Parques Nacionales, soberanía territorial perdida

En México el Estado ha sido particularmente débil en sus capacidades de gestión sobre el territorio nacional.  Una legalidad tradicionalmente hueca y desmadejada es una causa obvia. Le sigue nuestra peculiar historia agraria, que durante el siglo XX entregó frenéticamente en propiedad privada (ejidal, comunal, individual), casi la totalidad de nuestro territorio. Más aún, con reformas al Artículo 115 Constitucional en 1983, en un  arrebato de ansia federalista, el Gobierno Federal abdicó de toda facultad de regulación territorial y de uso del suelo en favor de municipios efímeros y minusválidos.  Núcleos agrarios se erigieron así, ante los municipios, como los verdaderos centros de poder territorial fuera de las ciudades; recordemos que detentan casi el 60% de la superficie terrestre de México.

Dado el desistimiento real del Estado a hacer valer intereses públicos frente a la propiedad  privada (ejidal, comunal o individual, todas son propiedades privadas), sólo las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han representado una voluntad real de reconstituir  soberanía y racionalidad en la gestión del territorio. Han sido manto tenue de cordura pública tendido sobre diferentes modalidades de propiedad privada y sus dinámicas e intereses. Desde luego, en desventaja. Casi la totalidad de las ANP en México son propiedad privada, como parques nacionales, reservas de la biósfera, áreas de protección de flora y fauna... La tensión entre lo público y lo privado es extrema y permanente; sólo se resuelve de tres maneras en favor de lo público: expropiación o compra, contratos y pagos a los propietarios para conservación, y regulación.

Visto de otra forma, el problema es típico de un país que se desgarra entre la modernidad de lo público y una anacrónica obsesión campesina. Miguel Ángel de Quevedo promovió decretos presidenciales para los primeros parques nacionales en los años 30 del siglo pasado, pensando en mantenerlos en el dominio público mediante expropiación. Lázaro Cárdenas, mientas tanto, los repartía o no pagaba las expropiaciones prometidas.  Más recientemente ha crecido el número y la cobertura de  ANP, pero ya sin la expectativa de comprar o expropiar la tierra. Se trata de ANP negociadas, que son instrumento de regulación territorial, y que ofrecen algunos magros mecanismos de compensación para los propietarios. A pesar de ello, y su grave precariedad presupuestal, un buen número funciona. Entre las que no, están antiguos parques nacionales quevedianos, objeto de saqueo forestal, explotación agrícola y ganadera, e ilegalidad: Nevado de Toluca, Izta-Popo, Zoquiapan, La Malinche, Pico de Orizaba, Nevado de Colima, Ajusco, Lagunas de Zempoala...

En países civilizados los parques nacionales son emblemas nacionales, propiedad del Estado, y casi objeto de veneración ecológica y cívica, además de una fuente  caudalosa de ingresos y oportunidades de negocios turísticos: Iguazú, Torres del Paine, El Calafate, Yellowstone, La Amistad, Tikal, Yosemite, Doña Ana, Banff. Aquí, no. Ni siquiera aspiramos a ello; preferimos degradarlos en su categoría, para hacer legal lo que antes era ilegal; es el caso del Nevado de Toluca.  Así, desde la mediocridad y la resignación, México renuncia a tener parques nacionales en sus sitios icónicos; no tenemos las ganas, nos parece muy difícil, y  no queremos asignar el dinero necesario  (lo más importante en la agenda ambiental el país, la CONANP, ¡recibe sólo el 1.7% del presupuesto de SEMARNAT!).

Debemos exigir que en los parques nacionales y otras ANP, en vez de recular, el Estado empiece a recuperar la soberanía perdida sobre el territorio. Las ANP  críticas  deben ser expropiadas en la medida que sea indispensable, a partir de un Fondo Nacional Territorial para la Conservación, multiplicarse el presupuesto y las capacidades de la CONANP, y crearse un cuerpo especializado de Policía Federal para su custodia.

