¿POR QUÉ NO HAY GRANDES PROYECTOS EN MÉXICO?

Hay nostalgias (objetivas, o distorsionadas por las brumas del tiempo) por el Ancien Régime, y frustración con los resultados de la alternancia. Son dos referentes que ayudan a entender  preferencias electorales y proyecciones hacia la elección federal de 2012. Sin duda hay otras variables en juego, que harán fluctuar las tendencias en mayor o menor medida, o incluso revertirlas. Sin embargo, nostalgias y frustración permanecerán como constantes. Un factor que nos permite entenderlas (aunque algunos puedan no compartirlas), es la minusvalía para  concebir y emprender grandes proyectos de infraestructura y desarrollo regional, que se ha instalado en México durante las últimas décadas. Probablemente es consecuencia de la  dispersión del poder en una generación de políticos más bien pequeños; de una manifiesta incapacidad de percibir y asumir el largo plazo (en el escenario de un nuevo proyecto nacional); y de la polarización, rencor y cinismo paralizantes,  sembrados obsesivamente desde la izquierda por un perverso mesías de aldea. La minusvalía duele cuando volteamos la mirada hacia la mitad del siglo pasado, cuando, por ejemplo, grandes proyectos hidroeléctricos fueron el núcleo de novedosos complejos de infraestructura en el Grijalva (Malpaso), el Papaloapan (Miguel Alemán),  el Balsas (Infiernillo), y cuencas del noroeste. 

Llevarlos a cabo exigió no sólo de una visión regional integrada  (diríamos también, interdisciplinar) y notable destreza técnica, sino de capacidades de investigación, planeación, desarrollo, logísticas, gerenciales y políticas, hechas posibles sólo en una institucionalidad inédita: las Comisiones de Cuenca, organismos regionales semi-autónomos inspirados en la Tennessee Valley Authority de la época, en los Estados Unidos.  Se establecieron directamente por decisión presidencial y decreto del Congreso de la Unión, con una arquitectura jurídica e institucional muy ambiciosa, y fueron habilitadas para “…. planear diseñar y construir las obras requeridas para el integral desarrollo,…. ^[]con las más amplias facultades para la planeación, proyecto y construcción de todas las obras de defensa de los ríos,  riego, desarrollo de energía y de ingeniería sanitaria,  vías de comunicación comprendiendo vías de navegación, puertos, carreteras, ferrocarriles, telégrafos, y las relativas de creación y ampliación de poblados, y tendrá también facultades para dictar todas las medidas y disposiciones en materia industrial, agrícola y de colonización” .Es verdad que este arreglo institucional se agotó, una vez que sus objetivos básicos se fueron cumpliendo, pero, especialmente, cuando fue evidente que la perspectiva regional o fisiográfica en que operaban (y los intereses de sus vocales ejecutivos) entraba en conflicto flagrante con las jurisdicciones políticas y facultades de los gobiernos estatales. El caso más notable fue el de la Comisión del Papaloapan, y de su vocal ejecutivo, el Ingeniero Jorge L Tamayo, en torno a la construcción de la presa Cerro de Oro y la consecuente reubicación de campesinos chinantecos hacia el Uxpanapa. Ésta, por cierto, provocó uno de los episodios más dramáticos de destrucción ecológica ocurridos en  México, al desmontarse cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales húmedos en la primera mitad de los años setentas del siglo XX. Pero esa es otra (verdaderamente trágica) historia.

La que ahora nos ocupa  es ilustrar el papel insustituible  de  políticas y políticos visionarios al más alto nivel, y de diseños  institucionales específicos  para el desarrollo de proyectos de gran impacto regional con fuertes dimensiones económicas, técnicas, financieras y presupuestales, y sociales,  en una multiplicidad de sectores o áreas de actividad (hidráulico, energía, comunicaciones, desarrollo urbano).  Desde luego, todo ello tiene como condiciones necesarias  motivaciones políticas más o menos trascendentes (incluso, apuntaríamos, históricas) codificadas a partir de una visión de país a largo plazo compartida por actores relevantes y segmentos amplios de la opinión pública, y  expresadas operativamente en liderazgos funcionales, y  capacidades  directivas, de persuasión, negociación y concertación. Tales condiciones, es obvio, ya no están presentes  en México. Eso puede provocar nostalgia y frustración.

