Sequía, extorsión y cambio climático

En números redondos, el campo recibe como subsidio anual alrededor de 300 mil millones de pesos a través de diferentes partidas del presupuesto federal, radicadas básicamente en SAGARPA y en SEDESOL, además de los recursos transferidos a los estados.  Esto representa más del 8% del gasto público, y un 2% del PIB. El sector agropecuario aporta a su vez menos del 5% del PIB, porcentaje que se debe en gran parte a la agricultura tecnificada del Noroeste del país, y del Bajío. Por cierto, el sector rural, virtualmente no contribuye al erario con impuestos, está exentos de IVA y en buena medida, de ISR; lo consideramos como sector eternamente menesteroso.  Es un pésimo negocio sostener actividades económicamente inviables, de subsistencia o de escasa productividad, y anclar de manera artificiosa a la población rural a condiciones insuperables de pobreza, atraso y desigualdad. Puede decirse, que en gran parte, los subsidios al campo tienen por objetivo perpetuar sobre el territorio nacional modos de producción y de subsistencia incompatibles con objetivos más elementales de igualdad de oportunidades, de lucha contra la pobreza, y de desarrollo económico.  Peor, son incompatibles con la necesidad urgente de contener y revertir la deforestación, erosión y desertificación de nuestro territorio, así como la destrucción de la biodiversidad, y también, con un manejo eficiente de situaciones de estrés hídrico. Y mucho menos, son compatibles con el imperativo de acelerar la urbanización del país, como precondición de desarrollo y de bienestar para la mayoría de la población. Ningún país desarrollado tiene una proporción significativa de población en el campo, ni ningún país pobre está altamente urbanizado.

 

La sequía es un nuevo motivo de extorsión por parte de los líderes campesinos de siempre, los mismos que se opusieron a las reformas liberalizadoras del Artículo 27 Constitucional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los mismos que se opusieron al TLC, los mismos que gritaron que "el campo no aguanta más". Ahora han venido a extorsionarnos otra vez, y se han llevado más de 30 mil millones de pesos, prometidos por el gobierno federal; espléndido negocio para ellos, fatal para México. Tal vez no lo sepan, pero los efectos del cambio climático les ofrecen oportunidades doradas de chantaje, y de acceso a una renta anual permanente por el resto del siglo, a costa de los contribuyentes.

La ciencia del cambio climático es elocuente al respecto. Casi todos los modelos macro-meteorológicos y de circulación atmosférica proyectan que, ante el aumento de las temperaturas promedio de la tierra, las latitudes de transición entre los trópicos y las zonas templadas, en el centro y norte de México y sur de los Estados Unidos, así como el sur de Europa y el norte de África, Australia, el centro - norte de China y de la India, y el Asia central, van a sufrir episodios cada vez más recurrentes y prolongados  de sequía extrema. Esto, por la supresión de evaporación debida a las altas presiones generadas por un desplazamiento (a latitudes mayores) de corrientes de aire descendentes que provienen de los trópicos, y que además pierden más humedad durante su trayecto desde el ecuador. (http//serc.carleton.edu/details/images/10044.html). En concreto, el aire en esas zonas, estará cada vez más seco. Mientras tanto, la desertificación avanza aceleradamente en el territorio nacional, como se puede ver con angustia en la reciente imagen de satélite divulgada por la NASA (http://1.usa.gov/w8m28V).

 

Si el gobierno mexicano quiere  sostener hasta la ignominia ecológica, económica y social - y por el resto del siglo -  a los sectores de población que habitan y viven en condiciones de subsistencia en zonas condenadas a la sequía por el cambio climático, que lo admita con franqueza y nos lo comunique. También a los líderes campesinos, quienes estarán de plácemes. Por el contrario, si el gobierno quiere mitigar con seriedad las consecuencias del calentamiento global, y reducir la vulnerabilidad con políticas serias de adaptación, es exigible que rectifique, cancele los subsidios que hoy se otorgan, y los utilice para financiar una emigración ordenada a las ciudades, que asegure la inserción productiva de los migrantes en la vida urbana.

