COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CONTRA EL PLANETA

En Cuatro Ciénagas, Coahuila, Área Natural Protegida, México se empeña en exterminar un conjunto de ecosistemas de singularidad y antigüedad insólitas. Pronto, de no mediar una intervención urgente y decidida de la Presidencia de la República, nuestro país  habrá perpetrado un acto vandálico extremo  sobre el patrimonio biológico del planeta. El valle de Cuatro Ciénagas es un prodigioso ensamble de oasis de lagunas y pozas color turquesa, entre montañas majestuosas del desierto coahuilense que han sido esculpidas por las fuerzas telúricas más arcaicas y poderosas. Hace 220 millones de años fue mar, que penetró al romperse el continente único de Pangea. Al configurarse geológicamente América del Norte hace 35 millones de años, y retirarse el mar, microorganismos, peces y reptiles, entre otras muchas especies marinas, se adaptaron a vivir en agua dulce, creando comunidades biológicas sin parangón, sólo existentes ahí y en ningún otro sitio; absolutamente endémicas. Sobresalen los estromatolitos, estructuras construidas por microorganismos de  miles de millones de años de antigüedad, que se cuentan entre los primeros organismos productores de oxígeno habitantes de la tierra. Su genoma, de la vida más temprana,  es un tesoro científico invaluable.  

Pozas y lagunas, en medio del desierto, se han nutrido durante decenas de millones de años de manantiales y arroyos permanentes abastecidos por  acuíferos subterráneos. Hoy en día, en una de las lagunas más grandes (Churince) se revela la dimensión de una tragedia ecológica indecible: “Lo que hay ahora es un tapete macabro de peces muertos, rastros de tortugas buscando agua desesperadas para acabar enterrándose en el último lodo que queda, entre estromatolitos muertos. En un pequeño charco, de no más de cinco metros de largo, en estos momentos, se debaten los últimos 200 ejemplares de Sunfish del ecosistema – y del mundo” (Dra. Valeria Souza).

La causa: la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para evitar que los agricultores de alfalfa, proveedores de conocida industria lechera de la región, detenten, sobreexploten, derrochen y agoten los acuíferos de los cuales dependen los ecosistemas acuáticos de Cuatro Ciénagas. Todo, a pesar de un compromiso y orden presidencial hechos hace más de cuatro años. Los productores de alfalfa – uno de los cultivos con mayor demanda de agua establecido ¡en el desierto! –  además de drenar los manantiales, bombean agua del subsuelo gracias a los derechos otorgados por la CNA y a un cuantioso subsidio eléctrico concedido por la Comisión Federal de Electricidad. Explotan más de 50 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que la recarga natural del acuífero es de menos de la mitad. La propia CNA reconoce oficialmente esa condición irracional de sobreexplotación. La última esperanza que tenía la laguna de Churince, cerrar la compuerta de los drenes, se ha desvanecido, y ha sido abierta nuevamente por los agricultores, privando a la laguna de sus postreras gotas de sangre. En nuestras narices. Pueden más los intereses lecheros que la historia biológica del planeta y que el portento ecológico de Cuatro Ciénagas.

A estas alturas del drama, sólo el Presidente Calderón puede impedir el terrible desenlace final. La incuria, la dejadez, la burocracia, los intereses, las complicidades y la indiferencia no pueden ser desmadejadas ya a través de procedimientos administrativos y regulatorios convencionales. De no hacerlo urgentemente, uno de los estigmas ecológicos más oprobiosos posibles nos señalará  aún más en estos años sombríos.

Es de una urgencia absoluta la intervención Presidencial:  para expropiar, cancelar o comprar perentoriamente los derechos de explotación del agua en Cuatro Ciénagas; declarar veda total a la extracción de agua para usos agrícolas y hacerla cumplir –  incluso por la fuerza; cerrar inmediatamente todas las compuertas de los canales que drenan los manantiales;  cancelar ahora mismo el bombeo de aguas subterráneas; y, emprender cuanto antes los trabajos necesarios para restablecer plenamente el flujo natural de agua a todas las pozas y lagunas.  Habrá que pagar las legítimas indemnizaciones que procedan.  Miles de millones de años lo observan con angustia.