LA INGENIERÍA MEXICANA Y EL REGRESO DEL PRI

La ingeniería mexicana nació y murió en el siglo XX. El México que hoy tenemos es esencialmente la obra de este pasado vivo aún en la memoria reciente, atestiguada con ardor patriótico en los noticiarios del cine por la voz de Fernando Marcos y el huapango de Moncayo: las grandes presas del Grijalva y del Balsas, centros médicos, campus universitarios, acueductos, túneles y drenajes,  puertos industriales,  puentes y autopistas,  aeropuertos, metro, e instalaciones olímpicas. Si Porfirio Díaz acudió a  ingenieros del exterior (destacadamente Pearson) para crear una envidiable red ferroviaria, el gran canal del desagüe, el primer sistema moderno de puertos, y un asombroso acervo  de edificaciones cívicas y culturales, la Revolución formó y encargó a la ingeniería nacional su obra constructora. El florecimiento de  escuelas de ingeniería en la UNAM y el IPN, y de empresas emblemáticas como ICA no puede entenderse al margen de esa épica. 

El costo de la corrupción no aparecía en la contabilidad de la opinión pública, no por cinismo, sino por explicable encandilamiento. De un país conducido por  generales y licenciados, México pasó a ser un país llevado en vilo por una generación de ingenieros; los más, brillantes y emprendedores, destacadamente, Bernardo Quintana.  El desarrollo de la  ingeniería en México fue consecuencia de lo que hoy llamaríamos una verdadera política industrial. Podría decirse que la ingeniería civil fue una ideología en sí misma, y el brazo ejecutor de un gran proyecto nacional, que en sus mejores momentos, para qué negarlo, llegó a ser inspirador. La democracia y la alternancia trajeron método, pero no contenidos, impusieron la dispersión del poder y ostentosas incapacidades directivas; nos dejaron huérfanos de proyecto nacional.  Sólo la rutina de presupuestos gubernamentales básicos aplicados en mantenimiento y extensión incremental de la infraestructura legada desde el siglo XX,  edificios privados, ciertas obras viales, y excepciones inerciales como el Emisor Oriente del Drenaje Profundo y la línea 12 del metro en el DF, mantienen en vida precaria a la ingeniería mexicana.

Nuestra ingeniería sufrió con la apertura económica, al enfrentar en desventaja a empresas extranjeras que han venido con su propio financiamiento internacional bajo el brazo. La calidad de la educación pública decayó, mientras que los jóvenes ahora buscan prestigio, satisfacción profesional  y altos ingresos en disciplinas menos demandantes. De hecho, numerosas escuelas de ingeniería civil han cerrado o han estado a punto de hacerlo. Languidecen el Colegio de Ingenieros Civiles y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Los proyectos de ingeniería son el lenguaje físico de cualquier proyecto nacional, y su ausencia, el silencio de la orfandad. Esta verdad se palpó con tristeza en torno a las celebraciones del bicentenario de la Independencia, cuando no hubo la convicción, ni energía, ni destreza mínima para construir un simple monumento ornamental en el Paseo de la Reforma (Estela de Luz). Porfirio Díaz, desde Montparnasse (¿o ya estará en Oaxaca?) sin duda se regocijó, al saber que cien años después, su espléndida obra conmemorativa creció en la perspectiva de nuestra mediocridad.

En su peor desenlace, el ánimo constructor visionario del siglo XX degeneró en el financiamiento hipotecario masivo a la proliferación anárquica de millones de viviendas, aisladas de las ciudades, y ensambladas  en  infames panales monotemáticos  en periferias urbanas. Muchas firmas de ingeniería desaparecieron, y ocuparon su lugar empresas de vivienda de bajo costo que se multiplican bajo la égida del INFONAVIT, y se organizan en su propia cámara. Lo que hacen, no requiere de ingeniería seria, sino de astucia para maximizar utilidades bajo las reglas del juego puestas por el propio INFONAVIT. No es su culpa. Sin proyecto nacional ni capacidades directivas no hay proyectos trascendentes posibles. Tampoco ingeniería nacional. Algo tendrá que ver esta nostalgia – legítima – con el anunciado regreso del PRI al poder federal.

