All Inclusive o Política Turística

El turismo en México camina con dos patas o   instrumentos de política: promoción turística, y nuevos polos integralmente planeados. El primero es esencialmente propaganda y mercadotecnia dirigida de manera muy especial a los mercados internacionales. El segundo, más serio, se ha enfocado a la inserción de enclaves territoriales de infraestructura  y desarrollo inmobiliario a través de FONATUR, como son los casos de Cancún,  Huatulco, Loreto, Los Cabos, e Ixtapa, y ahora, Playa Espíritu, Costa Capomo y Marina Cozumel. Desde luego, se han tratado de aprovechar las espléndidas ventajas comparativas de México, que conjuga un litoral de diversidad y belleza escénica casi sin rival en el mundo, clima confortable todo el año, y proverbiales riquezas culturales e históricas. El mercado turístico global es astronómico. Nuestro país ha logrado captar cerca de  25 millones de visitantes al año (décimo lugar en el mundo), que se traducen en casi 12 mil millones de dólares  de flujo en cuenta corriente. El   turismo es el tercer sector más significativo en la economía nacional por generación de divisas, y hace posibles más de 6 millones de empleos. Abre oportunidades económicas sin paralelo para México, que sin embargo van a frustrarse si no hacemos una re-ingeniería a fondo en materia de instituciones y de política

El mantra en el sector es aumentar el número de visitantes al año, no importa que el gasto per cápita decline. Crecientemente México se convierte en un commodity, que ofrece sol y playa en una fórmula masiva all inclusive, aplicada por hoteles cada vez más monstruosos y de pésimo gusto que saturan y vulgarizan nuestros litorales, degradan la calidad del producto turístico ofrecido, y matan a las pequeñas empresas mexicanas prestadoras de servicios. Competimos en precio con decenas de destinos similares en el mundo; cada vez más visitantes, más baratos (en todos sentidos), con márgenes y efectos multiplicadores cada vez menores en las economías regionales y nacional. También, con impactos ambientales intolerables sobre selvas y ecosistemas costeros. A la fórmula all inclusive, por cierto, le queda un tramo ya corto que recorrer antes de  desplomarse, especialmente, en el Caribe Mexicano, una vez que lleguen la democracia y la libertad a Cuba junto con torrentes de inversión extranjera y millones de visitantes. Será un polo formidable de atracción turística, con el cual será muy difícil competir en términos de volumen y precio.

El turismo, más que como un sector económico en sí mismo, se desenvuelve como una densa red de actividades inter-conectadas a infraestructuras diversas, bellezas paisajísticas, calidad ecológica y conservación de la biodiversidad, áreas naturales protegidas, espacio público digno y estimulante, activos históricos y culturales,  servicios públicos de calidad (transporte, agua, manejo de residuos), seguridad y legalidad, alojamiento y atención de alta calidad para diferentes estratos de gasto, y pequeñas y medianas empresas. Claramente, son cosas que dependen de varios órdenes y entidades de gobierno en nuestra abigarrada arquitectura de facultades institucionales. ¿Qué hace la pobre Secretaría de Turismo en esta torre de babel, además de afiches y videos, y de convocar a múltiples cónclaves de notables? Casi nada; carece de facultades, visión y presupuestos. FONATUR en lo suyo, sembrando nuevos enclaves territoriales que tendrán un determinado ciclo de auge (en su caso) y decadencia.

Parece obvio que la fórmula y la visión deben cambiar, junto con las instituciones de gobierno a cargo de la promoción y el desarrollo turístico. Es preciso adoptar una perspectiva territorial difusa o extendida, a partir de programas regionales integrados. FONATUR y SECTUR deben fusionarse plenamente, en un organismo capaz de incidir en los sistemas de gobernanza local para ofrecer buenos servicios públicos e infraestructuras,  gestión de los espacios públicos, recuperación de pueblos y centros históricos y de playas y áreas urbanas, y ordenamiento y regulación de los usos del suelo, cosas en que los municipios fallan estrepitosamente por razones conocidas. Es irracional pretender construir nuevos enclaves o desarrollos mientras decaen y se degradan otros, o peor, mientras se desaprovechan activos turísticos regionales de gran potencial, como las costas de Oaxaca, Jalisco y Nayarit,  Acapulco y sus inmediaciones, y las costas y puerto de Veracruz, entre otros muchos.

¿Esto es #YoSoy132?

Imágenes de Plaza de la República (Monumento a al Revolución) donde presuntos integrantes del movimiento #YoSoy132 hicieron manifestaciones y tienen un campamento. Es indignante el vandalismo y maltrato a la plaza y monumento histórico recién restaurado así como al espacio público. Dentro de las protestas legítimas esto nunca debería ocurrir.

Días de Campaña

Estos días han sido días de lucha contra la demagogia, contra los políticos viciados, contra los medios cooptados por la trivialidad. Días de frustraciones y desencantos, pero mucho más de encantos y motivaciones. Días de colaboración entre el intelecto, el ego y la pasión. De citas con los lentes de las cámaras, con los ojos incrédulos de niños, y con el rugido de jóvenes impacientes. Han sido días de foros vacíos y de plazas abarrotadas, de protocolos eternos y de abrazos fugaces. También han sido días de sol y de lluvia, de paisajes enteros deforestados y de campos sembrados, de casas clonadas que destrozan el derecho a la ciudad y de pobreza obligada por la ceguera y el poder. Han sido días de nudos en la garganta y de asombro ante la determinación y la perseverancia. Días de lealtades, difamaciones y sones, días de basureros y transportes infames, y de conjuros tan reales como quien los desea.

Si nunca hubiera sido candidato a la presidencia nunca hubiera habido esos días. Quizá nunca hubiéramos hablado de derechos individuales, de eliminar los subsidios a los combustibles, de evaluación de agentes de la educación ni de muchas cosas más. Quizá nunca hubieras apoyado mis ideas o nunca hubieras estado en contra de ellas. Por eso hoy nuestra democracia es más rica, más tuya. Estos días fueron el comienzo de algo evidentemente positivo y necesario; hemos reinventado como reinventar a México. Creo que estas fotos son testigos de este comienzo, y que las ideas y el trabajo de estos días serán las bases de los liberales mexicanos del siglo XXI. No recordaré estos días como lo que fueron, los recordaré como lo que serán.

La degradación de la palabra, por Enrique Krauze

"There is no arguing with a mood". Bertrand Russell.

