viernes, 30 de septiembre de 2011

EL INFONAVIT Y EL GATITO, CRÓNICA URBANA


Yo quería un gatito, pero mi mamá me decía que no, porque vivíamos todos en un cuartito en casa de mi abuelita… Mi papá trabajó duro y obtuvo un crédito del INFONAVIT… Tuvimos entonces nuestra casa nueva, y yo tuve mi gatito….”  El locutor remata afirmando que… “no es el fin de la historia…” En efecto, si hubiera alguna mínima capacidad de observación crítica sobre el desempeño de INFONAVIT, la historia debería seguir:

“Cuando nos mudamos a nuestra nueva casa, nos sentimos muy felices de vivir en el campo, en un cerro,  aunque rodeados de una barda, que nos separaba de milpas y potreros, y de basura regada por todos lados. Eran muchísimas casitas, muy chiquitas, como en un enorme panal de abejas, todas igualitas, unas junto a otras en hileras larguísimas. Apenas cabíamos mi mamá, mi papá, mis hermanitos, mi gatito, y yo. Había pocos vecinos, ya que muchas casitas estaban abandonadas, llenas de garabatos de grafiti, o enrejadas. Para jugar, salíamos a un terreno baldío que había cerca de nuestra casa, donde había unos columpios  oxidados, y donde se juntaban los muchachos a fumar y a beber caguamas, ya que no había nada más qué hacer. Nos daban miedo, y mi mamá me prohibió salir, pero mi gatito estaba feliz, persiguiendo ratas en las banquetas agrietadas  por el zacate, aunque no había casi árboles.   Había poca agua, y no nos podíamos bañar todos los días, pero salía caliente gracias a un tinaco negro que estaba en el techo, y a un calentador solar ecológico que nos habían puesto. Luego mi papá lo bajó del techo y lo vendió. Se tardaban mucho en recoger la basura, y se amontonaba durante días en las esquinas y en el terreno donde antes íbamos a jugar. Para salir, y poder llegar hasta la carretera y a la parada del camión, teníamos que caminar mucho. El camión pasaba como cada media hora. Para ir a la escuela me levantaba a las cinco de la mañana, y mi papá a las cuatro para poder llegar a su trabajo. Nos tardábamos más de dos horas en ir y otras dos horas en volver. Regresábamos muy cansados, y no me daban ganas ni de estudiar, ni de jugar, ni de hacer la tarea; mejor me ponía a ver la televisión. Mi papá volvía ya muy noche, y de mal humor. Nos decía que gastaba mucho dinero en los camiones, y a veces en taxis, y que eso le salía más caro que pagar la hipoteca del INFONAVIT. Mi papá pidió prestado a mi tío, y entonces se compró un coche viejito que echaba mucho humo; igual que los de los vecinos. Todos decían que necesitaban el coche porque si no, no podían ir a ningún lado, ni a la escuela, ni a trabajar, ni al mercado. Todo nos quedaba muy lejos. Cerca no había tiendas, ni parques, ni nada; sólo algunas casuchas junto a la carretera, y a lo lejos, otras unidades habitacionales del INFONAVIT, de muchos colores. No hablábamos con nadie, ni teníamos amigos; todos los vecinos desconfiaban de los demás. Algunos ponían tienditas en la puerta de su casa, para vender cosas de comer, pero todo  era muy caro.  Al final, mi papá decidió que nos regresáramos a la ciudad, a casa de mi abuelita, cerca del Centro.  Abandonamos la casa del INFONAVIT y mi papá dejó de pagar la hipoteca. Mejor, con ese dinero, ahora rentamos un departamentito, y nos ahorramos los gastos en transportes y gasolina;  voy a pié a la escuela, tengo amigos, jugamos en el parque o en al patio del edificio. Salimos a pasear y de compras, y mi papá va a trabajar tomando un camión en la esquina. Vendió el coche viejo, y está más tiempo con nosotros. Mi gatito también está feliz, brincando por las azoteas de los edificios.” FIN.