TRENES DE ALTA VELOCIDAD PARA MÉXICO (¡!)

En un país sin proyecto nacional y casi sin proyectos relevantes de ingeniería e infraestructura, parece fatuo o ingenuo hablar de trenes de alta velocidad. No obstante, estimular la imaginación tal vez nos ayude a entender mejor nuestro  pantanoso estancamiento. Más del 97% de los viajes interurbanos en México se llevan a cabo en autotransporte carretero; el resto, en avión. En esencia, esta es la estructura modal del transporte interurbano de pasajeros, apuntalada por un subsidio masivo a los combustibles automotrices, que en 2011 superará los 170 mil millones de pesos. Tal cantidad es diez veces mayor al gasto del Estado en ciencia y tecnología, cuatro veces mayor al gasto en medio ambiente y agua, más de cinco veces el gasto en seguridad pública, más del doble del presupuesto en comunicaciones y transportes, 80 % del gasto en educación, seis veces el presupuesto de la UNAM, y casi 100 % más del presupuesto en salud. 

Independientemente de la perversión fiscal que implica, el esquema de subsidios y la estructura modal del transporte a la que subyace inducen una ineficiencia energética extrema, y  emisiones  desbocadas de gases de efecto invernadero (la fuente más importante en el inventario nacional de emisiones). Desde luego, es también notable la distorsión  que imponen al desarrollo urbano, promoviendo asentamientos digitales extendidos y dispersos a lo largo de carreteras, y el abandono y decadencia de las zonas centrales de las ciudades.

No tendría por qué ser así ineluctablemente. Existen numerosos corredores o pares origen y destino con altas densidades  entre la Ciudad de México y Monterrey, Guadalajara, Toluca y Morelia, Puebla, y el corredor de Querétaro al bajío y a Aguascalientes. Dependiendo de la tecnología utilizada,  de la topografía, y del número de estaciones intermedias, el  costo de una línea de ferrocarril de alta velocidad – a más de 300 kilómetros por hora – al estilo francés (TGV), español (AVE), alemán (ICE), italiano (ETR 500), japonés (Shinkansen), coreano (KTX), o chino, puede rondar los 1,500 millones de dólares por cien kilómetros, incluyendo construcción, equipo rodante, vías, sistemas de control, electrificación, y estaciones. No porque sea deseable una inversión gubernamental completa (lo ideal serían asociaciones público – privadas), sino sólo como referencia, México podría construir cada año cerca de 900 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad aplicando para ello el presupuesto que hoy se destina a subsidiar los combustibles fósiles. Así, en sólo tres años, en este ejercicio de imaginación delirante, México tendría una red de trenes de alta velocidad cubriendo sus corredores o pares origen y destino estratégicos, que sería más extensa que las de Francia, España, Alemania e Italia (China ya ostenta 4,000 km de vías de alta velocidad). Este tipo de trenes están en fase de planeación o desarrollo en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Australia, la India y muchos países más.

Los trenes de alta velocidad tienen la capacidad de acelerar notablemente no sólo la movilidad interurbana, sino la productividad, la generación de empleos y el desarrollo económico de las ciudades a las que sirven; además de sus ventajas ambientales y en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Las estaciones, ubicadas en áreas centrales de las ciudades, promueven la revitalización urbana,  proyectos  inmobiliarios de alta densidad, y usos mixtos de vivienda, servicios y oficinas, lo que contribuye a generar ciudades compactas acopladas a sistemas intermodales de transporte público y a movilidad peatonal y no motorizada, así como mercados laborales más accesibles y eficientes.

Desde luego se requeriría del liderazgo del Gobierno Federal en materia de planeación, financiamiento, ejecución y operación, y la creación de corporaciones público – privadas con capacidad de  coordinar la adquisición de derechos de vía, y el desarrollo de predios para estaciones y centros intermodales (y en el DF, combatir al acechante ambulantaje). Todo es ahora un desvarío onírico, en este México atascado. Pero, tal vez un gobierno de coalición.….