El ciberespacio mexicano ha contraído un virus: Alejandro Rossi lo llamó "corrupción semántica". La indignación política se desfoga en una violencia verbal incompatible con los instrumentos propios de la racionalidad: la argumentación, la fundamentación, la persuasión, la coherencia, la claridad. En espera de que un filósofo del lenguaje estudie el fenómeno, intento una tipología provisional.

La variante más sencilla y común es el insulto. También es la más pobre, patética e inofensiva, porque revela la impotencia del emisor (y doble impotencia, por tratarse en general de emisores anónimos). A la misma familia corresponden la descalificación y la agresión racista. Ni siquiera necesitan 140 caracteres. Pertenecen al mundo gástrico, no al mental. Se escriben con bilis.

En la siguiente escala está el comentario maniqueo que, por definición, coloca al emisor en el papel del "bueno" y a su víctima cibernética en el papel del "malo". Este cibernauta binario no distingue matices ni colores: es daltónico. Supongo que el origen de esta distorsión es religioso, pero en su variante geométrica proviene de la Revolución Francesa: ésta es la izquierda que salva y se salva, ésta es la derecha condenada al infierno. Y la "derecha" es un costal en el que caben todos: conservadores, liberales, socialdemócratas.

Emparentada con la anterior está la pomposa manía inquisitorial: el cibernauta que se erige en Juez del Tribunal de la Santa Inquisición (o en Comité de Salud Pública, que es lo mismo) para condenar a la hoguera (la guillotina) a quienes no piensan como él. Quienes practican (o, más bien, padecen) este mal incurren en una petición de principio: parten de una autoproclamada superioridad moral.

Una variedad más compleja y generalizada está expresada en una frase de Lenin: "No pregunte si una cosa es verdadera o no; pregunte sólo: ¿verdadera o no para quién?". Según esto, nadie piensa de manera autónoma sino siempre en función de intereses materiales. Pero si todo pensamiento está determinado por una adscripción social o económica, no existe el azar, la libertad, la verdad objetiva, las leyes científicas. Se trata de un pensamiento contradictorio porque la perentoria frase de Lenin implica la afirmación de una verdad no relativa. ¿Desde dónde emiten esa Verdad sus detentadores? Desde una supuesta "representación" del pueblo oprimido. Lo cual recuerda la sentencia de Groucho Marx: "El poder para el pueblo significa el poder para los que gritan el poder para el pueblo".

Quizá la más maligna variante del virus (muy esparcida) es la teoría de la conspiración. Todo lo que ocurre es obra de un complot tenebrosamente urdido por las fuerzas del "no pueblo" contra el pueblo. Ese pensamiento gaseoso tiene un efecto alucinógeno: hace creer a quien lo inhala que "él es clarividente", que "él sí sabe cómo está la cosa", y que por tanto no necesita descubrir pruebas empíricas, descender a los casos concretos. Trasmitido por maestros con aureola de taumaturgos, el virus conspiratorio hace presa fácil de los jóvenes pero tiene adictos en todas las edades.

Y queda la simple y llana mentira, la falsificación que repetida una y otra vez toma fuerza propia. Es la propaganda, y sobre ella Leszek Kolakowski contaba esta parábola: "Dos niñas corren en un parque. La que va detrás grita desaforadamente: ¡Voy ganando!, ¡Voy ganando! De pronto, la de adelante abandona la carrera y se refugia en los brazos de su madre, sollozando: 'no puedo con ella, mamá, siempre me gana'".

Hay especies que cubren el ciberespacio que no deben confundirse con el virus de la corrupción semántica. Me refiero a la denuncia y al repudio, sobre todo si tienen fundamento y son expuestas con seriedad y elemental civilidad. Pero una cosa es indignarse y otra es lanzar una ráfaga asesina disfrazada de "argumentación". El ciberespacio es una efímera ciudad de palabras e imágenes, una plaza sin leyes ni convenciones, una comunidad anárquica que poco a poco debe irse autorregulando. De no hacerlo, corre el riesgo de vaciarse: de contenido, de visitantes, de interés.

Su mayor peligro es la degradación de la palabra pública bajo el factor aglutinante del odio. Odio personal, odio de clase, odio ideológico, odio racial, odio teológico. El odio al otro, a lo otro, a quien piensa distinto. Por fortuna, el odio no ocupa -ni siquiera ahora- la totalidad del ciberespacio, cuya naturaleza sigue siendo la de una vertiginosa e igualitaria conversación. La gente entra a Twitter -me consta- con ganas de saber, de dialogar y hacer contacto con otra persona. Es un antídoto contra la soledad, un café virtual, una cantina divertida y loca. Pero en un rincón de esa cantina hay unos sicarios con pistolas verbales. Y uno se pregunta cuándo las desfundarán, no en el ciberespacio sino en el espacio.

DERECHO A LA CIUDAD, VIVIENDA Y POLÍTICA URBANA

Una de las responsabilidades indeclinables del próximo gobierno es reconstruir una  institucionalidad eficaz de política urbana y de vivienda, o más bien, de ciudades. México es un país eminentemente urbano. Tres cuartas partes de la población vive en ciudades (asentamientos de más de 15 mil habitantes), y más del 50% en ciudades medianas y grandes urbes. Hacia la mitad del siglo, un porcentaje superior al 90% de los mexicanos vivirá en ciudades. Lógicamente, el destino del país se juega en sus ciudades: la calidad de vida de una inmensa mayoría de población, la fortaleza y densidad del tejido social, y la sustentabilidad y competitividad de la economía nacional, al igual que el verdadero ejercicio de derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la seguridad ciudadana,  a la vivienda, a servicios públicos de calidad, al espacio público, a la cultura, al deporte, a la recreación, y  a las telecomunicaciones del siglo XXI (banda ancha e internet).

La disminución de la pobreza dependerá también de la dinámica urbana y de la capacidad de inclusión social en las ciudades, que seguirán recibiendo, lógicamente, un flujo caudaloso de migrantes provenientes del campo. A veces olvidamos, o queremos olvidar, que el desarrollo económico, la sustentabilidad, y el abatimiento de la pobreza son inherentes a una urbanización plena. En un país de 140-150 millones de habitantes (hacia el 2050), y ecológicamente frágil,   ciudades grandes, compactas y diversas son la solución territorial más eficiente. Economías de escala y de proximidad, empleo en manufacturas y servicios, múltiples oportunidades empresariales, y menores costos per cápita de provisión de infraestructura  y de seguridad, permiten mayor productividad, y por tanto, mayores ingresos. La eficiencia energética de ciudades grandes, densas y compactas (por la factibilidad de movilidad colectiva y no motorizada, y edificaciones verticales) se relaciona con una menor huella ecológica, mientras las altas densidades liberan espacios para la conservación de la biodiversidad y paisajes naturales en el resto del territorio nacional.

