Turismo, no abaratar la marca México

Son obvias y muy bien documentadas las ventajas comparativas de México como destino turístico, y  su relevancia extraordinaria para la economía nacional. También lo es  la demanda creciente en el mundo por viajar, disfrutar y conocer nuevos lugares, culturas, y ambientes, algo inherente al aumento en los ingresos y a las preferencias modernas de gasto de personas  y familias. Pero lo que importa ahora  en México es hacer del turismo un sector cada vez más competitivo y sostenible a largo plazo, cosa que no está ocurriendo. La competitividad y sustentabilidad del turismo depende por un lado de la calidad de los servicios turísticos, de su especificidad en el mercado global,  y de sus costos relativos. Por el otro lado, de una alta calidad permanente en el  entorno natural y urbano, en valores escénicos y paisajísticos generalizados, y en el desarrollo de componentes de nicho con atractivos contenidos ecológicos.

El  turismo debe crear efectos multiplicadores en las economías locales y regionales en términos de nuevas empresas, productos  y empleos, y generar cadenas de valor cada vez más integradas  y complejas. Por ello, es muy importante eludir hasta donde sea posible y eficiente al turismo de reclusión y de enclave (all inclusive), que inhibe o anula tales efectos multiplicadores. Particularmente, cuando se trata de un producto  genérico no distinguible en la oferta global de destinos de sol y playa (commodity) y de bajo valor agregado, en donde se compite por volumen con precios cada vez menores y márgenes que se erosionan rápidamente. Peor, cuando, en el vecindario pronto se abrirá un equivalente a gran escala, en Cuba, al finiquitarse  la dictadura  por sencillas razones biológicas. Lógicamente, la viabilidad de este modelo queda en entredicho, más aún cuando presupone el abaratamiento progresivo del producto turístico nacional, al igual que de la propia marcaMéxico; junto a la destrucción de negocios y empleos locales, y el abandono y  decadencia de ciudades y pueblos.

En el aspecto ambiental hay igualmente riesgos muy  significativos si las empresas desarrolladoras actúan (como ocurre con alguna frecuencia) de manera contraria a las regulaciones existentes, tanto en la construcción como en la operación de hoteles y otras infraestructuras. Normas más estrictas, una opinión pública inquieta e informada, y el éxito litigioso de numerosas organizaciones ambientalistas son capaces de  hacer abortar inversiones muy cuantiosas. Por ello es fundamental la observancia rigurosa de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de los ordenamientos ecológicos  del territorio; y políticas  de sustentabilidad, en el uso de materiales y energía renovable, diseño arquitectónico,  manejo de agua y residuos, e interacción con ecosistemas y especies, y en su caso, con áreas naturales protegidas, terrestres y marinas.

 La política turística en México no puede reducirse como hasta ahora sólo a promoción mediática y de inversiones, y a la construcción de más polos de desarrollo inmobiliario planeados desde el poder público. Hay suficientes, varios de ellos, inoperantes y fracasados.  De seguir por esta vía, México perderá las oportunidades formidables de formación de nuevas empresas y creación de empleos que representa el enorme y creciente flujo de viajeros nacionales e internacionales; se depreciará como marca y destino; y se evaporarán los márgenes de rentabilidad al competir por precio y volumen en un mercado genérico. Desde luego, tal vía no es sostenible. Es preciso cambiar, y dar un nuevo rumbo al sector turismo en México.

Un modelo integrado de desarrollo turístico con plena articulación económica local implica accesibilidad y conectividad internacional, nacional y regional; condiciones idóneas de seguridad pública; e  infraestructuras locales de  servicios públicos eficientes en materia de manejo de residuos urbanos y tratamiento de aguas residuales para impedir la degradación ambiental de los destinos turísticos. Son cruciales en este modelo, espacios públicos de calidad en pueblos y ciudades estratégicos, al igual que una imagen urbana y arquitectónica coherente, de buen gusto y acorde con historia y la cultura locales, y con las características del medio físico.