viernes, 23 de septiembre de 2011

MARCELO


El Distrito Federal ha sufrido cambios notables en su andamiaje institucional durante 15 años de gobiernos de izquierda. Destaca la dispersión de facultades técnicas, de gestión urbana,  y de poder real, hacia la Asamblea Legislativa y a las delegaciones, a la par del desmantelamiento de capacidades operativas y de planeación dentro del gobierno central. También, la consolidación de una estructura corporativa integrada al partido gobernante, que por un lado ofrece soporte y legitimidad clientelar, pero, por el otro, coarta de manera tajante los espacios de autonomía para las políticas públicas e impone su ley e intereses en la ciudad. Entre sus pilares más conspicuos están transportistas,  vendedores callejeros,  demandantes de vivienda, sindicatos, y una variopinta gama de organizaciones sociales. Es una  reproducción vernácula  del gran edificio corporativo edificado por el PRI en México durante buena parte del siglo XX.  Sobresale igualmente la creación de una extensa red asistencialista financiada con presupuestos gubernamentales  a través de subvenciones directas (ancianos, estudiantes, desempleados) y de subsidios generalizados a servicios públicos (como al metro, y en menor medida al agua).  Ciertamente esto contribuye a mitigar desigualdades,  a crear condiciones mínimas de cohesión social, y a asegurar lazos de lealtad electoral. Pero rigidiza (casi son políticamente irreversibles) y compromete la solvencia del erario de la ciudad,  además de deteriorar la salud financiera y la calidad de los propios servicios públicos. (Ojo: determinados subsidios pueden ser necesarios, pero deben ser focalizados, no universales). El estrechamiento fiscal se acentúa por el abultado endeudamiento heredado del gobierno anterior (que duplicó la deuda del DF y su servicio entre el 2000 y el 2006), por reglas inequitativas de reparto en las participaciones federales, y por la comprensible resistencia a la imposición de nuevas contribuciones.

En este complejo mecanismo de frenos y palancas se ha insertado el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Entenderlo, es indispensable para valorar su gestión de manera objetiva, junto con  las camisas de fuerza que lo aprisionan y  las oportunidades que la ciudad le ha ofrecido, y también,  a la luz de los atributos subjetivos del personaje. Probablemente Marcelo ha sido el gobernante con mayor conocimiento y competencia en la ciudad, con una visión moderna, y  una destreza notable para operar dentro de la jungla de intereses partidarios y corporativos que atestan al Distrito Federal, incluidas las trampas y presiones de su inefable predecesor. 

Así, no deben escatimársele sus logros: Mantenimiento e incluso mejora en la seguridad pública, algo doblemente meritorio en el desgarrador contexto nacional; impulso al transporte colectivo a través del Metrobús, la línea 12 del metro, y  autobuses de RTP; nueva infraestructura de movilidad vehicular – indispensable, vista desde el realismo urbano –  donde destaca  la construcción de vialidades de cuota financiadas por empresas privadas y por los usuarios, no por el erario público; bicicletas públicas como nueva opción de movilidad; restauración y dignificación peatonal del eje que va del Monumento a la Revolución y Plaza de la República a la calle de Madero; fuerte impulso a la inversión inmobiliaria, loablemente en Reforma; y desde luego, un clima apreciable de tolerancia y libertades ciudadanas. Pero tampoco, y en su complicada circunstancia, deben soslayarse  los pasivos acumulados en su administración.  Entre ellos, la entrega del espacio público a mafias de vendedores callejeros, y su degradación, especialmente  en estaciones del metro y paraderos de microbuses, al igual que en áreas emblemáticas como Chapultepec, la Alameda Central y numerosas plazas y calles; una decadencia urbana deprimente en corredores estratégicos, como Insurgentes centro; y, un fracaso ostensible en pavimentación, y en gestión de residuos, particularmente en el Bordo Poniente.

