Conservación: Contra-Reforma Agraria para el siglo XXI

Durante buena parte del siglo XX el Estado en México enajenó deliberadamente la propiedad pública sobre el territorio nacional. A través del proceso de reforma agraria más de 100 millones de hectáreas fueron transformadas en propiedades privadas, eufemísticamente llamadas propiedad social, en forma de ejidos y comunidades; modalidades de propiedad corporativizada, de tierras intransferibles e inembargables, con áreas parceladas individualmente y grandes zonas de uso colectivo. Los terrenos nacionales se extinguieron con el reparto. Incluso los numerosas parques nacionales creados por Miguel Ángel de Quevedo fueron entregados o reconocidos como propiedades privadas (sociales) por el cardenismo. No importó que fuesen tierras  improductivas y frágiles; se encadenó a la tierra y condenó a millones a la pobreza inter-generacional. Se deforestaron decenas de millones de hectáreas, y México perdió más del 90% de sus selvas tropicales húmedas y bosques mesófilos, y alrededor de la mitad de sus selvas secas y bosques templados. Ejidos y comunidades se erigieron en instituciones de gobierno local (con territorio, población, asambleas de propietarios,  tribunales especiales, y autoridades propias), ajenas o enfrentadas al municipio,  que quedó debilitado.

En una ficción federalista extrema, en 1983 se reformó el Artículo 115 Constitucional para dar a los municipios todas las facultades referentes al uso del suelo. El territorio quedó en un limbo; habiéndose perdido  la propiedad pública de la tierra, se esfumaron también las capacidades de regulación del Estado. La naturaleza colectiva de las propiedades privadas ejidales y comunales (no es un oxímoron),  la ubicua tragedia de los recursos comunes, los conflictos agrarios, la pobreza y la falta de opciones, y la ausencia de estado de derecho y certidumbre jurídica encendieron literalmente el exterminio de los ecosistemas del territorio nacional. Una extensiva y funesta contribución hicieron igualmente programas oficiales de desmontes, miopes concesiones forestales, y demagógicos proyectos de colonización, soberanía alimentaria y desarrollo agropecuario.

A inicios de los años noventas del siglo XX, el fin del reparto agrario, la posibilidad de enajenación legal de parcelas ejidales, y un exitoso programa de certificación de derechos y regularización de la propiedad agraria, probablemente menguaron el ímpetu destructor de la riqueza ecológica de México. Sin embargo, muchos bosques y selvas fueron eliminados para calificar como tierras parceladas. El resultado neto es incierto. Lo cierto es que desde entonces, y en sustitución de los precios de garantía para el maíz y otros productos agrícolas, se estableció un perverso sistema de subsidios directos a los agricultores condicionado a la "explotación" del la tierra. De tal suerte, los subsidios de PROCAMPO y después PROGAN (para ganaderos), implantaron de manera permanente un esquema de incentivos hacia la destrucción del capital natural de nuestro país, y para el arraigo forzoso de campesinos a la pobreza rural.

Hasta aquí, la historia, que ahora debe cambiar. Es preciso invertir la lógica agrarista del siglo XX, restablecer la soberanía del Estado sobre el territorio, así como sus capacidades de regulación y facultades reales para conservar y recuperar la biodiversidad y el paisaje. Debe impedirse la ampliación de la frontera agropecuaria, consolidar tierras agrícolas y elevar su productividad (producción por hectárea) de manera sostenible a través  de las mejores tecnologías disponibles, agregar minifundios improductivos, reconvertir y restaurar potreros ganaderos degradados, y desde luego, conservar eficazmente los ecosistemas naturales que aún sobreviven, asegurando la conectividad entre ellos por medio de corredores biológicos. Las instituciones tradicionales de gobierno ejidal y comunal deben aprovecharse  como mecanismos de gestión de recursos comunes, al tiempo que el Estado recupere para sí un acervo creciente de tierras destinadas a la conservación, por medio de compras, fideicomisos, y en su caso, expropiaciones a precios justos y competitivos.

La Secretaría de la Reforma Agraria debe ya desaparecer, y elevarse la jerarquía de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dentro de SEMARNAT, quien se haría cargo de los activos territoriales  del Estado (terrenos nacionales subsistentes y nuevas tierras públicas). Desde luego, también, de todas las áreas naturales protegidas federales (cuyo número y extensión habrían de cubrir al menos al 25% del territorio nacional terrestre), y del desarrollo y manejo de corredores biológicos entre ellas. Estos se constituirían básicamente a partir de contratos a largo plazo con los propietarios de la tierra (ejidos, comunidades, individuos) de Pago por Servicios Ambientalescon el concurso de CONAFOR, y  con la idea de cubrir los costos de oportunidad de la conservación y mejorar los ingresos de los campesinos. La reorientación de los subsidios de PROCAMPO  y PROGAN es obviamente una necesidad imperiosa, y podría constituirse en una poderosa herramienta de conservación. El objetivo sería deforestación cero al 2020. Lógicamente, por un lado, se requerirá un moderno sistema de monitoreo  con la más sofisticada tecnología satelital y cartografía de alta resolución. Por el otro, será indispensable la creación de un cuerpo especializado de la Policía Federal a cargo de la vigilancia en áreas naturales protegidas y corredores biológicos. Se trata, en realidad, de una nueva reforma (o contra-reforma) agraria para el siglo XXI.