Sorprendentemente, al tiempo que México carece de una política nacional para sus ciudades,  opera en nuestro territorio un mecanismo perversamente eficaz de desintegración de la estructura urbana del país. Se trata del sistema de vivienda para los trabajadores operado por INFONAVIT y otros organismos de vivienda, donde la localización exo-urbana de desarrollos habitacionales es decidida por las empresas manufactureras (sí, manufacturan casitas en serie y  a gran escala) de vivienda infinitesimal dispersa por potreros, llanos y cerros, en el suelo más barato posible. El costo social, urbano, ambiental, personal y familiar es astronómico, como lo hemos documentado repetidamente en esta columna, y recientemente, de manera vivencial, en la concluida campaña presidencial.

Hacer vivienda es hacer ciudad, aunque lo hayan ignorado los últimos gobiernos. Y no vale como contrición tardía, cosmética y errónea el concepto oficial de DUIS (Desarrollos Habitacionales Integrales Sustentables), que derrocha ironía, y  por lo demás, relativamente insignificante.

El siguiente gobierno tiene el gran desafío de reconocer el pasivo, y de enmendarlo, de asumir el derecho a la ciudad, y el hecho de que el instrumento clave (y casi exclusivo) del gobierno federal para incidir en las modalidades del desarrollo urbano es el crédito hipotecario a la vivienda. Este (al menos el de INFONAVIT) debe quedar integrado a una política de ciudades, idealmente en una nueva Secretaría de Ciudades y Vivienda compartida con la actual CONAVI y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de SEDESOL (sin más burocracia). Implica un banco de tierra intra-urbana construido por medio de convenios, compras y expropiaciones de predios vacantes, baldíos, o subutilizados, financiado con nuevos recursos públicos; fusión de predios; licitación de proyectos urbanos de vivienda y servicios en polígonos de actuación; vivienda urbana en renta; y crédito masivo a vivienda  usada, y a la densificación y auto-construcción en barrios populares. Se trata de una re-ingeniería relativamente sencilla de la administración pública federal y del modus operandi del INFONAVIT, de políticas urbanas visionarias y eficaces, de asignar recursos para el banco de tierra (procedentes de la eliminación de subsidios a los combustibles), y de activar a las empresas desarrolladoras  para aprovechar  fuerzas re-codificadas del mercado inmobiliario.

Ahora, ver hacia adelante...

México exige mirar ya a lo que sigue, al frente. Un nuevo gobierno dividido como el que se anticipa, plantea a los políticos la disyuntiva entre mantener a nuestro país sin proyecto nacional y a la deriva, o por fin, colocarlo en un carril directo de desarrollo acelerado y sostenible para la primera mitad del siglo XXI. Lo primero implicaría una peligrosa decepción con nuestra democracia, y onerosos costos sociales, desempleo, más pobreza, y oportunidades perdidas. Es inaceptable. Lo segundo implica patriotismo verdadero, generosidad y visión, capacidad de diálogo y negociación, y desde luego, nuevos liderazgos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, en los propios partidos políticos, en la sociedad civil, en los sindicatos, y en los medios de comunicación.

La izquierda debe reconstituirse aprovechando los espacios ganados y el eclipse final del populismo mesiánico; Marcelo Ebrard, Miguel Mancera, Manuel Camacho, Graco Ramirez, Arturo Nuñez, y las corrientes más civilizadas del PRD pueden ahora construir un partido  socialdemócrata, moderno y ceñido por la legalidad. A Enrique Peña Nieto (EPN) y a su partido, les toca de manera indeclinable, tejer acuerdos y hacer un gobierno incluyente, plural, competente  y meritocrático. El próximo secretario de gobernación debe ser una pieza clave, desde ahora, en la conducción política de la reformas estructurales: energética, laboral, fiscal (incluyendo eliminación de subsidios a combustibles), política, y educativa. De hecho, las cuatro primeras habrían de pactarse y promulgarse antes del primero de diciembre. Es preciso que el PAN, con lealtad a sí mismo y al país, se sume, así como los segmentos más visionarios del resto del espectro político representados en el Congreso. La reforma por la calidad educativa debe lanzarse el primer día del nuevo gobierno, a través  de un gabinete encabezado por el secretario de gobernación, responsable de coordinar a los titulares de educación, trabajo, hacienda, y seguridad pública,  desde luego, comprometiendo con firmeza a la dirigencia magisterial.

La lucha contra la delincuencia ha de pasar a una nueva etapa, con mayores capacidades de inteligencia y combate al lavado de dinero, fuerzas especiales de élite, y estrategias regionales diferenciadas. EPN debe asumirse como adalid en la edificación de una policía federal de clase mundial, y en la creación de mandos únicos policiacos en cada entidad federativa, disolviendo o incorporando a las policías municipales. Debe asimismo empeñarse en que se implemente a fondo la reforma penal en todos los estados antes del 2016.

Consolidar los avances recientes en materia de competencia en telecomunicaciones debe ser otro de los puntos centrales de la agenda para EPN, así como extender y explotar al máximo la red de fibra óptica de la CFE, para lograr cobertura total de banda ancha en el país, como nuevo derecho social. Igualmente lo son resolver a largo plazo los pasivos laborales del sector público, y avanzar hacia un sistema universal de protección social, y de calidad y convergencia entre los tres sistemas existentes (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular). El programa Oportunidades debe ampliarse para combatir con eficacia la pobreza extrema, re-incorporando políticas de planificación familiar. Turismo, cultura, y deporte, exigen cambios sustanciales, tanto en el diseño institucional como en políticas públicas sectoriales. Es vital una verdadera política industrial que permita ensamblar  cadenas de valor en clusters regionales, acoplada a una nueva institucionalidad en ciencia y tecnología. Igualmente lo es,  emprender proyectos estratégicos de infraestructura hasta ahora aplazados, como factores de desarrollo y señal de capacidad política y certidumbre; tal es el caso del nuevo aeropuerto en Texcoco, y de un tren de alta velocidad del DF al  Bajío y Guadalajara. México exige recuperar su liderazgo en el contexto internacional,  re-lanzar una política exterior de principios que realmente sirva a los intereses del país, promover la integración con Centroamérica y con la Alianza del Pacífico,  negociar un acercamiento económico con China, y  aprovechar plenamente el TLCAN.

