EL GDF EN SU TORRE DE BABEL

El cierre irresponsable del Bordo Poniente ha develado una verdadera torre de babel en el manejo de la basura en el Distrito Federal. No se olvide que el aseo urbano, y el manejo adecuado de la basura hasta su disposición final es una función elemental de gestión de bienes públicos para los gobiernos locales.  Cada uno de los habitantes de esta ciudad genera al día alrededor de 1.3 kilogramos de basura en promedio, lo que arroja un total de 11,700 toneladas diarias aproximadamente, sin considerar a la población flotante. De acuerdo a datos oficiales, el 56% es orgánica (6,550 toneladas diarias), 20% (2,340 toneladas diarias) está compuesto por materiales reciclables como PET, papel y cartón, Tetrapak, vidrio, otros plásticos, aluminio y materiales ferrosos. El resto son componentes de gran diversidad y escaso o nulo valor en mercados existentes o potenciales de reciclaje. Casi el 45% de la basura la generan los hogares, y el resto, comercios y servicios, la Central de Abasto y los mercados, incluyendo la que se recolecta por aseo urbano.

Hasta hace pocos meses el destino fundamental de estas corrientes de residuos era el Bordo Poniente, un enorme relleno sanitario, que aunque bien diseñado y construido en los años ochentas del siglo XX, cayó en procesos deficientes de manejo que lo hicieron atraer presiones políticas desde el Gobierno Federal, hasta exigirse su cierre aduciéndose riesgos ambientales e hidrológicos. La verdad es  que con una buena re-ingeniería, y con un manejo adecuado en materia de cobertura, captación de lixiviados (líquidos que escurren de la basura), y de aprovechamiento del metano (generado por la descomposición anaerobia de la basura orgánica) en la producción de electricidad, el Bordo Poniente pudo haber prestado sus servicios a la ciudad, incluso, durante varias décadas más, a costos razonables y bajo condiciones ambientales seguras. Por supuesto, si esto se hubiera dado en el contexto de políticas modernas y eficientes de reciclaje y recuperación de materiales secundarios. Hoy se ha cerrado, puede decirse que irresponsablemente, dado que el GDF  fue incapaz de desarrollar opciones económica y ambientalmente eficientes. El resultado ha sido la improvisación, arreglos contractuales obscuros, galimatías declarativos, la exportación de basura a otras entidades federativas, y su acumulación en tiraderos clandestinos.

Casi todos los residuos generados en la ciudad  concentran en 13 Estaciones de Transferencia, aunque previamente se hace una selección (pepena) informal por parte de operadores y  cuadrillas de  los camiones recolectores, en centros de acopio irregulares, casi en la clandestinidad. Ahí se extraen unas 650 toneladas diarias de lo más valioso de los materiales recuperables, como el aluminio, cartón y papel, y algo de PET.  De las estaciones de transferencia la basura pasa a alguna de las 3 Plantas de Selección existentes donde se separan otras 490 toneladas diarias de materiales con cierto valor, y una pequeña fracción (88 toneladas) de basura orgánica es llevada a la planta de composta que opera el GDF en el propio Bordo Poniente, donde se encuentra una de las plantas de selección.  En síntesis, se recupera y recicla alrededor del 10% del total, apenas un 0.7% se hace composta, y el resto, 89% (10,400 toneladas diarias) se confinaba en el Bordo Poniente, sin contar algunos volúmenes  de municipios del estado de México.  Todo esto ha operado en un complejo ensamble corporativo y en buena medida informal, donde participan el sindicato de limpia del DF, compradores de materiales secundarios, y desde luego, poderosas organizaciones de pepenadores. Más de 25 mil personas participan y derivan sus ingresos de este sistema.

Son entonces al menos 10,400 toneladas diarias de basura de las cuales el GDF está obligado a informar qué pasa ahora con ellas, ya que no es creíble (como afirman las declaraciones oficiales) una multiplicación prodigiosa - prácticamente de la noche a la mañana - en sus capacidades de reciclaje y composta. Tampoco es creíble el milagro de que buena parte de todo ello sea absorbido por empresas cementeras como combustible alterno, o por rellenos sanitarios en el estado de México (¿cuáles plantas cementeras, y cuáles rellenos? ¿a qué costo?).

