La macro-política es el terreno de juego donde el nuevo gobierno ha concentrado su voluntad y habilidades. El Pacto por México ha sido una notable innovación política, que dio fin al Dilema del Prisionero que durante muchos años hizo perder al país, y a todos los actores con un estrecho cálculo racional. Sus éxitos son incuestionables, y es muy probable que se extiendan hasta las reformas energética, fiscal y política, y más allá, hasta la seguridad social.
Sin embargo, las macro-reformas estructurales, de arriba a abajo, serán megacefálicas, sin reformas institucionales de abajo hacia arriba capaces de articular regionalmente esfuerzos sectoriales de gobierno. El territorio sí importa. Así como hay cuellos de botella institucionales que ocluyen la competitividad a escala macro, también los hay a escala regional. Sin ciudades y regiones prósperas, sostenibles y competitivas, no habrá un país próspero, sostenible y competitivo. Ciudades y regiones no se transforman en el sentido correcto y en cascada sólo a partir de actos de taumaturgia política en la cúspide, o de códigos de reforma estructural a escala macro. Necesitamos con urgencia nuevas instituciones y políticas para ciudades y regiones prioritarias, expresadas en una dimensión territorial. Un pretexto para no hacerlo es el Artículo 115 Constitucional, que confiere facultadas esenciales y casi excluyentes a los municipios. Pero sólo es un pretexto. También, un federalismo ladino y casi decimonónico, una mezquina visión soberanista en gobiernos estatales, y un rebote anti-centralista entendible pero ajeno a un Estado federal maduro y funcional.
El vacío de política regional se agranda, y puede dejar sin soporte físico-territorial a la agenda para el desarrollo del país. Así como hay un Pacto por México, debe haber un Pacto para diferentes regiones prioritarias. Esto requiere visión y liderazgo, capacidades técnicas, y convicción y habilidades políticas a escala regional, al menos de la calidad de las desplegadas en el Pacto por México. Exige hacer confluir la política-política local, con los intereses públicos regionales a largo plazo y con la política y las políticas públicas federales. O sea, valores públicos, visión, destreza y compromiso.
Ahí está la experiencia de las comisiones de cuenca vigentes entre las décadas de los cuarenta y setenta del siglo XX: las comisiones del Papaloapan, del Balsas, del Grijalva, generadoras de errores y conflictos, pero también de aciertos y de avances. Se impone su evaluación histórica.
De entrada, el Valle de México se ofrece como imperativo de política regional integrada, con problemas renacientes de contaminación atmosférica, de gestión del agua, de caos urbano, y de manejo de residuos, así como de movilidad y transporte (sin tocar el tema de seguridad). Son problemas críticos, que lastran seriamente la competitividad y sustentabilidad de la región metropolitana, y que no tienen solución posible en el caleidoscopio fracturado de jurisdicciones múltiples y descoordinadas. Es un solo sistema urbano y regional. Existe el antecedente de la Comisión Ambiental Metropolitana, que por desgracia ha sido confinada a la vida latente en los últimos lustros. Peor aún, políticos interesados en la supervivencia de sus aparatos clientelares ahora buscan municipalizar al Distrito Federal en la reforma política que acarician, fracturando todavía más las posibilidades de una gobernanza regional-urbana integrada.
No es previsible una acción colectiva espontánea y eficaz por parte de los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, y menos, de docenas de municipios conurbados con variopinto color partidario. Esa acción colectiva sólo puede ser emprendida por el Gobierno Federal, en este caso, por SEMARNAT, asumiendo la convocatoria, el liderazgo y la coordinación, probablemente, sobre un nuevas bases jurídicas e institucionales. Esperemos.