¿DERECHO A LA VIVIENDA O A LA CIUDAD?

Ciertamente, la vivienda es un derecho consagrado en la constitución, como muchos otros derechos sociales (salud, educación, empleo, medio ambiente). Pero no puede hacerse efectivo atropellando a otros, o sembrando el caos en el territorio nacional. Menos aún, sin saberlo, o negándolo, mientras se afirma, rumbo al despeñadero, que vamos por la ruta correcta. Nadie rechaza que la vivienda sea una necesidad, ni que el Estado trabaje para satisfacerla. Lo que ocurre es que a algunos (o a muchos) nos parece lamentable que se haga de una manera tan fútil que acabe anulando al propio concepto de derecho a la vivienda. Más todavía, cuando se  facturan a futuro o a terceros, costos sociales, ambientales, energéticos, urbanos y climáticos astronómicos. La vivienda mínima, sin ciudad y sin tejido urbano, es una célula física destinada a incubar frustración, conductas y atmósferas antisociales, y delincuencia.  El derecho a la vivienda, sin derecho a la ciudad  es una peligrosa involución civilizatoria.

El modelo INFONAVIT de financiamiento masivo a  viviendas infinitesimales en México  está en quiebra. Es un esquema de subsidio, apalancamiento  e intermediación, y minimización extrema en el costo de las viviendas, maximizando su número, y los beneficios por volumen a las empresas desarrolladoras. Se despliega en un mercado de tierra que ostenta externalidades múltiples y de gran alcance – totalmente ignoradas –  pero que carece de regulación para todo fin práctico. Todos conocemos y sufrimos la debilidad institucional y regulatoria de los gobiernos locales en México. Si no son capaces de hacerse cargo de la más elemental seguridad pública, mucho menos de las externalidades del mercado de tierra, especialmente en su periferia; y mientras el Gobierno Federal es funcional y/o jurídicamente incapaz de suplirlos o de coordinarse con ellos en estas tareas, ya que no tiene facultades ni quiere asumirlas. ¿En verdad creemos  que los municipios ejercen (como lo  sueña el Artículo 115 Constitucional) responsabilidades de tal envergadura, siendo efímeros – gobiernos de sólo tres años –  frecuentemente corruptos, menesterosos, y fiscalmente ineptos?

Las externalidades negativas del modelo INFONAVIT son abrumadoras. Se contextualizan en una versión lumpen de crecimiento  suburbano disperso  (urban sprawl –  ¿cómo se traduce al español de una manera concisa?), en unidades habitacionales lejanas y dislocadas. Incluyen  la privación a los adquirientes de vivienda  del  acceso a la ciudad, de espacio público funcional y de los estímulos, amenidades y oportunidades que sólo la vida urbana densa y diversa ofrece. Impone grandes costos per cápita de infraestructura y servicios, y de movilidad. Multiplica el número de viajes en vehículo y las distancias recorridas, y por tanto, el consumo de combustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, el modelo INFONAVIT ancla sobre el territorio y para el largo plazo, un patrón de uso profundamente ineficiente en términos energéticos y ambientales. Mientras tanto, a las familias, las condena al ostracismo social, y  a una deficiencia estructural de estímulos visuales, culturales, cívicos y comunitarios. Estos costos encubiertos  recaen en familias, individuos y  gobiernos municipales; se pagan en el ámbito público y privado. Con el tiempo se revela que exceden a los beneficios, y la vivienda y la hipoteca se abandonan. Se inocula así el virus de  una futura crisis hipotecaria.

Si fuéramos serios, alguien tendría que contabilizar rigurosamente tales costos o externalidades negativas, así como se contabilizan con jactancia las unidades de vivienda construidas (cuatro millones en los últimos diez años). La manufactura a gran escala y en serie de vivienda suburbana a mínimo costo debe entrar en pausa, mientras se diseña un nuevo paradigma viable y sostenible. No se trata de negar el financiamiento hipotecario a los trabajadores, sino de posponerlo durante un breve período; para no defraudarlos, ni en su bolsillo ni en suderecho a la ciudad.