MEDIO AMBIENTE, JAQUE A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Hacer política ambiental con frecuencia equivale a hacer política industrial. La ausencia de regulaciones en México sobre emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos abre la puerta a autos y camionetas chatarra de Estados Unidos, de acuerdo a las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La principal industria del país, la automotriz, sufre entonces competencia desleal, y una (literalmente) sucia embestida que amenaza al crecimiento económico y a la generación de empleos. Ni más ni menos. La exigencia al Gobierno Federal de expedir cuanto antes normas oficiales mexicanas de emisión de CO2 por kilómetro (en realidad, normas de eficiencia energética), tanto a vehículos nuevos como usados, no deriva sólo del imperativo de combatir el calentamiento global y de mejorar la calidad del aire. También pretende evitar un enorme daño a la planta industrial. Y no se trata sólo de la expedición de las normas oficiales mexicanas correspondientes, sino de crear la infraestructura necesaria de inspección y vigilancia para impedir que vehículos altamente contaminantes e ineficientes ingresen y circulen en el  país.

En días pasados, la Secretaría de Economía expidió un nuevo decreto que flexibiliza la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, que ahora podrán tener menos de 10 años de antigüedad. Sólo se les impondrá un 10% de arancel que es insignificante como disuasivo o como compensación por los impactos ambientales que generan. (Al menos la recaudación de este arancel debiera etiquetarse para financiar un sistema eficaz de inspección y vigilancia, si es que algún día el Gobierno Federal emite la normatividad correspondiente). Se trata de autos y camionetas desechados en aquellos países por su pésimo estado mecánico, obsolescencia general, consumo voraz de combustible, y ostentosas emisiones de contaminantes y de CO2. Los subsidios a la gasolina que otorga nuestro Gobierno Federal hacen atractiva la importación y el uso de tales vehículos. Sin subsidio, probablemente este problema desparecería en forma casi automática.

Algún economista podría argumentar que la importación de autos chatarra a precios bajos es una decisión soberana de los consumidores en busca de un mayor bienestar, y que por tanto en aras de la eficiencia económica, debe respetarse. Sin embargo, sería un argumento por lo menos parcial y por lo más, tramposo, ya que no consideraría los subsidios a la gasolina ni los tremendos costos externos (externalidades) e impactos en bienes públicos clave como la calidad del aire y la estabilidad climática, independientemente del efecto nocivo de tales vehículos en la imagen urbana.

El caso es que con la vía libre a la importación de vehículos usados y con los subsidios a la gasolina, la frontera mexicana se ha convertido en un sumidero de chatarra rodante, que de otra forma hubiera terminado re-fundida en hornos siderúrgicos de arco eléctrico para la manufactura de nuevas piezas de acero. Es posible que la eliminación  de la tenencia el próximo año agrave el problema.

Ciertamente, no es viable pensar en ir contra las reglas del Tratado de Libre Comercio, pero sí es fundamental urgir a las autoridades ambientales del país a que hagan su trabajo, por años anunciado y pospuesto. La normatividad sobre emisiones de CO2 o eficiencia energética incluso está prevista y comprometida quizá como una de las pocas acciones verdaderamente relevantes – como instrumento regulatorio real de política pública – en el  llamado PECC (Programa Especial de Cambio Climático), que ha sido la etiqueta de política climática de la actual administración.  Es claro que esta normatividad sería uno de sus escasos legados posibles, en una materia – como la ambiental – que se ha vaciado de contenidos. 