Una prioridad absoluta es revertir el desastre urbano causado por los organismos de vivienda, sujetando al INFONAVIT a nuevas políticas dentro de una nueva Secretaría de Ciudades y Vivienda, junto con CONAVI y el área de desarrollo urbano de la actual SEDESOL.

El desarrollo económico debe asegurar una sólida dimensión de sustentabilidad, incorporando en la actual SEMARNAT a la promoción decidida de las energías renovables, así como a una nueva Agencia Mexicana de Mares y Costas, al tiempo que se fortalecen las políticas de regulación ambiental y en materia de agua,  conservación de la biodiversidad, y cambio climático. El campo demanda una nueva reforma agraria del siglo XXI, ahora para la competitividad y la sustentabilidad, en donde el desarrollo tecnológico eleve la productividad por hectárea, se compacten  minifundios, se conserve el agua, y se evite la deforestación rediseñando  los subsidios de PROCAMPO y PROGAN.

Atrás ha de quedar la política populista, facciosa y sin contenidos, que traiciona a nuestra democracia.  El reto es formidable. México puede y debe asumirse como potencia emergente, y ser un país desarrollado y  sustentable, en una generación.

RESPUESTAS QUE PODRÍAN TRANSFORMAR A MÉXICO

Gabriel Quadri de la Torre

Candidato del partido Nueva Alianza a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos 

¿Qué Estado queremos los mexicanos? 

Esta es la interrogante principal que subyace al conjunto de preguntas planteadas en el documento público del 27 de marzo de 2012 (http://ciudadanosenred.com.mx/sites/default/files/user6/desplegado2.jpg).

Sin ser exhaustivas, buscan respuestas para una ciudadanía cansada de una clase política fragmentada y dividida y de la carencia de políticas de Estado. Hemos manifestado públicamente la conveniencia de introducir al debate asuntos estratégicos e ineludibles para el futuro de México. Temas como el destino de las ciudades, la biodiversidad en tierra y mares, y la soberanía y sustentabilidad energéticas del país. De ahí que, además de fijar una posición inicial, proponemos visiones concretas de política pública y cambio institucional para que la ciudadanía conozca las ideas de todos los candidatos presidenciales al respecto. Las demandas ciudadanas insatisfechas exigen que no retrasemos más las reformas estructurales. Han de construirse con base en liderazgo y diálogo teniendo como objetivos prioritarios que México sea un país próspero, con seguridad ciudadana, educación de calidad y sustentabilidad.

Es evidente que los ciudadanos no sólo exigen a los políticos fijar una posición frente a un conjunto de temas relevantes, sino un compromiso para revisar y rediseñar las instituciones del Estado mexicano, a partir de programas y políticas públicas viables. En mi candidatura presidencial por Nueva Alianza sostengo que los proyectos para reformar el Estado mexicano deben cimentarse en tres premisas básicas. En primer lugar, se debe garantizar la gobernabilidad democrática, porque el cambio que impulsamos parte de la necesidad de re-institucionalizar y no de desestabilizar; en segundo término, es preciso ampliar y defender las libertades y los derechos ciudadanos plenamente; y, finalmente, la campaña electoral como la elección misma, deben servir para que la sociedad participe en este debate sobre el futuro de México y no solo para que candidatos y partidos le pidan su voto sin reflexión. En resumen, no se trata de quién o qué partido gane las elecciones, sino qué proyecto de Nación obtiene el respaldo de los ciudadanos.

A continuación respondemos, de manera sucinta, al cuestionario público que nos han dirigido a los contendientes por la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que podremos ampliar y deliberar con mayor alcance en el foro que para tal fin han propuesto.

PREGUNTAS CUYAS RESPUESTAS PODRÍAN TRANSFORMAR A MÉXICO

I. Seguridad, ejército, policía y Ministerio Público


1. ¿Estaría de acuerdo en mantener al ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta función, y en crear una policía nacional que sustituya gradualmente a las policías estatales y a las municipales? 
Sí, estoy de acuerdo en mantener al ejército en tareas de seguridad pública mientras construimos una Policía Federal de clase mundial (con todo lo que ello implica), desaparecemos las policías municipales y construimos el mando único en las entidades federativas, con una coordinación basada en el rediseño institucional en esta materia. En otras respuestas se ofrecen más detalles.

2. ¿Qué en concreto haría realmente distinto de lo que se hace hoy?
Promover e impulsar una cultura de legalidad ciudadana desde la educación básica; dignificar social y económicamente a las fuerzas de seguridad pública; crear la Cédula Nacional de Identidad con datos biométricos infalsificables; desarrollar un Registro Nacional de Vehículos con las tecnologías más modernas; instrumentar la Reforma Penal a fondo antes de 2016 en todo el país; e, impulsar un debate formal para encontrar mecanismos de regulación de las drogas y de atención a las adicciones como problema prioritario de salud pública.


3. ¿Estaría de acuerdo en crear una secretaría de las fuerzas armadas bajo mando civil, y una secretaría de Estado que se ocupe de todas las fuerzas civiles y tareas de seguridad sin funciones políticas? 
Sí, a partir de las premisas señaladas y, sobre todo, garantizando que la procuración de justicia esté exenta de presiones e intereses políticos o electorales.

4. ¿Estaría de acuerdo en consolidar la autonomía de la PGR, nombrando a su titular por un plazo fijo y cediendo la potestad presidencial para removerlo libremente, así como establecer la autonomía de gestión del Ministerio Público en todos sus niveles?
Sí, sobre la base de las premisas señaladas y como elemento fundamental de la Reforma Penal, incluyendo mecanismos de control que eviten una concentración de poder derivada de esa autonomía relativa y dotando al Ministerio Público las capacidades técnicas indispensables para ello. Transparencia y corrupción.

5. ¿Estaría de acuerdo en simplificar la presentación de la información pública bajo los lineamientos dictados por un grupo de expertos independientes?
Sí. Siempre que se recupere la experiencia obtenida por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y sobre criterios de eficiencia en la gestión.