Dentro de todo, Marcelo ha sido capaz de construir una narrativa coherente, atractiva  y racional de gobierno, que ahora, proyectada, le ofrece una plataforma muy valiosa para lanzar una candidatura presidencial competitiva. Sin ella, y sin él, la izquierda seguiría hundiéndose en el mesianismo aldeano, abrazada férreamente  al populismo resentido como única ideología visible.

viernes, 9 de septiembre de 2011

SEGURIDAD PÚBLICA, MITOS


El crimen se ha reducido espectacularmente en Nueva York, en un 80% entre 1990 y 2010, incluyendo el homicidio, la violación, el asalto a mano armada, y el robo de autos (Scientific American. Agosto, 2011). Y nada ha tenido que ver con la pobreza,  ni con el desempleo, ni con el consumo de drogas.  La experiencia de Nueva York confronta y desenmascara a la derecha moralista, y a la corrección política de izquierda (incluida la UNAM; ver su reciente colección de lugares comunes en materia de seguridad pública). Nueva York derrotó a la criminalidad, pero el consumo de drogas no varió significativamente durante el período. La pobreza tampoco se abatió; y el desempleo incluso aumentó. La tasa de detención y encarcelamiento por cada 100 mil habitantes disminuyó después de alcanzar un máximo en 1997. ¿Entonces?

Pueden hacerse conjeturas equivalentes en México. La criminalidad no varía ni en el tiempo ni en el espacio en función de la pobreza de municipios o  entidades federativas, ni tampoco de acuerdo al desempleo. Los estados hechos girones por la delincuencia resulta que tienden a ser ricos y a ostentar niveles bajos de desempleo: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa. La tierra caliente de Michoacán, madriguera de La Familia y de los Caballeros Templarios, no se caracteriza por una honda pobreza relativa. Algunos de los estados más pobres, como Chiapas, Yucatán y Oaxaca, han visto pasar sin mayores rasguños la invasión de la criminalidad. Los pobres y los desempleados no tienden a ser delincuentes, como pregona la izquierda en boca de su Gran Líder  o de su candidato a gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles), quien ha sido capaz, en días recientes,  de justificar y de condescender con delincuentes y asesinos. Tampoco los ricos  son necesariamente santos o ciudadanos ejemplares, como se sigue de las  presunciones de la izquierda mexicana. El haber asumido como doctrina la vulgaridad provinciana de su último mesías, le impide leer datos, analizarlos y obtener conclusiones lógicas. Al resto de nosotros nos ha paralizado una cultura política que desconoce y repudia a la esencia misma del Estado y de la democracia: el uso de su fuerza legítima en defensa de la legalidad. Tal vez nos gana un antiguo romanticismo justiciero, o el resentimiento tramposamente cultivado por excesos ocurridos muchas décadas atrás (1968). O pueden  ser también la desconfianza y el relativismo con respecto a la ley, sembrados desde épocas coloniales.

Poco ayudan la proverbial corrupción,  descrédito y desprestigio social de los cuerpos policiacos, hoy capturados por la delincuencia organizada. Es un juego de espejos: cerramos los ojos a la importancia de la legalidad y del uso de la fuerza legítima del Estado, por tanto, la hemos atomizado en 2,500 cuerpos miserables de policía municipal; festín para la los criminales. Increíble.  Los últimos baluartes: el Ejército, la Marina, y la Policía Federal son denostados, se exige su capitulación o retiro, o se les niega el marco jurídico necesario para su actuación emergente.  Sin cultura de legalidad, y sin otorgar legitimidad absoluta al uso de la fuerza contra quienes violan la ley por la razón que sea, nos persiguen la impunidad generalizada desde arriba hasta abajo, y la descomposición en las reservas morales de la sociedad.


Nueva York no cree en mitos. No predicó lugares comunes de corrección política, ni esperó estúpidamente a que desaparecieran la pobreza, la drogadicción y el desempleo. Abatió la criminalidad gracias a  una policía unificada, más numerosa, capacitada, fuerte y eficaz; y a una actividad policiaca disuasiva, inteligente y abrumadora,  focalizada a través de una estrategia geográfica bajo mandos directamente responsables, y escrutada por medio de datos duros.   Desde luego esto no soslaya la relevancia de políticas sociales para la prevención del delito, ni de la legalización de las drogas; sólo las precede.

