viernes, 1 de abril de 2011

AGUA: LA ALDF vs LA CIUDAD DE MÉXICO

Fue un error de la transición democrática en la ciudad de México otorgarle facultades excesivas a la Asamblea Legislativa (ALDF), especialmente en materias técnicas, regulatorias y administrativas que deben ser potestad del gobierno central del Distrito Federal. La dispersión de atribuciones en la ALDF y en las delegaciones paraliza y fragmenta a la ciudad en una crisis de gobernanza, diluye las responsabilidades y obscurece la rendición de cuentas. Más aún, los diputados a la ALDF (y los delegados) no se pueden reelegir, y no se deben a sus electores sino a las burocracias partidarias que los ungen, y de quienes depende  el salto a una nueva posición al final de su mandato. Es una verdadera kakistocracia, el gobierno de los peores. Hoy, ésta,  desde la ALDF se ocupa de sabotear una de las iniciativas de reforma institucional más valiosas de los últimos lustros: la reforma del sistema de aguas de la ciudad de México, que ha sido presentada por el Jefe de Gobierno.

El sistema de aguas del DF es un aparato burocrático, atenazado por intereses sindicales, y profundas ineficiencias estructurales. De hecho, estudios comparativos recientes con otras ciudades de México, lo ubican entre los más rezagados, muy lejos de metrópolis líderes en el tema como Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, León y Tijuana. Sus problemas son enormes en calidad del servicio, falta de tratamiento de aguas residuales, micro-medición, y eficiencia física y comercial. Sus resultados de operación (ingresos propios menos gastos operativos) conllevan un enorme subsidio, además de finanzas desfondadas que impiden inversiones en nueva infraestructura. Carece de autonomía y autosuficiencia, y las tarifas son fijadas por la ALDF con criterios políticos.  La iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno del DF apunta a resolver tales patologías, pero nuestros  diputados se oponen; temen perder capacidades de extorsión y extracción de rentas, así como la bendición ideológica de su Mesías. 

Una buena gestión del agua, en línea con la iniciativa del GDF implica crear un organismo operador constituido como empresa pública moderna, con personalidad jurídica propia, autonomía y autosuficiencia financiera, con cuadros técnicos y administrativos profesionales y ajenos a caprichos y volatilidades electorales. Requiere gobierno corporativo transparente y rendición de cuentas, dotado de un consejo de administración o junta de gobierno plural, con consejeros independientes y profesionales, y representación de los usuarios. 

Los precios o tarifas del agua juegan un papel vital como  incentivos poderosos  tanto para los consumidores como para la propia empresa u organismo operador. El imperativo mayor es el pago, por parte de los usuarios,  de tarifas o precios flexibles que se acerquen a los costos marginales de suministro, incluyendo el drenaje y el tratamiento de las aguas residuales, y el reflejo en las propias tarifas de los costos de oportunidad del agua, la recuperación de inversiones y de los costos operativos en todo el ciclo del servicio público (suministro, alcantarillado y drenaje, y tratamiento). Los precios y tarifas deben ser fijados por el propio organismo operador a través de su consejo de administración, y no en el ambiente de politización y oportunismo de corto plazo que con frecuencia existe en la ALDF. En el caso de otorgarse subsidios, éstos deben ser  transparentes, equitativos y focalizados en sectores sociales de alta marginación y bajos ingresos, y no en las tarifas mismas, sino a través de vales o vouchers redimibles ante el organismo operador (como sucede en Chile).

Un principio cardinal en la gestión eficiente del agua es la no ideologización  La existencia de una empresa pública de aguas como la delineada en la iniciativa del GDF, permitiría establecer alianzas transparentes con empresas privadas capaces de ofrecer tecnología de punta y habilidades gerenciales indispensables para un buen servicio a la población, incluyendo rehabilitación de redes y minimización de fugas, micro-medición, facturación, cobranza, y tratamiento y re-uso de aguas residuales.

La ciudad de México no puede darse el lujo de perder la valiosísima oportunidad que le brinda la iniciativa del GDF en materia de aguas. Ceder a la obcecación interesada de nuestros diputados en la ALDF sería un retroceso deprimente, y prueba lamentable de nuestra incapacidad de cambio.

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