Oaxaca, Chiapas, Guerrero... incubadoras de pobreza

Los países ricos y desarrollados en el mundo son países plenamente urbanizados (también, en lo ambiental, tienden a ser los más sostenibles). Todos los países pobres son eminentemente campesinos. Esto se replica a escala sub-nacional; en México, los estados más pobres y rezagados poseen una población mayoritariamente rural, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Las correlaciones en este sentido, tanto a escala internacional como de entidades federativas son estadísticamente muy significativas; y no sólo son correlaciones, hay una profunda  causalidad entre pobreza,  población rural y destrucción ecológica; y entre ingresos altos, urbanización y sustentabilidad.

Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados más pobres del país, tomando como medida simple el PIB per cápita, o bien índices de marginalidad o de desarrollo humano. El 64% de la población oaxaqueña vive en asentamientos menores a 15 mil habitantes, el 61% en Chiapas, y el 53% en Guerrero. Representan la mayoría de los pobres extremos existentes en México, y actúan como verdaderas incubadoras de pobreza en nuestro país, donde ésta se transmite de manera inter-generacional. Las políticas asistencialistas y re-distributivas, si bien pueden paliar  los apremios de la marginalidad, no resuelven el problema. Los programasOportunidades y Procampo, especialmente, la reproducen; han hecho perder  ímpetu en los últimos años a la reducción de la fecundidad  y al  proceso migratorio del campo a las ciudades, y con ello, al desarrollo económico y al abatimiento de la pobreza.

La vida rural de subsistencia ante fuertes presiones demográficas impide por definición el aumento de la productividad, única forma de elevar los ingresos de la población; las condiciones ecológicas conspiran contra ello: suelos pobres, ecosistemas frágiles, elevadas pendientes, escasez de agua, e imposibilidad  de llevar infraestructura y servicios a una población dispersa.  Además de sólidas dotaciones de capital físico y humano, elevar la productividad y los ingresos por persona en el campo implica por fuerza reducir considerablemente el número de trabajadores. Arraigar a la población en el campo, en estas condiciones, sólo crea una máquina de movimiento perpetuo fabricante de pobreza, y también de devastación ecológica. No es casual que Chiapas, Oaxaca y Guerrero presenten las tasas más elevadas de deforestación en el territorio nacional, trágicamente, siendo los estados con mayor biodiversidad. Poco ayuda en muchos casos la prevalencia de la propiedad colectiva de la tierra, matriz proclive a la tragedia de los recursos comunes y a la disipación de rentas, que impiden la acumulación de capital y  la inversión.

La pobreza y el colectivismo se asocian en esos estados a instituciones improductivas, orientadas a la búsqueda de rentas. Ejemplo palmario es la CNTE, que no por casualidad hunde sus raíces más profundas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La CNTE, como institución imbricada en las sociedades locales, en su ideología, creencias y visión del mundo, captura  a los propios gobiernos estatales para extraerles jugosas rentas, que la nutren y fortalecen. También inocula a los padres de familia, que contemplan resignados o participan en el atropello contra sus hijos. Se implanta en la ilegalidad, en el secuestro, la extorsión,  en el amague de violencia subversiva (el EPR), y en el adoctrinamiento a través del sistema educativo. El resultado es la destrucción del capital humano en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, las entidades federativas con la peor educación del país, que condena a los niños a bajos ingresos en su edad adulta, reproduciendo la pobreza (www.economist.com/teachers13).

Mientras no se incentive con eficacia la emigración del campo a las ciudades, y no se concreten cambios institucionales de fondo en el sector educativo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas seguirán siendo incubadoras de pobreza. No habrá presupuesto de política social que alcance.

Nevado de Toluca, tragedia de los Parques Nacionales

Desde el paroxismo cardenista de reparto agrario, el Estado renunció a ser propietario de tierras y fue abdicando de sus funciones de regulación sobre el territorio, creyéndolo sólo como una frontera de colonización donde materializar  arcadias campesinas imaginadas por la Revolución. Nada más lejano a Theodore Roosevelt (presidente visionario fundador del sistema de parques nacionales de los Estados Unidos) que Lázaro Cárdenas. Mientras Miguel Ángel de Quevedo creaba parques nacionales en el Nevado de Toluca, el Ajusco, la Malinche, el Pico de Orizaba, el Nevado de Colima, Tepoztlán, Chacagua, y otros más, el General Cárdenas creaba ejidos sobre las mismas tierras, entregando el incipiente sistema de parques nacionales mexicanos... en propiedad privada.