domingo, 4 de septiembre de 2011

MORATORIA DE VIVIENDA


INFONAVIT ya cerró un largo ciclo.  Atrás deben quedar décadas de fuerza bruta hipotecaria, donde el éxito se contabilizó a través de la métrica más elemental: millones y millones de créditos otorgados y de casas (es un decir) construidas. Décadas en que se incubó y desarrolló una poderosa industria especializada – la edificación de vivienda popular – , una sofisticada arquitectura fiscal y financiera, y un complejo ecosistema institucional (cuotas  de nómina obligatorias, ONAVIS, OREVIS, SOFOLES, AFORES, bancos, empresas constructoras, proveedores, agentes inmobiliarios, instrumentos bursátiles y de intermediación financiera, subsidios, etcétera). El objetivo parecía intachable, y la lógica redonda. Vivienda para todos los trabajadores en nómina (ahora pretende extenderse también a los informales), al menor costo posible, de tal forma que la hipoteca pudiera ser pagada con una fracción de pocos salarios mínimos. Abaratar costos para llegar a más derechohabientes ha sido la divisa, lo que ha implicado producción y ensamble masivos y en serie, economías de escala, nuevas tecnologías para minimizar el uso de materiales, achicamiento constante en la superficie de las viviendas hasta hacerlas infinitesimales, y… por supuesto, su desplante horizontal en el suelo ejidal más barato posible, permitiendo márgenes razonables por volumen a las empresas desarrolladoras.  Es la vivienda como commodity a granel y unidad de cuenta y foco exclusivo en el desempeño del INFONAVIT. En gran parte, no puede dudarse, ha significado satisfacciones importantes para las familias beneficiadas. Pero ha traído el caos territorial a las ciudades y municipios de México. Las consecuencias son gravísimas, y no aparecen por ninguna parte, ni en los informes del INFONAVIT, ni en los estados financieros de las empresas desarrolladoras. Fanfarria política y utilidades corporativas, pero terribles costos públicos.

Es importante tener a la vista el contexto. Por un lado,  la pérdida de facultades del Gobierno Federal en materia de regulación de los usos del suelo desde las modificaciones al Artículo 115 Constitucional de 1983, la debilidad y corrupción crónica de los gobiernos locales, y la virtual secesión agraria (ejidos y comunidades) de la vida institucional del municipio; el resultado es la ausencia factual de capacidades de ordenamiento y regulación del territorio. Por el otro lado,  la ignorancia en el Gobierno Federal de que las políticas de vivienda son no sólo el nutriente y catalizador del desarrollo urbano, sino su código de estructura y funcionalidad espacial.

La política urbana del Gobierno Federal ha sido la inexistencia de política urbana. Sólo dejar hacer y dejar pasar al INFONAVIT y, bajo su rectoría,  a las empresas desarrolladoras de vivienda popular. Las ciudades “no aguantan más” al INFONAVIT, así. Vaciamiento de los cascos urbanos, dispersión y desorden, lejanía, necrosis del tejido social, suburbanización extensiva, falta de servicios, costos exorbitantes de transporte, predominio de vehículos automotores, ineficiencia energética, mayor consumo de combustibles, más emisiones de gases de efecto invernadero, fealdad deprimente del paisaje, muerte de la vida vecinal y de los gérmenes de sociedad civil, habitación humillante, extirpación del espacio público, pérdida de competitividad de las ciudades, aislamiento y patologías de convivencia, incubación del crimen, abandono de viviendas, desmoronamiento de la gobernanza local, e hinchazón de la cartera vencida del INFONAVIT que anticipa una potencial crisis hipotecaria en México.  Cada nuevo desarrollo de vivienda, y cada nueva hipoteca otorgada en estas condiciones tienen un costo público que es ya inaceptable. El desastre es patente.