Basura en el Distrito Federal

El Bordo Poniente no debió de haberse cerrado. Pudo haber operado durante muchos años más con medidas adecuadas de ingeniería, básicamente, orientadas a proteger sus taludes y los cauces de aguas residuales que lo circundan, así como a resolver su mala cobertura, y a reducir sus emisiones de metano.  El costo de las alternativas que hoy esgrime el Gobierno del Distrito Federal es mayor. Obviamente, transportar basura hasta rellenos sanitarios en el estado de Morelos o a municipios conurbados del estado de México resulta muy oneroso y logísticamente complejo. La composta es necesaria y potencialmente útil, pero es muy difícil encontrar mercados para ella, o al menos encontrar quien quiera recibirla; el costo de transporte es prohibitivo. El reciclaje es un imperativo, pero no existen aún en México mercados de materiales secundarios suficientemente desarrollados para captar y procesar la mayor parte del PET y otros plásticos, vidrio, y Tetrapak. Para lograrlo se requerirían sistemas de depósito y reembolso, o cuotas pagadas por las empresas manufactureras de alimentos y bebidas (refrescos, leche, agua, cerveza, jugos), para financiar la recolección y procesamiento de estas corrientes de residuos. Soluciones  como la incineración o cualquier otro tratamiento térmico, incluyendo la recuperación de energía, requieren fuertes inversiones y elevados gastos operativos, además de que encontrarían una fuerte oposición en la opinión pública.

Es verdad que toda esta panoplia de opciones al relleno sanitario tiene que ser considerada: reciclaje, composta, y tratamiento térmico. Sin embargo, en México, durante mucho tiempo, será indispensable recurrir al relleno sanitario de un porcentaje considerable de los volúmenes de basura generados. Esto, por razones económicas y logísticas, y también políticas. Siendo así, el cierre del Bordo Poniente parece más un capricho que una decisión racional. Más todavía, cuando el Distrito Federal no fue capaz de preparar durante años una alternativa seria y viable. El cierre puede verse como un castigo al Distrito Federal, desde la Federación, por un manejo y una gestión deficientes del Bordo Poniente, como se sabe, ubicado en terrenos federales del ex – vaso de Texcoco. Eran evidentes el escurrimiento de lixiviados, la falta de cobertura adecuada, y la ausencia de sistemas de captación de metano, no se diga de su aprovechamiento para la generación de electricidad.

Durante años el gobierno de la ciudad pospuso decisiones, enfrascado en el manoseo de proyectos fantasiosos e irrealizables que le impidieron plantear una re-ingeniería del propio Bordo Poniente, y alternativas creíbles y económicamente sensatas al manejo de la basura en el Distrito Federal. Incluso, la morosidad en la toma de decisiones llevó a que la mayor parte del metano se haya perdido, escapando a la atmósfera sin provecho alguno, pero significando la mayor fuente puntual de emisiones de gases de efecto invernadero en el Distrito Federal. También se perdió la oportunidad de desarrollar un proyecto para el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, y con ello, de participar en los mercados internaciones de carbono, lo que hubiera significado una importante fuente de ingresos para el Gobierno del Distrito Federal, al menos, durante diez años. Puede estimarse que la pérdida total para la ciudad, por simple incuria administrativa, rondaría los 200 millones de dólares. Esta cifra podría fácilmente duplicarse si se contabilizaran los ahorros en la factura eléctrica que podrían haberse logrado con la generación de electricidad a partir del uso del metano, utilizable para alumbrado público, bombeo o para el funcionamiento del metro. El caso es que durante esta administración, y la anterior, el Bordo Poniente, más que ser objeto de decisiones racionales de ingeniería y de política, fue materia de extorsión, búsqueda de rentas,  y cobro de cuentas entre actores políticos antagonizados. Desde luego, todo esto, en el contexto de una notable incapacidad de diseño de alternativas de gestión de la basura en el Distrito Federal. Sin el Bordo Poniente, y sin opciones serias y eficientes, veremos durante el 2012 un fuerte escalamiento en los costos de manejo de los residuos que genera nuestra ciudad.