EL INFONAVIT Y EL GATITO, CRÓNICA URBANA

“Yo quería un gatito, pero mi mamá me decía que no, porque vivíamos todos en un cuartito en casa de mi abuelita… Mi papá trabajó duro y obtuvo un crédito del INFONAVIT… Tuvimos entonces nuestra casa nueva, y yo tuve mi gatito….”  El locutor remata afirmando que… “no es el fin de la historia…” En efecto, si hubiera alguna mínima capacidad de observación crítica sobre el desempeño de INFONAVIT, la historia debería seguir:

“Cuando nos mudamos a nuestra nueva casa, nos sentimos muy felices de vivir en el campo, en un cerro,  aunque rodeados de una barda, que nos separaba de milpas y potreros, y de basura regada por todos lados. Eran muchísimas casitas, muy chiquitas, como en un enorme panal de abejas, todas igualitas, unas junto a otras en hileras larguísimas. Apenas cabíamos mi mamá, mi papá, mis hermanitos, mi gatito, y yo. Había pocos vecinos, ya que muchas casitas estaban abandonadas, llenas de garabatos de grafiti, o enrejadas. Para jugar, salíamos a un terreno baldío que había cerca de nuestra casa, donde había unos columpios  oxidados, y donde se juntaban los muchachos a fumar y a beber caguamas, ya que no había nada más qué hacer. Nos daban miedo, y mi mamá me prohibió salir, pero mi gatito estaba feliz, persiguiendo ratas en las banquetas agrietadas  por el zacate, aunque no había casi árboles.   Había poca agua, y no nos podíamos bañar todos los días, pero salía caliente gracias a un tinaco negro que estaba en el techo, y a un calentador solar ecológico que nos habían puesto. Luego mi papá lo bajó del techo y lo vendió. Se tardaban mucho en recoger la basura, y se amontonaba durante días en las esquinas y en el terreno donde antes íbamos a jugar. Para salir, y poder llegar hasta la carretera y a la parada del camión, teníamos que caminar mucho. El camión pasaba como cada media hora. Para ir a la escuela me levantaba a las cinco de la mañana, y mi papá a las cuatro para poder llegar a su trabajo. Nos tardábamos más de dos horas en ir y otras dos horas en volver. Regresábamos muy cansados, y no me daban ganas ni de estudiar, ni de jugar, ni de hacer la tarea; mejor me ponía a ver la televisión. Mi papá volvía ya muy noche, y de mal humor. Nos decía que gastaba mucho dinero en los camiones, y a veces en taxis, y que eso le salía más caro que pagar la hipoteca del INFONAVIT. Mi papá pidió prestado a mi tío, y entonces se compró un coche viejito que echaba mucho humo; igual que los de los vecinos. Todos decían que necesitaban el coche porque si no, no podían ir a ningún lado, ni a la escuela, ni a trabajar, ni al mercado. Todo nos quedaba muy lejos. Cerca no había tiendas, ni parques, ni nada; sólo algunas casuchas junto a la carretera, y a lo lejos, otras unidades habitacionales del INFONAVIT, de muchos colores. No hablábamos con nadie, ni teníamos amigos; todos los vecinos desconfiaban de los demás. Algunos ponían tienditas en la puerta de su casa, para vender cosas de comer, pero todo  era muy caro.  Al final, mi papá decidió que nos regresáramos a la ciudad, a casa de mi abuelita, cerca del Centro.  Abandonamos la casa del INFONAVIT y mi papá dejó de pagar la hipoteca. Mejor, con ese dinero, ahora rentamos un departamentito, y nos ahorramos los gastos en transportes y gasolina;  voy a pié a la escuela, tengo amigos, jugamos en el parque o en al patio del edificio. Salimos a pasear y de compras, y mi papá va a trabajar tomando un camión en la esquina. Vendió el coche viejo, y está más tiempo con nosotros. Mi gatito también está feliz, brincando por las azoteas de los edificios.” FIN.

