EL LADO OBSCURO DEL FEDERALISMO

No sólo son las policías locales – devoradas por la corrupción y capturadas por el crimen organizado –   evidencia de falla en el federalismo mexicano y en la gobernanza local. Lo es también el desempeño municipal en casi cualquier rubro relacionado con la gestión del territorio, y con servicios públicos esenciales. Algo está mal con las reformas hechas al Artículo 115 Constitucional  hace casi treinta años, y que concedieron a los ayuntamientos facultades  virtualmente exclusivas en cuestiones torales para la República. Si bien la debilidad en la gobernanza local se ha revelado violentamente con la implosión de los aparatos municipales de seguridad, hay otras líneas de expresión de enorme gravedad.

 

Una de ellas es el descontrol en la gestión del territorio (facultad municipal exclusiva), que se manifiesta a través de invasiones o de desarrollos caóticos de  vivienda  en áreas periféricas, que se conjugan con la  decadencia consecuente de la centralidad  urbana; fenómeno común a casi todas las jurisdicciones municipales, propias y contiguas a las grandes ciudades. Otra es la gestión deplorable de los sistemas de agua en gran parte de los municipios del país (La Gestión del Agua en las Ciudades de México 2011. Consejo Consultivo del Agua), de lo cual escapan sólo un número reducido de casos virtuosos como León, Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, Tijuana, y algunos más. Una más es la incapacidad recurrente de manejar los  residuos en rellenos sanitarios profesionales, y la proliferación de basura que tapiza  derechos de vía de carreteras, así como ríos, canales,  presas y cañadas. Peor es el vertido de aguas residuales municipales sin tratamiento alguno y la contaminación severa de ríos y aguas costeras. Esto, a pesar de la existencia de normatividad federal específica. En realidad es letra muerta para los gobiernos municipales, que en su gran mayoría la  incumplen olímpicamente; por cierto, al igual que las iniciativas de control de confianza, certificación y coordinación policiaca promovidas desde el gobierno federal.

Después de treinta años de euforia descentralizadora, el federalismo  mexicano está en una crisis de funcionalidad; mucho quizás, tiene que ver el carácter efímero de los gobiernos municipales – sólo 3 años sin posibilidad de reelección.  Es verdad que el propio Artículo 115 Constitucional prevé que los municipios observen leyes federales en  las materias en que se les otorgan facultades exclusivas. Sin embargo  esto es una declaración casi retórica. Por ejemplo, no existe legislación de servicio público de agua que regule a los gobiernos municipales en cuanto a calidad, tarifas, coberturas, eficiencias y desempeño ambiental. Y aunque la hubiese,  probablemente tampoco se haría cumplir, como las normas oficiales de vertido de aguas residuales, y de rellenos sanitarios (NOM 001 y NOM 083, respectivamente). Los programas o planes de desarrollo municipales son  ignorados por ocupaciones ilegales del territorio y por simples actos de corrupción en el otorgamiento de licencias de uso del suelo y de construcción, o por connivencia corporativa con clientelas políticas. Hay que reconocer también, que en la gestión del territorio, los municipios se topan con la caja negra  del mundo agrario mexicano, donde tierras ejidales y comunales, ajenas por completo a la lógica y al poder municipal, son el insumo masivo para  el desarrollo anárquico de vivienda en la periferia urbana. Además, como es sabido,  la incapacidad recaudatoria de los gobiernos municipales (menos de 0.07 del PIB)  por medio del impuesto predial y otros derechos y tarifas locales, les impone un generalizado raquitismo presupuestal, con el que tienden a justificar sus omisiones en servicios públicos y en regulación territorial,  y sus violaciones a la normatividad. No se les premia ni castiga por su desempeño en la distribución de participaciones y aportaciones federales.

Es el lado oscuro del federalismo, a cubierto de la letra constitucional. Se ampara en una paupérrima fiscalidad municipal, y en el  carácter efímero de los gobiernos locales. Se nutre con  la laxitud, temor o renuncia regulatoria del gobierno federal, y con la ausencia de incentivos en los mecanismos de coordinación fiscal.