LEY CLIMÁTICA Y SUBDESARROLLO

En México, siempre que algo nos parece bueno hacemos una ley. Es el buenismo legislativo que no  afecta los intereses de nadie, nada cambia, y a nadie le cuesta, a veces, sólo al erario. Pero ganan los legisladores, que ahora se sienten prestigiados y satisfechos. Diría algún economista que se trata de arreglos Óptimos de Pareto en donde ellos quedan mejor, y nadie pierde. Es el caso de la Ley General de Cambio Climático aprobada  por el Senado buscando los reflectores de la triste COP 17 apenas clausurada en Sudáfrica.

Luchar seriamente contra el calentamiento global implica por un lado, modificaciones notables al sistema de precios a través de eliminar los subsidios al consumo de combustibles fósiles  y de imponerles un carbon tax. Por el otro, exige abolir o reestructurar los subsidios agropecuarios para que en vez de inducir la deforestación, la eviten y la reviertan, al tiempo que se construye un sistema de contratos por pago de servicios ambientales con los propietarios de la tierra. (En la práctica, a esto equivale el esquema REDD). Por su parte, la adaptación al cambio climático ya inevitable,  se traduce al castellano por medio de ambiciosas obras civiles de infraestructura hidráulica y de protección costera, y de mecanismos eficaces de  prevención de desastres. Obviamente, lograr todo lo anterior sólo puede ser resultado de cambios a leyes fiscales y de energía, y en las aplicables al sector agropecuario, principalmente, y en aquella legislación que tiene que ver con la infraestructura y las acciones relevantes de protección civil. Desde luego que una ley como la Ley General de Cambio Climático, no puede modificar a otras, aunque ingenuamente sugiera que deba hacerse (Artículo Octavo Transitorio).

El texto de esta nueva ley es todo corrección política, y  adjetivos que llaman a la virtud. Reitera atribuciones para los gobiernos locales, o las infiere de lo establecido en el Artículo 115 Constitucional, y los exhorta a hacer una serie de cosas buenas, lo cual, por supuesto, no tiene mecanismo alguno de instrumentación. Versa largamente en definiciones, principios y propósitos, y en la creación de nuevas burocracias, al estilo de las que existen y que probadamente no funcionan: Comisión Intersecretarial, Consejo, Coordinación, Fondo y Fideicomiso. Propone (sólo puede proponer) ejercicios minuciosos de planeación y de elaboración de estrategias, así como una cascada de programas sectoriales, estatales y municipales. También establece un nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (al menos en sustitución del actual INE), que por cierto,  a todas luces duplica a un centro similar que el gobierno federal trata de crear actualmente, como herencia a las generaciones futuras de políticos. Eso sí, plantea un registro de emisiones, y  un sistema de información que incluya proyectos y transacciones de carbono, al igual que la realización de inventarios que ¡ya existen!

La Ley obliga (es un decir) a hacer lo que ya se hace, como  plantas eléctricas que no generen más emisiones que las que produce hoy en día una central de gas de ciclo combinado, o a que el gobierno federal haga lo que lleva más de diez años diciendo que va a hacer: normas de emisiones de CO2 para vehículos.  A las empresas, las sujeta a hacer registros y reportes, so pena de fuertes multas, lo cual es irrelevante, y sólo añade burocracia: las emisiones de la industria privada son muy poco significativas en el inventario nacional. El momento culminante de la Ley es cuando pide  que se analice la posibilidad de retirar  los subsidios a los combustibles y a la electricidad... ¡en el 2020! En general, sus consecuencias jurídicas y de política pública tienden a cero.

 La ley asume el ofrecimiento de reducción de emisiones que hizo México en Copenhague y en Cancún, pero sólo si la comunidad internacional nos da dinero y nos sigue considerando país en vías de desarrollo ¡en el 2050! En suma, es un texto mendicante de Business as Usual,  y sobre todo, de compromiso de nuestro país... pero  con el subdesarrollo. Podemos olvidarla.

