PROCAMPO, UNA PERVERSIÓN

PROCAMPO (programa de subsidios al campo, manejado por SAGARPA) es un ejemplo palmario de cómo un importante grupo de interés es capaz de extraerle un renta considerable al Estado, y de provocar con ello profundos impactos ecológicos en el territorio nacional. Se trata de una subvención directa a productores agrícolas, que en teoría sustituye a los antiguos precios de garantía que eran aprovechados a través de la comercialización.  PROCAMPO cubre en la actualidad alrededor de 14 millones de hectáreas tanto en ciclo primavera/verano como otoño/invierno. Cuesta 17 mil millones de pesos aproximadamente, que se aplican a 4 millones de predios, y benefician de manera indistinta a 2.7 millones de personas físicas o morales en tierras ejidales, comunales o individuales, bajo título formal de propiedad o posesión de buena fe (arrendamiento, usufructo). Cabe observar que PROCAMPO no contempla ningún tipo de contraprestación social o en materia de bienes públicos por parte de los beneficiarios; constituye una transferencia unilateral (regalo) en los términos que el propio programa define. Los recursos de PROCAMPO se pagan por hectárea: alrededor de mil pesos por ciclo agrícola, hasta en 100 hectáreas. Así, un agricultor de riego (en dos ciclos) puede recibir graciosamente de los contribuyentes un obsequio de 200 mil pesos cada año. Qué bien ¿no?

El argumento central para justificar PROCAMPO es que otros países conceden subsidios astronómicos a sus agricultores, y que por tanto, México debe actuar en consecuencia. De lo contrario, temen sus panegiristas, se derrumbaría la agricultura en nuestro país. Es verdad que en países de la OCDE ha habido una tendencia a desacoplar  subsidios  y  producción  agrícola, es decir,  a hacerlos subvenciones directas al ingreso basadas en la superficie elegible (Area Based Direct Payments) para cada propietario, tanto en Europa (Single Farm Payments en la CAP), como en los Estados Unidos (Production Flexibility Contract y Direct Payments Farm Act). Sin embargo, en esos casos está prevista la conservación  de tierras para restauración ecológica, a diferencia de PROCAMPO. Además, claro, que siendo países ricos y desarrollados, su margen de maniobra para otorgar rentas (por distorsionantes que sean) es mucho mayor que en México. El argumento no se sostiene. El simple hecho de que en otros países el lobby agrícola sea suficientemente poderoso como para extraer rentas descomunales de los presupuestos públicos no obliga a México a emularlos. Más aún, si las circunstancias  son tan disímbolas en cuanto a una transición demográfica ya culminada en ellos (Europa, Estados Unidos, Corea y Japón), a la baja productividad estructural (ecológica) e inviabilidad a largo plazo de nuestra agricultura de subsistencia, y a su profundo impacto ambiental. Debe subrayarse que en los países avanzados una buena parte de los subsidios directos (desacoplados) al ingreso de los agricultores se otorga condicionada a procesos de restauración ecológica (set aside), algo que en México es inexistente. Peor aún,  es sabido (aunque no hay información sistemática al respecto) que PROCAMPO indujo en sus orígenes o sigue induciendo la deforestación a través del cambio de uso del suelo. Por su lado, de acuerdo a información derivada de encuestas, su impacto en la conservación ha sido prácticamente inexistente.

Pero la indudable perversión ecológica  de PROCAMPO se  expresa a partir de la condición de que los predios beneficiados deben “mantenerse en explotación”, lo que incluye a las  tierras marginales de temporal cuyos propietarios o usufructuarios están obligados a “sembrar” la superficie elegible, de lo contrario su registro es cancelado. El condicionamiento de siembra y explotación (que presupone desmonte) ata a los campesinos a actividades de baja productividad y a la pobreza eterna  lastrando su emigración a las ciudades, lo que hace imposible la regeneración o recuperación natural de los ecosistemas forestales, tal como ya sucede en numerosos países  latinoamericanos, gracias a la globalización y a una urbanización acelerada. Al menos, esta condición de “explotación” en PROCAMPO, debe eliminarse.

PROCAMPO no sólo es un gasto corriente  injustificable desde la racionalidad del interés público, sino un mecanismo perverso de destrucción de los bienes públicos ecológicos de México: biodiversidad, otros recursos naturales, cuencas hidrográficas, y capacidades de absorción de gases de efecto invernadero.