Subsidios: exigir a los candidatos pronunciarse

No debe permitirse a los candidatos transitar al día de la elección con un discurso vacuo. Los ciudadanos hemos permitido que se nos trate como párvulos que reaccionan sólo ante estímulos visuales, percepciones subjetivas sobre la personalidad de candidatos, simbologías mercadotécnicas, y frases prefabricadas en torno a lugares comunes. Nuestra aversión al conflicto es casi genética; como lo ha señalado recientemente Joaquín Villalobos en su brillante ensayo publicado por Nexos. Pero el conflicto y la confrontación abierta son indispensables, en el marco de la ley, tanto para derrotar al crimen organizado como para avanzar con ideas tangibles hacia una democracia con resultados. Exijamos a los candidatos confrontar ideas, y entrar al debate público con argumentaciones coherentes. Sobre todo, en uno de los temas torales de la agenda nacional, donde se anudan definiciones sobre política fiscal, energética, de distribución del ingreso, urbana, ambiental y climática, y aún de competitividad, empleo, inversión y desarrollo económico. Se trata de los subsidios a los energéticos.

Ya un candidato se ha pronunciado enfáticamente por mantener y acrecentar todos los subsidios, aunque no le cuadre la aritmética del gasto público y la recaudación... Allá él, pero es un avance. Tal vez eso le haga ganar la elección, junto con sus otras propuestas sugerentes (por decir lo menos) de construir refinerías que perderían dinero, hacer un sólo gran monopolio en petróleo y electricidad, construir trenes "bala", eliminar el IETU, y  resucitar Luz y Fuerza para entregarla al SME.

Al pronunciarse sobre los subsidios, los candidatos deberán ensamblar una narrativa integrada, que seguramente complicaría sus estrategias de campaña, pero que sería indispensable para la funcionalidad adulta de nuestra democracia. Tendrían que advertirnos que somos el único país de la OCDE que subsidia los combustibles automotrices, y que en América, por ello nos equiparamos a Venezuela y a Ecuador. Deberán hablar de su monstruoso volumen, que entre gasolinas y diesel, y electricidad supera en promedio 250 mil millones de pesos, lo que representa casi el 7% del gasto público y supera el 1.5% del PIB. También, de su obsceno costo de oportunidad; ya que estos subsidios rebasan en 20% al gasto total en educación; superan a los presupuestos combinados para salud, defensa, seguridad, y ciencia y tecnología; significan casi cinco veces el presupuesto de medio ambiente y agua; y, sobrepasan a los presupuestos conjuntos de comunicaciones y transportes, desarrollo social, marina, y procuración  de justicia. Deberán decir que de mantenerse, en diez años el gobierno se verá imposibilitado de pagar las pensiones (como lo ha señalado Carlos Urzúa, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM). Tendrían que revelar su injusto impacto social, en la medida en que, especialmente los subsidios a los combustibles automotrices, son apropiados en su gran mayoría por los deciles más altos de ingreso. De hecho, deberán reconocer que cada narco-camioneta SUV de ocho cilindros (como las que seguramente utilizan) recibe un subsidio mensual promedio de 1,840 pesos, mientras que una familia muy pobre de cuatro integrantes recibe al mes apenas 1,480 pesos del Programa Oportunidades, de acuerdo a la misma fuente. Hablarían  de los perversos efectos ambientales y climáticos de los subsidios, que al promover el derroche y la ineficiencia energética son el principal motor que hace crecer a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos harán ver la lógica obtusa de los subsidios en un país cuyas reservas probadas de petróleo disminuyen, y que en algunos años se convertirá en importador neto de crudo. Ya sobre este aceitado carril argumentativo, les pediremos que se pronuncien sobre qué hacer con los recursos liberados, y también, que opinen sobre un carbon tax a los combustibles automotrices, que llevaría sus precios a niveles como los que se observan en Brasil, en Perú y en países Europeos (lo cual recaudaría unos 600 mil millones de pesos).  Esperaríamos que entonces, propusieran bajar el ISR a empresas y personas físicas (digamos al 15 -20% máximo),  y aumentar considerablemente el gasto en sectores estratégicos para combatir la pobreza, y para la competitividad y el desarrollo económico sostenible del país. ¿O vamos a escuchar sólo ñoñerías engoladas los próximos meses?