CALENTAMIENTO GLOBAL, RESPUESTAS INTERNAS

La COP 17 en Durban, Africa del Sur, a punto de expirar, ha mostrado la incapacidad del sistema multilateral de negociación al interior de la ONU para afrontar el más importante desafío de acción colectiva internacional para el siglo XXI. La oferta europea de liderazgo está agotada, y su crisis financiera y existencial no le deja espacio para ocuparse decididamente del cambio climático. Además, Europa ha perdido relevancia en el tema, sus emisiones de gases de efecto invernadero ya son menos del 14% del total global.  La involución ideológica protagonizada en los Estados Unidos por la derecha religiosa, paraliza al Congreso y a la presidencia de Obama. China, el mayor emisor, aguarda a destronar a Estados Unidos como primera economía del  mundo, y a consolidar su liderazgo tecnológico en energías renovables, energía nuclear, baterías para autos eléctricos y eficiencia energética,  como plataforma hegemónica para el resto del siglo. Antes de eso, o antes del 2020, China no asumirá compromisos (ya lo advirtieron sus negociadores).

Entre Estados Unidos y China suman la mitad de las emisiones globales; Brasil e Indonesia, fundamentalmente por deforestación, contribuyen con otro 15%. Juntos, Rusia, la India y Japón, con un 10%. Sólo estas 7 naciones son responsables de las tres cuartas partes de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el planeta. (México contribuye con un 2% aproximadamente). Si añadimos las emisiones de los demás países del G-20, se podrían contabilizar  alrededor del 90%. Entonces, ¿qué sentido tiene un engorroso proceso multilateral de negociación con más de 200 países participantes? Claro, los más afectados por el calentamiento global serán los países más pobres, pero sus lamentos no tienen efecto alguno sobre las decisiones estratégicas de China, ni sobre el nuevo fundamentalismo de derecha en los  Estados Unidos. Las emisiones van a seguir aumentando en los próximos años, haciendo inevitable un aumento en la temperatura promedio, probablemente, de más de tres grados centígrados hacia la mitad del siglo.

Los políticos de todos los países saben que el cambio climático es un problema difuso y de largo plazo, y nosotros, automovilistas, consumidores, productores agropecuarios, y empresas industriales, no estamos dispuestos a cambiar. Queremos combustibles y electricidad baratos, y cuantiosos subsidios agrícolas. Los políticos no son suicidas, además, actualmente, son mediocres; no van a emprender nada que no sea electoralmente rentable. Entonces, al menos en los próximos años, puede garantizarse que no habrá un nuevo régimen global de cambio climático con compromisos vinculantes para los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué podría hacer México? Algo importante es olvidarse del Fondo Verde, no somos Sierra Leona, ni necesitamos de practicar la mendicidad,  y tampoco alcanza ya para ser candil de una calle multilateral cada vez más obscura. Debemos reconocer las oportunidades y riesgos que plantea el calentamiento global para una agenda, por lo pronto, fundamentalmente, nacional.  Las oportunidades están en emprender políticas buenas para fortalecer la competitividad de nuestra economía, y  las finanzas públicas, y que también reduzcan distorsiones en la distribución del ingreso, y desde luego, las emisiones de gases de efecto invernadero. De ellas ya hablamos en la entrega de la semana anterior, y se refieren a modificaciones en la política fiscal y de subsidios a los energéticos y al sector agropecuario, así como a la apertura del sector energético, y a una nueva política de vivienda y desarrollo urbano.

Los riesgos, son cada vez más patentes, y se ciernen sobre el sector agropecuario de temporal o de subsistencia (dependiente del régimen de lluvias), sobre la disponibilidad de agua en el centro y norte del país, sobre infraestructuras y poblaciones en costas y llanuras de inundación, y sobre la biodiversidad de México. Nadie nos va a pagar por mitigar estos riesgos, pero hay que empezar a hacerlo ya. Por ahora conviene voltear la mirada hacia adentro y dejar un poco al lado el glamur cada vez más gastado de la diplomacia climática.