En fin, un nuevo modelo competitivo y viable requiere al menos tres cosas. Primera, una estrategia de sustentabilidad ambiental y urbana a largo plazo para el sector.  Segunda, revertir, hasta donde sea eficiente, el esquema al mayoreo de reclusión y de enclave conocido como all inclusive, reintegrando y articulando el hospedaje en hoteles con las economías locales en materia de servicios y nuevos productos. Tercera, transformar FONATUR para que tenga el mandato y la capacidad de invertir en pueblos y ciudades en infraestructuras, espacios públicos, e imagen y equipamiento urbano con un enfoque regional.

Ciudad de México, que valga la pena gobernarla

Esperemos que la Ciudad de México se empiece a mover pronto, y deje atrás cierta histeria sobre la  estatua de un obscuro personaje (como las hay muchas), y sobre perros asilvestrados. Además de  la seguridad pública, y del urgente restablecimiento de la legalidad y el estado de derecho, las políticas urbanas van a definir el verdadero perfil del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Está muy bien que esta semana se haya integrado un consejo de desarrollo urbano, y que tanto el Jefe de Gobierno como el titular de la SEDUVI se hayan pronunciado abiertamente en favor de una ciudad densa y compacta, vertical y sustentable. Ya es un logro. Pero tiene que codificarse  en nuevas políticas; y sobre todo, en proyectos, a partir de capacidades de gran solvencia, tanto técnicas como de ejecución en el gobierno del DF.  Habrá que modificar igualmente  el andamiaje de facultades entre el gobierno central del DF, la ALDF y las delegaciones. La ciudad no merece estar a merced de una asamblea atascada en la ineptitud y el oportunismo, y guiada por intereses políticos facciosos; ni tampoco de las redes de corrupción y clientelismo consustanciales a gobiernos delegacionales efímeros (de sólo tres años). ¡Cuidado con la reforma política para el DF! La ciudad no puede fragmentarse jurisdiccionalmente aún más, ni sus engranes de gobernanza ser saturados de arena, como sacrificio a los dioses del formalismo pseudo-democrático. 

Se requiere ahora socializar una visión clara y a largo plazo para la ciudad: una ciudad compacta y densa; eficiente y competitiva; sustentable; poli-céntrica; segura; bajo el imperio de la legalidad; hermosa y funcional; y entretejida con espacios públicos de alta calidad, esenciales para el disfrute, la convivencia social y cívica, y la creación de identidades locales. Esta visión debe quedar plasmada en el  nuevo Programa General de Desarrollo Urbano, al igual que en los programas delegacionales y parciales. Pero la planeación sin proyectos y sin capacidades de ejecución, se reduce a un estéril ejercicio  onanista. Desde el Programa, el GDF debe asumir  una cartera de proyectos  estratégicos que concreten su visión y objetivos: intervenciones físicas  en el tejido de la ciudad, capaces de regenerar, reciclar, revitalizar y modificar el paisaje, así como la dinámica económica y social, y de irradiar ampliamente efectos virtuosos en sus inmediaciones.

Las oportunidades son grandes y con diferentes escalas de costo y complejidad política: Expandir y acelerar el exitoso rescate del Centro Histórico, incluyendo la demolición del infame mercado de la Merced - foco de infección urbana y social - y su reciclaje en vivienda mixta y servicios. Construir verdaderos centros de transferencia modal de transporte público (CETRAMS) modernos e invitantes, en sustitución de la inmundicia degradante que ofrecen Indios Verdes, Chapultepec, Universidad, Observatorio, Mixcoac, y Tacubaya.  El re-desarrollo de Insurgentes en el tramo que va de Reforma a Viaducto,  necrosado por inmuebles abandonados o subutilizados (de uno o dos niveles)  y en usos degradantes, a pesar del gigantesco potencial de valorización inmobiliaria que tiene. Lo mismo puede decirse de Avenida Chapultepec y de la calzada de Tlalpan, que poseen una densa infraestructura de transporte.  Cabeza de Juárez debería convertirse en un atractivo centro urbano para el oriente de la ciudad (Iztapalapa, Iztacalco). Tacuba podría recuperar su esplendor antiguo y popular extirpando al ambulantaje y con un programa serio de revitalización y mejora del espacio público, de inmuebles y fachadas. Los corredores del metrobús deben ser relanzados para su densificación, mientras que el nodo comercial de Avenida de la Paz-Revolución-Altavista en San Ángel exige a gritos un programa de reordenamiento vial, ampliación de aceras, rescate arquitectónico y mejora del espacio público. Los ejes viales pueden ser acondicionados con camellones arbolados, sin gran menoscabo para el tránsito, y multiplicarse las calles peatonales en el propio centro histórico (después del éxito de Madero),  y en otras zonas de centralidad urbana como Coyoacán, San Ángel, Santa María la Ribera, Azcapotzalco, Tacuba, Tlalpan, Iztapalapa. Los mercados públicos pueden ser objeto de dignificación y actualización funcional; y los bajo puentes,  recuperados no sólo para comercios o gasolineras, sino, por ejemplo, con instalaciones para jóvenes escatos (como ocurre en el de San Cosme y Circuito Interior).

