigir su abrogación, lo cual sería absurdo. Pero, sí es exigible que SEDESOL valore y reconozca su profundo impacto ecológico, y tome las medidas de política necesarias para mitigarlo, evitarlo y revertirlo.  Aunque podemos anticipar  que tal cosa, no va a ocurrir.

PARA QUE EL PETRÓLEO SEA NUESTRO

Es un mito que el petróleo en nuestro país pertenezca a todos los mexicanos. En 2011 la renta petrolera apropiada por el gobierno ascenderá a alrededor de 1.3 billones de pesos (millones de millones) dado el aumento en los precios de los hidrocarburos. Esto representará cerca del 40% de sus ingresos y un 8% del PIB. Una parte se gastará, ciertamente, en bienes públicos inapelables como seguridad, infraestructuras estratégicas, y en (cada vez más deficientes) servicios de salud. Sin embargo, una buena proporción va a ser derrochada en salarios para una gigantesca burocracia improductiva, privilegios corporativos  a maestros y otros sindicatos,  en subsidios descomunales a los energéticos, y en cuantiosas transferencias directas a otros grupos de presión como lo hace el PROCAMPO. Ellos son los verdaderos dueños del petróleo mexicano, cuando en principio, cada uno de nosotros tenemos un derecho igual e inalienable a la renta petrolera. Peor, esta asignación de la renta derivada del petróleo es regresiva en materia de distribución del ingreso, dado que es conculcada por los deciles (tramos de 10% de la población definidos de acuerdo al ingreso) más ricos, muy en especial, cuando se trata de subsidios a los combustibles automotores.

Mientras tanto, todavía el 17% de la población vive debajo de la línea de pobreza extrema (pobreza alimentaria), definida por un ingreso inferior a aproximadamente 800 pesos mensuales. La aritmética es rotunda. Si los 1.3 billones de pesos de renta petrolera esperada para 2011 se repartieran como dividendo individual a cada uno de los mexicanos, nos tocarían casi 12,000 pesos anuales, o sea, 1,000 pesos al mes. Una familia muy pobre de cinco miembros, al ser beneficiada por un ingreso de 5,000 pesos mensuales automáticamente dejaría de serlo; incluso, sería elegible para comprar una vivienda de interés social, con una hipoteca garantizada por el propio dividendo petrolero.  El pago del dividendo sería viable en términos operativos y administrativos, gracias a la tecnología informática disponible y a la experiencia adquirida en México con todos los programas de subsidio existentes a través de tarjetas bancarias.  

Desde luego, el gobierno se privaría de un 40% de sus ingresos, lo cual puede no ser recomendable en un país en que el gasto público alcanza un porcentaje muy bajo del PIB (alrededor del 20%), muy atrás del que se observa en la mayor parte de los países de la OCDE. Sin embargo, esta merma sustancial podría ser mitigada de tres formas. La primera, abrogando todos los subsidios a los energéticos, que este año superarán los 300 mil millones de pesos; la población lo aceptaría gustosa a cambio del dividendo petrolero. Segundo, eliminando toda la burocracia que hoy se justifica con el propósito de combatir la pobreza, y buena parte del gasto federal y de las entidades federativas en transferencias y subvenciones a clientelas políticas y grupos de interés (presumiblemente pobres), que ahora sería  redundante. Tercero, compensando el faltante con un IVA generalizado (lo cual también sería aceptable a cambio del dividendo petrolero), y/o con un carbon tax a los combustibles automotrices.

En este esquema, los ciudadanos se sentirían – y realmente serían –  dueños del petróleo, y tendrían el interés primordial de que PEMEX fuera eficiente. Desaparecerían las telarañas ideológicas nacionalistas, y todos, con la visión de maximizar su dividendo petrolero, apoyarían una verdadera reforma en el sector, que lo abriera a la inversión privada y  a la competencia, con un buen sistema de regulación y de cobro de los derechos correspondientes de explotación (o de extracción de renta) a las empresas participantes. Pero que nadie se sobresalte; es sólo una divagación fantástica.