6. ¿En publicar en internet todo pago que se realice y toda factura que se reciba en las dependencias del gobierno a su cargo y a promover esa misma transparencia en todos los demás órdenes de gobierno? 
Sí, y adicionalmente propongo un mecanismo ciudadano de seguimiento y escrutinio sobre el gasto público a nivel federal, estatal y municipal. Rendición de cuentas

7. ¿Estaría de acuerdo en dar a la Auditoria Superior de la Federación, y en su caso a la Secretaría de Hacienda, las facultades y/o capacidades reales necesarios para auditar y fiscalizar los fondos federales, incluyen el Ramo 33, que se transfieren a los estados, en volver fiscalizables y transparentes también todos los recursos entregados a terceros, en particular a sindicatos públicos, partidos políticos, organismos autónomos y los otros Poderes de la Unión? 
Sí, y adicionalmente dotaría de competencias y decisiones vinculantes efectivas al IFAI. Impulsaría, además, las propuestas que actualmente formula la Red por la Rendición de Cuentas que coordina el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En esta candidatura presidencial por Nueva Alianza estamos de acuerdo con el conjunto de planteamientos que se presentan, bajo las siguientes consideraciones: La transparencia, la rendición de cuentas y los programas anticorrupción deben asumirse como medios y mecanismos institucionales para fortalecer la gobernabilidad democrática; ampliar la participación social y garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos; incrementar la eficiencia y la eficacia gubernamental; y mejorar la representación y representatividad de las organizaciones sociales y políticas.

Todos los organismos públicos e instituciones del Estado deben estar sujetos a un marco general obligatorio de transparencia y rendición de cuentas: los Poderes de la Unión, poderes locales y gobiernos de los tres niveles, organismos autónomos, dependencias y entidades públicas centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, así como toda empresa con participación estatal. Los poderes Judicial y Legislativo de la Unión deben acelerar su transición hacia formas y mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas, tanto de su gestión como del ejercicio de los recursos que les son asignados. Los partidos políticos deben estar obligados a transparentar y rendir cuentas no sólo por el ejercicio de los recursos públicos que se les asignan sino también sobre su gestión interna. Los sindicatos públicos deben estar obligados a transparentar el ejercicio de los recursos públicos que reciben y a rendir cuentas de su gestión en dos niveles distintos: por una parte, deben garantizar la absoluta transparencia ante sus agremiados por el ejercicio de los ingresos que reciben por concepto de cuotas sindicales.

En estricto sentido, las cuotas sindicales son hasta ahora recursos privados (cuotas de los trabajadores) trasladados a las organizaciones gremiales para su sostenimiento, por lo que los gobiernos sindicales deben responder ante los propios trabajadores por el ejercicio de dichos recursos. Tanto el ordenamiento sindical interno como el marco legal del país deben garantizar que los trabajadores tengan acceso a la información y cuenten con mecanismos de vigilancia sobre el ejercicio de los recursos que aportan a sus organizaciones gremiales. Por otra parte, los sindicatos públicos que reciban recursos directamente del Estado a través de convenios, fideicomisos o aportaciones especiales para fines específicos deben ser sujetos obligados por el mismo marco general de transparencia y rendición de cuentas que obliga a las instituciones del Estado, para informar sobre este tipo de recursos. La transparencia y la rendición de cuentas, así como los valores y las prácticas que ambos conceptos conllevan deben ser obligatorios también en el sector empresarial, en los medios de comunicación titulares de concesiones públicas y en las organizaciones de la sociedad civil. 

II. Educación


8. ¿Ampliar la jornada a 6.5-8 horas diarias? 
Sí, por supuesto, llevando a cabo los ajustes laborales y presupuestales necesarios, así como los programas indispensables de capacitación de docentes, equipamiento y nueva infraestructura escolar. Nuestra propuesta, incluso, va más allá y plantea impulsar decididamente el modelo de escuelas de tiempo completo; pero esa ampliación del horario o, incluso el modelo, quedaría reducido a una medida aislada si no desarrollamos un nuevo modelo educativo nacional que enriquezca los contenidos educativos para hacer realidad una educación integral.

En la educación se cifran las más altas expectativas de México: esperamos que en nuestras escuelas se forje a ciudadanos respetuosos de la legalidad y comprometidos con la democracia como forma de vida; se enseñen los valores que hagan posible una convivencia respetuosa, incluyente y digna; que impulse un desarrollo económico nacional sustentable en un mundo altamente competitivo; que genere una conciencia comprometida con el cuidado y la preservación del medio ambiente; que proteja la riqueza de nuestra diversidad cultural. Una escuela pública y de calidad que permita que la educación recupere su capacidad para promover la movilidad social; una educación que garantice la diversidad y el respeto a los derechos humanos con énfasis en los de la niñez, de las personas con capacidades diferentes y de los adultos mayores.

Todas estas y muchas otras expectativas buscan ser satisfechas en las escuelas. Por ello es necesario -más allá de acciones aisladas-, impulsar con la más amplia participación de todos los actores, una política de Estado en materia educativa y un nuevo modelo educativo nacional que se sustente en los principios del Artículo Tercero constitucional referidos a la educación pública de calidad, laica, gratuita y obligatoria.

 9. ¿Proveer a cada niño con una computadora asegurando la conectividad de banda ancha en cada escuela? 
Sí, pero es indispensable desarrollar los programas de formación continua y capacitación docente, procedimientos de mantenimiento de equipo e instalaciones, y cambio curricular que hagan efectivas estas medidas. Es preciso tomar en cuenta los errores, fracasos y deficiencias de programas como Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos. Uno de los componentes del nuevo modelo educativo debe ser el desarrollo de habilidades digitales, y para que ello sea posible las escuelas deben contar con adecuada conectividad y los niños y niñas con un equipo de cómputo personal. Esta vertiente tecnológica del modelo educativo que propongo lleva necesariamente a un cambio en el enfoque educativo para pasar de una educación centrada en el aprendizaje genérico a una educación que ponga en el centro de la atención al alumno y sus múltiples intereses educativos. Este cambio también requerirá de la transformación del rol del maestro y al impulso de comunidades de aprendizaje.

10. ¿Someter todas las plazas nuevas y liberadas de docentes, directores y supervisores a concurso y aprobar que la evaluación docente sea universal, obligatoria y periódica y que sólo los maestros certificados den clase? 