Proyectos como los anteriores demandan liderazgo y habilidad negociadora, firmeza, determinación y pericia política. No sólo una sensibilidad informada y visionaria. Implican acciones de  compra o  expropiación de  predios, desalojo de vendedores ambulantes, confrontar o sumar a las delegaciones y a la ALDF, nuevas regulaciones, afectación de intereses creados, y fórmulas audaces de alianza público-privada. Eso, para que valga la pena gobernar.

CRISIS HIPOTECARIA Y URBANA

Ciudades y vivienda son un binomio clave para el desarrollo económico y la sustentabilidad del país. En la ciudad se dirimen la equidad, el bienestar social, y el abatimiento de la pobreza, así como la competitividad y el crecimiento de la economía. La política de vivienda es el instrumento más poderoso para influir en la estructura física y funcionalidad de las ciudades. Puede conducirlas a su desbordamiento espacial, a la ineficiencia económica y a la desintegración del tejido urbano. O puede llevarlas a un crecimiento denso y compacto, con una sólida red conectora de espacio público, diversidad y usos múltiples del suelo, buenos servicios, y accesibilidad mediante transporte público o no motorizado, epítome de ciudades sostenibles y competitivas. La inter-fase ejecutora entre la política pública de vivienda y la codificación física del desarrollo urbano son las empresas inmobiliarias y constructoras de vivienda, que operan de acuerdo a las reglas del juego establecidas y a la estructura consecuente del mercado de tierra. Este sistema de empresas es generador, en México, de más de tres millones de empleos y directa e indirectamente es responsable de alrededor del 6% del PIB. Es un asunto muy serio.
 

Hasta ahora, las políticas de vivienda han tenido sólo una brújula financiera y cuantitativa, y las unidades de cuenta más elementales posibles: número de créditos, viviendas construidas, financiamiento otorgado. El derecho a la vivienda para todos los trabajadores. La norma ha sido la minimización de costos en ausencia de reglas, lo que conlleva tecnologías estandarizadas, monotonía, y reducción extrema y reclusión en los espacios habitables, más, la acumulación de reservas de tierra barata (inducida por incentivos fiscales). Se trata de páramos ejidales desolados, potreros, milpas, basurales y breñales lejanos a las ciudades, fuera del tejido social y urbano, sin servicios, y con costos astronómicos de transporte tanto en horas/hombre como en proporción del ingreso disponible para los desafortunados habitantes o derechohabientes. Una vez adquiridas, el valor de tales reservas de tierra depende de que opere la maquinaria de crédito hipotecario, así como de licencias de uso del suelo y de construcción por parte de municipios débiles con nulas capacidades de gobernanza territorial. También depende de la demanda de casas en propiedad sobre un pedazo minúsculo de tierra, a cambio de la disposición de los compradores a someterse a un régimen de vida desolador tanto en lo personal y familiar, como en lo social, económico y laboral. Del sueño a la pesadilla. Así, la superficie urbana se desperdiga y crece en un orden de magnitud superior a la propia población, la densidad demográfica se derrumba, y decae la ciudad central mientras se desmadeja el tejido urbano; aumenta la dependencia al trasporte automotor, y se eleva el costo de servicios e infraestructura. Se disuelve el entramado social y la vida cívica. ¿Algo que ver con la delincuencia?
 

