Subsidios: exigir a los candidatos pronunciarse

No debe permitirse a los candidatos transitar al día de la elección con un discurso vacuo. Los ciudadanos hemos permitido que se nos trate como párvulos que reaccionan sólo ante estímulos visuales, percepciones subjetivas sobre la personalidad de candidatos, simbologías mercadotécnicas, y frases prefabricadas en torno a lugares comunes. Nuestra aversión al conflicto es casi genética; como lo ha señalado recientemente Joaquín Villalobos en su brillante ensayo publicado por Nexos. Pero el conflicto y la confrontación abierta son indispensables, en el marco de la ley, tanto para derrotar al crimen organizado como para avanzar con ideas tangibles hacia una democracia con resultados. Exijamos a los candidatos confrontar ideas, y entrar al debate público con argumentaciones coherentes. Sobre todo, en uno de los temas torales de la agenda nacional, donde se anudan definiciones sobre política fiscal, energética, de distribución del ingreso, urbana, ambiental y climática, y aún de competitividad, empleo, inversión y desarrollo económico. Se trata de los subsidios a los energéticos.

Ya un candidato se ha pronunciado enfáticamente por mantener y acrecentar todos los subsidios, aunque no le cuadre la aritmética del gasto público y la recaudación... Allá él, pero es un avance. Tal vez eso le haga ganar la elección, junto con sus otras propuestas sugerentes (por decir lo menos) de construir refinerías que perderían dinero, hacer un sólo gran monopolio en petróleo y electricidad, construir trenes "bala", eliminar el IETU, y  resucitar Luz y Fuerza para entregarla al SME.

Al pronunciarse sobre los subsidios, los candidatos deberán ensamblar una narrativa integrada, que seguramente complicaría sus estrategias de campaña, pero que sería indispensable para la funcionalidad adulta de nuestra democracia. Tendrían que advertirnos que somos el único país de la OCDE que subsidia los combustibles automotrices, y que en América, por ello nos equiparamos a Venezuela y a Ecuador. Deberán hablar de su monstruoso volumen, que entre gasolinas y diesel, y electricidad supera en promedio 250 mil millones de pesos, lo que representa casi el 7% del gasto público y supera el 1.5% del PIB. También, de su obsceno costo de oportunidad; ya que estos subsidios rebasan en 20% al gasto total en educación; superan a los presupuestos combinados para salud, defensa, seguridad, y ciencia y tecnología; significan casi cinco veces el presupuesto de medio ambiente y agua; y, sobrepasan a los presupuestos conjuntos de comunicaciones y transportes, desarrollo social, marina, y procuración  de justicia. Deberán decir que de mantenerse, en diez años el gobierno se verá imposibilitado de pagar las pensiones (como lo ha señalado Carlos Urzúa, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM). Tendrían que revelar su injusto impacto social, en la medida en que, especialmente los subsidios a los combustibles automotrices, son apropiados en su gran mayoría por los deciles más altos de ingreso. De hecho, deberán reconocer que cada narco-camioneta SUV de ocho cilindros (como las que seguramente utilizan) recibe un subsidio mensual promedio de 1,840 pesos, mientras que una familia muy pobre de cuatro integrantes recibe al mes apenas 1,480 pesos del Programa Oportunidades, de acuerdo a la misma fuente. Hablarían  de los perversos efectos ambientales y climáticos de los subsidios, que al promover el derroche y la ineficiencia energética son el principal motor que hace crecer a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos harán ver la lógica obtusa de los subsidios en un país cuyas reservas probadas de petróleo disminuyen, y que en algunos años se convertirá en importador neto de crudo. Ya sobre este aceitado carril argumentativo, les pediremos que se pronuncien sobre qué hacer con los recursos liberados, y también, que opinen sobre un carbon tax a los combustibles automotrices, que llevaría sus precios a niveles como los que se observan en Brasil, en Perú y en países Europeos (lo cual recaudaría unos 600 mil millones de pesos).  Esperaríamos que entonces, propusieran bajar el ISR a empresas y personas físicas (digamos al 15 -20% máximo),  y aumentar considerablemente el gasto en sectores estratégicos para combatir la pobreza, y para la competitividad y el desarrollo económico sostenible del país. ¿O vamos a escuchar sólo ñoñerías engoladas los próximos meses?