Sequía, extorsión y cambio climático

En números redondos, el campo recibe como subsidio anual alrededor de 300 mil millones de pesos a través de diferentes partidas del presupuesto federal, radicadas básicamente en SAGARPA y en SEDESOL, además de los recursos transferidos a los estados.  Esto representa más del 8% del gasto público, y un 2% del PIB. El sector agropecuario aporta a su vez menos del 5% del PIB, porcentaje que se debe en gran parte a la agricultura tecnificada del Noroeste del país, y del Bajío. Por cierto, el sector rural, virtualmente no contribuye al erario con impuestos, está exentos de IVA y en buena medida, de ISR; lo consideramos como sector eternamente menesteroso.  Es un pésimo negocio sostener actividades económicamente inviables, de subsistencia o de escasa productividad, y anclar de manera artificiosa a la población rural a condiciones insuperables de pobreza, atraso y desigualdad. Puede decirse, que en gran parte, los subsidios al campo tienen por objetivo perpetuar sobre el territorio nacional modos de producción y de subsistencia incompatibles con objetivos más elementales de igualdad de oportunidades, de lucha contra la pobreza, y de desarrollo económico.  Peor, son incompatibles con la necesidad urgente de contener y revertir la deforestación, erosión y desertificación de nuestro territorio, así como la destrucción de la biodiversidad, y también, con un manejo eficiente de situaciones de estrés hídrico. Y mucho menos, son compatibles con el imperativo de acelerar la urbanización del país, como precondición de desarrollo y de bienestar para la mayoría de la población. Ningún país desarrollado tiene una proporción significativa de población en el campo, ni ningún país pobre está altamente urbanizado.

 

La sequía es un nuevo motivo de extorsión por parte de los líderes campesinos de siempre, los mismos que se opusieron a las reformas liberalizadoras del Artículo 27 Constitucional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los mismos que se opusieron al TLC, los mismos que gritaron que "el campo no aguanta más". Ahora han venido a extorsionarnos otra vez, y se han llevado más de 30 mil millones de pesos, prometidos por el gobierno federal; espléndido negocio para ellos, fatal para México. Tal vez no lo sepan, pero los efectos del cambio climático les ofrecen oportunidades doradas de chantaje, y de acceso a una renta anual permanente por el resto del siglo, a costa de los contribuyentes.

La ciencia del cambio climático es elocuente al respecto. Casi todos los modelos macro-meteorológicos y de circulación atmosférica proyectan que, ante el aumento de las temperaturas promedio de la tierra, las latitudes de transición entre los trópicos y las zonas templadas, en el centro y norte de México y sur de los Estados Unidos, así como el sur de Europa y el norte de África, Australia, el centro - norte de China y de la India, y el Asia central, van a sufrir episodios cada vez más recurrentes y prolongados  de sequía extrema. Esto, por la supresión de evaporación debida a las altas presiones generadas por un desplazamiento (a latitudes mayores) de corrientes de aire descendentes que provienen de los trópicos, y que además pierden más humedad durante su trayecto desde el ecuador. (http//serc.carleton.edu/details/images/10044.html). En concreto, el aire en esas zonas, estará cada vez más seco. Mientras tanto, la desertificación avanza aceleradamente en el territorio nacional, como se puede ver con angustia en la reciente imagen de satélite divulgada por la NASA (http://1.usa.gov/w8m28V).

 

Si el gobierno mexicano quiere  sostener hasta la ignominia ecológica, económica y social - y por el resto del siglo -  a los sectores de población que habitan y viven en condiciones de subsistencia en zonas condenadas a la sequía por el cambio climático, que lo admita con franqueza y nos lo comunique. También a los líderes campesinos, quienes estarán de plácemes. Por el contrario, si el gobierno quiere mitigar con seriedad las consecuencias del calentamiento global, y reducir la vulnerabilidad con políticas serias de adaptación, es exigible que rectifique, cancele los subsidios que hoy se otorgan, y los utilice para financiar una emigración ordenada a las ciudades, que asegure la inserción productiva de los migrantes en la vida urbana.