Sobre el sistema de ingreso, permanencia y promoción en el sistema educativo, por supuesto que deben ser concursadas todas las plazas no solo las de docentes y directivos sino también las de funcionarios de más alto nivel del sistema. Más aún, la evaluación requiere de un Instituto de Evaluación Educativa ciudadanizado -un IFE de evaluación educativa- y ésta debe ser integral. Evaluar sí los aprendizajes del alumno y el desempeño del magisterio; pero también evaluación de infraestructura, de la administración; del desempeño de todos los servidores públicos y de los indicadores de equidad y calidad de todo el sistema educativo nacional. Estoy a favor de la evaluación; pero debemos tener cuidado: la evaluación no es un fin en si misma; debe servir para incidir en las áreas de oportunidad.

Si no se cuenta con un verdadero sistema de formación continua, actualización, capacitación y superación profesional, la evaluación será un ejercicio estéril para mejorar la calidad de la educación pública. Por supuesto que la evaluación no debe en ningún momento significar la afectación de derechos de los docentes.

 11 ¿Entregar un Padrón Nacional Único de Maestros, eliminar todas las comisiones no educativas y resolver que no exista retención automática de cuotas sindicales?
Por supuesto que a este tema están unidas la rendición de cuentas, la transparencia y la necesaria participación social en la educación. Es fundamental conocer el padrón de trabajadores de la educación federales y estatales, disminuir las comisiones no educativas y encaminarnos paso a paso hacia un paradigma en el que prevalezca la decisión individual y la cotización voluntaria de los agremiados a los sindicatos. Sin embargo, creo que, en el contexto actual, debemos defender que los sindicatos sigan existiendo; que sean más eficaces y eficientes en la defensa de los derechos laborales, salariales y profesionales.

El tema de las cuotas está vinculado estrechamente con la legitimidad de la organización sindical y el grado de representatividad de sus dirigencias. La retención es un asunto “técnico” que realiza cualquier empleador (es usual en la iniciativa privada) como parte de un acuerdo con el sindicato y, por supuesto, con la autorización de los trabajadores afiliados. Lo importante, en último término, no es la “retención automática” sino los pasos previos y sus efectos: Afiliación voluntaria al sindicato, lo que implica aceptar el descuento correspondiente para el sostenimiento de la organización; la pertenencia a un sindicato y los beneficios que ello implica suponen un nivel mínimo de compromiso personal y responsabilidad colectiva.

Cumplimiento de la legalidad laboral y vigencia de prácticas democráticas en la vida interna de la organización; en otros términos, legalidad en la gestión y legitimidad de las dirigencias en toda la estructura del sindicato. Evidencia práctica, verificable y transparente, de que las cuotas sindicales se traducen en beneficio de los trabajadores en muy diversos ámbitos: defensa de sus derechos ante el empleador; asesoría jurídica permanente y de alta calidad; acceso a servicios de salud, prestaciones y seguridad social; desarrollo de iniciativas de índole sindical, profesional, socio productiva, cultural y editorial; mantenimiento y administración del patrimonio físico del sindicato. Inversión y crecimiento México necesita invertir, según los expertos, unos 80 mil millones de dólares más de lo que hoy invierte cada año para crecer al 6% anual.

12. ¿Qué acción concreta propone como mecanismo para generar y atraer ese volumen de inversión pública, privada y extranjera, incluyendo los sectores actualmente reservados de manera exclusiva o mayoritaria a mexicanos? 
Eliminar subsidios a los combustibles y transferirlos a inversión pública. Terminar con el monopolio en hidrocarburos y electricidad. Reformar el sector telecomunicaciones para propiciar la competencia y certeza jurídica. Reforma fiscal con IVA generalizado. Implantar un Flat Tax o tasa única que sea competitiva y transparente para empresas y trabajadores. Fomentar una educación de calidad para desarrollar capital humano y promover incubadoras empresas y empresarios en escuelas públicas. Una reforma laboral que dé flexibilidad al mercado de trabajo para facilitar la contratación y el acceso de mujeres, jóvenes y adultos mayores. Una reforma urbana que potencie el desarrollo de ciudades competitivas y sustentables. Una política industrial que desarrolle cadenas de valor integrando a pequeñas y medianas empresas mexicanas en clusters regionales. Una regulación ambiental transparente y eficiente.

13. ¿Considera usted que se debe impulsar la inversión privada a través de estímulos fiscales a las empresas? 
Sí, en el caso de producción conjunta de bienes privados y públicos por parte de las empresas; por ejemplo, en el reciclaje de envases y empaques como materiales secundarios para la industria, o, la integración de cadenas de valor con empresas locales y sistemas de apoyo tecnológico a las mismas, o bien, esquemas de capacitación de alumnos de escuelas públicas en empresas privadas. En todo caso, el mejor estímulo a la inversión privada es un sistema fiscal competitivo, el respeto a los derechos de propiedad y la certidumbre jurídica, un mercado laboral flexible, competencia económica, trabajadores con educación de calidad y alta productividad, y bienes públicos de calidad.

14. ¿Debería el gobierno tener una participación más activa en la inversión en infraestructura haciendo uso de la recientemente aprobada Ley de Asociaciones Público-Privadas? 
Sí, ya me he pronunciado al respecto, proponiendo proyectos concretos susceptibles de desarrollarse en el marco de esta nueva ley.

15. Si está de acuerdo, ¿con qué recursos y a cambio de qué otro gasto?
Con recursos obtenidos de una reforma fiscal incluyendo la eliminación de los subsidios a los combustibles. Lo anterior se complementaria con financiamiento de la banca de desarrollo, de la banca privada, de la bursatilización, de nuevos capitales de riesgo nacionales y extranjeros, y de organismos multilaterales. Además, se apostaría por una política industrial para desarrollar clusters regionales y producción conjunta de bienes públicos y privados para una economía verde. Empleo

16. Para crear el millón de empleos anuales que México necesita, ¿cuál de las propuestas de reforma laboral que están hoy en el Congreso rescataría? 
Ante todo, una reforma laboral que compatibilice los intereses de las empresas y los trabajadores y en la cual el gobierno cumpla con un papel mediador imparcial entre las partes. En este sentido, la reforma debe incluir los contratos flexibles, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la eliminación de la toma de nota de sindicatos, la eliminación de la simulación en relaciones laborales y sindicatos blancos, la desaparición del Apartado B del artículo 123 constitucional, la homologación de derechos, y la promoción de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos. Igualmente, una reforma que plantee gradualmente el tránsito hacia un sistema nacional unificado de Seguridad Social (salud y pensiones) y que resuelva problemas de sostenibilidad en pasivos laborales de sectores estratégicos. Ninguna de las iniciativas que actualmente duermen en el Congreso incluyen todos estos aspectos.