MARCELO

El Distrito Federal ha sufrido cambios notables en su andamiaje institucional durante 15 años de gobiernos de izquierda. Destaca la dispersión de facultades técnicas, de gestión urbana,  y de poder real, hacia la Asamblea Legislativa y a las delegaciones, a la par del desmantelamiento de capacidades operativas y de planeación dentro del gobierno central. También, la consolidación de una estructura corporativa integrada al partido gobernante, que por un lado ofrece soporte y legitimidad clientelar, pero, por el otro, coarta de manera tajante los espacios de autonomía para las políticas públicas e impone su ley e intereses en la ciudad. Entre sus pilares más conspicuos están transportistas,  vendedores callejeros,  demandantes de vivienda, sindicatos, y una variopinta gama de organizaciones sociales. Es una  reproducción vernácula  del gran edificio corporativo edificado por el PRI en México durante buena parte del siglo XX.  Sobresale igualmente la creación de una extensa red asistencialista financiada con presupuestos gubernamentales  a través de subvenciones directas (ancianos, estudiantes, desempleados) y de subsidios generalizados a servicios públicos (como al metro, y en menor medida al agua).  Ciertamente esto contribuye a mitigar desigualdades,  a crear condiciones mínimas de cohesión social, y a asegurar lazos de lealtad electoral. Pero rigidiza (casi son políticamente irreversibles) y compromete la solvencia del erario de la ciudad,  además de deteriorar la salud financiera y la calidad de los propios servicios públicos. (Ojo: determinados subsidios pueden ser necesarios, pero deben ser focalizados, no universales). El estrechamiento fiscal se acentúa por el abultado endeudamiento heredado del gobierno anterior (que duplicó la deuda del DF y su servicio entre el 2000 y el 2006), por reglas inequitativas de reparto en las participaciones federales, y por la comprensible resistencia a la imposición de nuevas contribuciones.

En este complejo mecanismo de frenos y palancas se ha insertado el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Entenderlo, es indispensable para valorar su gestión de manera objetiva, junto con  las camisas de fuerza que lo aprisionan y  las oportunidades que la ciudad le ha ofrecido, y también,  a la luz de los atributos subjetivos del personaje. Probablemente Marcelo ha sido el gobernante con mayor conocimiento y competencia en la ciudad, con una visión moderna, y  una destreza notable para operar dentro de la jungla de intereses partidarios y corporativos que atestan al Distrito Federal, incluidas las trampas y presiones de su inefable predecesor. 

Así, no deben escatimársele sus logros: Mantenimiento e incluso mejora en la seguridad pública, algo doblemente meritorio en el desgarrador contexto nacional; impulso al transporte colectivo a través del Metrobús, la línea 12 del metro, y  autobuses de RTP; nueva infraestructura de movilidad vehicular – indispensable, vista desde el realismo urbano –  donde destaca  la construcción de vialidades de cuota financiadas por empresas privadas y por los usuarios, no por el erario público; bicicletas públicas como nueva opción de movilidad; restauración y dignificación peatonal del eje que va del Monumento a la Revolución y Plaza de la República a la calle de Madero; fuerte impulso a la inversión inmobiliaria, loablemente en Reforma; y desde luego, un clima apreciable de tolerancia y libertades ciudadanas. Pero tampoco, y en su complicada circunstancia, deben soslayarse  los pasivos acumulados en su administración.  Entre ellos, la entrega del espacio público a mafias de vendedores callejeros, y su degradación, especialmente  en estaciones del metro y paraderos de microbuses, al igual que en áreas emblemáticas como Chapultepec, la Alameda Central y numerosas plazas y calles; una decadencia urbana deprimente en corredores estratégicos, como Insurgentes centro; y, un fracaso ostensible en pavimentación, y en gestión de residuos, particularmente en el Bordo Poniente.

Dentro de todo, Marcelo ha sido capaz de construir una narrativa coherente, atractiva  y racional de gobierno, que ahora, proyectada, le ofrece una plataforma muy valiosa para lanzar una candidatura presidencial competitiva. Sin ella, y sin él, la izquierda seguiría hundiéndose en el mesianismo aldeano, abrazada férreamente  al populismo resentido como única ideología visible.