LEY CLIMÁTICA Y SUBDESARROLLO

En México, siempre que algo nos parece bueno hacemos una ley. Es el buenismo legislativo que no  afecta los intereses de nadie, nada cambia, y a nadie le cuesta, a veces, sólo al erario. Pero ganan los legisladores, que ahora se sienten prestigiados y satisfechos. Diría algún economista que se trata de arreglos Óptimos de Pareto en donde ellos quedan mejor, y nadie pierde. Es el caso de la Ley General de Cambio Climático aprobada  por el Senado buscando los reflectores de la triste COP 17 apenas clausurada en Sudáfrica.

Luchar seriamente contra el calentamiento global implica por un lado, modificaciones notables al sistema de precios a través de eliminar los subsidios al consumo de combustibles fósiles  y de imponerles un carbon tax. Por el otro, exige abolir o reestructurar los subsidios agropecuarios para que en vez de inducir la deforestación, la eviten y la reviertan, al tiempo que se construye un sistema de contratos por pago de servicios ambientales con los propietarios de la tierra. (En la práctica, a esto equivale el esquema REDD). Por su parte, la adaptación al cambio climático ya inevitable,  se traduce al castellano por medio de ambiciosas obras civiles de infraestructura hidráulica y de protección costera, y de mecanismos eficaces de  prevención de desastres. Obviamente, lograr todo lo anterior sólo puede ser resultado de cambios a leyes fiscales y de energía, y en las aplicables al sector agropecuario, principalmente, y en aquella legislación que tiene que ver con la infraestructura y las acciones relevantes de protección civil. Desde luego que una ley como la Ley General de Cambio Climático, no puede modificar a otras, aunque ingenuamente sugiera que deba hacerse (Artículo Octavo Transitorio).

El texto de esta nueva ley es todo corrección política, y  adjetivos que llaman a la virtud. Reitera atribuciones para los gobiernos locales, o las infiere de lo establecido en el Artículo 115 Constitucional, y los exhorta a hacer una serie de cosas buenas, lo cual, por supuesto, no tiene mecanismo alguno de instrumentación. Versa largamente en definiciones, principios y propósitos, y en la creación de nuevas burocracias, al estilo de las que existen y que probadamente no funcionan: Comisión Intersecretarial, Consejo, Coordinación, Fondo y Fideicomiso. Propone (sólo puede proponer) ejercicios minuciosos de planeación y de elaboración de estrategias, así como una cascada de programas sectoriales, estatales y municipales. También establece un nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (al menos en sustitución del actual INE), que por cierto,  a todas luces duplica a un centro similar que el gobierno federal trata de crear actualmente, como herencia a las generaciones futuras de políticos. Eso sí, plantea un registro de emisiones, y  un sistema de información que incluya proyectos y transacciones de carbono, al igual que la realización de inventarios que ¡ya existen!

La Ley obliga (es un decir) a hacer lo que ya se hace, como  plantas eléctricas que no generen más emisiones que las que produce hoy en día una central de gas de ciclo combinado, o a que el gobierno federal haga lo que lleva más de diez años diciendo que va a hacer: normas de emisiones de CO2 para vehículos.  A las empresas, las sujeta a hacer registros y reportes, so pena de fuertes multas, lo cual es irrelevante, y sólo añade burocracia: las emisiones de la industria privada son muy poco significativas en el inventario nacional. El momento culminante de la Ley es cuando pide  que se analice la posibilidad de retirar  los subsidios a los combustibles y a la electricidad... ¡en el 2020! En general, sus consecuencias jurídicas y de política pública tienden a cero.

 La ley asume el ofrecimiento de reducción de emisiones que hizo México en Copenhague y en Cancún, pero sólo si la comunidad internacional nos da dinero y nos sigue considerando país en vías de desarrollo ¡en el 2050! En suma, es un texto mendicante de Business as Usual,  y sobre todo, de compromiso de nuestro país... pero  con el subdesarrollo. Podemos olvidarla.