Cualquier observador imparcial pudo constatar en los últimos años la inviabilidad de este modelo. Lo hicieron los acreditados o derechohabientes, quienes empezaron a abandonar las viviendas, que han caído en la decrepitud y han sido objeto de vandalismo, lo que ha retroalimentado la desolación de las casitas habitadas remanentes evaporando su valor en el mercado y el patrimonio de sus dueños. Muchas viviendas nuevas permanecen desocupadas. Más de la cuarta parte de las viviendas de INFONAVIT están abandonadas, y en muchas regiones del país la proporción ronda al 50%. Su cartera vencida se ve presionada.
 

Entidades financieras e inversionistas nacionales e internacionales también se percataron y tomaron decisiones; las reservas de tierra exo-urbana de las empresas ya no convencen. El índice Habita, que sigue el desempeño de las empresas desarrolladoras de vivienda en la BMV, registra un desplome en el valor de sus acciones de aproximadamente 80% en promedio desde 2007. Este índice incluye a empresas tan importantes y estratégicas en el desarrollo económico de México y en la generación de empleo como Ara, Geo, Consorcio Hogar, Homex, Urbi y SARE. Los intentos realizados recientemente por paliar el modelo, por ejemplo, los DUIS (desarrollos urbanos integrales sustentables) no han surtido un efecto tranquilizador en los mercados.
 

Las empresas requieren una urgente reconversión en su modelo de negocio, y es posible que necesiten un mecanismo de apoyo gubernamental (tal vez un swap de reservas de tierra urbana/exo-urbana) para sobrevivir, y actuar como ejecutoras en una nueva política virtuosa de vivienda para ciudades competitivas y sustentables. Más que nada, es urgente conjurar la crisis hipotecaria y urbana que flota en el horizonte, y que la debutante Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el INFONAVIT, diseñen e instrumenten esa nueva política.

OCDE regaña a México

El gobierno de Felipe Calderón magnificó percepciones negras en la opinión pública internacional sobre la inseguridad en México, aunque  tuvo éxito al promoverse como adalid en la lucha contra el calentamiento global. Las primeras ahora mejoran, mientras que la OCDE nos desenmascara casi como impostores en lo segundo, en  su Evaluación sobre el Desempeño Ambiental de México presentada el martes pasado.  Es un regaño envuelto en elipsis, cuidadosas omisiones, retórica gentil, y  recuentos  sobre avances durante la última década. Que si la calidad del aire ha mejorado, que si el volumen tratado de aguas residuales se ha expandido, que si la disposición de residuos en rellenos sanitarios ha aumentado, que si los presupuestos para  bosques han crecido, que si es mayor la cobertura de áreas naturales protegidas, que si hay nueva legislación y burocracias climáticas,  que si se aplican numerosas inspecciones y evaluaciones de impacto ambiental a proyectos, que si  el célebre Programa Especial de Cambio Climático se ha casi sobre-cumplido (¡en 95 % como en la antigua URSS!).  En fin, valen, aunque se trate  de  inercias tendenciales en cualquier país en vías de desarrollo  cuya institucionalidad ambiental medianamente funcione. Es el dulce que permite mantener la atención de un menor mientras se le sermonea.

El gobierno calderonista se labró una imagen de virtud en la lucha contra el cambio climático. Logró elogios por la COP 16 en Cancún, a pesar de que ahí se hizo evidente el descarrilamiento del proceso de Kioto. Fuimos competentes facilitadores y organizadores de eventos internacionales (el Salón de Fiestas México), sin posiciones claras o liderazgo en materia de políticas. Todavía nos atrevimos a extender una mano menesterosa a la comunidad internacional con el malhadado Fondo Verde, siendo la treceava economía del mundo: un país grande pedigüeño y sin vocación de liderazgo. Ahora, el reporte de la OCDE  nos ubica como candil de la calle, señalando  perversas políticas internas  opuestas a toda racionalidad ambiental y climática; se trata, poco menos, que de un señalamiento de hipocresía. El rey se queda desnudo.