SEGURIDAD PÚBLICA, MITOS

El crimen se ha reducido espectacularmente en Nueva York, en un 80% entre 1990 y 2010, incluyendo el homicidio, la violación, el asalto a mano armada, y el robo de autos (Scientific American. Agosto, 2011). Y nada ha tenido que ver con la pobreza,  ni con el desempleo, ni con el consumo de drogas.  La experiencia de Nueva York confronta y desenmascara a la derecha moralista, y a la corrección política de izquierda (incluida la UNAM; ver su reciente colección de lugares comunes en materia de seguridad pública). Nueva York derrotó a la criminalidad, pero el consumo de drogas no varió significativamente durante el período. La pobreza tampoco se abatió; y el desempleo incluso aumentó. La tasa de detención y encarcelamiento por cada 100 mil habitantes disminuyó después de alcanzar un máximo en 1997. ¿Entonces?

Pueden hacerse conjeturas equivalentes en México. La criminalidad no varía ni en el tiempo ni en el espacio en función de la pobreza de municipios o  entidades federativas, ni tampoco de acuerdo al desempleo. Los estados hechos girones por la delincuencia resulta que tienden a ser ricos y a ostentar niveles bajos de desempleo: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa. La tierra caliente de Michoacán, madriguera de La Familia y de los Caballeros Templarios, no se caracteriza por una honda pobreza relativa. Algunos de los estados más pobres, como Chiapas, Yucatán y Oaxaca, han visto pasar sin mayores rasguños la invasión de la criminalidad. Los pobres y los desempleados no tienden a ser delincuentes, como pregona la izquierda en boca de su Gran Líder  o de su candidato a gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles), quien ha sido capaz, en días recientes,  de justificar y de condescender con delincuentes y asesinos. Tampoco los ricos  son necesariamente santos o ciudadanos ejemplares, como se sigue de las  presunciones de la izquierda mexicana. El haber asumido como doctrina la vulgaridad provinciana de su último mesías, le impide leer datos, analizarlos y obtener conclusiones lógicas. Al resto de nosotros nos ha paralizado una cultura política que desconoce y repudia a la esencia misma del Estado y de la democracia: el uso de su fuerza legítima en defensa de la legalidad. Tal vez nos gana un antiguo romanticismo justiciero, o el resentimiento tramposamente cultivado por excesos ocurridos muchas décadas atrás (1968). O pueden  ser también la desconfianza y el relativismo con respecto a la ley, sembrados desde épocas coloniales.

Poco ayudan la proverbial corrupción,  descrédito y desprestigio social de los cuerpos policiacos, hoy capturados por la delincuencia organizada. Es un juego de espejos: cerramos los ojos a la importancia de la legalidad y del uso de la fuerza legítima del Estado, por tanto, la hemos atomizado en 2,500 cuerpos miserables de policía municipal; festín para la los criminales. Increíble.  Los últimos baluartes: el Ejército, la Marina, y la Policía Federal son denostados, se exige su capitulación o retiro, o se les niega el marco jurídico necesario para su actuación emergente.  Sin cultura de legalidad, y sin otorgar legitimidad absoluta al uso de la fuerza contra quienes violan la ley por la razón que sea, nos persiguen la impunidad generalizada desde arriba hasta abajo, y la descomposición en las reservas morales de la sociedad.

Nueva York no cree en mitos. No predicó lugares comunes de corrección política, ni esperó estúpidamente a que desaparecieran la pobreza, la drogadicción y el desempleo. Abatió la criminalidad gracias a  una policía unificada, más numerosa, capacitada, fuerte y eficaz; y a una actividad policiaca disuasiva, inteligente y abrumadora,  focalizada a través de una estrategia geográfica bajo mandos directamente responsables, y escrutada por medio de datos duros.   Desde luego esto no soslaya la relevancia de políticas sociales para la prevención del delito, ni de la legalización de las drogas; sólo las precede.

