La idea de una economía verde va prendiendo en nuestra hojarasca mental. No hace falta describirla, todos la intuimos. Una traducción elocuente pero más engorrosa y menos carismática sería: economía baja en emisiones de carbono y compatible con la conservación. Implica privilegiar la energía renovable y la eficiencia energética, una deforestación cero, la conservación de la biodiversidad en tierra y en el mar, ciudades inteligentes y sustentables, minimización y reciclaje de residuos, y uso eficiente del agua. Eso es todo; nada más, ni nada menos. Nadie podría oponerse ¿o sí? Pues sí. La economía verde tiene muchos enemigos, y muy poderosos. Y es fácil entenderlo. Hacer realidad una idea tan sencilla y sugerente como la de una economía verde entraña sin embargo decisiones e instrumentos de política pública difícilmente digeribles para numerosos intereses creados y estructuras mentales o ideológicas. ¿Qué decisiones? Eliminación de subsidios a la gasolina y a la electricidad, impuestos al carbono en la gasolina y el diesel, reducción paralela del ISR en una reforma fiscal verde, inversión privada y mercados en el servicio púbico eléctrico, primas o feed in tariffs para productores privados de energía renovable, inversión privada en PEMEX, contratos de conservación con propietarios de tierras, eliminación de subsidios al campo como PROCAMPO y PROGAN o su transformación en Pagos por Servicios Ambientales, más Áreas Naturales Protegidas en tierra y en el mar, acelerar el proceso de urbanización y cambio radical en INFONAVIT para hacer ciudades compactas y verticales, regulación federal de servicios públicos en gobiernos locales, pago pleno de servicios públicos y subsidios focalizados sólo en forma de vales, sistemas de depósito reembolso y regulación de envases y embalajes, y topes y mercados de emisiones en ciertas ramas industriales. ¿Quiénes son los enemigos de todo esto? ¿Quiénes resistirían con todas sus fuerzas la aplicación de estas medidas?
La lista es larga: Partidos de izquierda (la que conocemos en México, no la que muchos suponen que existe). Nacionalistas revolucionarios. Demagogos que ofrecen reducir los precios de los combustibles automotrices, y sus feligreses. Sindicatos de CFE, PEMEX y de otras entidades de gobierno. Los maestros de la CNTE. La derecha populista azul. La burocracia monopolista paraestatal. Dirigentes de organizaciones campesinas. La burocracia de SAGARPA y productores agropecuarios. Armadores y pescadores. Muchas ONG´s. El establishment de vivienda encabezado por INFONAVIT. Presidentes municipales refractarios a la rendición de cuentas en materia de servicios de agua, basura y transporte. Empresas productoras de bebidas, contrarias a minimizar envases y a responsabilizarse de su acopio y reciclaje. Empresas que son grandes consumidoras de energía y que temen perder competitividad. Organizaciones empresariales tradicionales. Legisladores de visión corta (casi todos) que ven en los cambios mayores costos políticos que los que significa mantener el estatus quo. Importadores de vehículos chatarra de los Estados Unidos, y las organizaciones que de ello se benefician. Empresas automotrices que no aceptan regulaciones de emisiones de CO2 en los vehículos nuevos. Nosotros mismos, los consumidores, que no queremos pagar impuestos ni sobreprecios, ni cambiar nuestros hábitos de consumo, ni el tipo de vehículos que usamos, ni el lugar donde vivimos. Esto, lo saben los políticos que nos representan, lo que impone un anillo férreo de inmovilidad.
Todo este listado revela que la economía verde requiere de su propia economía política. No basta con invocarla, sino que es necesario indagar sobre los cómos, y también sobre quiénes la apoyarían y porqué, y quiénes la resistirían y sus razones. Será necesario identificar claramente sus intereses, y pensar en mecanismos eficaces de persuasión, pedagogía pública, y de negociación y compensación. Indispensable es también explorar fórmulas para reducir las tasas de descuento de los políticos (para que valoren más el largo plazo), y que los hagan percibir que hay mayores beneficios en modificar el estatus quo, que en conservarlo rabiosamente. En la base, habrá que extender y profundizar los cambios en las preferencias y cultura de los consumidores/ciudadanos, para legitimar a la economía verde como expresión mayoritaria tanto a través de los mercados, como del sistema de representación política.