En los primeros 10 años del siglo las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país aumentaron cerca de un 20%. La intensidad de carbono de la economía (emisiones de CO2 con relación al PIB) creció significativamente, después de haberse reducido durante los años noventas del siglo pasado. También las emisiones aumentaron con respecto al ingreso disponible. México es uno de los pocos países de la OCDE que no han desacoplado el suministro total de energía primaria del crecimiento económico, uno de los fundamentos esenciales para avanzar hacia una economía verde o sostenible. De hecho el consumo de energía primaria se ha expandido a tasas más elevadas que el PIB. Hay un uso creciente de energía para la extracción de petróleo y gas, al igual que en refinación, lo que revela cada vez más ineficiencias sectoriales, no obstante que seremos importadores netos de petróleo hacia el 2020. La proporción  de energías renovables en la producción de electricidad bajó de 20% en el año 2000 a 18% en el 2010, a pesar de que en los últimos años culminaron varios  proyectos eólicos en desarrollo durante más de una década.

México es el país de la OCDE que ostenta los precios más bajos para los combustibles automotrices, lo que fomenta el derroche y la ineficiencia, y por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es el único miembro de esa organización que subsidia tales combustibles y no los utiliza como base  fiscal para fortalecer las finanzas del Estado. Nuestro país también es señalado por ser el único que prácticamente no aplica ningún impuesto  como instrumento económico de política ambiental, a pesar de tener la recaudación fiscal más baja con respecto al PIB (menos de 10%). Otros gobiernos de la OCDE captan por impuestos ambientales entre el 2 y el 15% del PIB. México, adicionalmente, subsidia la electricidad y no tiene ningún esquema de pagos de primas por KWh a los generadores de energía con fuentes renovables. Por otro lado, nuestro país mantiene un sistema de subsidios agropecuarios que inducen las emisiones de CO2 por deforestación e impiden la recuperación y captura de carbono en ecosistemas forestales (PROCAMPO, PROGAN).

La evaluación ambiental de la OCDE sobre  México, si bien está coja, ya que inexplicablemente omite temas vitales como mares  y  ciudades, es un "te lo digo Juan para que lo escuches Pedro". El nuevo gobierno tiene la oportunidad de escuchar y corregir el rumbo.

Ciudades; talento y competitividad

El futuro de México se dirime en sus ciudades. En realidad, una política exitosa de desarrollo económico es necesariamente una política de ciudades exitosas. Lo hemos repetido de manera incesante: el abatimiento de la pobreza y el desarrollo económico se vinculan de manera inevitable al proceso de urbanización. Sin embargo, México ha carecido de una política nacional de ciudades; muchos políticos y presupuestos públicos siguen anclados en la visión anacrónica de un México bucólico, campesino. Nuestro país debe acelerar la migración rural-urbana, y plantearse que hacia la mitad del siglo más del 90% de la población viva en ciudades, especialmente en grandes ciudades. Alrededor de 400 mil millones de pesos del presupuesto del Estado se destinan a apoyar (subsidiar, subvencionar, otorgar rentas) al campo; ¿cuánto a las ciudades? Ni siguiera se contabiliza de manera explícita. No hay diputados del sector urbano(como los hay del sector campesino) que  exijan presupuestos para infraestructura, servicios, y espacio público de calidad en las ciudades. Veremos qué hace la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Durante mucho tiempo, economistas interesados en economías regionales y urbanas concentraron su atención en la dinámica de localización geográfica de empresas, en la división espacial del trabajo, y en el fenómeno de aglomeración y de formación de clusters o complejos industriales. Es decir, se focalizaron en explicar la concentración o la dispersión de actividades económicas en el espacio geográfico. Hoy los enfoques han cambiado, y es más relevante estudiar a la gente, a las personas o individuos que crean empresas y trabajan en las  industrias o sectores económicos atraídos por las ciudades. Es más interesante, a la luz de la nueva economía de la información, estudiar al capital humano como motor del crecimiento económico, y a las variables que determinan su distribución geográfica en distintas ciudades. Tengamos en cuenta, como decía Robert Lucas (célebre por acuñar el principio de expectativas racionales en economía), que las ciudades funcionan para atraer, reclutar y organizar capital humano y generar enormes externalidades positivas para todos.