La economía verde y sus enemigos

La idea de una economía verde va prendiendo en nuestra hojarasca mental. No hace falta describirla, todos la intuimos. Una traducción elocuente pero más engorrosa y menos carismática sería: economía baja en emisiones de carbono y compatible con la conservación. Implica privilegiar la energía renovable y la eficiencia energética, una deforestación cero, la conservación de la biodiversidad en tierra y en el mar, ciudades inteligentes y sustentables, minimización y reciclaje de residuos, y uso eficiente del agua. Eso es todo; nada más, ni nada menos. Nadie podría oponerse ¿o sí? Pues sí. La economía verde tiene muchos enemigos, y muy poderosos. Y es fácil entenderlo. Hacer realidad una idea tan sencilla y sugerente como la de una economía verde entraña sin embargo decisiones e instrumentos de política pública difícilmente digeribles para numerosos intereses creados y estructuras mentales o ideológicas. ¿Qué decisiones? Eliminación de subsidios a la gasolina y a la electricidad, impuestos al carbono en la gasolina y el diesel, reducción paralela del ISR en una reforma fiscal verde, inversión privada y mercados en el servicio púbico eléctrico, primas o feed in tariffs para productores privados de energía renovable,  inversión privada en PEMEX, contratos de conservación con propietarios de tierras, eliminación de subsidios al campo como PROCAMPO y PROGAN o su transformación en Pagos por Servicios Ambientales, más Áreas Naturales Protegidas en tierra y en el mar, acelerar el proceso de urbanización y cambio radical en  INFONAVIT para hacer ciudades compactas y verticales, regulación federal de servicios públicos en gobiernos locales, pago pleno de servicios públicos y subsidios focalizados sólo en forma de vales, sistemas de depósito reembolso y regulación de envases y embalajes, y topes y mercados de emisiones en ciertas ramas industriales. ¿Quiénes son los enemigos de todo esto? ¿Quiénes resistirían con todas sus fuerzas la aplicación de estas medidas?

La lista es larga: Partidos de izquierda (la que conocemos en México, no la que muchos suponen que existe). Nacionalistas revolucionarios. Demagogos que ofrecen reducir los precios de los combustibles automotrices, y sus feligreses.  Sindicatos de CFE, PEMEX y de otras entidades de gobierno. Los maestros de la CNTE. La derecha populista azul. La burocracia monopolista paraestatal. Dirigentes de organizaciones campesinas. La burocracia de SAGARPA y  productores agropecuarios. Armadores y pescadores.  Muchas ONG´s. El establishment de vivienda encabezado por INFONAVIT.  Presidentes municipales refractarios a la rendición de cuentas en materia de servicios de agua, basura y transporte. Empresas productoras de bebidas, contrarias a minimizar envases y a responsabilizarse de su acopio y reciclaje. Empresas que son grandes consumidoras de energía y que temen perder competitividad. Organizaciones empresariales tradicionales. Legisladores de visión corta (casi todos) que ven en los cambios mayores costos políticos que los que significa mantener el estatus quo. Importadores de vehículos chatarra de los Estados Unidos, y las organizaciones que de ello se benefician. Empresas automotrices que no aceptan regulaciones de emisiones de CO2 en los vehículos nuevos.  Nosotros mismos, los consumidores, que no queremos pagar impuestos ni sobreprecios, ni cambiar nuestros hábitos de consumo, ni el tipo de vehículos que usamos, ni el lugar donde vivimos. Esto, lo saben los políticos que nos representan, lo que impone un anillo férreo de inmovilidad.

Todo este listado  revela que la economía verde requiere de su propia economía política. No basta con invocarla, sino que es necesario indagar sobre los cómos, y también sobre quiénes la apoyarían y porqué, y  quiénes la resistirían y sus razones. Será necesario identificar claramente sus intereses, y pensar en mecanismos eficaces de persuasión, pedagogía pública, y de negociación y compensación. Indispensable es también explorar fórmulas para reducir las tasas de descuento de los políticos (para que valoren más el largo plazo), y que los hagan percibir que hay mayores beneficios en modificar el estatus quo, que en conservarlo rabiosamente. En la base, habrá que extender y profundizar los cambios en las preferencias y cultura de los consumidores/ciudadanos, para legitimar a la economía verde como expresión mayoritaria tanto a través de los mercados, como del sistema de representación política.