Como era de esperarse, fueron objeto de una minuciosa actividad de saqueo, sobre-explotación y destrucción. Para cualquier país que valore su identidad y su riqueza biológica y escénica, así como sus paisajes naturales más significativos, los parques nacionales deben ser un verdadero tesoro de identidad y orgullo, resguardado y abierto al disfrute colectivo con la misma determinación con que se resguardan y disfrutan los monumentos históricos. Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, todos los países europeos, y todos los demás países civilizados del mundo tienen una red más o menos extensa de parques nacionales de propiedad pública o del Estado. Fueron siempre de propiedad pública, o se compraron o expropiaron, dada su importancia para la conservación del capital natural e infraestructura ecológica de los países. Son verdaderos bienes públicos. En México no.

La mayor parte de los parques nacionales mexicanos han languidecido en el abandono, y han sido objeto de explotación intensa por parte de sus propietarios. La degradación es evidente,  a pesar de que de acuerdo a la legislación mexicana los parques nacionales son una categoría fundamental de nuestro catálogo de Áreas Naturales Protegidas (ANP),  que ocupan ya cerca del 12% del territorio nacional terrestre.  También, a pesar, de que las ANP constituyen el instrumento más importante y vital para la conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales y de los valores escénicos y paisajísticos más entrañables de la Nación.

En buena medida, las ANP de México sobreviven y se desarrollan en la precariedad, gracias al esfuerzo y compromiso heroico (sí, heroico) del personal que las atiende en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Todo ello, en un contexto de escasez de visión, ninguneo y marginalidad en la escala de prioridades de los altos funcionarios, y de miseria presupuestal. El presupuesto para las ANP y para la CONANP es sólo ¡el 1.7% del presupuesto total de SEMARNAT! - 1,000 millones de pesos - y se ha reducido notablemente en términos reales.

El Nevado de Toluca es un ejemplo arquetípico. Talado y deforestado, incendiado, plagado de actividades agrícolas y ganaderas irresponsables, contaminado por agroquímicos, saturado de construcciones infames, y erosionado a manos de sus propietarios al grado de que cárcavas gigantescas provocan el derrumbe de taludes. No se encontró mejor solución, en el escenario descrito, que hacer legal lo ilegal y resolver todo por el denominador más bajo, confeccionando un nuevo decreto permisivo que elimina la augusta figura de Parque Nacional y lo convierte en área de protección de flora y fauna, donde todo lo que hoy ocurre, se vale. ¡Sólo se mantiene el cráter como zona de conservación! Conformismo, resignación, mediocridad, renuncia, aceptación de impotencia, incuria... O realismo, argumentan. Es decepcionante. México merece parques nacionales (¿o no?) que deben estructurarse con base en expropiaciones y compras de tierras, regulación y vigilancia estrictas, y pagos por servicios ambientales  a los propietarios. Eso debe hacerse en el Nevado de Toluca.

Sí al impuesto al CO2, pero....

Se debe procurar gravar las cosas malas, no las cosas buenas, teniendo en cuenta que los impuestos también operan como incentivos o desincentivos. Los impuestos han de ser transparentes, equitativos, progresivos,  de fácil administración, y muy difícil evadirlos. Deben ser económicamente eficientes y políticamente viables. Los impuestos ecológicos deben ser realmente eficaces para reorientar conductas de actores económicos en problemas relevantes, y ofrecer un potencial recaudatorio importante para que valgan la pena desde una perspectiva fiscal. Para garantizar su legitimidad y racionalidad es preciso que se destinen (al menos en parte) a financiar proyectos esenciales para un desarrollo sustentable. Deben generar un doble dividendo, acoplados a una reducción en los impuestos al ingreso y al empleo que penalizan el trabajo, el ahorro y la inversión. Así, los impuestos ecológicos o verdes, en el contexto de una reforma hacendaria, pueden acercarnos a la sustentabilidad y al mismo tiempo hacernos más productivos, competitivos y capaces de generar más empleos y combatir la pobreza.