El programa económico de la izquierda

Sólo uno de los precandidatos presidenciales  ha tenido la audacia de revelar políticas y proyectos específicos que emprendería en caso de llegar a la presidencia de la República. Debemos agradecérselo; es el candidato de la izquierda. Su programa económico consiste en:  a) aumentar los subsidios a los combustibles automotrices e industriales, al igual que a la electricidad; b) mantener la prohibición de inversión privada en PEMEX, y fusionarla con CFE en un solo monopolio estatal; c) construir cinco nuevas refinerías; d) construir al menos dos trenes "bala"  (entenderíamos que son trenes de alta velocidad al estilo TGV o AVE, ya que el precandidato de la izquierda ha revelado  que irían a "300 kilómetros por hora"); e) eliminar el IETU; y,  d) no crear nuevos impuestos. De cualquier forma, y aunque no pueda tomarse demasiado en serio, es loable que inaugure en las campañas políticas  la expresión de contenidos tangibles.

El subsidio a las gasolinas y al diesel fue de 165 mil millones de pesos en 2011.  Entonces, suponiendo que duplica el subsidio para reducir los precios de la gasolina y el diesel, digamos, a seis pesos por litro en promedio, y  que el nivel internacional de precios se mantiene constante, durante su gobierno se destinarían unos 330 mil millones de pesos anuales a ese fin. Los subsidios a la electricidad montan aproximadamente 100 mil millones de pesos anuales. Supongamos que serían aumentados al doble, para que valga la pena, lo que ascendería a 200 mil millones de pesos anuales. Todo lo anterior, sin contabilizar los subsidios al gas natural que ha prometido a la industria.

Las refinerías cuestan alrededor de 10 mil millones de dólares cada una, o 130 mil millones de pesos. Como todo el mundo sabe, en la actualidad las refinerías no son rentables u operan con márgenes estrechísimos (el negocio es la extracción del petróleo). Por tanto, en cierta forma, podría considerarse un subsidio adicional. En total, los recursos asignados a las refinerías ascenderían a 650 mil millones de pesos, que anualizados en seis años resultan en 108 mil millones de pesos.

Por su parte, uno de los trenes "bala" iría de Palenque a Cancún (!) y  se extendería por 742 kilómetros (evidentemente no sería rentable, y por lo tanto también podría considerarse su costo como un subsidio)  e implicaría un gasto de aproximadamente 11 mil millones de dólares, o sea, 143 mil millones de pesos, de acuerdo a los costos estimados de inversión por kilómetro en trenes de alta velocidad en Japón, Francia, Alemania y España (unos 15 millones de dólares por kilómetro).  El otro tren "bala" iría del centro al norte del país  recorriendo al menos 2,500 kilómetros y tendría un costo de 37 mil millones de dólares, equivalentes a 487 mil millones de pesos. El costo anualizado de ambos sería de 105 mil millones de pesos. 

En materia fiscal, la eliminación del IETU significaría que las arcas públicas quedarían privadas de unos 60 mil millones de pesos anuales, que no serían compensados por otro impuesto en virtud de la promesa de no crear nuevos gravámenes.  Tenemos entonces que el costo de la nueva política económica de la izquierda, incluyendo todos los subsidios prometidos, las cinco refinerías, los dos trenes "bala", y la eliminación del IETU, equivaldría a la cifra cabalística de un poco más de 800 mil millones de pesos anuales, o el 22% del gasto público total referido a 2012.

Como fuentes de financiamiento para su programa económico el candidato de la izquierda propone  reducir los salarios de los funcionarios y empleados públicos a la mitad, medidas espartanas de austeridad, y  la eliminación de la corrupción y de privilegios fiscales - no ha dicho a cuáles se refiere, ni cómo piensa abolirlos.  Él calcula (no sabemos cómo) que le generarían los 800 mil millones de pesos necesarios.  Habría que considerar también otros costos de este programa, como la depauperación del capital humano y físico del gobierno así como de sus capacidades operativas (como ocurrió en el GDF), consecuencias regresivas sobre la distribución del ingreso, e implicaciones que se anticipan desastrosas en materia de sustentabilidad y medio ambiente, y sobre la competitividad  del país.  Esperemos que dicen los otros contendientes. 