EL LADO OBSCURO DEL FEDERALISMO

No sólo son las policías locales – devoradas por la corrupción y capturadas por el crimen organizado –   evidencia de falla en el federalismo mexicano y en la gobernanza local. Lo es también el desempeño municipal en casi cualquier rubro relacionado con la gestión del territorio, y con servicios públicos esenciales. Algo está mal con las reformas hechas al Artículo 115 Constitucional  hace casi treinta años, y que concedieron a los ayuntamientos facultades  virtualmente exclusivas en cuestiones torales para la República. Si bien la debilidad en la gobernanza local se ha revelado violentamente con la implosión de los aparatos municipales de seguridad, hay otras líneas de expresión de enorme gravedad.

 

Una de ellas es el descontrol en la gestión del territorio (facultad municipal exclusiva), que se manifiesta a través de invasiones o de desarrollos caóticos de  vivienda  en áreas periféricas, que se conjugan con la  decadencia consecuente de la centralidad  urbana; fenómeno común a casi todas las jurisdicciones municipales, propias y contiguas a las grandes ciudades. Otra es la gestión deplorable de los sistemas de agua en gran parte de los municipios del país (La Gestión del Agua en las Ciudades de México 2011. Consejo Consultivo del Agua), de lo cual escapan sólo un número reducido de casos virtuosos como León, Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, Tijuana, y algunos más. Una más es la incapacidad recurrente de manejar los  residuos en rellenos sanitarios profesionales, y la proliferación de basura que tapiza  derechos de vía de carreteras, así como ríos, canales,  presas y cañadas. Peor es el vertido de aguas residuales municipales sin tratamiento alguno y la contaminación severa de ríos y aguas costeras. Esto, a pesar de la existencia de normatividad federal específica. En realidad es letra muerta para los gobiernos municipales, que en su gran mayoría la  incumplen olímpicamente; por cierto, al igual que las iniciativas de control de confianza, certificación y coordinación policiaca promovidas desde el gobierno federal.

Después de treinta años de euforia descentralizadora, el federalismo  mexicano está en una crisis de funcionalidad; mucho quizás, tiene que ver el carácter efímero de los gobiernos municipales – sólo 3 años sin posibilidad de reelección.  Es verdad que el propio Artículo 115 Constitucional prevé que los municipios observen leyes federales en  las materias en que se les otorgan facultades exclusivas. Sin embargo  esto es una declaración casi retórica. Por ejemplo, no existe legislación de servicio público de agua que regule a los gobiernos municipales en cuanto a calidad, tarifas, coberturas, eficiencias y desempeño ambiental. Y aunque la hubiese,  probablemente tampoco se haría cumplir, como las normas oficiales de vertido de aguas residuales, y de rellenos sanitarios (NOM 001 y NOM 083, respectivamente). Los programas o planes de desarrollo municipales son  ignorados por ocupaciones ilegales del territorio y por simples actos de corrupción en el otorgamiento de licencias de uso del suelo y de construcción, o por connivencia corporativa con clientelas políticas. Hay que reconocer también, que en la gestión del territorio, los municipios se topan con la caja negra  del mundo agrario mexicano, donde tierras ejidales y comunales, ajenas por completo a la lógica y al poder municipal, son el insumo masivo para  el desarrollo anárquico de vivienda en la periferia urbana. Además, como es sabido,  la incapacidad recaudatoria de los gobiernos municipales (menos de 0.07 del PIB)  por medio del impuesto predial y otros derechos y tarifas locales, les impone un generalizado raquitismo presupuestal, con el que tienden a justificar sus omisiones en servicios públicos y en regulación territorial,  y sus violaciones a la normatividad. No se les premia ni castiga por su desempeño en la distribución de participaciones y aportaciones federales.

Es el lado oscuro del federalismo, a cubierto de la letra constitucional. Se ampara en una paupérrima fiscalidad municipal, y en el  carácter efímero de los gobiernos locales. Se nutre con  la laxitud, temor o renuncia regulatoria del gobierno federal, y con la ausencia de incentivos en los mecanismos de coordinación fiscal.