El nuevo impuesto al CO2 (ojo, no al "carbono") puede ser una gran iniciativa que inaugure una nueva etapa de política fiscal en México y de convergencia entre la política económica y las políticas ambientales. Sin embargo, para que en realidad lo sea, debe ser revisado en su planteamiento y alcances, a la luz de consideraciones como las señaladas arriba. Y por supuesto, es indispensable construir no sólo una robusta plataforma de argumentación teórica, sino una coalición política y de opinión pública suficientemente potente para asegurar su aprobación. Al impuesto CO2 deben asistirle tanto la razón técnica como la razón política. Por tanto hay varias condiciones que deben cumplirse:

Es obligada una explicación clara del nuevo impuesto de parte de SEMARNAT (o de quien sea ahora responsable de la agenda de sustentabilidad en el gobierno federal), que despeje escepticismo, ofrezca liderazgo y fundamente el impuesto desde una perspectiva de sustentabilidad. La segunda es eliminar la confusión que tiene la iniciativa entre CO2 y carbono. La tercera es que sea económicamente perceptible por los consumidores de combustibles fósiles (unos cuantos centavos por litro no tendrán ningún impacto ambiental apreciable); esto es aún más importante cuando persisten los subsidios a las gasolinas y al diesel, con un resultado neto incierto. La cuarta es que contribuya a financiar la conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas (como en Costa Rica) y la transición energética, en especial, energías renovables y transporte público. La cuarta es que, en el contexto de una reforma hacendaria, entre en tándem con la eliminación del impuesto sobre nóminas y con una reducción del ISR a personas físicas y empresas. La quinta es que la magnitud del impuesto se desligue del precio del CO2 en los mercados internacionales existentes, los cuales están en proceso de desmoronarse o son muy poco representativos; su magnitud debe definirse como decisión autónoma de acuerdo a necesidades y objetivos internos de política fiscal y de sustentabilidad. La sexta es que se anuncie una magnitud que será creciente a largo plazo, conforme aumente el precio sombra del CO2 en el mundo, y para que efectivamente implique un ajuste de fondo en las conductas de actores económicos. Séptimo y último, que no sea aplicable a los combustibles industriales, ya que afectaría innecesariamente a la competitividad de las empresas. Las emisiones del sector industrial son poco significativas en el inventario nacional, casi todas las grande empresas han adoptado prácticas de punta en materia de eficiencia energética y están sujetas a precios muy elevados de electricidad y gas natural, además de que no son relevantes en los problemas de calidad del aire en zonas metropolitanas. Así, sí.

DESARROLLO ECONÓMICO, URBANIZACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

Seremos hacia la mitad del siglo 9,000 millones de habitantes en el planeta, y 140 millones en México. En estas condiciones de presión demográfica, sólo el desarrollo económico y  la urbanización,  la biotecnología en la agricultura, y una eficaz política ambiental pueden ofrecer atisbos de sustentabilidad. Sorprende  a muchos, pero claramente hay una Curva de Kuznets (Simón Kuznets, Premio Nobel de Economía 1971) o "U" invertida entre el crecimiento de la economía y sus impactos ambientales; es decir, en las etapas de despegue éstos se exacerban, pero conforme crece el PIB per cápita llega un punto en que se revierten, cosa que ha ocurrido en la mayor parte de los países desarrollados.

La urbanización en los países desarrollados es muy alta y su población rural  es en promedio menor a 5%, lo que libera tierras de cultivo y pastoreo y reduce las presiones territoriales sobre los ecosistemas. De ahí que exista una alta correlación  entre PIB per cápita y aumento neto en la superficie forestada de los países (The Economist, Septiembre 14-20, 2013). La urbanización hace crecer la productividad por economías de aglomeración,  mayor acumulación de  capital humano, disponibilidad de capital físico y eficiencia en la provisión de servicios públicos. El incremento generalizado en la productividad de las personas que sólo es posible en las ciudades, eleva los ingresos y  abate la pobreza. Por ello existe una altísima correlación entre nivel de urbanización y nivel de ingreso per cápita en el mundo (Harvard Initiative for Global Wealth, 2008). Mientras tanto, se multiplica la producción de alimentos en una menor superficie, lo que limita la apropiación humana de la Productividad Neta Primaria del territorio, dejando espacio para ecosistemas naturales y otras especies. Esto se debe al escalamiento en los volúmenes de cosecha por hectárea gracias a la biotecnología. Estados Unidos, entre 1940 y 2010, expandió cuatro veces la producción de maíz en la misma superficie cultivada.