La ciudad de México y el espacio público

Fuera de la nueva calle peatonal de Madero, de la nueva Plaza de la República, y de algunos otros puntos privilegiados en su zona central, la ciudad de México sufre en general un palpable y triste deterioro del espacio público. El espacio público incluye plazas, calles, banquetas, andadores, jardines y parques públicos, paraderos de transporte, estaciones del metro o de autobuses, bajo puentes, mobiliario urbano,  monumentos históricos y arquitectónicos, canchas e instalaciones deportivas de uso común, camellones,  sitios abiertos destinados a la cultura, y elementos artísticos y de paisaje urbano. El espacio público es el conjunto articulado de los bienes públicos más elementales de paisaje y valores escénicos, y tejido conector que la enlaza e integra, y que debiera ofrecer a todos oportunidades de encuentro, recreación y esparcimiento, y de convivencia social.

El espacio público es la imagen y la identidad de una ciudad, revela la eficacia y visión de su gobierno, el nivel de educación de sus habitantes y su cultura, y la calidad de vida de que disfrutan sus ciudadanos.   En el espacio público deberíamos de tener un piso común que nos iguale a todos, jóvenes y viejos,  clases medias,  pobres y  ricos. Especialmente a los pobres, el espacio público debe darles oportunidad de disfrutar cosas que de otra forma no podrían, como el arte, un equipamiento de calidad, y un  medio digno, bello y estimulante. De hecho, junto con una educación de calidad, un espacio público funcional, digno y bello es la mejor forma de aliviar los efectos la pobreza, de lograr una redistribución justa de activos comunes, y de establecer un terreno de juego más nivelado para  todos. La pobreza, más que carencia de dinero, es carencia de capacidades y de medios, y carencia de bienes públicos.

En las ciudades, el espacio público también es  incubadora de valores cívicos que nos permiten cooperar con los demás, participar y compartir intereses e iniciativas, y cultivar  el respeto a reglas básicas de civilidad y convivencia social. Por tanto, el espacio público debe  ser un espacio abierto, gratificante y seguro para todos; limpio y con buen mantenimiento,  con  elementos artísticos o culturales,  y por supuesto, con reglas claras de uso que se hagan respetar por las autoridades. Imaginemos a nuestra ciudad con banquetas limpias y arboladas; con muros sin grafiti; con estaciones del metro y paraderos diseñados con gracia arquitectónica, y con materiales dignos y de buena calidad, sin vendedores ambulantes y sin basura ni expendios malolientes de alimentos, con comercios concesionados legalmente  en instalaciones pulcras y modernas específicas para ello, con servicios sanitarios higiénicos, y con atrios o pasajes abiertos a exposiciones o muestras artísticas permanentes o temporales. Imaginemos que en nuestra ciudad, cada barrio tuviera parques bien conservados e iluminados, limpios y libres de comercio callejero e ilegal, con árboles y plantas bien cuidadas. En estos parques habría pequeñas bibliotecas equipadas con computadoras y conexión a internet, y con concesiones para quioscos atractivos para la venta de alimentos y bebidas, con canchas deportivas abiertas para todos, bien vigiladas y mantenidas, y con actividades organizadas para niños, jóvenes y adultos mayores. Imaginemos también que en cada barrio y sobre todo en las zonas más céntricas y centros históricos, muchas calles fueran sólo para peatones, con tiendas, restaurantes, bares y cafés, bancas y luminarias, vegetación ornamental, y estacionamientos para bicicletas. Pero en nuestra ciudad, el espacio público  sufre una tragedia de los recursos comunes. Mafias, partidos políticos u otros grupos organizados, o simplemente individuos necesitados se lo apropian como recurso comercial, hasta que lo prostituyen y destruyen. Esto se soporta en redes de corrupción operadas por funcionarios de los gobiernos delegacionales. Los ciudadanos se sienten humillados y frustrados, aún inconscientemente. Los comercios formales cierran y se pierden empleos, se abandonan casas y edificios o sólo se utilizan como bodegas, y se crea un ambiente propicio para la delincuencia. La ilegalidad se multiplica con la venta callejera de productos piratas, que  con frecuencia son el último eslabón de largas cadenas de actividades criminales. Como todo esto se vuelve algo normal y común, se crea una actitud de tolerancia con la ilegalidad. Es además la base y el territorio de la economía informal, donde nadie paga impuestos. 