La economía verde y sus enemigos

La idea de una economía verde va prendiendo en nuestra hojarasca mental. No hace falta describirla, todos la intuimos. Una traducción elocuente pero más engorrosa y menos carismática sería: economía baja en emisiones de carbono y compatible con la conservación. Implica privilegiar la energía renovable y la eficiencia energética, una deforestación cero, la conservación de la biodiversidad en tierra y en el mar, ciudades inteligentes y sustentables, minimización y reciclaje de residuos, y uso eficiente del agua. Eso es todo; nada más, ni nada menos. Nadie podría oponerse ¿o sí? Pues sí. La economía verde tiene muchos enemigos, y muy poderosos. Y es fácil entenderlo. Hacer realidad una idea tan sencilla y sugerente como la de una economía verde entraña sin embargo decisiones e instrumentos de política pública difícilmente digeribles para numerosos intereses creados y estructuras mentales o ideológicas. ¿Qué decisiones? Eliminación de subsidios a la gasolina y a la electricidad, impuestos al carbono en la gasolina y el diesel, reducción paralela del ISR en una reforma fiscal verde, inversión privada y mercados en el servicio púbico eléctrico, primas o feed in tariffs para productores privados de energía renovable,  inversión privada en PEMEX, contratos de conservación con propietarios de tierras, eliminación de subsidios al campo como PROCAMPO y PROGAN o su transformación en Pagos por Servicios Ambientales, más Áreas Naturales Protegidas en tierra y en el mar, acelerar el proceso de urbanización y cambio radical en  INFONAVIT para hacer ciudades compactas y verticales, regulación federal de servicios públicos en gobiernos locales, pago pleno de servicios públicos y subsidios focalizados sólo en forma de vales, sistemas de depósito reembolso y regulación de envases y embalajes, y topes y mercados de emisiones en ciertas ramas industriales. ¿Quiénes son los enemigos de todo esto? ¿Quiénes resistirían con todas sus fuerzas la aplicación de estas medidas?

La lista es larga: Partidos de izquierda (la que conocemos en México, no la que muchos suponen que existe). Nacionalistas revolucionarios. Demagogos que ofrecen reducir los precios de los combustibles automotrices, y sus feligreses.  Sindicatos de CFE, PEMEX y de otras entidades de gobierno. Los maestros de la CNTE. La derecha populista azul. La burocracia monopolista paraestatal. Dirigentes de organizaciones campesinas. La burocracia de SAGARPA y  productores agropecuarios. Armadores y pescadores.  Muchas ONG´s. El establishment de vivienda encabezado por INFONAVIT.  Presidentes municipales refractarios a la rendición de cuentas en materia de servicios de agua, basura y transporte. Empresas productoras de bebidas, contrarias a minimizar envases y a responsabilizarse de su acopio y reciclaje. Empresas que son grandes consumidoras de energía y que temen perder competitividad. Organizaciones empresariales tradicionales. Legisladores de visión corta (casi todos) que ven en los cambios mayores costos políticos que los que significa mantener el estatus quo. Importadores de vehículos chatarra de los Estados Unidos, y las organizaciones que de ello se benefician. Empresas automotrices que no aceptan regulaciones de emisiones de CO2 en los vehículos nuevos.  Nosotros mismos, los consumidores, que no queremos pagar impuestos ni sobreprecios, ni cambiar nuestros hábitos de consumo, ni el tipo de vehículos que usamos, ni el lugar donde vivimos. Esto, lo saben los políticos que nos representan, lo que impone un anillo férreo de inmovilidad.

Todo este listado  revela que la economía verde requiere de su propia economía política. No basta con invocarla, sino que es necesario indagar sobre los cómos, y también sobre quiénes la apoyarían y porqué, y  quiénes la resistirían y sus razones. Será necesario identificar claramente sus intereses, y pensar en mecanismos eficaces de persuasión, pedagogía pública, y de negociación y compensación. Indispensable es también explorar fórmulas para reducir las tasas de descuento de los políticos (para que valoren más el largo plazo), y que los hagan percibir que hay mayores beneficios en modificar el estatus quo, que en conservarlo rabiosamente. En la base, habrá que extender y profundizar los cambios en las preferencias y cultura de los consumidores/ciudadanos, para legitimar a la economía verde como expresión mayoritaria tanto a través de los mercados, como del sistema de representación política.