Numerosos estudios muestran que la productividad de las personas aumenta considerablemente en grandes aglomeraciones urbanas, y por tanto sus ingresos (desde luego, Edward Glaeser), y que en realidad las empresas tienden a localizarse en ciertas ciudades, clusters o complejos regionales por la disponibilidad de talento y capital humano, y no tanto por el acceso a proveedores o clientes. Las personas o individuos con mayor capital humano (educación, audacia, carácter emprendedor, dispuestas al esfuerzo personal), a su vez, tienen cada vez más movilidad, y buscan ubicarse en sitios o ciudades donde convivan con  otras personas que refuercen su productividad a través del conocimiento y economías de proximidad. Prefieren ciudades que ofrezcan desde luego, trabajo, pero también, buenos servicios, infraestructura, espacios públicos de calidad, belleza, amenidades y oferta cultural, ciertos estilos de vida,  y diversidad,  que les permita insertarse y conectarse con facilidad en el tejido social. O sea, con respecto a este último punto, que existan pocas barreras de entrada al mercado de trabajo y a las redes de convivencia social. Todos los factores anteriores están presentes en distinta medida en cada ciudad y determinan crecientemente la llegada y permanencia de empresas, que a su vez demandan más talento o capital humano en una espiral de incremento en los ingresos de la población.

 En general, las ciudades con un amplio acervo de capital humano serán ciudades donde vivir es algo placentero y estimulante. La belleza urbana y la calidad del espacio público quedan asociadas a la competitividad de las ciudades. Un análisis notable de Richard Florida de la Universidad de Carnegie Mellon, lo documenta y demuestra a través de un ingenioso modelo econométrico basado en conjuntos de variables que representan al talento y capital humano, a la calidad del espacio público y de la vida urbana, y a la diversidad social (como aproximación a bajas barreras de entrada). Las relaciona significativamente en términos estadísticos con la localización de industrias de alta tecnología, y con los ingresos  y nivel de vida de la población. Llama la atención que la diversidad es medida a través de la presencia relativa de parejas homosexuales (gays) como indicador de tolerancia y facilidad o bajos costos de inserción en el tejido social. Los resultados estadísticos son robustos.

En fin, todo esto tiene la finalidad de iluminar la importancia de promover ciudades tolerantes, hermosas, con espacios públicos de calidad, y una buena oferta cultural, como fórmula de competitividad, atracción de talento e inversión privada, ingresos más altos y menor pobreza.  Necesitamos una sólida y ambiciosa política de ciudades.

Reforma educativa; normales, hierro ardiente

Dije durante mi campaña presidencial que en la SEP se requería un verdadero Secretario de Gobernación  para emprender la Reforma Educativa, responsabilidad primera en la agenda del nuevo gobierno, y de formidable complejidad política. Los componentes obligados de la reforma que propuse, en sí mismos son elocuentes de la magnitud del desafío: re-estructura de todo el sistema de escuelas normales; evaluación universal autónoma, carrera profesional meritocrática y remuneraciones de acuerdo al desempeño;  escuela de tiempo completo; instalaciones de calidad; énfasis curricular en pensamiento lógico, matemáticas, informática, valores cívicos, e inglés como segunda lengua; la escuela como espacio de integración social y familiar; y, formación de empresarios y vinculación al aparato productivo. Casi todos los elementos anteriores coinciden con la iniciativa de Reforma Educativa presentada por el Presidente Peña Nieto el lunes pasado. El primero (las escuelas normales) es probablemente la piedra angular de  los demás. Está claro, de acuerdo a la experiencia educativa en México y en el mundo, que la calidad de la educación depende esencialmente de dos cosas: la calidad de los maestros, y el entorno socioeconómico de los alumnos (alimentación, vivienda, ambiente familiar, y educación de los padres; lo que queda fuera del alcance de las políticas meramente educativas).