17. Si no está de acuerdo con ninguna de ellas, ¿cómo impulsaría la generación de empleo en el país? Resuelta en la pregunta anterior.

III. Impuestos, subsidios y exenciones

18. ¿Estaría de acuerdo en fortalecer la hacienda pública mediante la reducción de exenciones tributarias, subsidios a la electricidad y a la gasolina, así como mediante el aumento de impuestos? 
Sí, por supuesto. Lo he explicado ampliamente en diversos foros públicos.

19. ¿Considera necesario evitar que los ingresos públicos excedentes que de tiempo en tiempo se obtienen por, entre otros, altos precios del petróleo se utilicen para financiar el gasto corriente? 
Sí. 

20. ¿Considera usted que deberían ampliarse los fondos de reserva para mantener los niveles de gasto ante una reducción en dichos precios? 
Sí. Deben ser fondos de reserva de dimensión estratégica para hacer frente a situaciones no previstas sin desviarnos de las necesarias reformas fiscal y energética que, en México, tienen ir de la mano.

IV. Impuestos y seguridad social 

21. ¿Estaría de acuerdo en recurrir al fondo fiscal central para transformar el sistema de seguridad social actual basado en el empleo formal en uno de protección social para todos los mexicanos, aunque implique aumentar los impuestos?
Sí, a través de un proceso a largo plazo y de la reforma convergente en los sistemas de seguridad social. Todo ello con la finalidad de reducir los costos de contratación y aumentar el empleo y flexibilidad del mercado laboral. Es decir, crear empleos para aumentar la base de cotización formal (contributivo), de tal manera que el sistema sea preferiblemente autofinanciable.

V. Monopolios públicos

22. ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, garantice su rentabilidad como empresas y transparente su desempeño mediante la cotización en las Bolsas de Valores de México y Nueva York?
Nuestra propuesta hace hincapié en la apertura y la competencia. Incluso la inversión privada podría ser mayor siempre y cuando el Estado mexicano mantenga el control de la empresa en el Consejo de Administración (la mitad más uno de los votos).

23. Si no, ¿qué acción concreta propone para subsanar las ineficiencias operativas de estas empresas? Resuelta en la pregunta anterior "Sindicatos públicos".

24. ¿Estaría de acuerdo en suprimir la separación del apartado A y B del Artículo 123 constitucional, la cláusula de exclusión sindical, la "toma de nota", los sindicatos únicos en el sector público y la retención automática de cuotas sindicales de sus trabajadores por Hacienda? Sindicatos únicos, per se, ya no existen o más bien ya no se aplica la restricción legal que impedía la formación de más de un sindicato. Amparados en tratados internacionales y en resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical, muchos grupos sindicales en México han ganado en tribunales su reconocimiento y garantizado su derecho a organizarse libremente. De hecho ya existe jurisprudencia de la Corte en esta materia, y en lo últimos años se han registrado numerosos sindicatos.

En el sector educativo, por ejemplo, además del SNTE existen sindicatos tanto nacionales como estatales que han ganado su registro. Lo mismo ocurre en muchas otras dependencias como SCT, Sedesol, SS, Correos, INEGI, y un largo etcétera. Así que los “sindicatos únicos en el sector público” dejaron de ser un problema hace mucho. Hace falta modernizar/actualizar la legislación para regular la relación entre sindicatos de una misma dependencia o entidad, y entre ellos y la parte patronal. Estamos de acuerdo en suprimir el Apartado B –para eliminar la toma de nota, la cláusula de exclusión y devolver el derecho de huelga—, pero no es suficiente. También hay que eliminar tribunales de conciliación y arbitraje para sustituirlos con tribunales del poder judicial; exigir elección democrática de dirigencias a través de voto directo, secreto y universal; suprimir la afiliación forzada a partidos políticos; instituir figuras como plebiscito, referéndum y revocación de mandato; instituir recuento sindical para resolver sobre la titularidad de las condiciones de trabajo y/o el contrato colectivo; establecer derechos de los agremiados en materia de transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

La reforma del sindicalismo es uno de los grandes pendientes del cambio democrático. México necesita sindicatos fuertes, democráticos y representativos; con capacidades de propuesta y resolución, y capacidades también para participar y corresponsabilizarse en los procesos económico, social y político del país. El viejo arreglo sindical-corporativo no contribuye a la construcción de pactos para el desarrollo, ni a la implementación de cambios en el sector productivo, ni para la modernización de la economía, encaminada a elevar la productividad y la competitividad. Tampoco se observan contribuciones para procesar y concretar las reformas que son necesarias en materia energética, laboral, en la administración pública y los sistemas de seguridad social. Mucho menos sirve ni contribuye a un mejor futuro de México la simulación del sindicalismo blanco y/o de protección, que en pleno siglo XXI significa uno de los mayores atrasos del país. Prácticas monopólicas privadas Las concesiones públicas sólo son justificables cuando maximizan el beneficio de los servicios y activos públicos concesionados, sin atentar contra la rentabilidad económica.

25. ¿Qué nuevas reglas establecería para el ejercicio de las mismas, en particular en los servicios de telefonía, banda ancha y televisión? 
La agenda en telecomunicaciones es inmensa debido al atraso del país en esta materia. Es indispensable acelerar el apagón digital y la competencia en televisión digital terrestre con un programa de subsidios para los decodificadores que requieren los consumidores. También es urgente crear un consorcio público privado que invierta en la banda ancha de 700 Mghz. En telefonía móvil el costo de interconexión debe promover la competencia. La Comisión Federal de Competencia (COFETEL) debe aprobar la asociación de Televisa en Iusacell, así como la entrada de nuevas empresas –como el Grupo Carso— al mercado de la televisión abierta.

26. ¿Estaría de acuerdo en dar autonomía y poder suficientes a los órganos reguladores de la competencia para sancionar prácticas monopólicas y crear un tribunal de última instancia que arbitre con prontitud y eficacia las controversias? 

Sí, y terminar con la doble ventanilla en materia de responsabilidades entre SCT y COFETEL. La rendición de cuentas no se restringe al control sobre el ejercicio del presupuesto público. Decisiones públicas relevantes como la asignación de concesiones o las medidas de competencia deben ser transparentes, con base a derecho y privilegiando el interés público.