DESFACHATEZ EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

En México, una política seria y eficaz de cambio climático requeriría esencialmente sólo cinco cosas: 1) Eliminar los subsidios a los combustibles automotrices y establecer sobre ellos un carbon tax, paralelamente a una reducción significativa en el binomio ISR-IETU;  2) Abrir a la competencia el sector eléctrico, eliminando los subsidios al consumo de electricidad para re-direccionarlos hacia el financiamiento a las fuentes renovables, desde luego, haciendo inteligente a la red eléctrica con la finalidad de aprovecharlas con eficiencia; 3) Eliminar o transformar los subsidios al campo que otorgan SAGARPA y SEDESOL que promueven la deforestación, como PROCAMPO, PROGAN y Oportunidades;  4) Abrir PEMEX a la inversión privada para abatir las emisiones fugitivas, el venteo y la quema de gas; y, 5) Reformar profundamente el Modelo INFONAVIT de desarrollo urbano que  induce la expansión caótica exo-urbana de las ciudades, y que ancla un patrón territorial de alto consumo de energía y de emisiones.

Son cosas que a todas luces deberían estar en cualquier agenda responsable y lúcida de gobierno, esenciales para fortalecer la competitividad de la economía mexicana, promover la inversión privada y el empleo, asegurar el Derecho a la Ciudad y a todos los demás derechos que le son subsidiarios (vivienda, educación, salud, empleo), y evitar grandes injusticias en la distribución del ingreso. Claro, además de abatir estructuralmente  las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un crecimiento económico y urbano eficientes, energéticamente diversificados, y  de baja intensidad de carbono.

Hacerlo requiere cambios en la Ley de Ingresos y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en los Artículos 27 y 28 Constitucionales, y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Igualmente, implica modificaciones a  las reglas de operación (que son simples decretos presidenciales) de PROCAMPO, PROGAN, y Oportunidades), en la legislación de vivienda y del INFONAVIT (y probablemente en el Artículo 115 Constitucional),  y,  en la legislación reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. Se trata de legislación y de políticas en el ámbito fiscal, energía,  desarrollo rural, y de desarrollo urbano y vivienda.

Siendo serios, no puede pensarse que una posible Ley de Cambio Climático, como la que actualmente se promueve aquí y en la Cumbre Climática (COP 17) en Durban, pudiera en realidad abrogar a toda la legislación que se le oponga. Mucho menos, si ni siquiera se lo propone, y sólo transcurre en declaraciones reiterativas y bonachonas y en preceptos cuya motivación fundamental es crear nuevos mecanismos burocráticos (Sistema, Comisión Consejo, planes y programas, Fondo Verde y Comité Técnico, registros y trámites de emisiones a las empresas, y supuestos mercados). No pasaría de ser otro más de los ejercicios legislativos autocomplacientes e irrelevantes a los que estamos acostumbrados, si no fuera porque desinforma a la opinión pública, desvía la atención de lo verdaderamente importante,  legitima la inacción, y pinta de ingenuidad a las políticas climáticas. Puede percibirse también un aroma de hipocresía en esta iniciativa de ley ante la comunidad internacional. Algunos la justifican con la jeremiada de que así, México va a captar dineros extranjeros, en especial de su mascota preferida en las negociaciones internacionales,  el llamado Fondo Verde, que espera ser parido en alguno de los happenings cada vez menos trascendentes en que se han convertido las cumbres de cambio climático.

La verdad es que con esta iniciativa de ley de cambio climático, en el contexto del Fondo Verde, sería un poco vergonzoso que México quiera equipararse a Mozambique,  a Nepal, o Haití, si  extiende una mano mendicante a otros países y a entidades multilaterales. Sobre todo, cuando nuestro gobierno despilfarra anualmente más de 20 mil millones de dólares del presupuesto federal  en subsidiar el derroche energético y la deforestación. Esta cantidad es equivalente a todo el financiamiento comprometido por la comunidad internacional en Copenhague (COP 15) y Cancún (COP 16) para ayudar a los países pobres a luchar y a adaptarse al cambio climático a partir del 2012.  Vaya desfachatez...