Pero en nuestro país, es en las escuelas normales rurales y en organizaciones magisteriales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán,  y parcialmente Chiapas,  donde se atrincheran y resisten ferozmente intereses y fuerzas políticas contrarias a la calidad docente.  La historia de las normales rurales se remonta al cardenismo, mientras que la beligerancia reaccionaria de las organizaciones de maestros en esos estados se explica, por un lado,  a partir de una tradicional dinámica radical y subversiva que en ellos se recreó durante la segunda mitad del siglo XX. Por el otro lado, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, signado por el entonces Presidente Salinas de Gortari, los gobernadores de los estados, y el propio SNTE. Tal momento  es importante, dado que, en el contexto del Acuerdo, se entregaron secciones sindicales en esos estados a grupos radicales disidentes hoy agrupados en lo que se denomina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No sólo eso. Por ejemplo, en Oaxaca, el gobierno estatal ha aceptado que los maestros queden al margen de toda evaluación y proceso de calidad promovidos por la Federación, y les ha cedido el diseño y la gestión de la política educativa, así como posiciones clave en entidades  de la administración pública, y salarios y prestaciones privilegiadas, en un permanente juego de chantajes, movilizaciones, bloqueos, paros, y violencia. 

Recuérdese también que en las normales rurales de Guerrero (como Ayotzinapa), además de recurrentes expresiones violentas, se han forjado tanto célebres guerrilleros en los años sesentas del siglo XX, como cuadros actuales del EPR y de su escisión el ERPI, al igual que el no menos célebre Servando Martínez "La Tuta". Éste, fundador y líder de La Familia Michoacana, reciclada ahora en los Caballeros Templarios. Dicho sin rodeos, el magisterio formado en  las normales rurales de Guerrero ha estado asociado a la guerrilla y a organizaciones dedicadas al narcotráfico, y por supuesto, a demandas explosivas de entrega automática de plazas para egresados de las normales.

En Michoacán, no se han quedado atrás los maestros de la CNTE, y han logrado que el gobierno del estado les transfiera rentas jugosas como resultado de una temible extorsión política, lo que hoy ha contribuido a la abultada e inexplicable deuda que dejó la administración anterior de esa entidad federativa, en estos momentos  al borde del colapso financiero. El nuevo gobierno del estado decidió desmantelar redes de corrupción y se rehusó a pagar la extorsión, y ello desató la violencia protagonizada por normalistas michoacanos apoyados por docentes de la CNTE de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, excusados con su oposición a la Reforma Curricular, que pretendía enseñar inglés e informática en las escuelas normales rurales, apenas en agosto de este año. El resultado: robos, secuestros ataques a infraestructura pública, incendio de vehículos,  bloqueos de carreteras, asalto a tiendas y negocios. El gobierno reculó parcialmente, ante la amenaza de una cada vez más extensa coalición entre normalistas y maestros disidentes, y numerosas organizaciones del ecosistema radical y de izquierda  que pueblan el escenario político nacional.

Entonces, el tema de las normales y de la formación de maestros de calidad es vital pero harto complejo políticamente, va mucho más allá de lo estrictamente educativo; es un problema de gobierno, de legalidad y estado de derecho, y de seguridad pública. Hay que afrontarlo.

Pacto por México, ecos y huecos

Bien el Pacto por México. Ya se ha escrito mucho sobre su alto significado político. Pero algo igualmente importante es que este Pacto recoge numerosos contenidos y propuestas generados durante la campaña presidencial, y los plasma como compromisos de gobierno. Así, el proceso electoral parece adquirir en retrospectiva un valioso sentido de argumentación, diálogo y construcción de acuerdos para gobernar. Promete revelar un avance apreciable en la calidad de nuestro sistema democrático.