ENERGÍA SOLAR, MONOPOLIO Y COMPETENCIA

El servicio público  de energía eléctrica en México sólo puede ser provisto por el Estado. Es un monopolio, como el existente en materia de hidrocarburos, consagrado por la Constitución. Curiosamente, ambos monopolios son escondidos debajo de la alfombra por  nuestros  anti-monopolistas. Sólo les afligen los monopolios y la falta de competencia en el sector telecomunicaciones; en el sector energético tienen un origen divino y por tanto inatacable. A pesar de que sus consecuencias son iguales o más onerosas para el país, dado el carácter sacro que se les atribuye, no puede haber en México ni debate ni iniciativas políticas o legales para confrontarlos.  

Sin embargo, muy a pesar de nuestro excéntrico catecismo nacionalista, la tecnología se encargará de confrontar a los monopolios en el sector energético,  forzando su desmantelamiento gradual.  En hidrocarburos, lo harán el gas de lutitas o de esquistos (shale gas),  el agotamiento ineluctable del crudo y nuestra transición hacia ser importadores de petróleo, y el advenimiento generalizado de vehículos eléctricos en los próximos lustros. En electricidad, será el desarrollo acelerado de tecnologías competitivas de auto-generación in situ con fuentes renovables, descentralizadas y distribuidas, y sin necesidad de transmisión a través de la red; muy especialmente la energía solar fotovoltaica. Cambiará la naturaleza del servicio público de energía eléctrica. Ya está ocurriendo.

México es un territorio privilegiado en el mundo en disponibilidad de radiación solar, sólo equiparable al suroeste de los Estados Unidos, el norte de Argentina y Chile, el Sahara y la península arábiga, y Australia. Recibimos gratuitamente en promedio 5 kilowatts hora por metro cuadrado al día. En paralelo, los costos de los equipos fotovoltaicos   han caído en picada en los últimos años en una tendencia que sin duda continuará en el futuro, similar a la observada por los dispositivos de procesamiento electrónico de datos. En cuarenta años, el costo de un kilowatt de potencia instalada ha disminuido de casi 100,000 USD a menos de 3,000.

Entre tanto, las tarifas eléctricas aumentan sin cesar en nuestro país, como todos los usuarios lo padecen. Los consumidores domésticos en casas habitación de clase media alta para arriba pagan hoy en día más de $3.5 pesos por kilowatt hora (energía) en tarifas de alto consumo, lo que les llega a significar varios miles de pesos de factura eléctrica al mes. La industria paga tarifas menores (alrededor de $1.40 pesos por kilowatt hora en promedio) pero crecientes, lo que lastra su competitividad y le impone escenarios de gran incertidumbre a futuro.

Irónicamente, sin decirlo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha hecho un trabajo histórico para el desmantelamiento del monopolio en el servicio público de electricidad, y permitir a los consumidores el aprovechamiento directo de las oportunidades que brinda la energía solar. Ha hecho innecesaria la instalación de baterías para el suministro nocturno de fluido eléctrico, gracias a la promulgación de un notable contrato de interconexión: los usuarios producen electricidad solar en el día y la exportan a la red; en la noche toman de ella, y sólo pagan las diferencias netas registradas en medidores bi-direccionales. 

De esta forma, las condiciones fisiográficas del territorio nacional, los avances tecnológicos, las elevadas tarifas eléctricas (que no podrán más que elevarse en el futuro por el mayor precio de los hidrocarburos), y la apertura lograda por la CRE, van a retar al monopolio en el servicio público. De hecho, en estos momentos, sin necesidad de subsidios, puede decirse que la electricidad solar ya es más barata (a costo nivelado) que aquella suministrada por CFE a los usuarios domésticos que pagan tarifas de alto consumo. La inversión se paga en apenas 5 o 6 años. El sol va imponiendo condiciones de competencia en el sector eléctrico.