En las áreas montañosas más pobres del sur y sureste mexicano, que son también las regiones de mayor porcentaje de población rural, pobreza, biodiversidad y deforestación, los cultivos de subsistencia en laderas desmontadas para tal efecto rinden en promedio menos de una tonelada de maíz por hectárea al año; en Sinaloa, hasta 16.

En México promovemos el arraigo rural, la pobreza y la deforestación a través de los subsidios de PROCAMPO y PROGAN. También incentivamos el aumento en la fecundidad (número de hijos por mujer)  a través del programa Oportunidades. Bajo la influencia de estos programas de subsidio, el necesario descenso relativo en la población rural de México se ha prácticamente detenido. El porcentaje de población rural cayó de 70% en 1920, a 29% en 1980; pero sólo a 24% en 2010. Todavía nuestro país carga casi 27 millones de personas en el campo, que siendo el 24% de la población total generan menos del 5% del PIB nacional. Esa es la matriz estructural de la pobreza y de la desigualdad, al igual que de la deforestación.

Es preciso  superar catecismos de corrección política y  convertir al PROCAMPO y al PROGAN en instrumentos de combate a la pobreza y a la deforestación, eliminando la condicionante de "explotación" de la tierra y dando libertad a los beneficiarios para emigrar a las ciudades. Con la misma premisa, modificar Oportunidades para que sea un incentivo al trabajo, a la educación, y  a la emigración; y no, al aumento en la fecundidad, restableciendo políticas de salud reproductiva. En paralelo debe construirse  una  política sensata de asimilación migratoria en las ciudades, a la par que se lleve a cabo la ampliación y fortalecimiento sustancial de las Áreas Naturales Protegidas.

Riesgos climáticos y regulación del territorio

Un riesgo es una probabilidad de ocurrencia de algún acontecimiento pernicioso multiplicada por su costo estimado. En cuanto a eventos meteorológicos extremos como los que han azotado al territorio nacional en días pasados, las probabilidades de ocurrencia están fuera de las potestades humanas, aunque sabemos que su magnitud será creciente a lo largo del siglo de acuerdo a las proyecciones relacionadas con el cambio climático. Los científicos estiman que en amplias regiones geográficas del planeta aumentará la frecuencia e intensidad de tormentas, ciclones y huracanes, así como la concentración en el tiempo de volúmenes de precipitación pluvial.  No hay nada que hacer para evitarlo. Pero sí está dentro de las capacidades de la sociedad el reducir el costo de tales eventos meteorológicos extraordinarios, minimizando la exposición de la población; dicho de otra forma, reduciendo su vulnerabilidad. En México, es verdad que hemos avanzado en fortalecer mecanismos de respuesta y atención a situaciones de emergencia, pero, por desgracia, sólo,  casi literalmente, una vez que el niño ha sido ahogado.  El huracán Paulina que flageló al estado de Guerrero en 1997,  inundaciones catastróficas recurrentes en Tabasco y el Valle de México, y el nuevo episodio de la tormenta Manuel, lo hacen evidente.

El costo en daños materiales y sociales, y en vidas humanas ha sido astronómico. Su denominador común es el desorden en la ocupación del territorio en zonas urbanas y peri-urbanas ante la impotencia manifiesta de los gobiernos municipales de evitarlo. Y subrayamos gobiernos municipales, dado que ellos tienen las facultades constitucionales (Artículo 115) de regular el desarrollo urbano y el uso del suelo en sus jurisdicciones. El Gobierno Federal renunció a dichas facultades con las reformas de 1983,  y desde entonces ha carecido de atribuciones, prefiriendo dejarlas en manos de administraciones locales efímeras (sólo 3 años sin reelección), técnica y políticamente incapaces y frecuentemente corruptas. El resultado es funesto. Por un lado ocupación masiva de terrenos precarios y obviamente baratos y sin servicios, mediante invasiones y compraventas informales a núcleos agrarios. Por el otro, desarrollos masivos de vivienda minúscula y monotemática desplantados de manera discontinua, lejanos y desvinculados a las ciudades, y financiados con hipotecas y subsidios oficiales. Se trata de tierras con pendientes elevadas proclives a deslaves, cañadas y cauces que dan curso a grandes avenidas de ríos, llanuras de inundación natural, y humedales...  La planeación ha sido sólo un ejercicio estéril dada la imposibilidad de aplicar las regulaciones previstas en planes y programas de desarrollo urbano u ordenamiento ecológico (cuando existen). En realidad no hemos tenido política urbana. El Estado dio rienda suelta al desorden espontaneo del mercado formal de vivienda o de la simple necesidad políticamente manipulada. El Estado abdicó de una de sus responsabilidades fundamentales.