Muchos dicen que ante la pobreza y el desempleo, no hay alternativa. Sin embargo, luchar contra el desempleo no debe implicar la destrucción del espacio público ni tampoco debe justificar la multiplicación de la ilegalidad y la delincuencia. Es algo estúpido. Hacerlo así es una pésima política social, improductiva y muy costosa. Hay que un poco ser más creativos.

EL GDF EN SU TORRE DE BABEL

El cierre irresponsable del Bordo Poniente ha develado una verdadera torre de babel en el manejo de la basura en el Distrito Federal. No se olvide que el aseo urbano, y el manejo adecuado de la basura hasta su disposición final es una función elemental de gestión de bienes públicos para los gobiernos locales.  Cada uno de los habitantes de esta ciudad genera al día alrededor de 1.3 kilogramos de basura en promedio, lo que arroja un total de 11,700 toneladas diarias aproximadamente, sin considerar a la población flotante. De acuerdo a datos oficiales, el 56% es orgánica (6,550 toneladas diarias), 20% (2,340 toneladas diarias) está compuesto por materiales reciclables como PET, papel y cartón, Tetrapak, vidrio, otros plásticos, aluminio y materiales ferrosos. El resto son componentes de gran diversidad y escaso o nulo valor en mercados existentes o potenciales de reciclaje. Casi el 45% de la basura la generan los hogares, y el resto, comercios y servicios, la Central de Abasto y los mercados, incluyendo la que se recolecta por aseo urbano.

Hasta hace pocos meses el destino fundamental de estas corrientes de residuos era el Bordo Poniente, un enorme relleno sanitario, que aunque bien diseñado y construido en los años ochentas del siglo XX, cayó en procesos deficientes de manejo que lo hicieron atraer presiones políticas desde el Gobierno Federal, hasta exigirse su cierre aduciéndose riesgos ambientales e hidrológicos. La verdad es  que con una buena re-ingeniería, y con un manejo adecuado en materia de cobertura, captación de lixiviados (líquidos que escurren de la basura), y de aprovechamiento del metano (generado por la descomposición anaerobia de la basura orgánica) en la producción de electricidad, el Bordo Poniente pudo haber prestado sus servicios a la ciudad, incluso, durante varias décadas más, a costos razonables y bajo condiciones ambientales seguras. Por supuesto, si esto se hubiera dado en el contexto de políticas modernas y eficientes de reciclaje y recuperación de materiales secundarios. Hoy se ha cerrado, puede decirse que irresponsablemente, dado que el GDF  fue incapaz de desarrollar opciones económica y ambientalmente eficientes. El resultado ha sido la improvisación, arreglos contractuales obscuros, galimatías declarativos, la exportación de basura a otras entidades federativas, y su acumulación en tiraderos clandestinos.

Casi todos los residuos generados en la ciudad  concentran en 13 Estaciones de Transferencia, aunque previamente se hace una selección (pepena) informal por parte de operadores y  cuadrillas de  los camiones recolectores, en centros de acopio irregulares, casi en la clandestinidad. Ahí se extraen unas 650 toneladas diarias de lo más valioso de los materiales recuperables, como el aluminio, cartón y papel, y algo de PET.  De las estaciones de transferencia la basura pasa a alguna de las 3 Plantas de Selección existentes donde se separan otras 490 toneladas diarias de materiales con cierto valor, y una pequeña fracción (88 toneladas) de basura orgánica es llevada a la planta de composta que opera el GDF en el propio Bordo Poniente, donde se encuentra una de las plantas de selección.  En síntesis, se recupera y recicla alrededor del 10% del total, apenas un 0.7% se hace composta, y el resto, 89% (10,400 toneladas diarias) se confinaba en el Bordo Poniente, sin contar algunos volúmenes  de municipios del estado de México.  Todo esto ha operado en un complejo ensamble corporativo y en buena medida informal, donde participan el sindicato de limpia del DF, compradores de materiales secundarios, y desde luego, poderosas organizaciones de pepenadores. Más de 25 mil personas participan y derivan sus ingresos de este sistema.

Son entonces al menos 10,400 toneladas diarias de basura de las cuales el GDF está obligado a informar qué pasa ahora con ellas, ya que no es creíble (como afirman las declaraciones oficiales) una multiplicación prodigiosa - prácticamente de la noche a la mañana - en sus capacidades de reciclaje y composta. Tampoco es creíble el milagro de que buena parte de todo ello sea absorbido por empresas cementeras como combustible alterno, o por rellenos sanitarios en el estado de México (¿cuáles plantas cementeras, y cuáles rellenos? ¿a qué costo?).