LA HUELLA URBANA DE LA IZQUIERDA

Muchos en la izquierda dicen que las causas de casi todos los problemas de la ciudad son  el desempleo y la pobreza, desde luego, provocados por  políticas neoliberales.  Sus técnicas de análisis y su modelo lineal simple no admiten más variables. La delincuencia, la falta de oportunidades económicas, la erosión de la competitividad, y la degradación casi generalizada en la calidad de vida y en el espacio público, y la  fealdad que denigra y agobia a los habitantes de la urbe, se explican así con sencillez. La izquierda y sus motivaciones y discurso orgullosamente abstractos y justicieros llegaron al  gobierno local en el DF hace 15 años. Sin entender el verdadero lenguaje de la ciudad,  les pareció  ajeno, tecnocrático, y trivial  el esencial compromiso con los bienes públicos urbanos y  un trabajo eficiente de intendencia. El aseo, la dignidad de los espacios públicos, la gracia arquitectónica, la funcionalidad cívica y belleza en el equipamiento  de la ciudad, no era lo suyo. Como la “Revolución” no se pudo hacer, quisieron al menos  mantener vivo su espíritu. Los pobres eran primero en los años del Gran Líder. Pero ignoraba o quería ignorar que la solución única a los problemas de los pobres pasa obligadamente por bienes públicos y educación de calidad, capital humano, e inversión privada que genere empleos formales bien remunerados.

Además de pretender mimar a los pobres  con dádivas, que no resolvieron nada más que cierta lealtad electoral, desde los años del Gran Líder se oficializó el subsidio más  costoso, contraproducente y depredador: la  entrega y privatización de los activos públicos (el espacio público) a favor de  organizaciones de vendedores ambulantes adscritas, por supuesto, al partido oficial. “Es su derecho, hay desempleo.” Sus acólitos lo han justificado y proclamado sin pudor, como si no fuese  un negocio muy rentable para las extensas redes de corrupción delegacionales que los protegen y expolian. En los hechos, ha sido la piedra angular de una putativa política social y columna vertebral de su estructura partidista corporativa en la ciudad.  Así, casi todo el espacio público del Centro Histórico (fuera de las manzanas más emblemáticas) se ha consolidado como lumpen-propiedad privada de un inmundo comercio informal. El gobierno actual ha intentado una rectificación con las recientes y encomiables recuperaciones de Madero, Plaza de la República, y una pisca de Garibaldi. Pero como oasis, sólo contrastan con la incuria urbana acumulada que las rodea.

Chapultepec también ha sucumbido; en sus secciones primera y segunda ha sido expropiado  por vendedores ambulantes y tapizado de abyectos montones de basura; igual que la Alameda Central. Los paraderos, estaciones  y áreas de transferencia modal de transporte público han sido cedidos exitosamente al comercio informal, a la suciedad y  al hedor. Como muestrario pestilente y doloroso es indispensable visitar  las inmediaciones de casi todas las estaciones del metro, el paradero de Indios Verdes,  las inmediaciones del Centro Médico y del Hospital General, el Metro Chapultepec, Tacubaya y Avenida Jalisco, el centro de Tacuba, y los Viveros de Coyoacán sobre Avenida Universidad, además de innumerables glorietas, parques y plazas. Es la degradación del espacio público más inmediato, cotidiano e íntimo de las grandes mayorías, de los pobres reales o supuestos, y símbolo inequívoco de una institucionalidad y gobernanza perversas.

Han destruido el capital urbano; erosionado la competitividad de la ciudad; ofendido la dignidad de sus habitantes; promovido la ilegalidad; ahuyentado la inversión, el turismo y el empleo;  prohijado la inseguridad y la delincuencia; y, lo peor, privado a los más pobres  de  bienes públicos esenciales. Nosotros, los demás, aunque nos duele, tenemos cómo suplirlos. Es  huella que han dejado 15 de años de izquierda  en la ciudad, y que aún frente a ciertos avances en los últimos años (que a pesar de todo, los ha habido), marcará definitivamente el balance final.