VI. México y el mundo

27. ¿Estaría de acuerdo en acelerar la inserción de México en la economía global mediante una ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la apertura a tratados semejantes con el resto del mundo, en particular la inclusión de México en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, un tratado de libre comercio con China y otro con Brasil? 
Sí, apostamos por la multilateralidad en las relaciones internacionales de México en todos sus ámbitos de actuación. México debe recuperar su papel de liderazgo en América Latina y en el mundo, y asumir como principios de política exterior el respeto a la democracia y a las libertades individuales, los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental. México debe aprovechar su posición de puente entre América del Norte y el resto del continente, así como entre Europa y Asia. México debe construir una estrecha relación de cooperación con Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, dotando a la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional y el Desarrollo de un fondo de mil millones de dólares para tal efecto.

México debe utilizar la política cultural como un instrumento estratégico de poder suave, creando el Instituto Mexicano Octavio Paz para promover en el mundo nuestra cultura y la enseñanza del idioma español. Reabriré la embajada de México ante la UNESCO y revisaré estratégicamente las oficinas en el exterior que cerró el actual gobierno.

28. Y en el orden político, ¿estaría de acuerdo que México participe en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU? 
Sí, en estricto apego al derecho internacional público.

VII. Valores contemporáneos y equidad de género 

29.¿Está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo?
Nadie puede estar a favor del aborto. Pero estoy a favor que el Estado respete las decisiones de las mujeres y les ofrezca respaldo y apoyo en este caso.

30. ¿Con la píldora del día siguiente? Sí. 

31. ¿Con los matrimonios del mismo sexo? Sí.

32. ¿Con darle apoyo fiscal a las diversas iglesias? No. 

33. ¿Con la despenalización de las drogas?
Sí, pero en un contexto regional (por ejemplo, EEUU, México, Centroamérica y Colombia) y con una solida política de salud pública, prevención y combate a las adicciones.

34. ¿Con políticas pro-activas vigorosas, de acción afirmativa, que aceleren, faciliten y mejoren las condiciones de la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo?

Estamos a favor de políticas que eliminen todas las barreras que obstaculicen la igualdad de oportunidades por condición de género, raza, cultura o sexualidad. Por el contrario, no estamos de acuerdo con políticas de acción afirmativa extremas que generen discriminación negativa e ineficiencia. Cada día las mujeres mexicanas adquieren y asumen capacidades y posiciones propias cuando hay condiciones de equidad y no de privilegio. En cambio, sí hay que poner todo el énfasis pro-activo en políticas que erradiquen el maltrato a las mujeres y la violencia de género.

VIII. Poder a los votantes 

35. ¿Estaría de acuerdo en ampliar el poder de decisión de los ciudadanos con reformas políticas como: la relección consecutiva de alcaldes y legisladores, las figuras de referéndum y plebiscito, las candidaturas independientes, la iniciativa popular, y la segunda vuelta presidencial? 
Sí. A partir de las premisas señaladas y estableciendo condiciones institucionales que impidan que la reelección continua de legisladores evite la capilaridad política en los partidos políticos y que se privilegie la gestión clientelar respecto de la importante función legislativa. Se requiere de fomentar la carrera legislativa devolviendo legitimidad y representatividad a los congresos locales y a las Cámaras que integran el Congreso de la Unión. Las alcaldías y las jefaturas delegacionales deben tener reelección o, por lo menos, ampliación del mandato a seis años. Las otras figuras deben ser establecidas en la reforma política con un rediseño institucional articulado. En sí mismas no fortalecen la democracia si no se articulan en una reforma integral.

36. Para favorecer el consenso, ¿qué parte del programa de sus adversarios apoyaría usted en el caso de perder? 
Si ese fuera el caso, apoyaría todas las reformas estructurales en materia fiscal, laboral, energética, educativa, y urbana, en el sentido expuesto en la introducción. Gobierne quien gobierne, se requiere de un gran acuerdo nacional plural y democrático que impulse las reformas indispensables para lograr que México sea un país plenamente desarrollado antes de que termine la primera mitad del siglo veintiuno.

TEMAS QUE NO FUERON INCLUIDOS Y CUYAS RESPUESTAS SE NECESITAN PARA TRANSFORMAR MÉXICO 

Como anticipamos en nuestra carta abierta del 29 de marzo de 2012, consideramos que en el cuestionario a los aspirantes presidenciales no fueron incluidos diversos temas de interés estratégico para México. Es indispensable conocer la respuesta de los otros tres candidatos a las siguientes interrogantes: Ciudades y política urbana Siendo México un país urbano, que lo será cada día más, es evidente la carencia o ausencia de políticas para sus ciudades. El caos urbano es patente, promovido por las políticas de vivienda.

¿Está usted de acuerdo en reformar la administración pública y las políticas de vivienda para impulsar ciudades competitivas y sustentables? 


¿Está usted de acuerdo en impulsar una urbanización acelerada, productiva y sustentable, como precondición del desarrollo económico y la disminución efectiva de la pobreza? 

Medio ambiente y energía sustentable. 

El cambio climático y el carácter finito de los hidrocarburos plantean el imperativo de una reforma estructural a largo plazo en la matriz energética de México, aprovechando el potencial de nuestro país en materia de energía renovable.

¿Está usted de acuerdo en promover la inversión privada, la competencia y el apoyo del Estado para desarrollar energías renovables como la eólica, solar, geotérmica y mini-hidráulica? 


¿Está usted de acuerdo con la construcción de nuevas plantas nucleares? Campo mexicano, mares y costas, y capital natural. México ha destruido desde el siglo XX sus ecosistemas terrestres de forma masiva, en el contexto de políticas agrarias y de subsidios agropecuarios ineficientes e ineficaces. 


¿Está usted de acuerdo en mantener subsidios agropecuarios que promueven la deforestación y la destrucción de la biodiversidad como el PROCAMPO y PROGAN, o, por el contrario, en transformarlos en contratos de conservación con los campesinos? 


México tiene una superficie marina dos veces y medio más grande que su territorio terrestre, con ecosistemas y recursos naturales abundantes pero frágiles y en muchos casos abusados y sobrexplotados. Además, México carece de capacidades para su gobernanza integrada y manejo adecuado.


¿Está usted de acuerdo en reformar la administración pública para crear capacidades integradas de regulación, conservación, ordenamiento y uso sostenible de mares y costas?