MARCELO O EL FIN DE LA IZQUIERDA

A quienes no nos consideramos de izquierda, podría encantarnos que el candidato del PRD y adláteres fuera su conocidísimo Gran Líder, lo que sellaría la debacle electoral de esa alianza tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, y en cascada, su pulverización y marginalidad. El Gran Líder es una garantía. Por su estéril encono y  resentimiento puestos al servicio de una ambición política obsesiva  (¿de qué vive? ¿qué haría sin el poder?), por su gastada vulgaridad y  discurso pueril ahora en un tono de cursilería risible (“una república amorosa”),  su provinciana y desnuda demagogia, y un prestigio repulsivo para la mayoría de los electores.

Bravo. Sin embargo, la destrucción institucional de la izquierda – tarea que él personalmente casi ha culminado con éxito – privaría al país de indispensables contrapesos  y oferta política. El mercado político se empobrecería, y estaríamos en un escenario duopólico, poco sano, que dejaría a una todavía significativa franja del electorado (15-20%) sin representación. Y no es que al decirlo aceptemos el chantaje de la violencia revolucionaria,  aún latente en algunas trincheras de la izquierda.

Aunque nos cueste aceptarlo (a quienes no somos de izquierda), una democracia sin izquierdas sería una pobre democracia, como lo es también sin liberalismo (caso misterioso de México). Al igual que en la economía, una competencia débil siempre genera ineficiencias e inequidades en el sistema democrático representativo,  y en la asignación de los recursos políticos del país. Una democracia vigorosa y eficiente exige un partido de izquierda competitivo, moderno y responsable, inteligente, institucionalizado e inequívocamente  respetuoso de la legalidad. La candidatura del Gran Líder impediría por mucho tiempo satisfacer esa necesidad. La candidatura de Marcelo Ebrard abriría esa posibilidad.

Marcelo ha hecho un gobierno decente en el Distrito Federal. Ha sabido mantener a raya a la inseguridad y a la delincuencia, no ha acumulado deudas escandalosas, ha mantenido una importante y electoralmente productiva red de protección social, construido infraestructuras significativas en alianza con el sector privado, ha promovido exitosamente la inversión inmobiliaria, se ha comprometido con el transporte colectivo y no motorizado (metro, metrobús, RTP en Supervía y segundos pisos, bicicletas), ha defendido derechos y libertades esenciales (como un  liberal), y hasta ha llevado a cabo gratas intervenciones para restituir cierta dignidad y funcionalidad a un decaído espacio público (Madero, Centro Histórico, Garibaldi, Plaza de la República). Su pasivo mayor es tal vez haber sido incapaz de sacudirse la camisa de fuerza  corporativa del ambulantaje y de otros poderes fácticos en la ciudad; algo explicable – aunque no justificable – por la naturaleza y estructura clientelar de su partido, y por los malabarismos políticos a los que ha estado obligado.

Sobre todo, Marcelo puede representar para la izquierda mexicana la oportunidad de re-inventarse, sacudirse telarañas y ponerse al día. La puede hacer competitiva por sí misma, no por cacicazgos psicotrópicos de coyuntura como ha sido hasta ahora.  Muchos fuera de las coordenadas de izquierda  podrían sentirse cómodos  votando por él. Su candidatura podría crecer más allá de los cuarteles duros de la izquierda, y de sus fieles electores inclinados a la seducción de la demagogia y el populismo (que siempre los habrá, al igual que en toda América Latina). Podría ser digerible y aceptable por el sector privado, y por un amplio sector de la clase media con convicciones liberales (al menos en lo social). Sería interesante y hasta divertida una elección a tercios con personajes de nueva generación, frescos, atractivos e inteligentes: Peña Nieto (siempre y cuando se deslinde ya de Moreira), Josefina, y Marcelo. Se inyectaría azúcar y carácter a nuestra democracia hoy sumida en la hipoglucemia  y la mediocridad. Habría un terreno propicio,  entonces, para una discusión imperativa sobre cómo hacer que nuestra democracia sea funcional y dé resultados: coaliciones, reelección legislativa y en municipios, y una dosis de parlamentarismo. De cualquier forma, sin Marcelo, sería el fin de la izquierda. De verdad, no me alegraría.   