En materia de ordenamiento del desarrollo urbano, y también en lo que corresponde a la conservación de la biodiversidad, haber depositado facultades constitucionales absolutas en los municipios en la regulación del territorio y de los usos del suelo ha revelado ser una costosísima ficción política y un temerario y culposo celo federalista. El Gobierno Federal debe restablecer soberanía sobre el territorio nacional, terrestre, costero y marino. Sin ello será imposible una adaptación eficaz al cambio climático, replantear las políticas de vivienda, promover un nuevo paradigma de ciudades compactas y sustentables, y conservar la biodiversidad. Es preciso revisar el Artículo 115 Constitucional y fincar ahí un sistema funcional de concurrencia entre el Gobierno Federal, estados y municipios en la ordenación del territorio urbano y rural, y dotar a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) de las capacidades necesarias para ello.

Más activismo judicial, menos política pública

Ante la retirada  de SEMARNAT, que virtualmente ha abandonado el escenario (anticipando tal vez su desmembramiento), llama la atención la emergencia del Poder Legislativo como relevo o sucedáneo en la asunción de liderazgos en el desarrollo de nuevos instrumentos de protección ambiental y de recursos naturales. Así se percibe la recientemente promulgada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, promovida desde el 2010 por el entonces Senador (hoy Diputado por el Partido Verde) Arturo Escobar. Su entrada en vigor apenas hace algunas semanas empieza a generar fuertes expectativas sobre su alcance, inquietudes sobre sus implicaciones para diversos actores económicos, y dudas fundadas sobre las capacidades de SEMARNAT para hacer efectivo su cumplimiento. Se trata de una pieza legislativa de gran visión, que bajo el concepto de Responsabilidad Ambiental, aloja nuevos y poderosos instrumentos para modificar conductas que tienen impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

La esencia de la ley es una tríada: reparación del daño ambiental, compensación, y sanción económica, acoplada a procedimientos penales. Se obliga a la reparación del daño ambiental, hasta recuperarse el estado base del medio ambiente, a personas físicas y morales responsables; en caso de no ser posible, se impone la compensación en el sitio o en otro ecosistema en condiciones de equivalencia. En presencia de dolo, se impondrá una sanción económica que puede llegar en la actualidad a los 40 millones de pesos; siempre se contempla responsabilidad solidaria con  contratistas y empleados por parte de los propietarios o ejecutivos directamente involucrados. Lógicamente, se exime de responsabilidad a quienes hayan declarado impactos ambientales a través del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y los hayan mitigado conforme a las condicionantes específicas establecidas por la autoridad. Por cierto, obliga a SEMARNAT a diseñar y a expedir Normas Oficiales Mexicanas para la determinación y cuantificación de los daños ambientales, lo que será técnicamente muy complejo.

Algo muy importante, es que la Ley concede derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente  reparación, compensación o sanción económica, a cualquier persona física vecina de una comunidad afectada, a cualquier ONG legalmente constituida en los últimos tres años, a PROFEPA, y a las procuradurías ambientales estatales. Esto, ante las propias procuradurías ambientales,  y  ministerios públicos en lo que corresponda a actos administrativos, procedimientos judiciales y penales, Ley de Amparo, o bien, mecanismos alternativos de solución de controversias. La Ley también plantea la creación de juzgados especializados, y que los recursos generados por sanciones económicas vayan a un Fondo de Responsabilidad Ambiental para financiar la reparación y compensación en casos de urgencia, cosa que haría SEMARNAT. Los responsables estarían obligados a asumir el costo y a pagar con posterioridad.

Muy notable en esta Ley de Responsabilidad Ambiental es su pretensión de extender múltiples vasos comunicantes hacia otras leyes relevantes, modificándolas e introduciendo en ellas los mecanismos de reparación, compensación y sanción económica previstos. Así, modifica a la  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  la Ley General de Vida Silvestre, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, el Código Penal Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley General de Bienes Nacionales.