MORATORIA DE VIVIENDA

INFONAVIT ya cerró un largo ciclo.  Atrás deben quedar décadas de fuerza bruta hipotecaria, donde el éxito se contabilizó a través de la métrica más elemental: millones y millones de créditos otorgados y de casas (es un decir) construidas. Décadas en que se incubó y desarrolló una poderosa industria especializada – la edificación de vivienda popular – , una sofisticada arquitectura fiscal y financiera, y un complejo ecosistema institucional (cuotas  de nómina obligatorias, ONAVIS, OREVIS, SOFOLES, AFORES, bancos, empresas constructoras, proveedores, agentes inmobiliarios, instrumentos bursátiles y de intermediación financiera, subsidios, etcétera). El objetivo parecía intachable, y la lógica redonda. Vivienda para todos los trabajadores en nómina (ahora pretende extenderse también a los informales), al menor costo posible, de tal forma que la hipoteca pudiera ser pagada con una fracción de pocos salarios mínimos. Abaratar costos para llegar a más derechohabientes ha sido la divisa, lo que ha implicado producción y ensamble masivos y en serie, economías de escala, nuevas tecnologías para minimizar el uso de materiales, achicamiento constante en la superficie de las viviendas hasta hacerlas infinitesimales, y… por supuesto, su desplante horizontal en el suelo ejidal más barato posible, permitiendo márgenes razonables por volumen a las empresas desarrolladoras.  Es la vivienda como commodity a granel y unidad de cuenta y foco exclusivo en el desempeño del INFONAVIT. En gran parte, no puede dudarse, ha significado satisfacciones importantes para las familias beneficiadas. Pero ha traído el caos territorial a las ciudades y municipios de México. Las consecuencias son gravísimas, y no aparecen por ninguna parte, ni en los informes del INFONAVIT, ni en los estados financieros de las empresas desarrolladoras. Fanfarria política y utilidades corporativas, pero terribles costos públicos.

Es importante tener a la vista el contexto. Por un lado,  la pérdida de facultades del Gobierno Federal en materia de regulación de los usos del suelo desde las modificaciones al Artículo 115 Constitucional de 1983, la debilidad y corrupción crónica de los gobiernos locales, y la virtual secesión agraria (ejidos y comunidades) de la vida institucional del municipio; el resultado es la ausencia factual de capacidades de ordenamiento y regulación del territorio. Por el otro lado,  la ignorancia en el Gobierno Federal de que las políticas de vivienda son no sólo el nutriente y catalizador del desarrollo urbano, sino su código de estructura y funcionalidad espacial.

La política urbana del Gobierno Federal ha sido la inexistencia de política urbana. Sólo dejar hacer y dejar pasar al INFONAVIT y, bajo su rectoría,  a las empresas desarrolladoras de vivienda popular. Las ciudades “no aguantan más” al INFONAVIT, así. Vaciamiento de los cascos urbanos, dispersión y desorden, lejanía, necrosis del tejido social, suburbanización extensiva, falta de servicios, costos exorbitantes de transporte, predominio de vehículos automotores, ineficiencia energética, mayor consumo de combustibles, más emisiones de gases de efecto invernadero, fealdad deprimente del paisaje, muerte de la vida vecinal y de los gérmenes de sociedad civil, habitación humillante, extirpación del espacio público, pérdida de competitividad de las ciudades, aislamiento y patologías de convivencia, incubación del crimen, abandono de viviendas, desmoronamiento de la gobernanza local, e hinchazón de la cartera vencida del INFONAVIT que anticipa una potencial crisis hipotecaria en México.  Cada nuevo desarrollo de vivienda, y cada nueva hipoteca otorgada en estas condiciones tienen un costo público que es ya inaceptable. El desastre es patente.

INFONAVIT debe parar, y de manera honesta y autocrítica, asumir una moratoria de vivienda. Debe plantearse su fusión con CONAVI, y la creación de una nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que revierta el caos, adquiera y gestione reservas territoriales y repueble las áreas centrales de las ciudades con viviendas verticales en polígonos de actuación urbana, en coordinación explícita con los gobiernos municipales, y en alianza virtuosa con empresas desarrolladoras. Implica, entre otras muchas cosas, cambiar la unidad de cuenta, y que la vivienda deje de ser un commodity.