ENERGÍA SOLAR, MONOPOLIO Y COMPETENCIA

El servicio público  de energía eléctrica en México sólo puede ser provisto por el Estado. Es un monopolio, como el existente en materia de hidrocarburos, consagrado por la Constitución. Curiosamente, ambos monopolios son escondidos debajo de la alfombra por  nuestros  anti-monopolistas. Sólo les afligen los monopolios y la falta de competencia en el sector telecomunicaciones; en el sector energético tienen un origen divino y por tanto inatacable. A pesar de que sus consecuencias son iguales o más onerosas para el país, dado el carácter sacro que se les atribuye, no puede haber en México ni debate ni iniciativas políticas o legales para confrontarlos.  

Sin embargo, muy a pesar de nuestro excéntrico catecismo nacionalista, la tecnología se encargará de confrontar a los monopolios en el sector energético,  forzando su desmantelamiento gradual.  En hidrocarburos, lo harán el gas de lutitas o de esquistos (shale gas),  el agotamiento ineluctable del crudo y nuestra transición hacia ser importadores de petróleo, y el advenimiento generalizado de vehículos eléctricos en los próximos lustros. En electricidad, será el desarrollo acelerado de tecnologías competitivas de auto-generación in situ con fuentes renovables, descentralizadas y distribuidas, y sin necesidad de transmisión a través de la red; muy especialmente la energía solar fotovoltaica. Cambiará la naturaleza del servicio público de energía eléctrica. Ya está ocurriendo.

México es un territorio privilegiado en el mundo en disponibilidad de radiación solar, sólo equiparable al suroeste de los Estados Unidos, el norte de Argentina y Chile, el Sahara y la península arábiga, y Australia. Recibimos gratuitamente en promedio 5 kilowatts hora por metro cuadrado al día. En paralelo, los costos de los equipos fotovoltaicos   han caído en picada en los últimos años en una tendencia que sin duda continuará en el futuro, similar a la observada por los dispositivos de procesamiento electrónico de datos. En cuarenta años, el costo de un kilowatt de potencia instalada ha disminuido de casi 100,000 USD a menos de 3,000.

Entre tanto, las tarifas eléctricas aumentan sin cesar en nuestro país, como todos los usuarios lo padecen. Los consumidores domésticos en casas habitación de clase media alta para arriba pagan hoy en día más de $3.5 pesos por kilowatt hora (energía) en tarifas de alto consumo, lo que les llega a significar varios miles de pesos de factura eléctrica al mes. La industria paga tarifas menores (alrededor de $1.40 pesos por kilowatt hora en promedio) pero crecientes, lo que lastra su competitividad y le impone escenarios de gran incertidumbre a futuro.

Irónicamente, sin decirlo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha hecho un trabajo histórico para el desmantelamiento del monopolio en el servicio público de electricidad, y permitir a los consumidores el aprovechamiento directo de las oportunidades que brinda la energía solar. Ha hecho innecesaria la instalación de baterías para el suministro nocturno de fluido eléctrico, gracias a la promulgación de un notable contrato de interconexión: los usuarios producen electricidad solar en el día y la exportan a la red; en la noche toman de ella, y sólo pagan las diferencias netas registradas en medidores bi-direccionales. 

De esta forma, las condiciones fisiográficas del territorio nacional, los avances tecnológicos, las elevadas tarifas eléctricas (que no podrán más que elevarse en el futuro por el mayor precio de los hidrocarburos), y la apertura lograda por la CRE, van a retar al monopolio en el servicio público. De hecho, en estos momentos, sin necesidad de subsidios, puede decirse que la electricidad solar ya es más barata (a costo nivelado) que aquella suministrada por CFE a los usuarios domésticos que pagan tarifas de alto consumo. La inversión se paga en apenas 5 o 6 años. El sol va imponiendo condiciones de competencia en el sector eléctrico.