INFONAVIT debe parar, y de manera honesta y autocrítica, asumir una moratoria de vivienda. Debe plantearse su fusión con CONAVI, y la creación de una nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que revierta el caos, adquiera y gestione reservas territoriales y repueble las áreas centrales de las ciudades con viviendas verticales en polígonos de actuación urbana, en coordinación explícita con los gobiernos municipales, y en alianza virtuosa con empresas desarrolladoras. Implica, entre otras muchas cosas, cambiar la unidad de cuenta, y que la vivienda deje de ser un commodity.    

viernes, 26 de agosto de 2011

CAMPO Y CIUDAD, SAGARPA E INFONAVIT


Acelerar la urbanización del país es un imperativo de competitividad y eficiencia, de sustentabilidad ambiental, y de lucha contra la pobreza. Pero eso requiere cambiar códigos tanto de política para el campo, como de vivienda y desarrollo urbano. De acuerdo al censo de 2010, todavía el 24% de la población económicamente activa vive del sector rural tradicional. Tiene una bajísima productividad y por tanto genera menos del 3% del PIB, pero ocupa más de las tres cuartas partes del territorio nacional (OECD. 2006. Rural Policy Reviews: México). Es la fórmula perfecta de pobreza y marginación, desigualdad, ineficiencia en el uso del territorio, y destrucción ecológica. SAGARPA, a través de sus programas de subsidio, mantiene y cubre  las pérdidas de una agricultura en quiebra económica, social, demográfica y ecológica. La productividad y el  ingreso crecen con la urbanización. Las sociedades, regiones, y países más desarrollados son en general aquellosplenamente urbanizados. Aquí y en China. La ciudad no hace pobre a la gente; atrae a gente que  era muy pobre en el campo, y le ofrece oportunidades y mejores condiciones de vida. Los inmigrantes del campo siempre son más pobres que las generaciones ya urbanizadas.
Entonces, debe acelerarse deliberadamente la migración campesina hacia las ciudades, a la par que se satisface la demanda orgánica de vivienda generada por la evolución demográfica de la propia población urbana. ¿Qué tiene que ver el INFONAVIT en todo esto? En México, la política urbana del Gobierno Federal  es un subproducto no intencionado de  la política de vivienda, e INFONAVIT es su ejecutor. En realidad, INFONAVIT es el ministerio de desarrollo urbano del Gobierno Federal, función que ejerce sin saberlo, a ciegas, y con resultados catastróficos. Sería insensato así, acelerar la migración campesina a las ciudades.  Hacer vivienda es hacer ciudad, y sin una política de desarrollo urbano  que apunte a ciudades eficientes y  compactas,  y por tanto, dinámicas, competitivas y sustentables, México galopa al despeñadero urbano, social y ambiental.
INFONAVIT ostenta haber otorgado desde el año 2000, más de 4 millones de créditos para vivienda, virtualmente,  sin ningún tipo de visión urbana, provocando la dilución de centralidades,  una explosión caótica de implantes monotemáticos de viviendas en colmenas aisladas, y  una ocupación dispersa y extensiva del territorio. Se trata en su inmensa mayoría de viviendas cercenadas de las ciudades; sin accesibilidad mínima ni servicios elementales; y en entornos estériles, donde se han eliminado los valores de proximidad y convivencia, desmadejado el tejido social,   impuesto severos costos de transporte y movilidad a la población, y trasladado a los municipios cargas inaceptables. No por casualidad, más de la cuarta parte de las viviendas del INFONAVIT se encuentran desocupadas o abandonadas. Claro, es lo más barato, y es la justificación. Pero los costos sociales o externalidades son brutales.
México ha repetido así, en una versión lumpen, la fuga hacia los suburbios observada  desde la posguerra en los Estados Unidos: Inducción de casas unifamiliares en propiedad (sólo factibles en los suburbios) por medio de millones de hipotecas baratas,  gasolina subsidiada, decadencia de las áreas centrales de las ciudades, y privilegio al automóvil con bajas densidades y sistemas de transporte público precarios. Es una política anti-urbana, expresamente, de desmoronamiento de ciudades. INFONAVIT no da créditos a campesinos, pero sembrando el caos,  las incapacita  para acogerlos de manera ordenada y productiva.
Campo y ciudad. Debe romperse con el coto sectorialista en SAGARPA, y transformar buena parte los subsidios al campo en una plataforma de capacitación, emigración e inserción productiva de ex - campesinos en las ciudades. INFONAVIT debe fusionarse con CONAVI, y reconocerse y asumirse así, formalmente, como Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, facultada para adquirir y gestionar reservas territoriales urbanas y polígonos de actuación, y para financiar y desarrollar, sólo ahí, infraestructura y servicios, y vivienda vertical  integrada a las ciudades.