INFONAVIT, DENSIDAD URBANA Y EMISIONES

Un desafío vital para nuestro país es la edificación de espacios urbanos eficientes donde pueda insertarse productivamente una oferta de vivienda orgánicamente integrada a la ciudad. La vivienda en sí misma carece de misión si no abre las puertas al empleo, educación, salud, recreación, cultura, movilidad, espacio público, convivencia y relaciones sociales, cohesión, creatividad, servicios, equipamiento, y equidad. Estos son sólo asequibles en la ciudad, y a través de los valores de proximidaden espacios urbanos densos y diversos. Cercenado de la ciudad, el derecho a la vivienda es sólo una auto-justificación burocrática, partera de distorsiones costosísimas para la economía y la sociedad, y para los propios derechohabientes de los organismos de vivienda. Además, profundiza las responsabilidades de México en el calentamiento que sufre el planeta al exacerbar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La vivienda debe ser instrumental para la creación de espacios urbanos productivos y sostenibles, como objetivo primordial.   En gran parte, la morfología, dinámica, estructura, y sustentabilidad de las ciudades son resultado de las políticas de vivienda. De ellas depende significativamente que se desarrollen ciudades densas y compactas, eficientes  y competitivas. O su antítesis: desparramamientos habitacionales aislados y segregados en un contexto exo-urbano, que inoculan perversas distorsiones territoriales, sociales  y energéticas, desde luego insostenibles. Como ocurre ahora en México. No puede exagerarse la urgencia de promover condiciones de sostenibilidad para nuestro sistema urbano, y por tanto, para el país en su conjunto,  a través de políticas de densificación e integración orgánica de la vivienda a la estructura funcional de las ciudades. La institucionalidad del llamado sector vivienda, tal como está codificada en México, más que servir a este fin, es un obstáculo insuperable.

Una alta densidad urbana es precondición de eficiencia energética, de un bajo consumo per cápita de energía, y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo: Houston y Atlanta registran densidades promedio menores a 15 habitantes por hectárea, mientras que Viena, Londres y Barcelona se acercan a 200 habitantes por hectárea. El consumo de combustibles per cápita es hasta siete veces mayor en las primeras que en las últimas.

En nuestro país es notable un proceso de expansión horizontal de las ciudades, mucho más rápido que el aumento en su población. Las densidades demográficas urbanas se han desplomado en numerosos casos por debajo de los 50 habitantes por hectárea. Esta inercia ha recibido un empuje definitivo por parte del INFONAVIT con políticas de crédito hipotecario masivo para vivienda en conjuntos aislados y en propiedad, a costo mínimo, y que dejan las decisiones de localización a las empresas desarrolladoras. El problema se ha exacerbado en los últimos años, de acuerdo a datos de SEDESOL, en la medida en que se incrementan las distancias promedio de los nuevos conjuntos habitacionales con respecto al centro urbano de las ciudades; superando con frecuencia 40 kilómetros. En este contexto, es imposible un transporte colectivo eficiente y confortable, y la única solución que queda a las familias es tratar de hacerse de un vehículo automotor privado.

Las ciudades con menor densidad ostentan los mayores índices de tenencia de vehículos. Por ejemplo, de acuerdo al IMCO, en Mexicali existen 450 automóviles por cada mil habitantes, y en Monterrey 308, mientras que en el valle de México hay 285 y en Guadalajara 269. Como referencia, en la zona metropolitana de Nueva York, esta cifra es de 230, y  mucho menor en Manhattan. De tal manera se deforman las estructuras modales de transporte y movilidad, y pierden peso relativo las opciones colectivas y no motorizadas, que son imposibles, costosas o imprácticas en circunstancias de desparramamiento urbano de baja densidad. No  extraña así que la demanda de combustibles se eleve a tasas desmesuradas (5% anual), más todavía, si es incentivada por un obsceno sistema de subsidios gubernamentales. Tampoco debe sorprender que los vehículos automotores sean la más importante y dinámica fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en México. El INFONAVIT aporta voluminosos costales de arena para ello.