Resaltan en el Pacto por México, por un lado, las ideas de protección social enarboladas principalmente por la izquierda, como el seguro del desempleo, y las pensiones a adultos mayores de 65 años y jefas de familia. Por el otro lado, es notable cómo el Pacto hace eco de la plataforma electoral y propuestas de otras candidaturas. Vale la pena enunciar algunas: Responsabilidad absoluta del gobierno en política educativa (de ninguna forma es una potestad sindical), la evaluación universal y autónoma, el servicio profesional para maestros, transformación de las normales, escuela de tiempo completo, y la ampliación de la cobertura en educación superior. La cultura como poderoso instrumento de política exterior a través de los Institutos de México (propuestos durante la campaña para llamarseInstituto Octavio Paz). La protección de los migrantes centroamericanos en nuestro país. La cédula de identidad ciudadana. Reformas estructurales hacia la competencia en los sectores energía y telecomunicaciones. El hacer de PEMEX una empresa competitiva con gobierno corporativo eficaz y transparente bajo regulación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El fortalecimiento de la COFECO y de la COFETEL para lograr que sus decisiones sean ejecutables de inmediato y no suspendibles por medio de amparos. La banda ancha e internet como nuevo derecho social del siglo XXI plasmado en la Constitución. La restructuración de los esquemas de coordinación fiscal para dar más responsabilidades recaudatorias a gobiernos locales. Por supuesto, la revisión de los subsidios regresivos a energéticos y al campo. La implantación en todo el país en forma expedita del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. La autonomía y capacidades persecutorias de los órganos a cargo del combate a la corrupción. Y, las policías estatales únicas reflejadas en el compromiso de crear Policías Estatales Coordinadas.

El Pacto por México hace propias otras propuestas de campaña relacionadas con la sustentabilidad. Además de la revisión de los subsidios a los energéticos, es de destacarse que plantea reorientar subsidios al campo en zonas de menor viabilidad agrícola, hacia pagos por servicios ambientales para la conservación de bosques; y habla también genéricamente de un programa de residuos. Sin embargo, el Pacto por México toca la agenda del agua sólo de manera tangencial en puntos aislados como la captación de agua pluvial (?), las coberturas de agua potable, drenaje y tratamiento; sequías, y sorpresivamente, la desalación de agua de mar. Huecos grandes deja el Pacto al soslayar la necesidad de regulación sobre los organismos operadores municipales, el combate a la contaminación de cuerpos de agua, la vigilancia de aguas residuales, el suministro a ecosistemas acuáticos, y especialmente, el agotamiento de los recursos hídricos subterráneos por el riego agrícola en zonas críticas del país.

Definitivamente, los desafíos de la sustentabilidad le quedan muy grandes al Pacto por México; hay omisiones inexplicables, lo que es frustrante en cuanto refleja el desinterés y desconocimiento que los políticos tienen al respecto de ellos. No hay absolutamente nada en el Pacto acerca de los mares y costas de México; nada sobre las ciudades de nuestro país (todas en una grave despeñadero de desarrollo no sostenible), ni sobre las políticas de vivienda; nada sobre biodiversidad, ni ningún compromiso para detener y revertir la deforestación; nada sobre el imperativo de resolver perversiones económicas, sociales, y ambientales en el desarrollo turístico; y algo asombroso, nada sobre política industrial. Todos estos son temas que al parecer quedan fuera del radar, o de la capacidad de acuerdo de los firmantes del Pacto por México.

Otro hueco que debe resaltarse en el Pacto por México es la debilidad en los sistemas de gobernanza local, que enfila a muchos municipios a la quiebra, y no sólo por endeudamiento. Hay una omisión total con referencia al corto período de administración municipal y a terminar con la imposibilidad de reelección de alcaldes, circunstancia que impone horizontes de corto plazo e incita a conductas de rentabilidad política inmediata, ajenas al interés de largo plazo de sociedad. En fin, hay sectores y temas tajantemente excluidos del Pacto por México... Urgiría subsanar huecos y omisiones, o que echemos a andar una fundada preocupación.