viernes, 19 de agosto de 2011

APOSTARLE A LA ELECTRICIDAD


El uso de biocombustibles en vehículos es un gravoso desvarío energético, económico y ambiental. Un auto eléctrico con tecnología actual (por ejemplo, el Leaf de Nissan) consume alrededor de 0.15 Kilowatts-hora (KWH) por kilómetro, lo que en México significa un costo de 0.15 pesos (quince centavos). Con un rendimiento generoso, un vehículo de gasolina consume 0.125 litros por kilómetro, cuyo costo es aproximadamente de 1.25 pesos. Sin subsidios, sería de 1.50 pesos; diez veces más.  Si bien la autonomía del Leaf se limita  a unos 140 kilómetros, los Tesla, que se manufacturan y comercializan en California, anticipan el futuro con autonomías superiores a 400 kilómetros (equipados con baterías de ion-litio).

Pero, ¿qué pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero? El sistema eléctrico mexicano observa un factor de emisión de 0.5 kg de CO2 por kilowatt hora (KWH), dada su alta dependencia a plantas termoeléctricas que consumen combustibles fósiles. Esto implica que un  Leaf de Nissan emite indirectamente 75 gramos de CO2 por kilómetro – sin considerar ajustes menores por eficiencia del motor eléctrico. Esto es poco más de la cuarta parte de las emisiones de un auto "normal", muy por debajo aún de un auto de gasolina muy eficiente (por ejemplo, el mío, un Fiat 500). Las emisiones de un auto de gasolina las obtenemos multiplicando su rendimiento en litros por kilómetro por 2.3 kg de CO2 por litro. Esto es: un auto “normal” que en México consume 0.125 litros de gasolina por kilómetro, emite un promedio de 287 gramos de CO2 por kilómetro, lo que representa casi cuatro veces más que el auto eléctrico.  En un país hipotético en el que toda la electricidad se produjera en plantas termoeléctricas de carbón, el factor de emisión de su sistema eléctrico sería de 0.9 kg de CO2 por KWH, y aún así, las emisiones del auto eléctrico ascenderían a 135 gramos por kilómetro; menos de la mitad.  

Ahora supongamos el uso de un biocombustible como el etanol. Éste tiene un menor poder calorífico y rendimiento que la gasolina (un 30% menos), pero también, menos carbono. Por tanto, las emisiones de CO2 en el escape del vehículo son casi equivalentes. Sin embargo, tratándose de un biocombustible, habría que obtener el balance neto de carbono considerando fotosíntesis durante el crecimiento de la caña de azúcar, consumo de energía en el proceso de producción, emisión de N2O (óxido nitroso, un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el CO2) por fertilizantes, y, desde luego, la deuda de carbono incurrida directa o indirectamente por cambios en el uso del suelo y sustitución de vegetación natural. Con esta contabilidad, el etanol saldría peor que la gasolina en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, aunque también, a la gasolina le imputáramos las emisiones en toda su cadena de valor (explotación y refinación de petróleo).  



El etanol es más caro que la gasolina. En Brasil no, pero allá recibió un colosal subsidio durante décadas, que permitió amortizar las inversiones. Desde luego, esto no toma en cuenta el costo de una deforestación brutal, ni el costo de oportunidad para el mundo de dejar de producir mucha más soya y carne para una población creciente, en la gigantesca masa territorial (decenas de millones de hectáreas) ocupada en Brasil por la caña de azúcar para este biocombustible. Producir etanol u otro biocombustible como el biodiesel de Jatropha siempre va a requerir subsidios, a ocupar grandes extensiones de tierra cada vez más escasa, y a desplazar directa o indirectamente a la producción de alimentos y a ecosistemas naturales. Algo insano cuando por causa del calentamiento global pende una terrible amenaza de extinción masiva de especies y perturbación  de ecosistemas, lo que exige, entre otras cosas, mucha más tierra para ampliar y conectar a gran escala las Áreas Naturales Protegidas. Apostémosle a la electricidad.