SEDESOL, POBREZA Y DEFORESTACIÓN

El combate a  la pobreza rural en México es causa de deforestación; en particular, los subsidios o transferencias del programa Oportunidades de SEDESOL.  Éste se conjuga con el tristemente célebre PROCAMPO (de SAGARPA) para explicar en buena medida la persistente y minuciosa destrucción del capital natural de México. Si en la segunda mitad del siglo XX los responsables fundamentales fueron el reparto agrario, la dispersión de población, la apertura de tierras a un onírico desarrollo agrícola y ganadero, una difusa propiedad colectiva, y la indefinición de derechos de propiedad, en el siglo XXI son los subsidios quienes han tomado el siniestro relevo. Ya hemos hablado de PROCAMPO en este espacio, que en sí mismo es todo un caso de sinrazones para el interés público. No sabíamos que también los subsidios directos otorgados por SEDESOL en el contexto del programa Oportunidades (objeto de merecidos laudos y gloria como instrumento de lucha contra la pobreza) tenían el mismo efecto perverso.  Por desgracia así es. Lo revela un riguroso estudio llevado a cabo por académicos de las universidades de Wisconsin, California y Amherst (Alix-García, McIntosh, Sims and Welch. The Ecological Footprint of Poverty Alleviation: Evidence from Mexico´s Oportunidades Program. 2011).

El estudio se basa en datos espaciales sobre dinámica de cobertura forestal y  ubicación geográfica y elegibilidad para el programa Oportunidades de cada localidad rural en México. Este subsidio es condicional a que los hijos de las familias beneficiadas vayan a la escuela, lo que aumenta el costo de oportunidad de utilizar a los niños como mano de obra barata,  a la usanza campesina. El programa cuesta casi 36 mil millones de pesos anuales, y participan en él 40% de las familias rurales, que así logran incrementar en un tercio su ingreso per-cápita.  Oportunidades se interpreta en el estudio como un fuerte shock positivo y exógeno al ingreso de familias con distintos niveles de marginalidad, que se traduce en cambios tanto en patrones de consumo  como en patrones de producción agropecuaria.

Por un lado, Oportunidades hace que aumente el consumo de  las familias en forma inequívoca y generalizada, y que se re-oriente hacia  carne y  lácteos, lo que trae ventajas indudables a la salud y al desempeño escolar y laboral. Por el otro lado, se observan cambios en patrones de producción, pero sólo en las localidades más marginadas y aisladas, donde es notable la ausencia de vías de comunicación. Es decir, la infraestructura de transporte es un determinante fundamental en el perfil espacial de los impactos de Oportunidades sobre los ecosistemas. El problema es que en ausencia de caminos o carreteras, el aumento en el consumo provocado por Oportunidades se satisface localmente, mediante inversiones de las familias en cambios de uso del suelo (deforestación) para fines esencialmente ganaderos. En localidades de menor marginalidad (menos pobres), con suficiente infraestructura de caminos o carreteras, el aumento en el consumo se satisface a través del mercado nacional (y presumiblemente, también, internacional), lo que hace poco atractivo e innecesario el cambio de uso del suelo. Más aún, al existir disponibilidad de mejores alimentos por medio del mercado, el aumento de ingreso traído por Oportunidades hace que se reduzca la aplicación de mano de obra y otros recursos en actividades agropecuarias de subsistencia, lo cual, localmente, contribuye a relajar presiones hacia la deforestación.

En otras palabras, los autores del estudio confirman la existencia en el campo mexicano de una curva ambiental de Kuznets. Ésta es una “U” invertida entre ingreso y deterioro ambiental, que ha sido documentada a lo largo del proceso de desarrollo económico en muchos países. Partiendo de condiciones de pobreza, el aumento en el ingreso degrada al medio ambiente y a los ecosistemas; pero este efecto se va reduciendo, y llega a revertirse a partir de un cierto nivel de ingreso, donde más riqueza pasa a asociarse con la conservación  y restauración de la naturaleza y un con medio ambiente de más calidad.

En el caso de Oportunidades, a diferencia de PROCAMPO, no se trata de exigir su abrogación, lo cual sería absurdo. Pero, sí es exigible que SEDESOL valore y reconozca su profundo impacto ecológico, y tome las medidas de política necesarias para mitigarlo, evitarlo y revertirlo.  Aunque podemos anticipar  que tal cosa, no va a ocurrir.