Basura en el Distrito Federal

El Bordo Poniente no debió de haberse cerrado. Pudo haber operado durante muchos años más con medidas adecuadas de ingeniería, básicamente, orientadas a proteger sus taludes y los cauces de aguas residuales que lo circundan, así como a resolver su mala cobertura, y a reducir sus emisiones de metano.  El costo de las alternativas que hoy esgrime el Gobierno del Distrito Federal es mayor. Obviamente, transportar basura hasta rellenos sanitarios en el estado de Morelos o a municipios conurbados del estado de México resulta muy oneroso y logísticamente complejo. La composta es necesaria y potencialmente útil, pero es muy difícil encontrar mercados para ella, o al menos encontrar quien quiera recibirla; el costo de transporte es prohibitivo. El reciclaje es un imperativo, pero no existen aún en México mercados de materiales secundarios suficientemente desarrollados para captar y procesar la mayor parte del PET y otros plásticos, vidrio, y Tetrapak. Para lograrlo se requerirían sistemas de depósito y reembolso, o cuotas pagadas por las empresas manufactureras de alimentos y bebidas (refrescos, leche, agua, cerveza, jugos), para financiar la recolección y procesamiento de estas corrientes de residuos. Soluciones  como la incineración o cualquier otro tratamiento térmico, incluyendo la recuperación de energía, requieren fuertes inversiones y elevados gastos operativos, además de que encontrarían una fuerte oposición en la opinión pública.

Es verdad que toda esta panoplia de opciones al relleno sanitario tiene que ser considerada: reciclaje, composta, y tratamiento térmico. Sin embargo, en México, durante mucho tiempo, será indispensable recurrir al relleno sanitario de un porcentaje considerable de los volúmenes de basura generados. Esto, por razones económicas y logísticas, y también políticas. Siendo así, el cierre del Bordo Poniente parece más un capricho que una decisión racional. Más todavía, cuando el Distrito Federal no fue capaz de preparar durante años una alternativa seria y viable. El cierre puede verse como un castigo al Distrito Federal, desde la Federación, por un manejo y una gestión deficientes del Bordo Poniente, como se sabe, ubicado en terrenos federales del ex – vaso de Texcoco. Eran evidentes el escurrimiento de lixiviados, la falta de cobertura adecuada, y la ausencia de sistemas de captación de metano, no se diga de su aprovechamiento para la generación de electricidad.

Durante años el gobierno de la ciudad pospuso decisiones, enfrascado en el manoseo de proyectos fantasiosos e irrealizables que le impidieron plantear una re-ingeniería del propio Bordo Poniente, y alternativas creíbles y económicamente sensatas al manejo de la basura en el Distrito Federal. Incluso, la morosidad en la toma de decisiones llevó a que la mayor parte del metano se haya perdido, escapando a la atmósfera sin provecho alguno, pero significando la mayor fuente puntual de emisiones de gases de efecto invernadero en el Distrito Federal. También se perdió la oportunidad de desarrollar un proyecto para el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, y con ello, de participar en los mercados internaciones de carbono, lo que hubiera significado una importante fuente de ingresos para el Gobierno del Distrito Federal, al menos, durante diez años. Puede estimarse que la pérdida total para la ciudad, por simple incuria administrativa, rondaría los 200 millones de dólares. Esta cifra podría fácilmente duplicarse si se contabilizaran los ahorros en la factura eléctrica que podrían haberse logrado con la generación de electricidad a partir del uso del metano, utilizable para alumbrado público, bombeo o para el funcionamiento del metro. El caso es que durante esta administración, y la anterior, el Bordo Poniente, más que ser objeto de decisiones racionales de ingeniería y de política, fue materia de extorsión, búsqueda de rentas,  y cobro de cuentas entre actores políticos antagonizados. Desde luego, todo esto, en el contexto de una notable incapacidad de diseño de alternativas de gestión de la basura en el Distrito Federal. Sin el Bordo Poniente, y sin opciones serias y eficientes, veremos durante el 2012 un fuerte escalamiento en los costos de manejo de los residuos que genera nuestra ciudad.