viernes, 12 de agosto de 2011

MARIHUANA, ECOLOGÍA Y DELINCUENCIA




Será imposible extirpar del territorio nacional el cultivo de marihuana (Cannabis indica). Es una actividad profunda y extensamente arraigada en  formas de vida, economía, sociedad e instituciones locales de vastas regiones del país. Un buen parangón es el caso de la coca en Bolivia. Los primeros migrantes mexicanos a los Estados Unidos, yendo y viniendo, visualizaron la oportunidad desde los años cuarentas del siglo XX. Hoy absorbe a millones de personas, especialmente,  en áreas de la vertiente del Pacífico caracterizadas por selvas bajas caducifolias (con árboles de fuste corto, muy ramificados que pierden su follaje durante una extensa temporada de secas). Abarcan porciones más o menos amplias de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua, y Sonora. Ahí, el ecosistema se singulariza por escasez de agua, suelos pobres, orografía abrupta, y casi ausencia de especies forestales susceptibles de aprovechamiento a escala comercial; el  uso sustentable de recursos naturales  es una mala broma. Ningún otro cultivo, excepto en estrechos valles y planicies aluviales de las costas, es capaz de ofrecer una vida digna a los campesinos, muchos de ellos  arrojados y dispersos  por la historia y las políticas agrarias del siglo XX en propiedades colectivas (ejidos y comunidades) sin esperanza.

 La marihuana vale mucho, ya que existe una enorme e irrefrenable demanda en Estados Unidos y en México. Es menos dañina que el alcohol y probablemente que el tabaco, su consumo nunca ha matado a nadie, y en todo caso, perjudicaría sólo a quien la usa. De hecho tiene múltiples usos medicinales. Un campesino puede percibir más de 200 mil pesos anuales por hectárea cultivada conCannabis, en terrenos cuyo único costo de oportunidad o uso alternativo corresponde a misérrimas milpas de subsistencia (que producen una tonelada al año de maíz equivalente a 3,000 pesos), a lóbregos agostaderos para  cabras o cebúes famélicos,  a peladeros calcinados y erosionados, a matorrales degradados, o en el mejor de los casos, a un bosque tropical bajo y caducifolio, que en verdad puede ser muy hermoso tanto en aguas como en secas, pletórico de biodiversidad y endemismos;  aunque económicamente es estéril para los propietarios de la tierra. Si somos serios, imaginar la vida sin marihuana en esas regiones conlleva un razonamiento sobre cómo subsidiar competitivamente y de por vida a esos campesinos – por  ejemplo pagándoles por conservar las selvas bajas caducifolias –, o cómo hacerlos emigrar; o bien, condenarlos a una abyecta miseria. Con la marihuana no sólo sobreviven y pueden llevar una existencia relativamente digna, sino incluso prosperar. Así, desmontan en la selva baja parcelas disgregadas, preparan semillas y plántulas en invernaderos,  que se siembran cuidadosamente en el terreno; aplican fertilizantes químicos y orgánicos (como guano de murciélago), al igual, por desgracia, que plaguicidas órgano-clorados terriblemente tóxicos, como el Paratión. Cosechan en pocos meses, limpian, prensan, empacan y venden a compradores locales, quienes sólo son el segundo eslabón de una compleja estructura comercial. Todo el mundo en esas regiones: campesinos, comerciantes, policías, y autoridades municipales, tienen en menor o mayor medida relación e intereses directos o indirectos con la economía de la marihuana. Pero….  todo es ilegal.

En la ilegalidad, y ante poderes municipales débiles y efímeros, de forma inevitable, se abre un espacio generoso para cacicazgos y mafias al margen de la ley, que surgen localmente, o que llegan de fuera junto con armas y otras substancias y productos prohibidos. El gobierno local es capturado, y todos tejen o quedan cobijados y atrapados por la pegajosa telaraña. Hay competencia, alianzas y traiciones entre organizaciones locales, y entre ellas y los fuereños. Hay mucho qué perder y ganar. En la ilegalidad, lógicamente, la corrupción y la violencia se asientan y asumen culturalmente  en el paisaje humano. Luego, llega la fuerza legítima del Estado, los arreglos se trastocan, y la violencia estalla, se extiende y diversifica como delincuencia organizada,… y horroriza a  todo el país.